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O’DONNELL

EBA:
Lo que caracteriza al EBA respecto de otros estados autoritarios latinoamericanos es que surge como reacción de las clases dominantes ante un sector popular políticamente activado y relativo pero crecientemente autonomizado de las clases dominantes.

Quienes lo llevan a cabo coinciden en que para extirpar la crisis se debe subordinar y controlar estrictamente al sector popular, revertir la tendencia autonomizante de sus organizaciones de clases y eliminar sus expresiones de la arena política.

CARACTERÍSTICAS:
Aspecto de la sociedad que garantiza y organiza la dominación ejercida a través de una estructura de clases subyugadas a una burguesía industrial transnacionalizada.
Sus principales instituciones son las de coacción y de normalización de la economía.
Sistema de exclusión política del sector popular previamente activado.
Supresión de la ciudadanía y la democracia política para la clase subordinada y los canales de reclamo que tuvo.
Exclusión económica de las clases populares mediante la fuerte acumulación de capital por parte de empresas privadas y parte del Estado.
Dirige al Estado a una transnacionalización.
Se amplía la sociedad (actores que participan del Estado) pero se achica la Nación (se niega parte del arco homogeniezante-sector popular-).
Despolitiza cuestiones sociales para hacerlas cuestiones técnicas, acorde con la normalización económica y la acumulación de capital.
La democracia se restringe a las grandes organizaciones (FFAA, grandes empresas públicas y privadas).
 
 PÉNDULOS:
En cada fase del ciclo 66-76 la burguesía urbana ha jugado a ganar. Cuando se desencadenaba una crisis en la balanza de pagos, la gran burguesía urbana pendulaba hacia los intereses de la burguesía pampeana, favoreciendo “programas de estabilización” que transferían ingresos del sector urbano al rural y exportador.

Esto no producía buenos efectos sobre la burguesía urbana más débil y las clases populares, por lo que la burguesía atendió sus intereses económicos a corto plazo, se montó en la cresta de la ola de la reactivación económica, de la que su posición le permitía beneficiarse y “dejó hacer” las políticas de reactivación -> péndula del apoyo a la burguesía rural al egoísmo.

Con la pendulación se fracturó  la cohesión entre las dos fracciones superiores de la burguesía, que poseían capacidades acumulativas propias y eran potencialmente capaces de modernizar el capitalismo argentino (O’Donnell aclara que esto hubiera podido suceder de haber perdurado durante tiempo suficiente como para que los avances de la burguesía pampeana sean significativos y hubiera avanzado aún más la concentración del capital urbano en beneficio de la gran burguesía.

La decisiva importancia de la producción pampeana para el conjunto de la economía y las exportaciones determinó que se le fijaran precios y los intentos de reestructurarla por mecanismos impositivos repercutieron de inmediato sobre la balanza de pagos.

Adalbert Krieger Vasena (M de Economía, 1967-69) devaluó un 40% la moneda, pero no benefició  a la burguesía agraria, si no que este dinero fue captado por el Estado mediante retenciones y usado para aumentar la infraestructura física. Al mantener fijo hacia adentro el precio de las producciones pampeanas, se encarecieron los precios de los alimentos, redujo la inflación y disminuyó en forma moderada los salarios industriales. 
 
ALIANZAS:
La alianza fue esporádica pero recurrente, solo apareció con nitidez y alto grado de coordinación en las fases descendientes del ciclo, cuando la asfixia del pequeño y mediano empresariado nacional requería ser sanada y eran pedidos aumentos salariales que se concurría a la reactivación del mercado interno a costa del sector agropecuario-exportador.
La alianza fue defensiva, surgió contra las ofensivas de las fracciones superiores de la burguesía.
Anula los programas de estabilización, acota la participación del capital internacional, lanza una reactivación económica y desalienta a la burguesía pampeana ante la caída de los precios.
Es poli clasista, incluye a un sector popular (obrero) y burgués. Era nacionalista y capitalista. La burguesía quedaba como progresista, partidaria de un desarrollo socialmente justo, porque daba al sector popular (obrero y sindicalista) medios de difusión.
La activación política del sector popular detrás de las metas de la alianza defensiva, la protección que le acordaba su componente burgués y los cambios de políticas estatales que logró solidificar las bases organizaciones sobre las que se articuló
Bajo el poder disuasivo de controles que se quebraban en el momento en que el Estado, indicando un desplazamiento de las alianzas gobernantes*, lanzaba las políticas de reactivación. Todo esto realimentaba la capacidad y la disposición de activación política del sector popular, pero también llevaba a una no menos repetida experiencia de derrota: los períodos de baja de salarios, de aumento de la desocupación y de expulsión de los voceros de la alianza defensiva de la coalición gobernante.
 
 * Acordarte que es marxista, las alianzas gobernantes del Estado, en este caso, serían el ejército y la alta burguesía 

AROSKIND

El contexto económico de la posguerra era optimista y expansivo, las corporaciones multinacionales –especialmente norteamericanas- se extendían hacia la periferia, acelerando la interrelación de las economías. Existía un amplio consenso en torno a la ECONOMÍA MIXTA, los aranceles altos decrecientes, el establecimiento de controles cambiarios y monetarios, la construcción de empresas estatales “estratégicas”, la regulación de los mercados según las prioridades políticas y las formas intermedias de planificación económica.

La “contención del comunismo” en los países atrasados se vinculaba a la preocupación de elevar los estandartes de vida de las masas pauperizadas. El FMI, poco adepto al populismo, pedía reformas agrarias que eran ignoradas, mientras las altas tasas de crecimiento daban la idea de poder cerrar la brecha. El mundo se dividía en países desarrollados que creaban tecnología y periféricos que avanzados que desarrollaban industrias duras. El ALALC (1961) intentaba profundizar la integración regional con discretos resultados por el nacionalismo localista de los dirigentes.

Quienes impulsaron la modernización económica la entendían como “modernización imitativa”, lo que quizás derivó en el descuido del desarrollo de capacidades tecnológicas locales, y el abandono de esfuerzos de largo plazo para lograrlos. Tanto consumo como inversión aumentaron durante el período, aunque además de expansiones hubo contracciones; muchas políticas económicas fracasaron por no evaluar correctamente la magnitud de las fuerzas puestas en juego a partir de decisiones técnicas o administrativas.

Si bien disminuyeron las características intervencionistas y estatistas, el modelo era diferente:

 

La participación de los asalariados osciló en torno al 40% del PBI
Aunque el estancamiento de la producción agropecuaria siguió siendo una traba, el estado continuó captando recursos del sector para financiar sus prioridades
El retraso tecnológico fue solo superado parcialmente con capitales extranjeros, lo que mantuvo la dependencia
Las industrias livianas vieron su frontera en el mercado interno y su dependencia de insumos y combustibles extranjeros
El estado se vio como deficitario y proveedor de bienes y servicios
Las empresas siguieron teniendo créditos subsidiados y hubieron escasos incentivos al ahorro bancario
Inflación alta y desempleo bajo
SOBRE EL ESTANCAMIENTO DEL CAMPO:

Liberalismo: ofrecerle al sector un tipo de cambio elevado, que estimulara a ampliar su producción; reducción de impuestos

Reformistas: culpaban a la mala distribución de la tierra (latifundio) que no permitía realizar inversiones significantes; si se fracciona la tierra se dan unidades productivas más eficientes.

**El sector comenzó a dinamizarse con la intervención del INTA, que transfería gratuitamente conocimientos y técnicas.

SOBRE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL:
Si bien el sector nunca contó  con una representación corporativa unificada, fuerte y coherente, los gobiernos favorecieron su expansión. Para 1966 su producto representaba 2.2 veces el del agro.

Frondizi apeló al capital multinacional como aprovisionamiento de tecnología y bienes de capital modernos, buscando orientarlo hacia ramas complementarias del tejido industrial existente. Durante la Revolución Argentina no hubo intento de orientar el capital extranjero a industrias específicas, pero se realizó una presión eficientista y se impulsaron algunos sectores productores de bienes de capital, luego del ministro Krieger Vasena se estimuló al capital industrial nacional, fortaleciendo petroquímicas, papeleras, plantas de celulosa, aluminio, se creó el Banco Nacional de Desarrollo y se dictó la ley de “compre nacional.”

Durante el gobierno de Illia (63-66) se realizaron obras hidroeléctricas y nucleares (con apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica). El desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas no tuvo carácter prioritario en los principales actores sociales, que estaban acostumbrados a maximizar sus beneficios con resguardos y transferencias estatales. 
 
La Ley de Promoción Regional y Sectorial de 1973 buscó revertir la situación de las economías regionales (falta de crédito, elevadas tasas de interés y vaivenes macroeconómicos, que llevaban al despoblamiento rural). 
 
En 1956 el 30% de la inversión bruta fija era efectuada por el Estado. Se fijaron las tarifas de las empresas públicas con criterios de subsidios a consumidores para estabilizar los precios o para aumentar la recaudación general del Estado, según fuera necesario.

El caso más negativo del período lo constituyeron los ferrocarriles, cuto déficit representaba el 25% del déficit total. Durante la época frondizista se privatizó el transporte urbano y los ferrocarriles fueron achicados por razones presupuestarias y para aumentar las industrias automotriz y petrolera.

El sector privado se vio beneficiado por la protección arancelaria y los créditos baratos. Las que más se desarrollaron fueron las farmacéuticas, electrónicas y metalmecánicas, y todas insumieron sustanciales inversiones estatales en infraestructura.

El país se hizo miembro del FMI en 1956 y estableció relaciones con el Club de Paris y el BIRF (futuro Banco Mundial). 
 

Las multinacionales se instalaron en actividades dinámicas como la química, petroquímica, automotriz y maquinaria agrícola. Permitieron dinamizar diversas regiones del país y tuvieron efectos potenciadores sobre otros emprendimientos locales. Dieron menos empleo, pero más remunerado. Favorecieron las posturales liberales, aunque acompañaron el proteccionismo ya que sus actividades estaban orientadas al mercado interno. 
 
Los primeros acuerdos con el FMI se realizaron en 1958, luego en 1963 y 1975, siempre en situaciones de desequilibrio comercial que derivaron en la caída de las reservas internacionales del país. Los planes de FMI pedían estabilización monetaria y contracción, medidas que representaban al sector minoritario que desconfiaba de las medidas industrialistas y redistributivas.

La argentina veía con desconfianza la integración regional, dando prioridad a la consolidación interna en el período 1957-66. En el período 1963-74, con excepción de 1971, no hubo saldos comerciales negativos ni fueron necesarios préstamos internacionales.

Los impuestos al comercio exterior (aranceles a la importaciones, retenciones) fueron fuente de recursos. El 75% de las exportaciones eran agrícolas primarias, o con un mínimo de elaboración.

El impacto económico internacional de la decisión de la OPEP de triplicar el precio del barril de petróleo (1973) tuvo una fuerte repercusión en el país, ya que este no se autoabastecía y requería del producto para la industrialización. A nivel internacional, afectó a los países compradores de Argentina, por lo que tuvo efectos negativos sobre los bienes exportados. El mercado europeo cerró sus puertas a la carne argentina en 1975 por la aftosa. 
 
STOP AND GO: La imagen de frenar y arrancar buscaba transmitir la sensación de que la economía no podía avanzar continuamente por su dinámica, si no que debía ser frenada para ordenar los desequilibrios.

Lo que sucedía era que el sector más dinámico, la industria, consumía las divisas obtenidas por el sector que no mostraba capacidad de producir más, el campo, lo que llevaba a cuellos de botella. Las políticas aplicadas por los liberales contraían reduciendo salarios, consumo, inversión y gasto público. Todo esto era expresión de las limitaciones productivas, tecnológicas, organizativas y políticas internas. Las devaluaciones potenciaron la inflación, que fue de un promedio del 20/30% anual. El intento más serio de estabilización se realizó durante la gestión de Krieger Vasena, que la redujo a un 10% anual.

Hacia el final de la Revolución Libertadora se dejaron de lado los objetivos antiinflacionarios, mediante la expansión desordenada del gasto público y la emisión monetaria.

Durante el peronismo se congelaron o controlaron precios, y hacia marzo de 1976 aumentó la inflación por exceso de gasto público. 
 
Las devaluaciones de la moneda producían inflación, que se revertía con el freno al cambio, lo que generaba nuevas expectativas de devaluación. Se creaban corridas cambiarias o compras desproporcionadas de divisas en forma especulativa, que luego traía fuga de capitales, retiro de ese dinero al extranjero, que se reflejaba en la caída de las reservas del Banco Central y forzaba a esa entidad a realizar una devaluación para reducir la pérdida de divisas.

Impactos de la devaluación:
Alza del precio de las exportaciones => Alza del precio de las importaciones (necesarias para la industria) => alza del precio de los productos industriales finales => inflación => protestas sindicales para recuperar poder adquisitivo => aumento de las tarifas de los servicios públicos (para equilibrar las empresas del Estado).

El sistema financiero contó  con una fuerte presencia reguladora del Estado, como tasas de interés negativas para los tomadores de crédito. Los ahorristas resultaban perjudicados porque así como las deudas de las empresas se reducían por el solo paso del tiempo, lo mismo le pasaba a sus ahorros. Aparecieron formas de ahorro informal en circuitos irregulares, no bancarios, como inversiones en tierra o inmuebles.

La tasa de cambio era inconstante (normal: fijo; negrita: devaluado)

1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975

Las pujas por la distribución de la riqueza eran de distintos lados:

Capital-trabajo

Campo-industrial

Nación-provincia 
 
Los salarios se mantuvieron hasta 1959 que retrocedieron un 20%, y volvieron a subir hasta 1975 que volvieron a bajar. En el caso de los empleados públicos (alrededor del 20% de los asalariados) fueron sumamente afectados por las políticas de estabilización. El desempleo era de un 4% anual con picos de 9% (1963) y 2.3 (1973).

DEBILIDAD ESTRUCTURAL ESTATAL: Despilfarro de recursos. Políticas discontinuas. Incapacidad de acumular experiencia y conocimiento. Burocracia clientelista. Incapacidad para hacer políticas eficientes. CONADE: para proyectar desarrollo a largo plazo; el Estado no la dotó de un cuerpo burocrático eficaz. 
 
GASTO PÚBLICO: Las erogaciones del Estado, que eran del 30% del producto en el quinquenio justicialista, cayeron a un 25% con el desarrollismo, siguió bajando con Guido, volvió a subir con Illia y bajó de nuevo con la Revolución Argentina, para volver a subir con el peronismo. Entre 1955 y 1975 se vio un déficit estatal del +- el 3% del PBI.

EMPLEO PÚBLICO:

EN: no aumentó, incluso se racionalizó y descentralizó con el desarrollismo.

EP: Aumentó, probablemente para atenuar el desempleo por la baja dinámica productiva y como herramienta electoral. 
 
La Universidad vio su esplendor entre 1956 y 1966, año de la noche de los bastones largos. Dio importantes avances en campos científicos y fue un elemento clave para el desarrollo. CONICET, INTA, INTI, CNEA. 
 
DESARROLLISMO: 1958-62. Frondizi quiso avanzas con su proyecto de desarrollo en desmedro de las preocupaciones de la sociedad.

A partir de 1959 se lanzó  una decidida política de estabilización y de estímulo al ingreso de inversiones extranjeras en sectores prioritarios. Para ello se fijó  el tipo de cambio, se redujeron los impuestos y aranceles a las importaciones de bienes de capital, créditos a tasas preferenciales y se redujo el sector público (cierre de vacantes y baja de sueldo). Aumentaron tanto la inversión como la deuda externa. Para 1962 el país se autoabastecía en petróleo. La instalación de empresas automotrices no fue bien organizada y acrecentó la balanza de pagos. 
 
GUIDO: 1962-63: El Ministerio de Economía fue manejado por Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray, Eustaquio Méndez Delfino, José Alfredo Martínez de Hoz, que quisieron resolver el atraso cambiario provocado por el desarrollismo, reducir la inflación y equilibrar las cuotas del sector público, sin embargo, produjeron contracción de la actividad económica, aumento de la capacidad ociosa de la industria (+- 40%), aumento del desempleo (8.8%), inflación pero mejoras en la balanza comercial (superavitaria por la contracción del mercado interno). 
 
ILLIA: 1963-66. Impulsó  el consumo (más créditos, mejores salarios), moderó la inflación, se apeló a un sistema de actualización cambiaria, las mejoras en el mercado agrario permitieron un crecimiento de la economía del 9% anual (1964-1965). El sindicalismo se mostró combativo pese a las mejoras y los capitales extranjeros no vieron con agrado el cierre de la política petrolera, la disminución del endeudamiento estatal. 
 
ONGANÍA. A principios de 1967 convoca a Adalbert Krieger Vasena, que introdujo algunas innovaciones en las tradicionales medidas de estabilización y no respondió  a las habituales recomendaciones de la derecha conservadora. Realizó una devaluación compensada, que tomó ingresos adicionales de los sectores exportadores para mejorar las cuentas públicas y evitar el impacto sobre los precios internos. Redujo el déficit fiscal aumentando los impuestos, recomponiendo las tarifas de los servicios públicos y reduciendo el número de empleados del Estado. Crecieron las exportaciones industriales. No buscó dirigir las inversiones, estas se caracterizaron, empero, en comprar empresas ya existentes. La inversión creció a tasas importantes (10%) y las importaciones crecieron por la falta de barreras. La deuda creció diez veces, hasta alcanzar los 5.100 millones en 1972.

Onganía no logró capitalizar los éxitos del plan por su incapacidad política, no logró captar los sectores mayoritarios a su lado, ni a las empresas ajenas al plan, que al no haber sido consideradas estaban en plan de quiebra. 
 
PERÓN: Gelbard apeló  a un acuerdo social entre sectores empresariales, gremiales y el Estado para estabilizar la economía y mejorar la participación de los asalariados en la redistribución del ingreso. Se estimularon las pequeñas y medianas empresas y el resultado fue una expansión de la actividad económica, que redujo a cifras mínimas la desocupación y llevó a récords históricos el nivel de producción industrial. La puja distributiva se reflejó en el presupuesto estatal, en tanto las erogaciones, salarios, compras y subsidios se incrementaron, los ingresos se mantuvieron. El empleo público creció en un 25% N y 30% P. Subieron las importaciones y bajaron las exportaciones.

A diferencia del aumento en el consumo, la inversión se redujo notablemente. La agudización del conflicto económico coincidió con los reclamos sociales y la aparición de guerrillas y grupos asesinos de extrema derecha, en un contexto en el que muere el carismático presidente.

RODRIGAZO: junio de 1975. El ministro de economía Celestino Rodrigo decide devaluar la moneda un 160%, aumentar los combustibles un 172% y aumentar los salarios con un tope del 38%. Estas medidas apuntaban a disminuir el déficit externo. Los sindicatos peronistas hicieron paro general de dos días y obtuvieron aumentos del 100%. Hubo un ciclo inflacionario tradicional y el alza de los precios en los dos meses siguientes superó el 60%. El año terminó con 183% de inflación y un déficit del 15%.

Políticamente todo se medía en peronismo-anti peronismo y comunismo-anticomunismo. Las FFAA hicieron cruzadas contra un comunismo inexistente. La inestabilidad política aumentó la imprevisibilidad de las reglas de juego económicas, que redujo la inversión a largo plazo, estimulando la propensión al consumo a expensas del ahorro y debilitando el potencial crecimiento económico.

La economía mixta no estaba adecuadamente articulada. La puja distributiva fue un problema porque se siguieron captando divisas del agro para dividir entre otros sectores, sin importar su real productividad. La especulación sobre los ciclos económicos ganó al ingreso por empresas productivas. Se quería achicar al Estado.

La industria creció más que el agro (172% a 28%). Cesa el stop and go por el incremento de la producción petrolera. Crece la tecnificación.

GORDILLO

Tres períodos:
1956-69: Resistencia y protesta obrera con distintas formas, sumado a la emergencia de sectores juveniles
1969-1970: Explosión, movilización violenta contra el régimen.
1971-73: Pasaje a la acción política
 
 El golpe quería eliminar todo vestigio de ideología peronista; por un decreto disolvió el partido, inhabilitó de cargos públicos a sus dirigentes, prohibió el uso de los símbolos peronistas y nombrara a perón o a Eva en forma pública o privada. Contrariamente a lo esperado, se reforzó la identidad, pues se llamó a resistir hasta lograr que Perón vuelva del exilio, idea que sirvió de aglutinante para la resistencia. A la vez que esto produjo una resistencia, incitó al gobierno a aumentar sus medidas represoras.

Frondizi llegó al poder en 1958 por un acuerdo con perón en el que se comprometía a desproscribir el partido y restablecer la legislación suspendida por la Revolución Libertadora. Hizo lo segundo, pero no lo primero, por lo que se volvió a la protesta violenta, incitada también por las medidas desarrollistas.

CULTURA: Contestataria. Se nutre de distintos imaginarios, y apuesta por la acción directa. Varios factores favorecen su acción: proscripción del peronismo, debilidad del sistema político, desilusión con Frondizi, influencia de los movimientos de liberación en el mundo, las ideas existencialistas. Surge la idea de una necesidad de cambio de estructuras políticas, pasar de la débil democracia de la burguesía a una que represente más a los sectores populares, de estructuras económicas y sociales: sistema dónde los sectores populares participarán del gobierno, luchar contra el imperialismo, personificado en las empresas monopólicas y extranjeras radicadas en el país a partir de 1955.

El discurso peronista de resistencia tiene fuertes componentes de lenguaje militarista: el país era un “territorio ocupado” y los distintos gobiernos eran “ejércitos de ocupación.” Al ver esto así, justificaban cualquier tipo de acción.

Con la apertura democrática, el peronismo se fracturó en los que buscaron amoldarse al nuevo sistema y los intransigentes, entre los que se destacaba John William Cooke, que una vez que hubo endurecido las relaciones con el gobierno, alentó y participó en la guerrilla rural peronista de Tucumán entre fines de 1959 y principios de 1960. A mediados del año 1960 se encontró otra célula guerrillera en Catamarca, el ELN, que parecía cercano a Cuba (ejemplo que incentivó el nacionalismo en las organizaciones). 
 
En 1963 se realiza un Golpe de Estado que pone a Guido como interino, y en las elecciones gana Illia, con más votos en blanco que a favor. El Movimiento Obrero se impone nuevamente como factor de poder, eclipsando el ala política peronista. En esta etapa su acción fue mucho más organizada. Todo apuntaba a reforzar disciplina y verticalidad. Se organizaron todo tipo de protestas: marchas, movilizaciones, ocupaciones, hasta actos conmemorativos de fechas del peronismo.

En 1965 los canales de comunicación con el gobierno se cerraron y surgieron distintas alternativas: la incorporación autónoma del MO dentro del sistema político (como partido o corporación), una salida revolucionaria de izquierda (que en ese momento todavía era minoritaria) y una autoritaria (apoyada por los dirigentes sindicales). 
 
COMPROMISO DE LA JUVENTUD: Aprovechando que durante el gobierno de Illia estuvieron abiertos los canales democráticos universitarios, tuvieron una participación comprometida con la realidad nacional e internacional. En este período entró en acción la Reforma Universitaria (gobierno tripartito, cargos por concurso, libertad de cátedra autonomía universitaria). Primero reclamaban aumentos presupuestarios. Luego, cuando su plan de lucha fue más general, junto al MO; se dieron cuenta de que el gobierno, a pesar de tener una legalidad formal, no era representativo, por lo que había que apoyar las luchas populares, acompañando y orientando su dirección (CGT). Más tarde, será de los primeros en reaccionar frente al gobierno de Onganía por el ataque a la autonomía universitario como experiencia previa de movilización y participación en la época de Illia.

Surge la nueva izquierda= peronistas+izquierda

Cuando en 1966 se limita la autonomía universitaria, docentes y alumnos protestan en lo que termina con la intervención de todas las universidades.

En argentina se recibió  influencia del Mayo Francés (1968).

Luego de 1966 se luchó  por recuperar los centros de estudiantes y se evaluó el cambio de sistema político. La tendencia no era luchar por el cogobierno, si no cambiar el sistema, la revolución a la que se llegaría por distintos medios.

La CGT de los Argentinos empezó  a horizontalizar sus protestas y a incluir a los jóvenes en distintas actividades (picnics en los bosques de Palermo para el día de la primavera, y chocolate caliente con vainillas para el día del trabajador, porque era en invierno). También atrajeron al movimiento de sacerdotes del tercer mundo. La Argentina tercermundista lucha por la liberación nacional, entendida como lucha contra el capitalismo y los imperialistas. Los curas tercermundistas empezaron a actuar en todo el país con actividades en barrios obreros y marginales, creando fuertes lazos de solidaridad y compromiso, y robusteciendo la idea de necesidad de participación colectiva.

Muchos grupos conformaron un brazo armado, algunos ya lo tenían pero en la época de Onganía definieron su acción. (FAR, ELN, ERP).

La CGT construyó las representaciones contra la dictadura. Marcó el “nosotros” y el “ellos.”

En 1969 el sector obrero comenzó  a expresar su descontento en una forma conflictiva. Hubo múltiples huelgas de hambre. Córdoba se transformó en el centro de la actividad de los sectores de la sociedad, ya que esta provincia tuvo una acción autónoma de la CGT en materia sindicalismo. Algunas protestas fueron por el retiro del sábado inglés, las quitas zonales, etc. En mayo hubieron muertos en protestas, lo que generó más protestas y lo que algunos llamaron la “semana rabiosa de múltiples protestas en la provincia y en rosario, que terminaron con un paro activo a fines de mayo.

El “Cordobazo” fue la movilización que siguió a ese paro. Cuando los obreros marchaban obtuvieron el apoyo espontáneo de estudiantes y ciudadanos, hasta que la policía abrió fuego matando a un obrero, noticia que corrió rápido y movilizó aún más a la sociedad. Para las dos de la tarde la policía se había tenido que retirar. Se atacaron y quemaron símbolos del imperialismo. A la media tarde se dispersaron la mayoría de los obreros y luego intervino el ejército contra los estudiantes.

Al otro día Córdoba era una ciudad tomada, pero de todas formas hubo marchas y protestas. Se encarcelaron dirigentes sindicales. Hubo doce muertos y más de noventa heridos. La noticia tuvo fuerte impacto, el gobernador tuvo que renunciar y la posición del régimen comenzó a ser cuestionada fuertemente. Además puso en manifiesto una crisis de autoridad en las organizaciones de la sociedad civil, encontrada con una juventud que quería reconstruir el país.

La conformación del movimiento contó con vehículos formales (organizaciones preexistentes) e informales (las nuevas redes sociales y los recursos que brindaron). Se construyeron socialmente pilares básicos para la acción colectiva: 1) percepción de injusticia; 2) convencimiento de la posibilidad de revertir la situación a través de la acción colectiva; 3) identidad.

La contundencia de la movilización hizo que el gobierno buscara normalizar la CGT y recuperar los mecanismos de concertación colectiva de los sindicatos. 
 
ROSARIAZO: La CGT de Rosario decretó paro activo de 38 horas a partir del 16 de septiembre. El gobierno decretó el Estado de Sitio y alertó a la población, de todos modos, los estudiantes se unieron. Con la experiencia del Cordobazo, las fuerzas policiales fueron reforzadas por Gendarmería Nacional y por contingentes de lucha antisubversiva y se desplegaron sobre la zona céntrica y barrios fabriles para retener las protestas. Sin embargo, esos lugares ya estaban ocupados por los obreros. En su desplazamiento incendiaron autos y ómnibus para impedir el paso de la policía, atacaron comercios y se enfrentaron con la autoridad. Para la media tarde se comenzaron a desplazar a las zonas fabriles con una participación popular notable. Se incendiaron estaciones de tren y para la noche varias zonas quedaron sin luz y se bloquearon rutas provinciales y nacionales. Al otro día continuaron los ataques y una vez que culminó la huelga la lucha siguió en manos de obreros ferroviarios, provocando la expansión del conflicto por todo el país (Tucumán, Bahía Blanca, Córdoba) en los días siguientes.

El rosariazo marcó, con respecto al Cordobazo, no solo una mayor acción si no que mostró los cambios políticos que se estaban definiendo y los cambios en las reivindicaciones hasta convertirse en cuestionamientos a la dirigencia sindical (cosa que puede verse en los cambios de dirigencia de las organizaciones más importantes de Fiat)

En todos los casos de movilización y cambio, la acción fue promovida por las bases o los sectores intermedios obreros, pero luego comenzaron a disponer de redes sociales más amplias con mayores recursos: medios de comunicación, cobertura en los medios, locales en las facultades para dar a conocer las demandas, etc.

Estos hechos cambiaron la forma de negociación de conflicto porque la intención era llevar la disputa al centro de la producción, con los trabajadores, sin mediación de los sindicatos, buscando soluciones con su fuerza de trabajo y la apropiación momentánea de las herramientas y espacios de producción. A esto agregaban toma de rehenes y acciones más violentas como amenazas con explosivos, que subvertían el principio de la propiedad y autoridad sobre la fábrica del empresariado.

Se buscaba tomar medidas originales, como la huelga de hambre. Se hizo una para la navidad de 1970, que tuvo amplia repercusión. A su vez, se hicieron públicas por primera vez tres organizaciones armadas:

-MONTONEROS: Varios de sus fundadores provenían de grupos nacionalistas católicos, que con la acción del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tuvieron un acercamiento con los sectores desposeídos. Su primera aparición pública fue para el aniversario del Cordobazo y día del ejército, cuando secuestraron y asesinaron a Aramburu, medida sumamente arriesgada ya que la organización tenía solamente doce miembros. Como consecuencia, diez años días después, Onganía fue reemplazado por Livingston. Montoneros no tenía una definición ideológica: amalgamaba a quienes solo querían la vuelta de Perón y a quienes además quería la patria socialista.

**los grupos peronistas de izquierda, la tendencia revolucionaria, creían que la patria socialista se iba a conseguir con el retorno de perón, los que se alejaban de ese movimiento para acercarse al MO, siendo aún revolucionarios fueron el peronismo de base**

-ERP: Sus medidas eran el secuestro en reclamo de alguna causa (liberación de presos políticos, etc.) y reclamo de dinero para repartir en ropa y alimentos a los pobres. Cuando secuestraron al director general de Fiat por despedir a obreros y en reclamo de la libertad de guerrilleros, fueron encontrados por la policía y lo mataron.

-FAR: Su origen se remonta a 1966, cuando un grupo aspiraba a ser el brazo argentino de la lucha del Che Guevara en Bolivia. Cuando muere el Che, se peroniza y a fines de 1972 se une a Montoneros.

Estos grupos, más que enfrentamiento directo, hacían propaganda armada hacia la sociedad para captar recursos. Usaron la violencia ofensiva con blancos determinados, como representantes del régimen y empresarios en conflicto, nunca al azar. 
 
VIBORAZO: En enero de 1971 se realizó una protesta contra Fiat por despidos, que terminó con la ocupación militar de la ciudad. En marzo Livingston designa a José Camilo Uriburu, aristócrata de la derecha católica, como Gobernador de Córdoba. En respuesta, el movimiento obrero cordobés programa una acción conjunta de sindicatos que no logra concertarse bien. La acción fue desordenada, hubo un muerto, que produjo ira colectiva y transformó la protesta en masiva. Esta duró tres días más, para los cuales se sumaron más ciudadanos comunes y estudiantes. Ocurren destrozos peores que los del Cordobazo. Tres días después el conflicto sigue: interviene el ejército y se reemplaza a Livingston por Lanusse. A diferencia del Cordobazo, fue mucho más obrero y contó con el apoyo de las organizaciones armadas.  
 
Por todos estos sucesos, Lanusse promete la apertura electoral. Las cúpulas sindicales que buscaban ocupar un lugar dentro de la nueva reorganización del movimiento peronista y el sindicalismo combativo de Córdoba optaron por un proyecto de socialismo nacional que uniera al sector popular que pudiera, o no, tomar una vía democrática.

El lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional de Lanusse (originado en La Hora del Pueblo de 1970) para abrir el sistema político y reformar el económico-social). Fue seguido por la rehabilitación de los partidos políticos.

El sindicalismo peronista cordobés sufrió una tensión entre el plan de Perón y el de los gremios combativos, de luchar contra el gobierno de Lanusse.

La apertura política disminuyó  la lucha obrera, se empezaron a canalizar nuevamente las demandas a través de los sindicatos, y las esperanzas del movimiento obrero desindicalizado se perdieron cuando el tercer gobierno peronista emprendió una campaña verticalizadora.

El contexto preelectoral de 1972 cambió la lucha política con represión para sofocar manifestaciones de rebelión popular (de las organizaciones armadas, algunas por no reconocer la vía electoral, y otros (Montoneros) porque lo tomaban como medida de refuerzo de su desconfianza al gobierno.

Montoneros se mantuvo intransigente hasta fines de 1972, llegada de Perón. En las elecciones se postula a Héctor Cámpora. Para entonces solo algunos grupos se oponían a la salida electoral, ya que esta fue valorada de distintas formas (como fin en sí mismo por los peronistas y como vía para llegar a la patria socialista).

En el período 1966-73 unas 100 personas murieron y 500 fueron encarceladas por razones políticas, sin embargo el retorno de perón no trae la paz, si no que aumenta los antagonismos, el autoritarismo y la intolerancia de los grupos, lo que conduce a una espiral de violencia para definir qué proyecto debe aplicarse.

SURIANO

Analiza los últimos 25 años del siglo XX. El mundial de fútbol de 1978 fue un medio para que la cúpula miliar siga teniendo legitimidad y utilizaron mecanismos para distraer a la población de lo que realmente estaba ocurriendo, que era una dura represión hacia aquellos considerados "subversivos" por los golpistas.
Uno de estos mecanismos fue el eslogan "los argentinos somos derechos y humanos" al que muchos se adhirieron sin darle importancia a las aberrantes violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo.
Cuando el régimen perdía importancia crearon la guerra de Malvinas, que condujo a miles de jóvenes a una muerte penosa y lo más triste de todo, segura. Estaban mal entrenados, mal armados y táctica y estratégicamente mal organizados. Sin embargo todos estos hechos, fueron apoyados por la sociedad civil argentina, despertando en ella ideas de nacionalismo y anti-imperialismo que seguían presentes a pesar de los años. Sin embargo la derrota terminó por hacer que la poca legitimidad que quedada se fuera y ello contribuyera a la caída del régimen.
Desde 1930 todos los golpes de estado contaban con el apoyo de la sociedad, una sociedad denominada "pretoriana", es decir acostumbrada a la presencia de las fuerzas armadas en la sociedad civil y que cuando nota escasa legitimidad del régimen exige esto. Incertidumbre por parte de la sociedad, escasa autoridad de la figura presidencial, debilidad de la representatividad de los partidos políticos, aumento creciente de violencia y ningún objetivo económico claro fueron las causas del contexto que dio lugar al golpe del 76. El proceso tenía en mente acabar con el rol intervencionista del estado en la distribución de los ingresos.
Trataron de articular una economía plenamente abierta al mercado internacional, que produjo un fuerte endeudamiento y dejo a la no competitiva industria nacional a merced de la industria extranjera e inclusive sin apoyo estatal por lo que la actividad industrial nacional se vio en una grave situación y muchas fábricas cerraron sus puertas. Sin embargo para evitar problemas sometieron a los obreros a un "disciplinamiento" fuertemente represivo y de persecución. Los militares desestructuraron los mecanismos de los gremios que les permitían influir en el estado. En 1982 el régimen se había debilitado, había fracasado económicamente y fallado en el disciplinamiento social e inclusive la acción de grupos de derechos humanos internacionales contribuyeron a su desgaste.
El pasaje del autoritarismo a la democracia puede verse como un nuevo valor otorgado por la sociedad civil a las instituciones democráticas, con el alejamiento de la idea pretoriana del sentido común, factor que permitió pese a conflictos sociales esquivar cualquier salida autoritaria, como en el 2001.
De 1983 a 1987 la sociedad civil tuvo una participación activa en la democracia, y así fue como se crearon diversos organismos para enjuiciar y aclarar aspectos oscuros de la dictadura, sin embargo decae el crecimiento de la sociedad en el sistema político debido a los problemas económicos y leyes como la de Obediencia Debida y Punto Final que retrajeron la confianza de la sociedad. El gobierno de Alfonsín al enjuiciar a la junta militar sufrió la contestación de los sectores militares por lo que las leyes para que no se produzca otro hecho oscuro fueron tomadas por la sociedad como un retroceso, factor que explica su derrota electoral en 1987.
Menem, que asume en 1989, tomó medidas que pudieron ser llevadas a cabo gracias al desinterés y la apatía de la sociedad civil y de la debilidad de las instituciones políticas que delegaron la responsabilidad a la figura del presidente. Se cancelaron los juicios a la junta militar, hecho que fue rechazado por los organismos de derechos humanos. Menem apeló a la apatía ciudadana y política y a una increíble acción mediática en su favor para recurrir a los poderes excepcionales para resolver la crisis económica que vivía la nación. A partir de ciertos "logros" en la economía Menem hizo de ella la base para su hegemonía y autoridad presidencial y utilizó en reiterados casos los DNU debilitando el constitucionalismo y el parlamentarismo.
Menem impulsó medidas económicas en base al mercado internacional, factor que puso fin al intervencionismo estatal y con él las industrias nacionales. La estrategia de abrirse hacia los capitales internacionales y de convertibilidad trajo buenos resultados al principio pero afectó a la industria y en consecuencia al empleo, generando un desempleo pronunciado. El dólar barato generó a largo plazo una depresión económica que estalló en el 2001. Sin embargo la desaparición de industrias no fue el único factor que afectó en el desempleo, sino que la privatización de las pocas nacionales que quedaban que achicaron los planteles de las fábricas debido a la creciente tecnología. Estas medidas afectaban los sectores populares pero aún así el sindicalismo que se forjo fue de negociación y defensivo frente a las políticas que impone el estado, no de exigir y reclamar por sus reales derechos. La nueva economía híper transnacionalizada y sin intervencionismo estatal les quitaba medios de presión en la resolución el problema de la falta de empleo.
Las medidas tomadas desde 1976 hasta principios del siglo XXI han contribuido a una creciente pobreza, desempleo y a un estado destruido que no puede tomar medidas para intervenir de manera equitativa. Las políticas han representado soluciones efímeras y sigue relegando a aquellos que deciden de los que sufren las decisiones, hoy en día la sociedad se encuentra partida.

SIDICARO

El neoliberalismo menemista y la profundización de la crisis estatal, Sidicaro, Modulo II
Se dio en 1989 el agotamiento de un estilo de relación entre el estado y la sociedad, elemento que dio pasó a las medidas implantadas por el sucesor de Alfonsín, Carlos Menem. El consenso que generó el surgimiento del nuevo gobierno hizo que la sociedad no se oponga a las características que adopto luego el gobierno neoliberal.
(1)- De la identidad peronista a la gestión neoliberal:
El peronismo se basó en su concepción original como una fuerza política en búsqueda de la equidad social y de estrecha relación con el sindicalismo para la mejoría de los sectores asalariados y con menores recursos. Las luchas y movilizaciones eran realizadas para combatir a las fuerzas extranjeras y a los sectores concentrados del capital que eran los “enemigos” del peronismo.
Sin embargo el gobierno menemista significo una ruptura con los valores peronistas. Las medidas llevadas a cabo durante la época de Menem se encuadraban en la ideología neoliberal, que beneficiaba al capital frente a la base, es decir pertenecía al “enemigo” del peronismo.
El sindicalismo, herramienta que tenía peso para el movimiento peronista, sufrió todo lo contrario. Las políticas de apertura económica que se contraponían al intervencionismo estatal y por ende generaron niveles altísimos de desocupación, la desregulación de las relaciones laborales, los contratos “basura”, la caída de los salarios frente al capital y la privatización de empresas públicas generaron malestar y escasa capacidad de acción, por ende el debilitamiento de los sindicatos.
(2)- La década menemista y globalización:
El programa neoliberal fue el asumido por Menem como parte de su política económica. La apertura económica y las privatizaciones de empresas nacionales fueron eje de la época.
Durante el gobierno de Menem no solo el proyecto neoliberal fue el que creo malestar en la sociedad sino también los efectos de las falencias estatales. En relación a las importaciones, el estado nunca puso un control aduanero seguro para que las industrias nacionales puedan seguir compitiendo. La globalización comercial se encontraba frente a una burocracia ineficaz, relegando a las industrias nacionales a la inestabilidad e ineficiencia de los aparatos estatales. Con esto, la desregulación daba lugar a la violación de leyes y corrupción.
Esto dio por resultado un estado cada vez más débil frente a actores socio-económicos que eran viejos empresarios o nuevos inversionistas con cada vez mayor capital y que da como resultado mayor capacidad de imponer decisiones en base a sus intereses. Estos nuevos inversionistas frente a los que se encontró el estado eran fuerzas extranjeras con mayor fuerza de negociación.
Las privatizaciones impidieron al estado generar mecanismos que le permitiesen controlar la orientación de las actividades económicas y sociales. A la gestión de empresas públicas se las criticaba de generar gastos y costos altos pero no se debatió si luego de privatizarlas el estado podría tomar decisiones en materia de orientación y planificación. Además los actos de corrupción en los organismos creados para supervisar a las entidades privadas eran recurrentes, lo que deterioro aún más la figura estatal.
Esto dejó al estado con menos instrumentos para responder a las demandas sociales, las privatizaciones terminaron con la posible acción estatal. La evasión impositiva, es decir tributaria, se vio reflejada en los organismos que se encargaban de organizarla. Esto permitió a los agentes extranjeros evadir las condiciones tributarias y lo que resultó fue una incapacidad del estado de imponerse para que no se trasgredan las leyes.
La política económica neoliberal se completó con la convertibilidad del 1 a 1 en donde el estado recurrió al endeudamiento externo para sostener la valoración de la moneda nacional igual al dólar. Para el gobierno menemista recurrir al endeudamiento generaría un crecimiento en donde luego la deuda y sus intereses podrían ser saldados. Este sistema genera una dependencia en la cual los estados pierden poder para enfrentar con sus políticas económicas las acciones perjudiciales para su economía.
El estado fue un administrador que uso el poder legal para ponerlo a disposición de los poderes económicos predominantes y permitir su ampliación y concentración, favoreciendo un desarrollo social desigual y relegando a la sociedad a la arbitrariedad de los poderes económicos.
El crecimiento de la deuda externa contribuyó a limitar aún más las capacidades del estado para tomar decisiones distintas a lo que deseaban los intereses del “capital”. Weber señala que los países deudores al ver limitadas sus capacidades de acción deben ajustarse a lo que conviene a los países acreedores.
Los actores internacionales gozan de una exterioridad al sistema político que rige la sociedad sobre la cual actúan.
Efectos de tal exterioridad sobre la estructura política y social:
1-   Los empresarios no tienen por qué responder a dirigencias políticas, ya que las embajadas de los gobiernos extranjeros son más eficaces para negociar con el débil estado local.
2-   El libre mercado permite que jueguen con su permanencia en el país, ya que su movilidad se convirtió en un elemento de presión para que mientras que los gobiernos cedan a sus demandas, el malestar social se incremente y debilite aún más al estado debilitando su legitimidad.
3-   La continuidad de los logros que obtuvieron les resulta importante, para seguir acrecentando su poder.
Anteriormente los empresarios eran comprometidos con el sistema político, no solo por su origen nacional, sino también por sus inversiones y su efecto e importancia en la vida social. Los empresarios de la globalización deterioran las instituciones, los gobernantes frente a la opinión pública, para conseguir intereses, como lo hicieron durante la época menemista.

DANIEL JAMES

En su discurso de asunción de 1955, tras la jura como nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi anuncio que en la Argentina pos peronista no habría “ni vencedores ni vencidos”, su intención era tranquilizar a las masas de trabajadores peronistas preocupados por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas con Perón.

El presidente dentro del gobierno provisional estaba dispuesto a admitir que los peronistas siguieran controlando los sindicatos. Su única salvedad era que debía tratarse de un peronismo purificado de los vicios que lo habían corrompido y conducido a la derrota, el peronismo representaba un baluarte contra el comunismo.

Luis Cerruti Costa, el ministro de trabajo adopto en consecuencia una política de avenencia con la conducción gremial peronista. La CGT (confederación general de trabajo) quedo en manos de esta, lo mismo que en un inicio mucho de los  grandes sindicatos.

El intento de Lonardi de llevar a la práctica esta política fracasaría y sería reemplazado por su vicepresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del campo militar antiperonista. Varias razones explicaban este fracaso, la posición de Lonardi era minoritaria entre los militares y las fuerzas cívicas que habrían llevado a cabo la Revolución Liberadora, les preocupaba en especial la autoridad peronista sobre la clase trabajadora, grupos armados de antiperonistas se habían apoderado de muchos sindicatos en las semanas siguientes al golpe, estos grupos eran conocidos como “comandos civiles” y estaban compuestos principalmente por activistas socialistas y radicales que habían desempeñado un destacado papel en la rebelión contra Perón.

La conducción peronista de la CGT (confederación general de trabajo) encabezada por Andrés Framini y Luis Natalini comenzó a dudar cada vez más en la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas del gobierno provisional no tenían la autoridad suficiente dentro de la policía o las fuerzas armadas para impedir los ataques antiperonistas y la toma de locales u oponerse al arresto de una creciente cantidad de funcionarios sindicales peronistas de nivel medio.

Las bases gremiales peronistas, en un principio aturdidas por el golpe contra Perón habían demostrado en los dos meses siguientes una creciente disposición a resistir y preservar algo que sentían estar perdiendo,  gran parte de esa resistencia dejo a un lado a la conducción sindical se produjeron huelgas espontaneas en gran escala, como protesta por la situación nacional en general y los ataques antiperonistas contra los sindicatos en particular, esto alarmo y fortaleció a las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles e hizo aun mas difícil para Lonardi dar el tipo de concesiones que podrían haber tranquilizado a las bases peronistas.

La CGT (confederación general de trabajo) convoco a un paro general para el 14 de noviembre con el fin de protestar contra la asunción del nuevo régimen, las nuevas autoridades reprimieron eficazmente la medida y el 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT (confederación general de trabajo) y todos sus sindicatos miembros y detuvo a muchos dirigentes.

Lonardi, en consecuencia, puso de relieve la existencia de una conducción sindical peronista, al mismo tiempo la clase obrera peronista había comenzado a exhibir una firme voluntad de defender sus sindicatos.

El nuevo gobierno de Aramburu y el vicealmirante Rojas se dispuso a abordar la resistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina, el peronismo era una aberración.

Las autoridades intentaron proscribir a toda una generación de funcionario s gremiales peronistas. El decreto 7.107 excluyo de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y 1955 y quedaron proscriptas todas las actividades peronistas. Esta ofensiva peronista se extendió a la base fabril, inmediatamente después de la intervención de la CGT (confederación general de trabajo) en 1955.

A principios de 1956 la situación sindical había cambiado rotundamente la CGT (confederación general de trabajo) estaba a cargo de un interventor militar, el capital Patrón Laplasette que asistido por un consejo asesor de figuras antiperonistas de la época anterior a 1945. A demás de la detención de miles de funcionarios justicialistas y de la proscripción de carios millares de ex activistas, se habían designado interventores militares y antiperonistas en todos los sindicatos. El sueño del gobierno militar era la elección de dirigentes gremiales verdaderamente “democráticos”.

El sueño se demostraría irrealizable, hacia 1957 al reconocer que no se había logrado borrar la influencia peronista.

La industria argentina se caracterizaba por una situación que daba a las comisiones internas control del proceso productivo, este era el legado del movimiento sindical dentro del peronismo y se había incorporado entre 1946 y 1948, este poder de la base fabril impedía la implementación de nuevos ordenamientos laborales. El intento del nuevo gobierno choco con una resistencia de los trabajadores de una cultura fabril especifica durante la era peronista.

Para defenderse del ataque contra los sindicatos fabriles, los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontanea peronista en comités de base extraoficiales y con una diversidad de formas de accionar que iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores, esta lucha confirmo la denominación peronista de la clase obrera. Cuando el gobierno convoco a elecciones  para reconstituir las comisiones internas a fines de 1956, en la mayoría de los casos fueron elegidos delegados peronistas, ni socialistas ni comunistas pudieron desafiar eficazmente esa fidelidad.

Las luchas defensivas de 1956 y 1957 pusieron en primer plano una nueva camada de dirigentes gremiales más jóvenes, dos serian los principales desafíos que estos dirigentes enfrentarían en 1057 y 1958. El primero era negociar eficazmente con la patronal y las autoridades nacionales, para lograr expandir y consolidar los espacios institucionales que se les concedían a regañadientes. Hacia fines de 1956 varios sindicatos volvían a estar a cargo de gremialistas peronistas luego de celebrar elecciones, otros se le sumarian en 1957. Alguno de los gremios normalizados, tanto peronistas como no peronistas, formaron la Comisión Intersindical a principios de 1957. Este organismo convocaría a varias huelgas en el transcurso de ese mismo año. Más adelante, siempre en 1957, el interventor militar de la CGT llamo a un congreso normalizador y otros antiperonistas controlaban sindicatos como los de empleados de comercio, bancarios, personal civil de la nación y empleados municipales. Cuando estos gremios se vieron en minoría, abandonaron el congreso y constituyeron los 32 Gremios Democráticos. Los restantes sindicatos peronistas en su mayoría, formaron entonces las 62 organizaciones.

El término “resistencia” significaba algo más que la defensa de las condiciones y la organiacion dentro de las fábricas, la resistencia fabril estaba estrechamente asociada a la resistencia en otros terrenos. La protesta individual a través del sabotaje personal y las actividades clandestinas mas organizadas, hasta el intento de levantamientos militares.

El punto focal de esta tensión se centro en las elecciones presidenciales convocadas para febrero de 1958.

Arturo Frondizi había cortejado abiertamente al peronismo para obtener su voto. Para los dirigentes sindicales peronistas a apoyar su candidatura era una opinión con muchos atractivos. Frondizi había prometido la reconstitución de la CGT (confederación general de trabajo), había impulsado la convocatoria de elecciones colectivas basadas en sindicatos nacionales centralizadas de acuerdo con la estructura existente durante el régimen de perón.  El contraste con el gobierno militar parecía evidente, este último había emitido el decreto 9.270 que garantizaba la representación de la minorías en la conducción sindical y el reconocimiento de varios sindicatos con iguales derechos de negociación en una misma rama industrial y había prohibido toda actividad gremial que se definiera como política.

El gobierno de Arturo Frondizzi disfruto de una tregua inestable con los sindicatos durante sus primeros ocho meses en el poder. Alentados por la nueva situación institucional representada por un presidente que debía ese cargo a sus votos, los trabajadores peronistas lanzaron una cantidad creciente de huelgas. Solo  en la Capital Federal, en 1958 se perdieron más de seis millones de horas de trabajo a causa de esas medidas de fuerza.

Frondizi cumplió una de sus principales promesas de campaña y sanciono la ley 14.455 de asociaciones profesionales, que en muchos aspectos se basaba en el Código del Trabajo Peronista, esta ley permitía el reconocimiento de una sola entidad negociadora en cualquier rama industrial y de ese modo daba por terminado el intento del régimen de Aramburu de implementar una negociación con varios sindicatos por rama. La nueva ley también abolía la representación de las minorías en la conducción sindical. Se restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato, también se autorizaba a las empleadores a retener la cuota gremial de sus trabajadores por cuenta y orden de los sindicatos. Las elecciones realizadas en muchos sindicatos de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley dieron por resultado el triunfo de las listas peronistas. Para terminar Frondizi prometía el restablecimiento de la CGT (confederación general de trabajo) una vez que se completara el proceso electoral. La promesa de estabilidad en el frente laborar que parecían brindar esos primeros meses se disipo rápidamente, en enero de 1959 Frondizi luego de las negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de emergencia, anuncio un plan de estabilización que reducía de manera drástica las protecciones arancelarias, devaluaba el peso, aumentaba la mayoría de los precios controlados y prometía un virtual congelamiento salarial, parte del acuerdo también implicaba la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. La respuesta del movimiento obrero a estas medidas iba a conducirlo a una seria de encaminadas acciones defensivas en el transcurso de 1959 y 1969, la primera de ellas fue la ocupación del mencionado frigorífico por su personal para protestar contra el decreto de privatización, tanto los sindicatos peronistas como los no peronistas se encontraban en una situación desventajosa al enfrentarse con un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas y dispuesto a usar el poder del estado para sostener su política económica. Muchos gremios volvieron a ser intervenidos durante 1959, con la aguda recesión provocada por el plan de estabilización la posición negociadora de los sindicatos había quedado muy debilitada, en 1960 y 1961 la cantidad de huelgas declino drásticamente.

Los sindicatos peronistas experimentaron estos acontecimientos como una traición, “la traición de Frondizi”. Frondizi pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en el gobierno tratando de convencer a los dirigentes gremiales peronistas de su buena fe y su compromiso permanente con las ideas de desarrollo “nacional y popular”.

El atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras, existía, por cierto un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial  para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había a demás muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente.

Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes cooperaran con otros “factores de poder” como la iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntalo las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores.

La solución que proponían los duros para contrarrestar esta amenaza era una insistencia en las virtudes subjetivas de la dureza, la intransigencia, la lealtad y la fidelidad a quienes habían luchado y sufrido sobre todo a perón.

El periodo posterior a 1959 se caracterizo por el crecimiento de cierta desmovilización, muchos activistas estaban desocupados e incluidos en listas negras, otros simplemente habían abandonado la actividad gremial. Quienes persistían comprobaban a menudo que sus sindicatos eran lugares crecientemente hostiles, el fraude electoral era cada vez más frecuente.

Los convenios firmados en 1969 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas, los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu, este proceso se funda en cierto grado de corrupción personal.

En una carta a Perón, John William Cooke comentaba “de ahora en adelante habrá más represión, mas cárcel, mas cachiporrazos, pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno, el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración practica”

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir, los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión, el plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyo eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos, a demás de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961.

El presidente también tomo algunas medidas para cumplir su antigua promesa de devolver la CGT (confederación general de trabajo), en 1961 las 62 organizaciones aceptaron compartir el poder con los no peronistas en una comisión de veinte miembros encargada de convocar un congreso reorganizador.

El pragmatismo institucional presentaba sus propios desafíos a los dirigentes sindicales. El papel cumplido por los sindicatos peronistas empezaba a mostrar numerosas facetas. Por un lado, era evidente que los gremios tenían que representar las necesidades institucionales de sus organizaciones y los intereses económicos de sus afiliados, esto implicaba negociar con la patronal, el estado y los sindicatos no peronistas. Al mismo tiempo los gremios se habían convertido en la principal expresión del peronismo en la Argentina y como tales, tenían a su cargo la negociación de las demandas del movimiento con otros actores del sistema político institucional. La proscripción legal del justicialismo político no hacía sino reforzar esta tendencia. Por último, los dirigentes sindicales debían negociar dentro del peronismo con otros sectores del movimiento. Luego de 1960, esto significaba esencialmente dos cosas, por una parte tratar con el conjunto de partidos neoperonistas que habían surgido con la intención de reclamar el legado político asociado al voto peronista, también significaba tratar con las diversas figuras políticas y organismos oficiales designados por Perón en diferentes momentos para hablar en su nombre y representar las necesidades políticas del movimiento.

Dentro de la dirigencia sindical prevalecía la idea de que el peronismo debía intentar presentar sus propios candidatos en vez de seguir recurriendo a la táctica del voto en blanco de elecciones anteriores. Las figuras del justicialismo político esperaban convencer a los sindicatos y a perón de la necesidad de dar los votos a partidos peronistas, el líder de los trabajadores textiles, Andrés Framini iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una campaña electoral exitosa apoyada en los sindicatos confirmaría a estos como un sector con poder de negociación dentro de la política argentina y los mostraría hasta cierto punto independientes de su control, los sindicatos debían ser consientes de las posibles consecuencias negativas de su intervención directa en esa campaña, el propio Frondizi apostaba sin duda a limitar el éxito de cualquier participación peronista, esto dejaría a los sindicatos con pocas alternativas, salvo seguir adaptándose a los movimientos del presidente.

En rigor, contaba con esta amenaza implícita para convencer a los gremios de que no presentaran a sus candidatos, los sindicatos también debían comprender lo que podrían perder si su participación electoral provocaba una respuesta militar.

En las bases peronistas había asimismo un profundo deseo por votar candidatos justicialistas como un modo de protestar contra el gobierno frondizista, el resultado de los comicios fue una resonante victoria peronista, sus candidatos ganaron 8 de las 14 gobernaciones en juego, incluida la de la provincia de Buenos Aires, Frondizi anulo de inmediato las elecciones e intervino esas provincias pero esto no fue suficiente para salvar su presidencia.

El líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante dentro del peronismo sindical fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país, había sido en gran medida responsable de la organización de esa campaña, la victoria e esa campaña había sido posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y otros sindicatos peronistas, en la prensa y el movimiento sindical comenzaban a utilizar con creciente frecuencia el término “vandorismo”.

Augusto Vandor llego a simbolizar el proceso de integración del aparato sindical al sistema político institucional Argentino, el vandorismo implicaba el uso del poder y la representatividad que los sindicatos debían a su posición de fuerza dominante dentro del peronismo a fin de negociar con otros “factores de poder”.

Esta representación contribuyo a fortalecer la percepción de los sindicatos peronistas como una parte fundamental del sistema social y político.

La Ley Laboral autorizaba a las federaciones a imponer estatutos que disciplinaban severamente a los sindicatos afiliados y limitaban su capacidad de actuar de manera independiente de la federación. Así, la Ley de Asociaciones Profesionales no solo garantizaba a las dirigencias gremiales el derecho a negociar sin temer la competencia de sindicales rivales, sino que también sentaba las bases de una estructura sindical que contribuía en mucho a asegurar el control centralizado dentro de un sindicato.

Las finanzas gremiales tenían dos cuotas fuertes esenciales: la cuota sindical y la cuota asistencial. Significaba que en los grandes sindicatos industriales de empleados administrativos la cuota del afiliado metalúrgico de Córdoba, el trabajador de la carne de Rosario o el ferroviario de Tucumán eran deducidas por sus empleadores y depositada directamente en la cuenta bancaria del sindicato central de Buenos Aires.

El valor total de los bienes de los sindicatos ascendía ese mismo año en 1965 q 4.201 billones de pesos, esas enormes sumas se asociaban por supuesto al gangsterismo y a la corrupción cada vez más identificados con el sindicalismo peronista. La prensa oficialista y los grupos opuestos a Vandor dentro de los sindicatos ponían en circulación muchas historias sobre ese desvió de esos fondos en beneficio de determinados dirigentes. Sin embargo, era el hecho de que con ese dinero se solventaba toda gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados.

La lista mayoritaria asumía el completo control del sindicato, una vez elegido un grupo era extremadamente difícil desalojarlo. Vandor y los otros líderes sindicales, tanto peronistas como no peronistas utilizaron este sistema para convertirse en decisivos interlocutores sociales y políticos dentro de la sociedad argentina. En enero de 1963 se reconstituyo formalmente la CGT (confederación general de trabajo). Las 62 organizaciones tenían una clara mayoría frente a los sindicatos no peronistas, controlaban todos los sindicatos industriales salvo uno de los comités gremiales de la central obrera. Había 1962 los 32 gremios democráticos de fuerte militancia antiperonista prácticamente habían desaparecido. La mayoría de los sindicatos de los grandes sindicatos de empleados administrativos que habían sido el núcleo de los 32 gremios democráticos se definía ahora como independiente.

Vandor insistió con éxito en que miembros de esta tendencia en los puestos clave de secretario del interior y de asuntos gremiales.

El secretario general elegido con la bendición de Vandor fue el líder de los trabajadores del vestido, José Alonso. La nueva confederación afirmaba tener alrededor de 2.567.000 afiliados.

Con la recién recuperada CGT (confederación general de trabajo) el funcionamiento y su base de poder en las 62 organizaciones ahora consolidada, la conducción sindical peronista lanzo una campaña para buscar soluciones a las penurias económicas  y sociales de sus afiliados. El gobierno había implementado un plan de estabilización similar al de Frondizi, con parecidos resultados para la clase obrera: una pronunciada recesión, alto desempleo (sobre todo en industrias tradicionales como la textil y metalúrgica) e inflación en aumento. La primera etapa de aquella campaña culmino con el lanzamiento del llamado Plan de Lucha.

La primera fase de este plan termino en mayo de 1963 con una semana de protesta contra la política económica del gobierno de Guido. Se realizaron debates y reuniones públicas con representantes de los estudiantes universitarios, las federaciones patronales y la iglesia, en los cuales se discutían las políticas económicas sociales y culturales, la semana culmino con un paro general de 24 hs.

Con la mejora de la situación económica en 1963 y principios de 1964, la CGT (confederación general de trabajo) intensifico su campaña para recuperar el terreno perdido. Sus intentos de presionar al gobierno radical de Arturo Illia, que había sucedido a Guido en julio de 1963 condujeron a la implementación de la segunda fase del Plan de Lucha en mayo y junio de 1964.

El principal arquitecto de este plan fue Vandor y la industria metalúrgica encabezo el número de ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y llevadas a la práctica bajo firme control del aparato sindical, estas medidas fueron una impresionante muestra de organización y disciplina. A lo largo de cinco semanas la CGT (confederación general de trabajo) afirmo haber ocupado más de once mil plantas.

Se crearon un departamento estadístico y una comisión de asistencia jurídica, se restablecieron los lazos con los sindicatos extranjero y organizaciones internacionales. Durante la secretaria general de Alonso, la CGT (confederación general de trabajo) cultivo asiduamente la imagen de una central obrera avanzada y con capacidad técnica, que podía discutir científica y responsablemente el futuro de la nación.

La legislación laboral argentina otorgaba al gobierno el control de la mayoría de los asuntos internos de un sindicato, la capacidad misma de este de negociar con la patronal dependía de que consiguiera y mantuviera la personería gremial. La Ley Laboral se ocupaba de todos los aspectos del funcionamiento sindical desde la realización de elecciones hasta la contabilidad de los recursos económicos, regulaba la frecuencia de las asambleas generales y determinaba cuales eran los requisitos para ser delegado.

Dada la vasta gama de actividades gremiales cubiertas por las regulaciones laborales, el Ministerio de Trabajo siempre podía encontrar infracciones cometidas por los sindicatos. En última instancia, ese ministro tenia la facultad de designar a un interventor que se hiciera cargo del funcionamiento cotidiano de un sindicato o cancelar una personería gremial, las consecuencias de estas medidas eran calamitosas desde el punto de vista sindical, sin personería no era posible cobrar las cuotas, lo cual tenía un efecto inmediato sobre los servicios sociales y las tareas administrativas básicas del sindicato y amenazaba todo el sistema clientelista y de empleo.

El hecho de que una parte tan grande del funcionamiento sindical normal estuviera sujeta a esa estrecha supervisión potencial del gobierno de turno implica una inevitable “politización” de los asuntos gremiales en argentina, sin embargo, ello no implicaba simplemente la vulnerabilidad de los sindicatos.

En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia promulgo el decreto 969 modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. La disposición representaba un ataque en toda la línea contra las facultades de la dirigencia sindical ya que imponía reglas exigentes en beneficio de la democracia interna debilitaba la capacidad financiera de las centrales gremiales y también restringida el uso de sus fondos para lo que llamaba propósitos abiertamente políticos.

Los sindicatos peronistas también cumplían una función. Esto implicaba su participación en lo que se ha llamado el “doble juego”, consiste en representar a sus afiliados en la lucha por las demandas económicas y el movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas, este doble juego había sido claramente visible en las elecciones de marzo de 1962.

Entre 1962 y 1966 Perón realzaría esfuerzos sistemáticos por imponer en la Argentina una multitud de instituciones políticas peronistas que le responderían directamente y limitaran la autonomía política del sector gremial.

Se ha dicho que el proyecto vandorista implicaba la construcción de un partido obrero. Esto significaba la constitución de un partido político basado en los sindicatos según el modelo de los partidos laboristas y sociales demócratas europeos, ese proyecto podía reivindicar ciertas raíces históricas dentro del peronismo.

Para Vandor, el problema fundamental en juego no era una cuestión filosófica sobre la representación laboral, sino antes bien, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Si en sus relaciones con el estado y otros “factores de poder” los sindicatos tenían que afirmar su derecho a actuar más allá de la esfera estrictamente económica de las negociaciones colectivas.

También significaba una demanda al menos implícita de independencia relativa con respecto al mismo Perón.

En una conferencia de las 62 Organizaciones celebrada en Avellaneda en octubre de 19665, los delegados vandoristas reafirmaron su “voluntad de promover la institucionalización del movimiento”, esto implicaría la creación de un partido político legal organizado de abajo hacia arriba “de una manera limpia e internamente democrática”, era evidente que en un partido cuyos dirigentes fueran elegidos en un congreso nacional el papel de Perón seria limitado, dado que las decisiones políticas capitales dejarían inevitablemente de estar en sus manos.

Vandor era un astuto jugador del doble juego, en las elecciones de marzo de 1965, utilizando formulas partidarias neoperonistas, el sector sindical llevo al peronismo a una notable victoria.

Paulino Miembro, un dirigente de la UOM (unión obrera metalúrgica) y estrecho allegado de Vandor, encabezó el bloque peronista en el congreso. Vandor tenía la capacidad de movilizar a la clase obrera en nombre de Perón, era un arma importante que podía emplear para presionar al gobierno de turno con el fin de obtener beneficios económicos concretos. Las ocupaciones fabriles en 1964, por ejemplo, respondieron a una genuina demanda de soluciones económicas pero también pretendían demostrar a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder correspondiente de los sindicatos. Las fuerzas armadas se convencerían así de la necesidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia gremial en caso de que planificaran un golpe, o bien de dejar a un lado sus objeciones a la participación electoral peronista, con el argumento de que la intervención  en el proceso político disiparía el poder social militante desplegado en las ocupaciones de fabrica.

El célebre pragmatismo de Vandor implicaba una actitud oportunista cuando se trataba de tácticas y formas políticas. La lógica les indicaba la preferencia por la política electoral, por mucho que denotara la ilegitimidad de la política partidaria tradicional en la Argentina. El poder provenía de su aptitud de movilizar a sus afiliados, la vigencia de un sistema electoral les daba el mayor campo de acción para ejercer presiones y negociar.

El uso de la “camiseta” peronista les daba un margen considerable de maniobra y cierta independencia en sus tratos con Perón y los gobiernos, pero no era equivalente a negociar políticamente desde una posición de fuerza sindical autónoma. Dentro del sector sindical siempre había rivales que él podría movilizar para contrarrestar a Vandor, como lo hizo a fines de 1965 cuando Alonso y otros leales se separaron de este y fundaron una entidad rival y las 62 Organizaciones de pie junto a Perón.

El triunfo del candidato de Perón sobre el vandorista oficialmente designado, Alberto Ser García, mostro los límites de la independencia del poder político sindical y su imposibilidad de crear un partido basado en los sindicatos que relegara a Perón al papel de una mera figura decorativa.

El mundo del activismo peronista, tanto sindical como político era entre los duros como entre los vandoristas, un territorio abrumadoramente masculino, a pesar de que las actitudes concernientes a los papeles apropiados para las mujeres en la cultura general comenzaba a cambiar en la década del 60’, el activismo gremial siguió teniendo un fuerte contenido de genero y se definía en términos de códigos masculinos de fuerza.

La imagen del vandorismo que se difundió en la década del 60’ tenía dos componentes conexos, uno se basaba claramente en el estilo represivo de gobierno interno de la conducción gremial. El otro se centraba en el proyecto integracionista de esta dirigencia para forjarse un espacio como agentes de poder del peronismo dentro de un status quo que en última instancia excluía a la persona de Perón.

En una situación económica que luego de 1955 fue testigo de frecuentes ataques contra los salarios y la conducción sindical eran muy conscientes de la necesidad de ser vistos como adversarios de la patronal y el estado.

En un comienzo la conducción sindical había recibido con muchas esperanzas el nuevo régimen del general Juan Carlos Ongania. El apoyo mayoritario que dieron al golpe de junio se basaba en una profunda  antipatía hacia el gobierno de Illia, que se consideraban  ilegitimo y hostil a sus necesidades.

Simpatizaban con figuras militares como Ongania que aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones requeridas por los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con muchas de las figuras que estaban detrás del golpe en los meses previos a su ejecución junto con el peso de la presencia gremial en la sociedad argentina parecían asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas.

El régimen militar hizo dos cosas que socavaron el poder de la jerarquía sindical, en primer lugar, suspendió toda actividad y organización políticas, de este modo esperaba abolir el complejo sistema de negociaciones políticas a través de las cuales los grupos sociales antagónicos intentaban lograr que el estado satisficieran las demandas de sus integrantes.

Al mismo tiempo, el nuevo régimen impuso férreos controles a los incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas habituales. También se propuso erradicar las aéreas introductivas de la economía, ante todo en distintos ámbitos del sector público y de las economías regionales subsidiadas.

La CGT (confederación general de trabajo) convoco a regañadientes a un par de veinticuatro horas en mayo de 1967 para protestar contra los planes económicos del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena. Frente a esta catástrofe la central obrera procuro reanudar las conversaciones con las autoridades, la respuesta fue el silencio.

Los sindicatos pertenecientes a este grupo (portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior) tomaron la ofensiva en el congreso convocado para normalizar la CGT (confederación general de trabajo) en marzo de 1986.

Este congreso eligió como secretario general a Raimundo Ongaro, el carismático líder de los trabajadores gráficos en contra del candidato vandorista, cuando los vandoristas se retiraron y constituyeron su propia central obrera, la CGT (confederación general de trabajo) de Ongaro comenzó a conocerse como la CGT (comisión general de trabajo) de Paseo Colon o la CGT (comisión general de trabajo) de los argentinos. Esta organización se convirtió en un punto focal de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del régimen a la vez que brindaba un centro organizativo a muchos duros marginados por Vandor en años anteriores.

Estos nuevos actores se concentraban principalmente en los sectores industriales más recientes establecidos durante el gobierno de Frondizi, sobre todo la fabricación de vehículos, la siderurgia y la petroquímica. Frondizi había permitido el establecimiento de sindicatos por empresa en mucha de estas industrias, así sucedía, por ejemplo, en las plantas de autos móviles de Fiat en Córdoba y en la nueva industria petroquímica, la representación gremial se otorgaba a los sindicatos nacionales más débiles ya existentes, en la industria automotriz por ejemplo, los derechos de organización fueron concedidos al Sindicado de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en contra de las pretensiones de la UOM (unión obrera metalúrgica).

La descentralización de las negociaciones colectivas y los sindicatos por empresa contribuyeron a producir una mano de obra totalmente dócil, esto significo la ausencia de representación de los sindicatos nacionales principalmente peronistas. El gobierno de Illia había respondido con hostilidad gremial peronista mediante una política laboral cuya intención era alentar una mayor autonomía sindical.

Tanto en los sindicatos de empresa como en las seccionales de los sindicatos nacionales que se rebelaban contra los dirigentes de estos, tal como ocurría en las seccionales cordobesas de SMATA (sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor) y Luz y Fuerza, las oposiciones locales se beneficiaban con la considerable autonomía financiera y organizacional que les otorgaba la legislación laboral.

La posición laboral que floreció luego de 1969 quedo esencialmente confinada al interior del país, sus representantes más conocidos tal vez fueran los dos sindicatos de las plantas de Fiat en Córdoba y SITRAC (sindicato de trabajadores de Concord) y SITRAM (sindicato de trabajadores de materfer). Recurrían con frecuencia a la acción directa y a otras formas no convencionales de movilización sindical.

El clasismo, tal la denominación habitual de este movimiento opositor, implicaba para sus seguidores una identificación del movimiento obrero con la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista.

En años posteriores al Cordobazo, las fuerzas armadas trataron de cerrar la caja de pandora de la insurgencia social y política desatada por el levantamiento cordobés. La incapacidad del presidente Ongania y de su sucesor, el general Livingston para cumplir esta tarea les costaría su desplazamiento del sillón de Rivadavia. Desde 1971 con la conducción del nuevo presidente, el general Alejandro Lanusse, los militares se dispusieron a preparar el terreno para un retorno ordenado al régimen civil.

El alto mando de las fuerzas armadas también se propuso incluir al peronismo. La solución política que imaginaba implicaba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares en comicios prometidos para 1973 las autoridades militares suponían que tanto el radicalismo como significativos sectores del peronismo lo aceptarían como un costo necesario de la transición hacia la democracia.

Este escenario militar demostró falta de realismo por muchas razones. La principal fue la astuta contra estrategia de Perón, que se mostró capaz de mecanizar en beneficio de sus propias necesidades la crisis cívica y social que seguía desgarrando a la sociedad Argentina. La movilización masiva de la juventud de la clase media y la capacidad en rápido crecimiento de los grupos guerrilleros para llevar a cabo acciones sumamente eficaces fueron utilizadas por Perón para hostigar el régimen y dar lustre a su imagen como la única fuerza capaz de restablecer el orden social y controlar la amenaza planteada por una juventud y una protesta obrera radicalizadas.

La crisis de credibilidad sindical provocada por el régimen de Ongania no podía superarse simplemente por medio de una proclamación gubernamental.

El gobierno no está dispuesto a conceder las negociaciones colectivas que habían dado los dirigentes gremiales las herramientas para reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y embarcar a sus sindicatos en el camino del compromiso y la alianza imaginados por el Gran Acuerdo Nacional. Si bien eran capaces de mantener el control del aparato gremial con sede en Buenos Aires, ya no podían movilizar y conducir a sus afinados como lo habían hecho durante el apogeo del vandorismo.

Los líderes gremiales eran cocientes de que cualquier apertura política fortalecería la posición de Perón y debilitaría la suya propia. Esto era especialmente cierto en un contexto que prometía la legalización política formal del justicialismo e incluso posible retorno de Perón. Los sucesores de Vandor, conducidos por el nuevo secretario general de la CGT (comisión general de trabajo), José Rucci, apoyado por su compañero metalúrgico y dirigente de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, adoptaron una actitud de completo estancamiento de las tácticas políticas de Perón. Su principal interés consistía en afirmar sus pretensiones de compartir el botín ofrecido por el resurgimiento político de Perón.

La sensación de vulnerabilidad de la dirigencia sindical se debía a si inquietud por la influencia de las nuevas fuerzas del movimiento. A partir del asesinado de Vandor en junio de 1969 la guerrilla peronista inicio una campaña de eliminación selectica de líderes gremiales. La juventud de clase media que ingresaba en tropel al peronismo durante esos años señalaba la burocracia sindical como el principal obstáculo a la concreción de las metas de esa corriente política como movimiento de liberación nacional.

El nacionalismo reformista que identificaban con el peronismo y el pragmatismo y compromiso que había llegado a implicar luego de 1955 sufrían hoy un asalto con características de cruzada moral emprendido por advenedizos sin antigüedad en el movimiento.

Durante esos años Perón hizo poco por mitigar los temores de la conducción sindical. En ese carácter, la juventud era una importante herramienta de negociación de Perón. A lo largo de 1972 hubo en los comentarios públicos de Perón un elogio constante a los “muchachos” y una crítica a la burocracia sindical. A medida que se acercaban las elecciones de 1973, los sindicatos adquirían creciente conciencia del menos pero que ahora tenían en el movimiento. No había una sola figura gremial que fuera candidato a gobernador.

Los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que significaron el retorno del peronismo al poder, fueron vistos con escaso entusiasmo por la conducción gremial de movimiento. Tras dieciocho años de compromiso formal con la recuperación del poder, la realidad que enfrentaban cuando Héctor Campora junto como presidente el 25 de mayo ofrecía poco margen para el optimismo.

VICTORIA BASUALDO Y KARINA FORCINITO

En la Argentina la expansión y creciente predominio del capital financiero a escala internacional, producida a partir de la crisis económica, se articulo con el intento refundacional, políticamente represivo y socio-económicamente regresivo de la dictadura militar que gobernó el país durante el periodo 1976 y 1983.

El legado más evidente de la última dictadura las atroces violaciones de los derechos humanos, mediante una estructura represiva burocratizada y controlada desde el estado que dejo el saldo de treinta mil desaparecidos, miles de presos políticos, asesinados y exiliados, el secuestro y apropiación de hijos de detenidos y el robo de sus bienes, así como de la experiencia de represión militar, política e ideológica extendida a toda sociedad.

La última dictadura implemento una apertura comercial y financiera asimétrica al resto del mundo conjuntamente con fuertes transferencias de riqueza, a través del ajuste por inflación diferencial entre precios y salarios y el otorgamiento de subsidios fiscales implícitos y explícitos a ciertas actividades y empresas. Estos fueron los mecanismos centrales de promoción del endeudamiento externo.

El fuerte endeudamiento externo estatizado a partir de los últimos años de la dictadura no tuvo un proceso de formación de capital orientado a superar los límites que planteaba la estrategia de desarrollo con eje en la industrialización.

La dictadura promoción la profundización del proceso de concentración y centralización del capital sobre la base de una transferencia de ingresos desde el sector asalariado al capital, en segundo lugar el estancamiento y la desindustrialización de la económica y en tercer lugar, el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos en el orden externo y fiscal derivados del creciente peso asumido por el endeudamiento.

Las transformaciones regresivas en el patrón de funcionamiento de la económica argentina, previamente mencionadas, se fueron profundizando durante el gobierno constitucional posterior a la dictadura encabezado por el presidente Alfonsín de la Unión Cívica Radical.

Estos fenómenos favorecieron, luego de frustrados intentos por modificar el funcionamiento de la economía el triunfo en mayo de 1989, de la principal fuerza de oposición, el justicialismo, liderado por el Presidente Carlos Saúl Menem quien conservo el gobierno del país y el liderazgo político por dos periodos consecutivos.

La reforma neoliberal iniciada por la dictadura militar fue profundizada por el gobierno liderado por el presidente Menem y presentada públicamente como el único modo de enfrentar la “quiebra del estado” y salir de la crisis hiperinflacionaria y recesiva a principios de la década de los noventa.

Esta reforma constituyo el modo de ganar credibilidad en el seno del gran empresariado de actuación domestica e internacional, dando respuesta, transitoria a las exigencias derivadas del pago de la elevada deuda externa pública en un contexto de hiperinflación, la estrategia gano viabilidad cuando luego de varios intentos fallidos, en abril de 1991 la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía logro estabilizar el nivel de precios y profundizar la transformación estructural de la económica. Esta estrategia se apoyo en una política de estabilización de los precios a partir de la imposición, en primer término, de un esquema monetario-cambiario denominado Plan de Convertibilidad que logro recuperar la moneda como unidad de cuenta mediante el anclaje del peso al dólar a un tipo de cambio fijo ($1 = U$S 1). Paralelamente en las mencionadas medidas, el gobierno impuso y consolido una reforma neoliberal compuesta por las siguientes medidas centrales: la apertura plena de la económica nacional al resto del mundo, la re-regulación de los mercados incluyendo el laboral, una reforma tributaria regresiva (que implico la generalización de los impuestos) y la privatización generalizada de las empresas estatales.

Se profundizaron los niveles de concentración y centralización del capital así como la desigualdad económica y la exclusión social.

En diciembre de 1999, el justicialismo fue derrotado en las elecciones por la Alianza integrada por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (FREPASO), encabezada por Fernando de la Rúa. Los Ministros de Economía de este gobierno José Luis Machinea, Ricardo López, Murphy y Domingo Cavallo promovieron políticas económicas de ajuste.

En un contexto de incremento exponencial del endeudamiento (a partir del acuerdo de financiamiento externo denominado “blindaje”) y de aceleración de las transferencias de divisas al exterior, comenzó a hacerse evidente la crisis de la convertibilidad y la pugna entre los distintos sectores concentrados del capital que demandaban dos salidas opuestas: la devaluación y la dolarización. Cuando a fines de noviembre de 2001, el gobierno sumo a las cada vez mas opresivas medidas de ajuste la prohibición de retirar fondos del sistema bancario, afectado fuertemente a la clase media y a los sectores de la económica informal, se desencadeno una ola de protestas populares que culmino en la renuncia del Presidente de la Rúa y muchos de los principales funcionarios de gobierno, así como en una brutal represión policial a los manifestantes del día 20 de diciembre. Estos sucesos fueron seguidos de una crisis político-institucional, que culmino en la elección de Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación por parte de la Asamblea Legislativa.

La movilización que surgió con respuesta a la crisis se destacó en asambleas vecinales,  los “cacerolazos”  y los cortes de ruta.

Como producto de un conjunto de medidas que redefinieron el ordenamiento de algunas de las principales variables macroeconómicas, entre las que se destacan la declaración de casación de pagos de la deuda externa pública con los acreedores privados, la devaluación de la moneda domestica y la pesificación y desindexación de las tarifas de los servicios públicos, la actividad económica inicio su recuperación con un crecimiento medio anual del 8% a partir del segundo trimestre de 2002, superando en el 2005 el máximo nivel histórico conseguido a mediados de 1998. El proceso de recuperación se sustento en el cambio en los precios relativos que conjuntamente con las medidas pilitica-economica hicieron posible la estabilización del mercado cambiario de los precios domésticos y la recuperación de los equilibrios macroeconómicos básicos. Más aun, la expacion de las exportaciones compuestas por productos primarios, que se genero como consecuencia de la elevadísima rentabilidad de la producción transable post-devaluacion en las nuevas condiciones existentes en el mercado mundial.