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La transición permanente
Lo permanente de las transiciones políticas en Argentina
Los cortos tiempos de normalidad en un estado de transición permanente muestran diversos problemas. Uno de ellos es la dirección del proceso. Transición permanente indica un rumbo errático pero establecido como normalidad institucional. Además, allí radica una indiferencia de la clase política. También, se trata de una dinámica especifica de política nacional que es su estado de normalidad.
Existen dos tipos de transición. Por un lado, el pasaje de un régimen autoritario a uno de tipo democrático. El otro es el que se refiere a los sucesivos cambios de gobierno, la alternancia.
La Argentina transitó unas conmociones institucionales provocadas por la sucesión del ciclo golpe militar – apertura democrática – nuevo golpe. En esto, radican ciertas ventajas que facilitan las aspiraciones hegemónicas y facilidades para la gestión.
Otro de los problemas centrales es la ausencia de acuerdos sobre las reglas de funcionamiento institucional. Los acuerdos deberían fijar las normas a respetar entre los actores políticos y sociales además de cumplir con las leyes, por mas ineficientes, hasta poder reformarlas. También, deberían considerar el desarrollo económico, la inserción geopolítica y las relaciones internacionales, la consideración y alineamiento de los diversos actores sociales.
El pasaje de una dictadura hacia la democracia se originó en la derrota de la Guerra de Malvinas y las atrocidades cometidas por la represión. Por su parte, tres de los cinco traspasos de poder han sido extremadamente traumáticos.
La propensión al consumo y el uso abusivo de las encuestas de opinión demuestran la carencia de políticas de Estado y una estrategia basada en la satisfacción inmediata de las cuestiones solo para alcanzar la aprobación popular.

1. La transitoriedad
La cuestión de la transitoriedad: transiciones y alternancias
El gobierno inicial asumió la tarea de reparar las causas que provocaron el final del modelo autoritario anterior y construir las fortalezas para su propia gestión y para el sistema en sí.
La transición democrática requiere de convencimientos en la opinión pública de dirigentes y cuadros políticos. Éstos gozan de la ventaja de construir de cero las estructuras de la administración pública, el sistema judicial y el proyecto económico nacional. Se trata de una obligación que puede convertirse en una oportunidad o una amenaza.
Esta posibilidad ofrece tentaciones fundacionales por la fantasía de una eterna continuidad. En contrapartida, existe una añoranza que estas posibilidades fundacionales generaron en las sucesivas alternancias. Esta experiencia es posible por la falta de acuerdos mínimos y pactos cumplidos.
Esto hizo que cada alternancia entre gobiernos democráticos tendiera a repetir el mismo esquema de situación crítica para generar modificaciones políticas estructurales.
El hallazgo de soluciones instrumentales brinda la sensación de proyecto, confundiendo la herramienta con el modelo. En todos los casos, se tomó como modelo el shock sobre las estructuras del Estado y los ámbitos políticos. De esta forma, la sensación de emergencia ha dado lugar a una permanente transitoriedad de la vida política.
La transitoriedad es el mecanismo de reformulación de los parámetros de funcionamiento del Estado y de la economía.
La ausencia de tradiciones y/o acuerdos políticos básicos genera la posibilidad de cambios profundos. Las condiciones para justificar esto se basan en la sensación de emergencia por los propios fracasos de la dirigencia.
Las causas de los dramatismos van desde la intencionalidad de generar situaciones críticas a cuestiones atribuíbles al contexto internacional sobre el que no se puede influenciar.
Los discursos adjudican al anterior gobierno la irresolución de cuestiones y el acusaciones de que se han dejado trampas y dificultades para el siguiente gobierno, por lo que es imprescindible cambiar con urgencia el diseño socioeconómico aun cuando solo fueran necesarios para no mostrarse como continuidad ante la opinión pública.
Por otra parte, existe intencionalidad en dejarle al próximo gobierno cosas pendientes, lo que puede condicionar la próxima administración. Cuando las condiciones internacionales lo permiten y las necesidades locales lo requieren, los gobiernos tienden a endeudarse; cómo se programen los vencimientos de la deuda contraída o renegociada son un claro indicador de esta cuestión. Por ejemplo, el gobierno de la Alianza programó los pagos de la deuda de tal forma que condicionaron al nuevo presidente.
La transitoriedad es una excusa para la discrecionalidad, para que el Poder ejecutivo actúe según su propia discreción lejos de los controles republicanos. El Poder legislativo quedó atrapado entre la apelación a la lealtad partidaria y el posible descrédito público por la traición a los intereses de la patria.

Globalización y transición política
Durante la Guerra Fría, la URSS y EUA aglutinaban a un conjunto de países bajo su protección. Su disputa era ideológica ya que tenían dos concepciones antagónicas del mundo. La solución autoritaria alejaba un avance comunista al igual que un nuevo imperialismo capitalista. En América Latina, se privilegiaron las cuestiones de defensa sobre las libertades individuales.
La distensión entre potencias concluyó en la desestructuración del bloque comunista y el desmembramiento de la Unión Soviética; la revisión del sistema financiero y de inversiones internacionales tras la crisis de las deudas externas y la desconfianza en el militarismo.
Por otra parte, la existencia de suficientes capitales existentes por los petrodólares permitió una progresiva ampliación de los mercados mundiales y el libre comercio.
Los organismos financieros internacionales adquirieron nuevos roles que les permitieron supervisar el proceso de redemocratización en América Latina y el de la organización de las nuevas economías capitalistas de Europa Occidental.
La tercera cuestión es la desconfianza en el militarismo que se originó en los riesgos que acarreaba la posibilidad de enemistades intra bloque.
Las tres principales cuestiones en el cambio de las relaciones internacionales, simbolizado por la caída del Muro de Berlín, dieron lugar a una mayor confianza en la globalización. Los cambios más relevantes fueron la pérdida de confianza en los regímenes autoritarios militares y la revalorización del libre comercio.

Las alternancias del período 1983-2007 y su dramatismo
Las alternancias han sido traumáticas ya que al implicar dramatismo, generalizan las características de la transición. Esto llevó a que ningún presidente se sintiera sucesor del otro. Se generó, entonces, un revanchismo destinado a destruir la imagen del opositor.
Desde el punto de vista social, la población vivencia incertidumbre individual y colectiva al igual que la pérdida del horizonte personal y colectivo. Se intenta, de esta forma, copiar la transición para reproducir las condiciones fundacionales.
Las transición del PRN a la democracia tiene tres componentes: la guerra perdida, las atrocidades de la represión y un clima económico poco propicio. La misma sentó las bases para el efecto fundacional y la ilimitada capacidad para sostener estructuras políticas, con un ejercicio del poder discrecional debido a la emergencia de la reconstrucción.
Menem desconoció las obligaciones que había contraído Alfonsín, cortando toda ayuda financiera externa, resultando en una preventiva reducción del pago de impuestos y de los aportes al Estado. El adelantamiento de la entrega del poder al Presidente fue una manera de salvaguardar el sistema.
Para la segunda renovación en 1995, se utilizaron medios de difusión y la amenaza de forzar tanto a las instituciones como a la Constitución para lograr la reelección. Frente a la subversión del orden constitucional, el radicalismo pactó una reforma constitucional, conformando el Pacto de Olivos.
La tercera sucesión en 1999 a Fernando De la Rúa no tuvo tanto dramatismo pero el peronismo bonaerense estaba latente y expectante de llegar a la presidencia y sepultar a Menem. De esta manera, Buenos Aires se convirtió en un frente difícil de satisfacer y con el cual negociar políticamente.
En un clima de convulsión social, concluyó el gobierno de De la Rúa en Diciembre de 2001 con cacerolazos debido al corralito y la ocupación de la Plaza de Mayo. La ausencia de directivas políticas generaron un clima de autonomía que se tradujo en represión indiscriminada.
Producida su renuncia, se sucedieron 5 Jefes de Estado en una semana. El último, Duhalde, transformó el corralito en corralón y dio por concluida la convertibilidad al tiempo que vigilaba la marcha de la economía y evitaba represiones.
Finalmente, el resultado de los nuevos comicios en 2003 empató a Menem con Kirchner, pero, el primero, no volvió a presentarse para la segunda vuelta, dejando a Néstor en el poder con solo el 23% de los votos, lo que lo presentaba en una situación de debilidad.
Las alternancias y reelecciones, de Alfonsín a Menem, la reelección forzada en el Pacto de Olivos, la ruptura peronista por la sucesión de Menem, el final del Gobierno de De la Rúa, la semana de los cinco presidentes, el final del interinato Duhalde, el frustrado ballotage y el interinato de Kirchner, formaron la dinámica de la transitoriedad.
Estas situaciones contaron con el beneficio del contexto internacional pro democrático y la inexistencia de las Fuerzas Armadas.

2. Transición y alternancias
Los problemas de la transición y las alternancias
Cuando los militares perdieron la Guerra también perdieron el apoyo civil, lo que condujo a que llamaran a elecciones obligatoriamente. No obstante, no propiciaron el traspaso de los asuntos públicos. Cuestiones administrativas fueron ocultadas, tergiversadas o directamente no recibieron atención durante la última etapa. La ausencia de registros de detenidos-desaparecidos, de combatientes de Malvinas y de deudores de obligaciones externas fueron parte de aquel desorden. También hay que agregar la falta de experiencia de los nuevos cuadros políticos.
El gobierno radical recibió un Estado desacreditado, desordenado, escaso de poder efectivo, con cuadros subordinados sumidos en sus propias crisis internas. Los objetivos eran adquirir el manejo del funcionamiento estatal burocrático y político, conseguir la estabilidad y atender las herencias que menoscababan las capacidades del Estado. Las mayores debilidades se encontraban en la pérdida de capacidades del Estado.
Entre la carencia de recursos y las debilidades, las oportunidades dependían del tiempo que se dispusiera para llevar adelante políticas concretas.
La oposición era necesaria para que existiera juego político pero el peronismo entró en crisis por su derrota y los demás sectores tardaron en configurarse.
Las alternancias del período tendieron a repetir el esquema inicial de la transición por tres motivos: la ambición de la discrecionalidad del triunfador, el legado malicioso del gobernante saliente y la acción opositora de la campaña electoral.

Restablecimiento de las funciones estatales
Una parte del funcionamiento burocrático de todos los estamentos del aparato estatal depende de la autoridad política y el otro se deriva de las reglamentaciones que establecen sus funcionarios. Esto se complejizó aun más por los avatares históricos, una alta inestabilidad política y un Proceso de Reorganización Nacional que concluyó en un gran desorden.
Además, asumió más tareas como la operatividad y la conducción de las fuerzas armadas y policiales y el auxilio organizativo de los poderes legislativo y judicial.
La burocracia se compone de cuadros históricos categorizados, empleados contratados por cada gobierno con plazos laborales preestablecidos, jefaturas dependientes del poder político y secretarios designados.
Dentro de la burocracia de la administración pública, hay una necesidad de complejización histórica debido a su eficiencia, poco comparable con la del sector privado, la necesidad política de cada administración alimentó también el empleo público. Este amortigua el desempleo. Los puestos son elegidos por el gobierno de turno como una forma de tener un reaseguro de lealtad política y de perduración cuando el partido fuera desplazado del poder.
Paralelamente, los asuntos de administración se complejizaron al ritmo de nuevas disposiciones, áreas y asuntos a atender.
Por otra parte, los cambios generan un núcleo resistente difícilmente modificable que constituye su propio poder. Además, existen pocos expertos ya que, los que lo son, serían por antigüedad o predisposición personal.
Por estas características, la burocracia muestra cierta dependencia del orden político para actuar y no estar del todo automatizado. Al mismo tiempo, detenta un poder propio para acelerar, impedir o modificar políticas. Esto se debe a la ausencia de continuidad de políticas de Estado.
Además, los empleados contratados permiten salvar la falta de autoridad, cubriendo puestos con personal leal. Los gobiernos salientes tienden a efectivizarlo antes de irse como pago por su lealtad y para continuar teniendo relevancia en la administración; la entrante, en cambio, necesita de aquellos espacios para ubicar a sus propios partidarios.
Pocos partidos tienen cuadros militantes preparados, con experiencia y que cuenten con relaciones dentro del aparato burocrático al igual que afinidad con los gremialistas. Por lo tanto, Alfonsín fundó el Instituto Nacional para la Administración Pública (INAP), un cuerpo seleccionado por concurso, apartidario, de profesionales y con cursos de posgrado, que complementan y asesoran a las estructuras políticas.
Cuanto más critico sea el marco de una alternancia, más parecida será la oportunidad de modificar estructuras y nombrar funcionarios leales.
Muchas veces, el reparto de los cargos de Secretarios no guarda coherencia con las designaciones antagónicas entre uno y otro. Por los ministerios descentralizados, se ha recurrido a la intervención para evitar la normalización que presupone el origen de los cargos por sus propios estatutos.
Los recursos para la conformación operativa, como la intervención, las designaciones, la promoción de Direcciones y el contrato, muestran la necesidad de poner en marcha la administración dejando lugar a la posibilidad de reparto de favores políticos y la obtención de lealtades.
En el poder judicial, tiende a generar una revisión de la titularidad de los juzgados y miembros de la Corte Suprema.
Desde la acordada Corte de 1930, se subordinó a la justicia a los vaivenes del ejecutivo. Por este medio, se legitimaron los golpes militares y el uso de las modificaciones por renuncia. Además, señaló el rumbo de juzgados que obviaron los eventuales delitos de los gobernantes. Los gobiernos dependían de contar con la mayoría en el Senado o de su capacidad de negociación con la oposición, para lograr el nombramiento de jueces y su remoción.
La conformación original fue modificada por Kirchner, para otorgarle mayor ejecutividad, cambiando su integración, reduciendo la participación de la oposición y de las instituciones representativas de los abogados.
Por otra parte, es importante asegurar buenas relaciones con los jueces.
Con Alfonsín, la corte se conformó con 5 miembros elegidos por la oposición peronista y por el origen político de sus miembros. Con Menem, la oposición debió resignarse a la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte, que logró incorporar 4 nuevos cargos para alcanzar una mayoría automática. Kirchner, por su parte, inició su mandato con un mensaje defensivo y a la vez intimidatorio con el objetivo de provocar renuncias en la Corte Suprema.
En el restablecimiento de las Fuerzas Armadas, quedaron tres temas candentes: la derrota de Malvinas, la violación a los derechos humanos y los saldos del proceso económico encarado por Martínez de Hoz.
El orden democrático presupone la subordinación militar al poder político. Hay dos formas de encararla. Por un lado, como el peronismo, la proposición de un manto de perdón y olvido y, por el otro, una política condenatoria de las violaciones, encarada por Alfonsín. No solo los jueces fueron habilitados a tomar causas por las denuncias de violaciones a los derechos humanos sino que el mismo gobierno creó una comisión para la investigación, la CONADEP, que fue la base para el juzgamiento de las primeras Juntas militares.
Las principales cuestiones que inquietaban el panorama militar eran: la ruptura de la cadena de mandos por la desconfianza instalada, la desresponsabilización de las cúpulas en la represión, las falencias de la doctrina militar, y las consecuencias sociales y económicas del PRN.
La transición se dio tratando de preservar a las Fuerzas Armadas, cumplir con las promesas electorales y atender a los reclamos sociales. Lentamente, el presupuesto militar se redujo y se abolió el Servicio Militar Obligatorio. De esta manera, se debilitaron las FFAA.
Las Fuerzas de Seguridad ocuparon casi plenamente la agenda nacional. En una primera instancia, habían sido utilizadas para la represión, en vez de la seguridad social. La convivencia con mandos militares llevó a las mismas a una complicidad con el delito y la corrupción.
El primer intento para resolver esta cuestión fue el de diseminar en la geografía provincial a los policías que habían actuado contrario a lo esperado, difundiendo el peligro a zonas que hasta entonces desconocían de tales prácticas.
En los gobiernos siguientes, se intentó mantener la estadística criminal constante, sin afectar las relaciones entre delito y complicidad policial.
La solución a los resabios de la dictadura en las policías fueron permanentes purgas que produjeron descabezamiento de cúpulas, sin erradicar los vicios de funcionamiento. Pareciera haber una complicidad entre los sectores políticos con la policía en las practicas corruptas.
Los magistrados tendieron a circunscribir la acción policial a una presencia disuasoria y a la investigación de los delitos bajo la supervisión judicial. La política se ciñó a la existencia de estadísticas más benéficas en lugar de actuar sobre la prevención o la resolución de delitos. A esto se le suman los medios, que utilizan como extorsión al poder político para conseguir publicidad oficial u otras prebendas, aprovechando su capacidad para fijar los temas cotidianos amplificando o ignorando sucesos.
También se repiten los casos de connivencia entre fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas. Otra de las cuestiones es el uso de los servicios de inteligencia de los que dispone el Estado. Los mismos funcionan de forma autónoma y esto fue utilizado por los diferentes gobiernos en contra de sus opositores o para llevar a cabo operaciones políticas. Asegurarse la lealtad del personal de inteligencia, asegura contar con información y no ser objeto de operaciones de inteligencia.

Herencias y legados
Cada gobierno lega cuestiones devenidas en serios problemas para el Estado y condiciona a la nueva administración o mantiene cierto tipo de privilegio o control sobre la misma. Se intenta lograr una cuota de poder que trascienda en el ejercicio de su cargo.
Las herencias se realizan para evitar la judicialización de sus actos, dejando ciertas estructuras y funcionarios que lo sobrevivan en el aparato estatal. No obstante, no tiene necesariamente un carácter de intencionalidad mientras que los denominados legados son condicionantes por decisión.
Entonces, las herencias son alternativas que deberá afrontar la nueva administración por situaciones creadas deliberadamente o la conjunción de coyunturas locales e internacionales. No son necesariamente negativas: muchas de las condiciones creadas se estigmatizan por el solo hecho de ser de otra autoría. Esto se da por al necesidad de darle el tono fundacional que deja por concluidos los procesos originados previamente. Asimismo, responden al juego de imágenes que se pretendieron instalar y a las que críticamente se quieren desechar.
Los legados tienden a ser destructivos. El gobierno saliente puede querer demostrar su eficiencia para la historia o precaverse de las consecuencias de sus actos.
El menemismo logró traspasar un gobierno sin una emergencia económica inmediata. No obstante, condiciones menos visibles fueron legadas al futuro gobierno para que fuera el responsable de modificar algo que parecía que funcionaba bien. Buena parte de las acciones de Duhalde se basaron en transmitir los aspectos negativos de la Convertibilidad. A la vez que Kirchner fundó su política sepultando la imagen del antecesor.
Destruir toda herencia recibida tiene dos objetivos: derruir la imagen a dejar en la sociedad por los predecesores y el de cambiar la percepción de los factores o la decisión del gobierno para mostrarse con autoridad.
La transformación de las condiciones socioeconómicas a mitad de un período presidencial son vistas como electoralmente inoportunas. Por ello, son necesarios cambios llevados adelante como situaciones de crisis y de urgencia.
Las herencias y legados pueden ser clasificados en:
- Económicos: relacionados con los niveles de reservas monetarias del Banco Central, la programación de vencimientos de la deuda externa e interna, los atrasos del tipo de cambio y cuestiones referidas a organismos financieros internacionales. Incluye también contratos firmados por el gobierno con empresas privadas. Éstos pueden paralizar la ejecución de políticas no pensadas para la resolución de estos problemas. El ejemplo más representativo es la programación de los vencimientos de la deuda externa por Menem, que iba a afectar las políticas asumidas por De la Rúa.
Por otra parte, existe la preocupación de que ciertos valores queden positivos. Publicidad oficial mediante y con la complicidad de algunos medios de difusión, los índices se toman de forma que los resultados muestren el éxito de la gestión; todo lo que alguien pueda mostrar que hizo para dejar su impronta en la historia del país y que el sucesor tratará de destruir.
- Judiciales: el caso más tradicional es la autoamnistía, propio de regímenes autoritarios, donde los militares salientes dejan establecida la imposibilidad de ser juzgados por diversos delitos. Las posibilidades democráticas de anularlas requieren de un largo camino jurídico y legislativo. Un situación de este tipo es la introducción de reglas por parte de Pinochet.
Otra de las formas es el cierre de causas, aprovechando la influencia que aun conservan sobre los jueces. Lo atestiguan los casos de Cavallo, Menem, María Julia Alzogaray y Fernando De la Rúa. Estas causas cobran más o menos impulso si son útiles para reinterpretar la historia contra el silenciamiento o a la inversa, acallar lo que se venía dando.
- Administración pública: empleados contratados, temporarios, que son pasados a Planta Permanente por el gobierno saliente. Otro caso es el desorden administrativo, que tuvo su máxima expresión en la transición a la democracia y la ley del presupuesto nacional, que debe ser promulgada antes del traspaso de poder, condicionando el primer año del gobierno próximo.
- Expectativas: la oposición acciona siempre en la dirección de instalar en la opinión pública sensaciones de nuevas penurias por venir. Las expectativas generales pueden ser independientes del nivel de aprobación de una gestión. El discurso opositor se centró en cada acción u omisión del oficialismo.
A lo largo del período se hizo notorio que el grado de satisfacción de la población pareciera ser determinante de los resultados electorales. Ejemplos de esto serían los casos en los que triunfó el voto cuota o el voto protesta. Menem logró su reelección por la estabilidad económica alcanzada. A la inversa, años después, el voto castigó la inacción de los sectores políticos.
Poder influir sobre los ánimos de la población fue un mandato primordial de dirigentes políticos. A más altas expectativas generadas al inaugurar su mandato, su posibilidad de sostener el apoyo popular cae más rápidamente que cuando una gestión se inicia con un descreimiento más pronunciado.
Alfonsín, al decir “con democracia se come, se cura y se educa”, aumentaba las expectativas por decir lo que la gente quería escuchar. En cambio, cuando Menem prometía salariazo, hacia una descripción crítica de la situación, bajando las expectativas populares.

La reiteración de la transición en las alternancias
Se ha reiterado en cada alternancia la necesidad de los nuevos gobiernos de restablecer el funcionamiento estatal sin gozar del beneficio de lo hecho por la anterior administración.
La última salida democrática tuvo a su favor la inexistencia de un poder militar condicionante. La transición otorgaba los espacios para repartir cargos políticos, retribuir adhesiones y sostener lealtades. En el diseño de las políticas se ve la necesidad de presentar permanentes logros mediáticos.
El conflicto se centra en las cuestiones críticas a través de la instalación por los medios con fuerte difusión en la opinión pública

3. La búsqueda de la estabilidad política
La búsqueda de la estabilidad en la transición y las alternancias
La mayor necesidad fue la de alcanzar las condiciones de estabilidad para su mandato en particular y el sistema en general. Los gobiernos le dieron diferente relevancia a la estabilidad a largo plazo.
En términos generales, las áreas de atención eran: construir fortalezas para su propia perduración en el poder, comprometer a la opinión pública en un consenso de respeto al orden democrático, e influir en el contexto internacional para crear condiciones favorables a la democracia. No obstante, cada gobierno fijó sus propias prioridades.

La gobernabilidad
La gobernabilidad tiene dos aspectos. Por un lado, tiene como objetivo comprometer a la opinión pública al respeto del orden democrático. Lo habitual del período fue el discurso injurioso contra la oposición por no apoyar a ciegas los proyectos del oficialismo o la asunción de posiciones autoritarias contradictoriamente en defensa del juego democrático. También es cierto que muchas veces la oposición dificultó el desarrollo de la política, restando quórum al parlamento.
Por otro lado, se debe entender a la gobernabilidad como la generación de condiciones y de recursos de poder para llevar a cabo políticas, minimizando acechanzas de la oposición. Todos los gobiernos elaboraron planes para sostenerse en el poder más allá del período y con más instrumentos de política. Todos buscaron la reelección para asegurarse la gobernabilidad. Alfonsín marcó el tiempo en un gobierno de seis años.
El manejo discrecional de los fondos para atender a provincias y municipios permiten asegurar lealtades que duran tanto como el tiempo que se mantengan en el poder. Por ello, retrasar elecciones para poco tiempo antes de finalizado el mandato reasegura que todos los estamentos sigan reconociendo la autoridad del Ejecutivo.
En general, se utilizan formas espurias para comprometer la opinión pública pues no surgen de un convencimiento ideológico sino de la ventaja temporal y material. Los discursos y su reiteración prueban la credibilidad del candidato, lo que va combinado con una política de medios de difusión que establezca los logros del mismo. Asimismo, el convencimiento a la hora de conseguir votos gira en torno a instalar la idea de una necesidad nacional o al espurio de la prebenda o la coima.
El Ejecutivo necesita del Legislativo para que le sancione las leyes, por lo que gran parte del total de las prebendas entregadas por la política van hacia los legisladores en la búsqueda de gobernabilidad, poder mostrar a la opinión pública cierta ejecutividad y posibilidades de llevar adelante sus políticas. Además, la obra pública y las concesiones logran adhesión del empresariado y del sindicalismo. Tienen efecto sobre la opinión pública por la validez de las obras que se encaren, la ocupación de mano de obra reduciendo el desempleo.
Asimismo, se utilizan normativas favorables para los negocios, al igual que prebendas, para obtener lealtades, recursos y capital político.
La discrecionalidad en el uso de fondos públicos ha servido para disciplinar actores sociales diversos bajo la pretensión de alcanzar la gobernabilidad del sistema político y el orden social.
La gobernabilidad cree asegurarse con la ocupación de la vía pública y la realización de actos donde la masividad es extremadamente importante.
En resumen, para mantener la gobernabilidad se recurrió a los recursos del poder parlamentario y judicial, gobernaciones e intendencias, medios de difusión y control sobre los grupos para llenar la vía pública. Al mismo tiempo, se aseguraron que estos recursos estuvieran disponibles y fueran leales hasta lo más cerca posible del traspaso democrático del mando.
La búsqueda de la reelección y mantener la expectativa lo más prolongada posible son estrategias para impedir la disolución del poder. Por lo tanto, aseguran la gobernabilidad que las gobernaciones pertenezcan a la misma orientación política, la existencia de mayorías favorables en las Cámaras de Diputados y Senadores, la dependencia de las intendencias de las principales ciudades y la disponibilidad del presupuesto.
La crisis de los partidos se debe a la desconfianza en estructuras debido al apartamiento de los lideres de sus lineamientos históricos. Además, la perduración requiere de las Fuerzas Armadas disciplinadas que no pongan en riesgo la autoridad y que no muestren la falta de autoridad en la opinión pública.
Similar preocupación despierta el sindicalismo, que incluye paros y desabastecimientos con efecto sobre la opinión pública en contra de un gobierno.
Una tercera cuestión que influye sobre la gobernabilidad es la capacidad para influir sobre el contexto internacional para crear condiciones favorables a la democracia en la región y al propio gobierno. Cada refinanciación de deuda o cada instrumentación de un nuevo plan económico requirieron la anuencia de estos actores globalizados.
También las cuestiones comerciales favorecen o perjudican la capacidad de gobierno argentino y las interrelaciones entre gobiernos requieren de un alto grado de complementariedad política.
En suma, la gobernabilidad se apoya en el compromiso y convencimiento sobre la opinión pública, la acción sobre los actores sociales con capacidad de decisión y las fortalezas que se adquieran en las relaciones exteriores.

La estabilidad sistémica
La estabilidad sistémica se basa en la propagación de la idea de que la democracia es un bien a preservar. Algunas situaciones demuestran la voluntad presidencial pero también la opositora de mantener este régimen. Por ejemplo, frente al levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1985, la presencia de Cafiero junto a Alfonsín, ambos dando su respaldo a la democracia, es una actitud superadora de los intereses particulares o circunstanciales. Asimismo, el Pacto de Olivos sirvió para evitar una ruptura constitucional por parte de la Corte Suprema por lo que merece ser considerado con una visión más amplia y sistémica.
De esta misma manera, frente a diferentes situaciones tanto la Iglesia y la ONU como los vecinos e, inclusive, los militares continuaron demostrando su preferencia por la democracia.
Todos los presidentes intentaron la adhesión tanto a su gobierno como al sistema, confundiendo ambas cosas. Las disidencias son presentadas como amenazas al sistema, por lo que apoyar la democracia es apoyar al oficialismo.
Los mecanismos de información para la adopción de decisiones se han sofisticado notablemente y se introdujeron las encuestas de opinión, lo que resulta en que los gobiernos no tomen decisiones sin la certeza de tener la aprobación popular. Expectativas sociales a tener en cuenta para decidir y encuestas por las que la opinión pública se entera de qué piensa la mayoría.

Las acciones sobre el contexto internacional
Ha habido un contexto internacional que validó el sistema democrático, a través de decisiones asumidas por las grandes potencias que fijaron condiciones democráticas para acceder a los beneficios del comercio y del financiamiento. Las características del sistema soviético y la desconfianza hacia los autoritarismos latinoamericanos alejaron las posibilidades de instauración de gobiernos autoritarios.
Alfonsín tuvo la intención de dotar al sistema internacional de conciencia respecto a lo que luego seria la proliferación de las Jóvenes Democracias. Se encararon tres iniciativas de política.
Por un lado, la concreción de acuerdos comerciales, de inversiones, políticos y culturales, generando el MERCOSUR, establece como condición ineludible ser un gobierno democrático, copiando el modelo de la Unión Europea.
Una segunda área de acción fue la reinstalación de relaciones con los Estados Unidos pero con claros signos de independencia de criterios y fomento al comercio bilateral.
En tercer lugar, se conformó el Grupo de los Seis para crear conciencia sobre la necesidad de un desarme nuclear, contra la carrera armamentista y sobre el problema del endeudamiento, es decir, el respeto hacia los derechos humanos.
El punto fundamental es que le dieron origen al MERCOSUR. Ciertos acontecimientos políticos que pudieron derivar en intervenciones militares o autoritarias fueron frenadas por los beneficios que representaban para sus integrantes la pertenencia a dicha unión aduanera.
Hasta la presidencia de Kirchner, la búsqueda de condiciones que favorecieran la estabilidad se centraba en el apoyo norteamericano a las políticas económicas ensayadas, buscando la intervención directa o su voto decisivo en organismos financieros internacionales.
El convencimiento democrático de la opinión pública no ha sido siempre homogéneo. Ante cada situación critica, la posición en que circunstancialmente se encuentre la sociedad será el espejo en que se miren quienes puedan intentar forzar o violar el orden constitucional.
Por ello, la importancia del equilibrio a cumplir el rol de estadista y mantener la posición del político que requiere el respaldo electoral.

Los 100 días
Desde que Roosevelt pidió 100 días sin cuestionamientos para realizar todo lo que creía conveniente, se transformó en una tradición de los parlamentos hacia el nuevo jefe de gobierno. Esa gracia recibida del legislativo es la respuesta a las expectativas, las cuales actúan condicionando las primeras acciones del Gobierno.
Por ello, es más notoria en las etapas previas a la asunción de un gobierno y la falta de políticas. Las campañas privilegian las imágenes y los slogans publicitarios. La condición de la Joven Democracia facilita la manipulación del electorado o la posibilidad de disimular discrecionalidades y corrupción.

4. Las jóvenes democracias
La cuestión de las Jóvenes Democracias
La conjunción de la desconfianza hacia los militares por la derrota de Malvinas y la caída del Muro de Berlín, con la desarticulación de los regímenes comunistas, condujo a la formación de Jóvenes Democracias. Si bien en Argentina existía la democracia desde el siglo XIX, su restauración se asimila a la de las demás JD.
En términos generales, las JD vienen de regímenes autoritarios o con partidos únicos. Se organizaron en las décadas del 80 y 90 como republicas con división de poderes. Esto fue posible gracias al fin de la Guerra Fría.
Aquellas que provenían del bloque comunista, debieron reorganizar la propiedad privada, al igual que en América, donde se tuvo la oportunidad de revisar la posesión de empresas por parte del Estado.
Al mismo tiempo, se generó un clima favorable de negocios a nivel internacional, por lo que las JD se transformaron en receptores de inversiones con su fuerte apertura a capitales extranjeros
Por otra parte, tuvieron estabilidad sistémica en la opinión pública devenida del recuerdo de atrocidades y de un periodismo más libre que fomentó el valor democrático, entusiasmados con la explosión del capitalismo y el libre comercio.
Alimentaron, a su vez, la discrecionalidad de los dirigentes, concentrando el poder de decisión en el Poder Ejecutivo. La misma se centró en la posibilidad de recrear sus sistemas políticos y en la elección de los protagonistas de las actividades productivas.

Las características de las Jóvenes Democracias
La forma de organización fue la república, con una división de poderes donde se controlaban unos a otros. En la práctica, se plantearon dos formas de ésta: mayorías parlamentarias que actuaron con disciplina partidaria sin espíritu crítico y la posibilidad de rever todos los nombramientos del régimen anterior y designar jueces.
La concepción democrática se trató de la convocatoria a los comicios al igual que de defender las garantías y derechos humanos de todos los habitantes.
Por su parte, el capitalismo se estableció como el modelo económico fundamental, ligado al liberalismo y a la defensa de la propiedad privada. El consenso de Washington resume las ideas que se propagaban al respecto, sobre la inversión externa y el libre comercio.
El principio de incertidumbre, la transferencia del control político, económico y social a actores no estatales, la obtención de capacidades legislativas o judiciales delegadas en el ejecutivo y la posibilidad de redistribuir el capital se desarrollaron como características distintivas de Argentina con respecto a las demás JD.

El principio de incertidumbre
La incertidumbre se generaba frente a los cambios de gobierno ya que resultaba impredecible el rumbo a tomar por la nueva administración. Introducir una modificación de personas introduce una distorsión en las políticas.
La posición de los procesos económicos, sociales y políticos variarán sin seguir ningún patrón determinado en cada cambio de gobierno o, incluso, dentro de un mismo período presidencial.
Esta incertidumbre se manifiesta como un temor al futuro y la necesidad de asegurar la inmediatez de cualquier ciudadano frente a un orden laboral. El hecho de que toda norma o disposición se encuentre en un estado experimental refleja la sensación de anomia por parte de la población. De cualquier modo, la sociedad percibe este “experimento” como lo normal. Entonces, la distorsión de aquella normalidad trae aparejada la incertidumbre.
Se produce un sentimiento de desprotección de cada habitante debido a las modificaciones, que trae nuevos derrotados y triunfadores. Esto sucede porque se cree en los gobernantes, quienes aseguran el bienestar, como un “páter” que sostiene, provee y transforma. Tanta creencia en la capacidad individual y no en el sistema político y de garantías jurídicas, atenta contra el sistema en un círculo perverso. Estas expectativas legitiman el ciclo crisis – dramatismo – emergencia – discrecionalidad – nueva estabilidad.
No obstante, estas crisis son intencionadas por los gobernantes ya que les proporcionan ciertas ventajas, como la de obtener la misión de remontar una crisis. Comenzando la presidencia sobre el dramatismo, las expectativas son bajas y fácilmente satisfechas.
También termina acreditando al “salvador providencial”, prestando aval a la cultura de la transgresión. Al no existir acuerdos previos entre la dirigencia política, no hay posibilidades políticas de Estado que se continúen en el tiempo. La aspiración fundacional de cada presidente quedaría diluida porque el compromiso compartido centraría el registro en dicho acuerdo y no en las personas.
Esta incertidumbre además se siente en la economía respecto a los modelos adoptados para el desarrollo.
Las elecciones pasan a ser pruebas para la población que es puesta frente a la disyuntiva entre continuidad y cambio electoral.
Por ejemplo, la transición del gobierno de Menem fue dramática por la presencia de los gobernadores peronistas y las ambiciones de Duhalde. También, la renuncia de Chacho Álvarez, el voto cuota de 1995, la instauración del corralito y las hiperinflaciones son generadores de incertidumbre en la sociedad.
No es posible tener confianza en el sistema bancario ni en el tipo de cambio, tampoco en los funcionarios intermedios sobre su continuidad, los empleados contratados y el poder legislativo.

La transferencia del control político, económico y social
Desde 1970, se generó un consenso sobre la necesidad de comenzar a retrotraer funciones que los estados nacionales habían incorporado. Esto se hizo bajo el hecho de que la crisis demostró que el inversor más constante debía ser el Estado y el manejo de la administración de áreas de la economía consideradas estratégicas.
No obstante, con Martínez de Hoz se comenzó la nueva implementación, que prosiguió durante el gobierno menemista. Se generaron algunas transferencias en la toma de decisiones, incluso en los de seguridad nacional. Se descentralizó administrativamente el sistema educativo, el sanitario, la red de caminos y la fijación de salarios. Por su parte, se privatizaron empresas como las telefónicas, de electricidad y el sistema jubilatorio. Se enajenaron compañías como YPF y Aerolíneas Argentinas.
En todos los casos hubo una transferencia de roles responsabilidades del Estado a actores privados. A pesar de ser complementadas con la creación de nuevos organismos estatales controladores, el poder de decisión se traspasó.
El poder de decisión social incrementó el rol de los medios sobre la opinión pública. Con la presencia permanente de las comunicaciones, los factores de la toma de decisiones quedaron subordinados, al igual que algunas funciones, como la de seguridad y prevención.
La atención a los sectores más desprotegidos se había dado por parte del Estado, sobre todo con Eva Perón, lo cual había sido motivo de conflicto con la Iglesia y las obras de caridad que realizaba. Luego del PRN, el Estado organizó diferentes formas de ayuda y transfirió su adjudicación y reparto a sectores sociales y políticos partidistas, como el Plan Trabajar y los subsidios.
Como complemento, en los presupuestos nacionales se incluyeron los Adelantos del Tesoro Nacional, por el cual el Estado puede asistir a necesidades extraordinarias. Esto estuvo signado por la discrecionalidad del ejecutivo en función de su relación con gobernadores y el logro de su apoyo político.
Además de las desgravaciones impositivas para la radicación de industrias, Menem creó el Fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense para darle a Duhalde capacidad adicional para gobernar la provincia.
Otros conceptos sobre los que se traspasó poder fueron: la fijación de tarifas, las prioridades de inversión, el sostenimiento de la igualdad salarial y de derechos, el fomento a zonas de desarrollo y la cantidad de circulante monetario.
Hubo una fuerte pérdida de la necesaria discrecionalidad en el comercio internacional por la interdependencia con el Mercosur o la adscripción a la Organización Mundial de Comercio.
Además, los gobiernos contaron con la posibilidad y la capacidad de la redistribución del ingreso y de generar empresarios exitosos a través de contratos y obra pública.
El período mostró un debilitamiento de las capacidades estatales para generar consensos, imponer políticas o ser artífice de un rumbo determinado y sostenido a largo plazo. Los medios tuvieron un rol muy importante en la fijación de los temas centrales y en la complicidad política.

Capacidades delegadas
Como contrapartida, la transitoriedad procuró la obtención de discrecionalidad del ejecutivo, expresada, fundamentalmente, en ciertas tradiciones.
Para empezar, la de los primeros 100 días de gobierno, a través del cual el legislativo le facilita la aprobación de leyes tendientes a establecer los lineamientos de su gobierno o a manejar una emergencia preexistente. Asimismo, la delegación de poderes federales a Rosas impuesta como condición para la pacificación del país. Ambas transforman cada alternancia en una emergencia en la que se requiere de delegación de poderes legislativos al ejecutivo para salvar la situación critica.
Frente a la opinión pública, el Legislativo se encuentra desprestigiado porque le permite la extorsión al Ejecutivo. La inacción gubernamental puede ser atribuida, a través de los medios, al Congreso. Además, si se siguen viviendo situaciones criticas, el Ejecutivo podría actuar más como un sistema autoritario y menos republicano. Se notó en los mecanismos de decisión y, así, surgieron las leyes de emergencias y de excepcionalidad, la suspensión de vigencia de leyes y la delegación de privilegios parlamentarios. De esta misma forma, hubo un abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, mediante los cuales se reemplazan el trámite parlamentario para la obtención de leyes, con absoluta discrecionalidad.
Incluso en el orden internacional, se llegó a poner en emergencia a Organismos Financieros Internacionales, obligándolos a préstamos y refinanciaciones. La delegación de facultades se convirtió en la herramienta discrecional de la transitoriedad.

Las posibilidades para la redistribución del capital
Dos procesos históricos generaron la aparición de la propiedad privada y el impulso del nuevo liberalismo, sobre las estructuras del Estado que se reservó la gestión de los servicios públicos y de áreas militarmente estratégicas.
A esa coyuntura, se sumó la capacidad el Estado de establecer políticas tendientes a privilegiar alguna actividad particular, beneficiando a sectores socioeconómicos. Ello deviene de la posibilidad de definir las orientaciones de comercio internacional, de política monetaria, desgravaciones impositivas, desarrollo de infraestructura y obra pública en general.
Perón utilizó esos recursos para reforzar la industrialización y generar una burguesía industrial nacional. Por su parte, el PRN favoreció o eliminó empresas más que actividades específicas. En conjunto, el Estado conservó una alta capacidad distributiva para favorecer a los sectores más concentrados y más relativa para atender a los sectores asalariados.
En la relación entre la dirigencia política y la burguesía se conjuga el sueño fundacional, correspondiente al deseo de asegurar un orden que lo sobreviva, y la gobernabilidad, que requiere de una especial captación de los sectores empresarios. De ambos, surge la pretensión política de contar con una burguesía nacional.
Por lo tanto, dieron lugar para una acción tendiente a favorecer a parte del empresariado y para crear nuevos actores en la burguesía. El objetivo fue el de contar con una prensa benévola, con financiamiento para las campañas electorales, acordar una política de precios.

Entre las postrimerías de la dictadura y el inicio de la democracia
Las sucesivas devaluaciones del tipo de cambio dificultaban a las empresas endeudadas en moneda extranjera, entre las que se encontraban todas las gestionadas por el Estado.
Uno de los mecanismos para transferir recursos estatales al sector privado fue el establecimiento de un seguro de cambio, para luego proceder a la estatización de las deudas. El Estado se convirtió en acreedor en pesos devaluados de las empresas y en el deudor de los bancos y organismos internacionales que habían financiado.
Luego, tuvieron lugar unas refinanciaciones de las obligaciones financieras que, sumadas al desorden administrativo, convirtieron la Deuda Externa en un tema permanente. Las empresas sobrevivientes al PRN salieron fortalecidas, habiéndose modernizado y operado con costos a cargo del Estado nacional.

Con el lanzamiento del Plan Austral
Los individuos sufren el alza de los precios, pues con su ingreso percibido regularmente una vez al mes, no pueden costear el encarecimiento de los productos. Por su parte, los impuestos se perciben con retraso y valores ya superados.
Concluido el mandato de Grinspun, el nuevo equipo intentó frenar la inflación, quitando el componente de ajuste de los contratos.
La capacidad redistributiva se puso en juego porque algún actor quedó mejor parado según el nivel de precios en que quedara congelado.

En las hiperinflaciones
Sin el respaldo de ingresos genuinos ni de reservas, el Estado debió atender sus obligaciones mediante una expansión de la emisión monetaria. Esto induce a la puja inflacionaria. Los tradicionales sindicatos fuertes sufrieron el proceso desindustrializador del PRN y ya no estaban en su mejor situación de negociación. Por su parte, el negocio financiero gozó de un auge en términos de redistribución del ingreso.

Al sancionarse la Ley de Convertibilidad
La convertibilidad implicó quitar el componente inflacionario, que dirimió las pujas en el mercado con una perspectiva favorable para los grupos más concentrados. También condujo a un lento crecimiento de la capacidad de consumo. Como contrapartida, se dio el reemplazo de la producción nacional. Al mismo tiempo, se renovó el acceso al crédito internacional, se procuró aumentar el nivel de inversión y se modernizó buena parte de la estructura productiva.

A lo largo de todo el proceso de privatizaciones
Las privatizaciones se desarrollaron con un carácter de urgencia que quitó posibilidades de un tramite parlamentario y medir correctamente el consenso social respecto al tema.
Los pasos previos fueron la intervención de las empresas para su saneamiento financiero y un ordenamiento del personal; la obtención de las leyes respectivas del Congreso; la organización de concursos para la presentación de las ofertas y el establecimiento de los organismos encargados de controlar las actividades.
Se reformó, a su vez, el sistema de jubilaciones y pensiones, mediante compañías privadas para administras fondos específicos y quitarle a los gobiernos la tentación de echar mano en los mismos. Por otra parte, se creó un mercado de capitales capaz de financiar los niveles de inversión de la economía.
Los organismos jubilatorios, al actuar como privados, maximizarían los beneficios. Sin embargo, los gobiernos obligaron a las AFJP a transgredir la ley comprando más bonos de deuda estatal que los permitidos.
Todo el período de privatizaciones fue el de mayor capacidad redistributiva. A mayor velocidad en un proceso de enajenación de funciones del Estado hacia actores privados, las posibilidades de sobreprecios, coimas y dádivas al poder político aumentarían exponencialmente.

Con el retraso cambiario
Entre 1997 y 2002 tuvo lugar una gran recesión, produciendo desocupación, altos niveles de indigencia y quiebre o cierre forzoso de empresas. Haber sostenido el esquema cambiario provocó una transferencia de recursos de los sectores más bajos hacia los más altos y de empresas productivas hacia las de servicios y financieras.

.A través de la devaluación
La salida de la convertibilidad cristalizó más pobreza e indigencia al tiempo que le dio la potestad al Estado de privilegiar algunas actividades productivas por sobre otras. No obstante, la forma de mercado libre impuesta por el FMI, dejó al Estado incapacitado para intervenir en un mercado de cambios.
Con un 200% de devaluación, se vieron beneficiados el sector exportador y el sustitutivo de importaciones.

.Al establecerse la pesificación asimétrica
El gobierno de Duhalde estableció la conversión de las deudas en dólares a pesos: las obligaciones de los privados se considerarían uno a uno y las de los bancos con particulares de un dólar a 1.40 pesos. De esta forma, se generaba una diferencia que cubriría el erario público. El Estado intentaba proteger a los endeudados, es decir, la clase media urbana.

.Al constituirse las retenciones a las exportaciones
Frente a la desproporción de los precios medidos en divisas extranjeras para la exportación, la tendencia fue la de trasladar a los precios internos dichos incrementos, afectando el poder de compra de los individuos.
Los gobiernos de Duhalde y Kirchner acordaron tácitamente con los exportadores para sostener la oferta interna, aprovechar las oportunidades exportadoras y lograr ingresos adicionales. Se establecieron retenciones sobre los valores exportados, por lo que parte del precio obtenido iba hacia las cuentas públicas, incrementando los ingresos fiscales.
Con el objetivo de sostener los precios, Kirchner recurrió a medidas de carácter redistributivo. Junto a ellas, el crecimiento de la obra pública en infraestructura forjó nuevos actores con poder económico.
El Estado nacional pasó a manejar presupuestos crecientes pero sin empresas, sin tarifas políticas que pagar, sin escuelas y con pocos hospitales.

La adecuación a las condiciones externas
Concluida la Guerra Fría, se forjó una Globalización idealizada, en el que la seguridad dejó su lugar a la única potencia sobreviviente que prefería los acuerdos y los consensos.
Luego del ataque a las Torres Gemelas, se configuró una Globalización condicionada por la emergencia del terrorismo golpeando símbolos del poder capitalista; se produjeron cambios hacia las decisiones unilaterales y un nuevo impulso a la cuestión de la seguridad. El nuevo siglo trajo nuevas desconfianzas e imposibilidades.
Como JD, la Argentina estuvo sujeta a las recomendaciones o consensos internacionales. Por lo tanto, se buscó una adecuación a las tendencias internacionales ya que la inserción internacional de esta economía queda comprometida a la adopción de un entero modelo de desarrollo.

5. La Argentina como Joven Democracia
Las transformaciones socioeconómicas
Martínez de Hoz realizó cambios en la estructura de la economía, la distribución del ingreso, el endeudamiento público y privado, la descentralización de las funciones estatales y la privatización de empresas nacionales.
Este proceso puso fin a la dicotomía entre los actores sociales nucleados alrededor de la producción y las exportaciones agropecuarias y los tributarios de la sustitución de importaciones por industrialización forzada.
Ello dio lugar a un empate hegemónico que trabó la posibilidad de un desarrollo sostenido y el origen de la inestabilidad política.
Hasta la última dictadura, la economía mostró un rumbo errático, con fuertes etapas de modernización y momentos de estancamiento.
Ciertas políticas del PRN dieron lugar a la subordinación de las provincias al Estado nacional. En este aspecto, lo más importante es la distribución de ingresos. Existen diferentes impuestos, tasas y derechos que se abonan jurisdiccionalmente. La mayor recaudación la obtiene el Estado a través del consumo, las ganancias, importaciones, exportaciones y las retenciones. Esto genera una alta dependencia con el mismo.
Algunos de los ingresos impositivos tienen establecida su distribución entre porcentajes correspondientes a las provincias, denominados “coparticipables”.
Frente a las crisis, se aumentaron las tasas a pagar mediante los impuestos o la creación de nuevos tributos. Fue mayor la recaudación por impuestos no coparticipables. Además, la reticencia a la coparticipación se origina en el riesgo de abrir un debate parlamentario inmanejable y de resolución incierta. Diputados y senadores deberían resolver conforme a sus bases electorales y no atender a las necesidades del Ejecutivo. Además, el debate corre el riesgo de cristalizar una nueva ley de coparticipación federal de impuesto que le quite poder discrecional al ejecutivo.
La estrategia de generar situaciones de crisis redundó en el aumento del presupuesto disponible. Además, la descentralización educativa y sanitaria junto con el proceso de privatización aligeraron las erogaciones del Ejecutivo nacional en detrimento de las provincias.
A pesar de ello, el endeudamiento externo no ha dejado de crecer y el principal promotor de la deuda ha sido el Ejecutivo.
Sintéticamente, el proceso de acrecentamiento de la deuda tiene los siguientes componentes: un empuje inicial por la búsqueda de financiación para la tabla cambiaria de Martínez de Hoz, la nacionalización de la deuda privada, los nuevos préstamos, las emisiones de deuda absorbidas por individuos y financistas del exterior, bonos y permanentes endeudamientos para sostener la regulación monetaria.
Por su parte, al bajar la efectividad de la Convertibilidad, las provincias buscaron financiamiento para su déficit en la creación de cuasimonedas.

El proceso político
La reinstauración de la democracia tuvo que atender los problemas derivados de la propia Constitución, un presidencialismo extremo y un sistema federal problemático.
La necesidad de reducir los mandatos de 6 a 4 años y agregar la posibilidad de la reelección fue retomada en el Pacto de Olivos, con el que se lograba que la sociedad diera su aprobación y no quitara apoyo parlamentario al desarrollo de una presidencia. Otras modificaciones planteadas en este pacto intentan agilizar la tarea parlamentaria de designación de jueces y darle a la presidencia una mayor protección, ejecutividad y relación más fluida con el Congreso.
Siempre existió un miedo a la oposición de abrir reformas en que una mayoría pudiera imponer reformas no pactadas. Ejemplo de esto serían las provincias que sancionaron la reelección indefinida, solidificando relaciones feudales.
Otra cuestión irresuelta es el mínimo de electores necesarios para que un diputado lo haga en nombre de menos electores que otro de una provincia más poblada.
El presidencialismo se halla inscripto en la tradición monárquica española que dio lugar al caudillismo y en las fuentes de derecho norteamericano.
Por su parte, el sistema federal fosilizó las principales problemáticas, como la distribución de impuestos y los resabios de relaciones sociales feudales en ciertas provincias.
Aun sin resolver la mayoría de las cuestiones, se ha logrado sostener la renovación periódica y electoral de los gobernantes. La democracia argentina fue puesta a prueba en diversas ocasiones, que, en otros momentos, hubieran provocado movimientos cívico-militares, bajo el argumento de la incapacidad de la dirigencia política para resolver cuestiones de interés nacional.

La Joven Democracia puesta a prueba
La sinuosidad del período mostró dos grandes cuestiones: qué tipo de decisiones del poder político fueron capaces en otro contexto histórico de generar inestabilidad política y cómo el nuevo marco internacional y local le permitió al sistema político rehacerse una y otra vez.

La anulación de la autoamnistía militar
Alfonsín tomó la decisión de anular la auto amnistía dictada por el gobierno militar, donde se exculpaba a los que participaron en violaciones a los derechos humanos. En esta decisión influyó el activismo previo de los Organismos de los Derechos Humanos que habían presentado muchas denuncias. En ninguno de los países limítrofes se pudo hacer lo mismo.
El juicio a las Juntas
Se realizó el juicio a las primeras tres Juntas, acusadas de ordenar y realizar secuestros, torturas y asesinatos. Fue una demostración de poder político que contó con el apoyo internacional. Este tipo de juicio tuvo escasos antecedentes porque se realizó dentro del país y por impulso de las propias autoridades. En cambio, la determinación de las responsabilidades sobre la Guerra de Malvinas se hizo dentro de las Fuerzas Armadas.
La fallida Ley Mucci
La ley laboral para recortar el poder sindical no logró el apoyo del Congreso. Al ser vivida como una derrota oficialista y demostración del poder intacto del peronismo, significó el tempranero inicio del debacle de la gobernabilidad para el primer gobierno.
La sucesión de conflictos gremiales
La Confederación General del Trabajo peronista realizó trece paros de gremios y huelgas, interfiriendo en la vida cotidiana y económica del país.
Los levantamientos militares
Los levantamientos carapintadas fueron motivados por un pedido de reivindicación de la lucha en Malvinas y reclamos del cese de los juicios a oficiales de las FFAA. La falta de liderazgos claros tras la caída del PRN aventó las posibilidades de golpes contra el orden constitucional pero estos episodios tuvieron en la población una alta dosis de hartazgo.
La renovación legislativa adversa I
El triunfo peronista en la Cámara de Diputados en 1983 concluyó con las posibilidades del partido radical de obtener apoyo. Situaciones como esta fueron la justificación de la instalación de dictaduras militares o de presiones para obtener renuncias presidenciales.
Las elecciones presidenciales de 1989
La oposición triunfó en las presidenciales de 1989, desatando anticipación, incertidumbre e hiperinflación, generando un alto grado de tensión.
La hiperinflación I
La primera hiperinflación, con saqueos a supermercados y habitantes armados, expresaba una situación de impotencia frente a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el consenso social y periodístico no se apartó de la resolución republicana y primó el respeto constitucional.
El interinato presidencial I
El adelantamiento de la asunción de Menem demostró la madurez de la sociedad. El período previo le permitió obtener ventajas en cuanto a imagen pública y a prerrogativas de discrecionalidad otorgadas por el Congreso.
La hiperinflación II
La segunda hiperinflación produjo una crisis bancaria y en la emisión de bonos. Sin una alternancia a la vista, ya que se produjo a poco de iniciado el mandato menemista, hubo una primera incautación de ahorros.
Las privatizaciones
La enajenación de la propiedad estatal fue motivada por la urgencia, transmitida por el discurso oficial, para lograr consenso social y presionar a los mecanismos parlamentarios, dando lugar a cuestionamientos y resignación.
La reelección
Menem intentó lograr la reelección, vedada por la Constitución, basándose en la estabilidad alcanzada con la Convertibilidad, por lo que procedió a amenazar con la utilización de la mayoría automática en la Corte Suprema para que la resolución fuera aceptada en el Congreso. El Pacto de Olivos, desde el punto de vista radical, fue la forma de evitar males mayores para la continuidad democrática, y desde el punto de vista peronista, la posibilidad de concreción y sostenimiento de liderazgos a largo plazo.
Las recurrentes crisis de la Deuda Externa
Se sucedieron diferentes crisis externas por las necesidades de financiamiento estatal o por la imposibilidad de afrontar vencimientos. Las visiones más positivas eran alimentadas por el empresariado que adjudicaban a las recomendaciones de política económica de los OFI todas las posibilidades de futuro venturoso. Los intentos para encarrilar a la economía debieron gozar de la aprobación de los organismos financieros internacionales y las potencias mundiales.
La segunda alternancia entre partidos
En 1999, con la derrota del oficialismo, la población eligió una continuidad en términos socioeconómicos, ya que tanto Duhalde como De la Rúa significaban un profundo cambio en las condiciones de vida democráticas y republicanas.
El impuesto Machinea
Un fuerte aumento de impuestos a la clase media fue decretado para sostener la convertibilidad y darle transparencia a la política, afectando su propia base electoral y restringiendo el consumo.
Una nueva reforma laboral
Se intentó una sanción de una reforma de las relaciones laborales (Ley banelco) como parte de las demandas del FMI, acrecentando la incertidumbre.
La renuncia del Vicepresidente
La renuncia de Carlos Álvarez, como consecuencia del escándalo de las coimas desatado por la ley de relaciones laborales, quiebra la unión entre frepasistas y radicales.
La renovación legislativa adversa II
Los restos de la Alianza fueron derrotados en el 2001, en el contexto de la depresión, como consecuencia del voto protesta.
El Corralito
En Diciembre del 2001 se instauró el corralito. Frente a las obligaciones externas, la baja recaudación, las cuasimonedas en las provincias y el estancamiento general, la medida implicó la restricción del circulante, sacudiendo a toda la población.
Los Cacerolazos
Una nueva forma de expresión surgió en el marco de la crisis económica y la disgregación política de la Alianza, tendiente a restringir el circulante monetario y bancarizar la economía. Convergieron grupos organizados hacia la Plaza de Mayo, formando una protesta inmanejable para el gobierno. La represión descontrolada produjo escenas de violencia y asesinatos, amplificando la indignación popular.
Producida la renuncia presidencial, bajo el lema “que se vayan todos”, la respuesta social fue la conformación de asambleas barriales y mercados de trueque.
La presidencia de Rodríguez Saá
Los cinco días de gobierno de Rodríguez Saá se resume en la decisión anunciada en el Congreso de cesar el pago de parte de la deuda externa (default).
Corralón y devaluación
En Enero de 2002, se instauró el corralón y se hizo una maxi devaluación. Duhalde, guiado por lineamientos muy vagos y la presión internacional del FMI, produjo una devaluación con mercado libre. El corralón y una estampida del dólar no lograron encauzar la crisis y sí consiguieron sumar angustia.
El mercado de cambio fuera de control
Concluida la convertibilidad y con mercado libre para la compra de divisa extranjera, la depreciación del peso, acosado por las cuasi monedas, parecía no tener un horizonte.
Los asesinatos del Puente Pueyrredón
Los intentos de evitar la represión física alentaban la continuidad de las protestas de diferentes signos políticos, manteniendo una alta ocupación de las calles. El asesinato de algunos piqueteros emparentó la situación con la del 2001 y Duhalde anticipó las elecciones para descomprimir su propia situación política.
El ballotage que no fue
Menem y Kirchner quedaron en situación de disputar una segunda vuelta pero el primero se bajó, dejándole el puesto a Kirchner con tan solo el 23% de los votos.
El interinato presidencial II
Néstor fue autorizado a completar el mandato de De la Rúa.
La extorsión de la Corte Suprema y la respuesta de Kirchner
Kirchner emitió un discurso por cadena nacional, mostrándose firme, para lograr la renovación de la Corte y fijar su autoridad, apelando a renuncias.
La disputa por los punteros del Gran Buenos Aires
Kirchner buscó la disolución del aparato duhaldista para coptarlo para su propia organización política. Apuntando a la renovación presidencial del 2007, utilizó el aparato estatal para forzar cambios de liderazgo con la intención de construir un nuevo movimiento fundacional.
La Reforma del Consejo de la Magistratura
Acomodar los órganos de contralor de la función pública a las conveniencias del oficialismo le permite discrecionalidad al gobierno.
El Presupuesto con poderes especiales
El Jefe de Gabinete obtuvo poderes especiales para reorientar partidas del Presupuesto Nacional.

Si bien se sometió repetidas veces a la población al dramatismo, se aprendió a hacerlo en términos democráticos. Por ello, las tentaciones del poder se imbrican con los puestos ejecutivos y la decisión sobre los fondos deliberativos.

6. El sistema político
La cuestión de la representación y la participación políticas
El Frepaso y la Unión Cívica Radical se disolvían mientras el peronismo se desarticulaba.
Los partidos políticos son el resultado intermediado de representación política, con una estructura piramidal sustentada en una amplia base de punteros y su representación constituida por figuras mediáticas. Tienen superestructuras flexibles de poco apego a líneas programáticas, más proclives a la utilidad de la conveniencia circunstancial.
Las agrupaciones tienen estructuras celulares que se agrupan dentro de corrientes internas que pueden variar ante cada disputa, pudiendo mudar de agrupación si otro liderazgo resulta más conveniente materialmente.
Tienen un alto costo de mantenimiento por lo que se utilizan los recursos del Estado para solventar la estructura y mantener lealtades. La oposición es más formal que efectiva.
Los políticos de base buscan la cercanía con el Estado, por eso es una organización política volátil. Existe un mercado de punteros que manejan los votos de su circunscripción y la mecánica comicial al tiempo que son capaces de instalar un cierto clima social con propensión a la protesta.
El puntero es un dirigente barrial de contacto cotidiano con la población que ha cumplido una doble función histórica: ha sido la base de la estructura de los partidos como el ultimo eslabón en la ayuda estatal.
Por su parte, el retorno de la lealtad y la afiliación se hacía a través de un conjunto de prebendas pero, en su origen, parte del problema del rol del Estado. A fines del siglo XIX, la ayuda más efectiva llegaba de Evita, liderando un modelo asistencialista, provocando una disputa con los curas católicos. Allí se gesta lo que transforma al dirigente político en un ida y vuelta entre ser el organizador y aglutinador de las bases políticas y el administrador de asistencias y prebendas donde el Estado no llega.
Desde la década de 1990, aparecieron grandes grupos de desocupados, que comenzaron a organizarse y a utilizar los cortes de rutas para hacer notar su protesta. Fueron los primeros en recibir los planes asistenciales, denominados Plan Trabajar.
Algunas de las nuevas formas de organización social quedaron fuera del alcance de los partidos, como las asambleas políticas y los clubes de trueque.

El sistema federal y el sistema de partidos
Ha habido una diferencia en el grado de modernización según las regiones del país, entre sistemas feudales y zonas con aparatos políticos más modernos dependientes del convencimiento popular.
En los grandes conglomerados urbanos, la imagen ha suplantado cualquier debate. El sistema de organización de los partidos estuvo consustanciado con la representación política fragmentada, asimilable a la confederación de partidos.
Frente a la denuncia de De la Rúa, en ausencia de conducciones nacionales de los partidos políticos por el desprestigio de la dirigencia, parte de la resolución de la emergencia quedó en manos de la Liga de Gobernadores peronistas.
A su vez, en las provincias más pobladas y modernas, la organización recayó en confederaciones de intendentes, dueños de las afiliaciones. La estructura de los partidos explica la facilidad con la que se instaló la transversalidad. Los cambios de lealtades se reiteraron frente al poder de quien pueda ocupar el Estado.
Esta dinámica política se vio favorecida por la existencia de una gran cantidad de agrupaciones que solo son sellos burocráticos para cualquier política electoral y que reciben financiamiento del Estado.
Los candidatos llegaron a un cargo electivo por un sello electoral para luego actuar con lealtad al partido de pertenencia, estableciendo lo efímero de las lealtades. Tienen preponderancia las figuras mediáticas políticamente correctas.
Las sentencias de los políticos son contradictorias porque sus temas son determinados por los medios y no por convicciones. Los mensajes se planifican para un spot publicitario y se trata de opiniones atadas a las encuestas de opinión. Se presentan solidarios con los desposeídos y tienen tolerancia cero con el delito.
En su afán por mostrar que el problema es de eficiencia administrativa, cobra relevancia el caso circunstancial. Los mensajes desconocen la existencia de procedimientos legales.
Las figuras mediáticas conforman estructuras nuevas sobre los partidos sellos pre existentes, que captan políticos, conforman listas electorales, imponen legisladores por los votos obtenidos y luego asisten a la disgregación de sus bancas; buscan la difusión de su figura.
Los partidos políticos siguen siendo escuelas de práctica política y referentes ideológicos para la multitud de los sectores políticos intermedios y bajos de la estructura.
En todo caso, lo que se perdió es la disciplina de disputar elecciones al interior de la agrupación para, luego, acompañar al triunfador en la elección como bloque.
Los partidos conforman coaliciones con nombres para la ocasión y alientan para los cargos más expuestos a colaterales de la política con cualidades del “políticamente correcto”.
Buena parte de las criticas a estas maniobras de compra de votos y lealtades es que no son convenidas entre cúpulas. Otras maniobras hacen dirimir a la población los matices internos de un partido y la presentación de un mismo candidato en distintas listas.
Además, se acomodan los calendarios electorales según las expectativas que transmiten las encuestas. Puede convenirles juntar en la misma fecha ambos comicios para que la figura nacional arrastre los votos locales o separar ambas.
El sistema de partidos se puede beneficiar tanto de la alta participación política como de la baja, dependiendo de la situación. No caben dudas acerca del declive de la participación pero la consulta periódica para renovar gobernantes y legisladores ha tenido un menor interés aun.
La transitoriedad asegura la consolidación de los grupos económicos más concentrados y del surgimiento de nuevos actores bajo un manto de complicidad con el poder político. Aun con la cíclica sucesión de auges económicos y profundas depresiones, los cimientos del régimen se sostienen.

El atractivo político de conducir el Estado
El objetivo de un partido es alcanzar el poder para llevar adelante su plataforma, en ello está implícito el rol de sostener sus ideales y valores haciéndolos presente en cada momento histórico. No ser gobierno debería ser circunstancial, el objetivo del poder no debería ser el único.
Sin embargo, en este período, las derrotas son vivenciadas como catástrofes, poniendo en juego la continuidad del partido.
El Estado argentino ha sido objeto de un doble juego empresarial: los empresarios sostuvieron un capitalismo prebendario, favoreciendo a los capitalistas a favor del Estado mínimo. El Estado aporta el equilibrio de poderes pero el caudillismo y el presidencialismo hicieron que el Congreso y la Corte quedaran subordinadas al Ejecutivo, dejando también sin espacio para la discusión a la oposición.
El Estado puede permitirle a sus dirigentes disponer discrecionalmente de fondos provenientes de la coparticipación de impuestos nacionales, los Adelantos del Tesoro o subsidios, en fin, de financiamiento de la política.
Todo intento fundacional ha intentado incorporar a una parte del movimiento obrero. Sin embargo, los interlocutores siguen siendo los dirigentes que se formaron en la tradición burocrática del sindicalismo peronista.
El Estado procuró una especial relación con el empresariado nacional por la influencia en la determinación de los lineamientos macroeconómicos y por el tratamiento particular y directo que pudieran brindarles: negocios financiados por el Estado. En contrapartida, las empresas aportaron al financiamiento de las campañas electorales. Cada liderazgo político ha intentado generar su propia burguesía.
El interés de la historia lo despierta alguna figura que se ha logrado trascender por legar un modelo de país que ha perdurado más allá de su tiempo. De allí, la intención de ser fundador de una nueva república. El manejo del Estado permite la instrumentalización de herramientas de política económica que dejan a la población identificarse con lo que parecería ser un modelo de organización social original.
Un líder político a cargo de la Presidencia puede lograr un funcionamiento aceptable de la economía y de la cultura de una sociedad, haciendo una buena administración. El estadista actúa mirando al futuro. En este período, hubo un mayor apego por el reconocimiento inmediato y la construcción política que dura lo que cada mandato.
Aun así, la compulsión por crear crisis ha dificultado la confluencia de intereses bajo un manto republicano y el sostenimiento de los mínimos acuerdos y coincidencias.

Politización, despolitización y marketing electoral
En los inicios de la transición, la participación política tuvo altos niveles al igual que el interés demostrado a partir de la afiliación a partidos políticos y la concurrencia a los comicios. A lo largo de los años, la participación en los comicios decayó en las elecciones de renovación parlamentaria y vuelve a mostrar interés en las presidenciales.
La ritualización fue, en el contexto de la obligatoriedad, el proceso normal de asentamiento del sistema democrático; el deber cívico se convirtió en una situación rutinaria.
El imperio del mercado y del marketing vaciaron de contenido, de ideas y propuestas a las contiendas. El voto cuota se originó en los triunfos del oficialismo explicados por la necesidad individual de mantener el esquema económico debido al endeudamiento de las clases medias.
Se tendió a la despolitización de los Actores Sociales hasta la irrupción de la crisis de 2001, el detonante de la cual fue la renuncia de Chacho Álvarez debido a la denuncia de la compra de votos en el Senado. Los cacerolazos hacían hincapié en la representación política y en los vicios de la conducción del sistema republicano.
La normalización del sistema político vino de la mano de frentes electorales y partidos nuevos. Por más que se utilicen figuras bien instaladas en los medios de comunicación, de supuesto progresismo, las viejas adscripciones siguen funcionando. Se agrega la tendencia de querer confundir al electorado con la labilidad de los calendarios electorales.
En contrapartida, existe un convencimiento ciudadano acerca de los valores democráticos, expresados en los cacerolazos tendientes a profundizar este régimen y defender las garantías ciudadanas. Por ello, se manifiesta la contradicción entre el aparente y real desinterés del electorado.

Pactos, acuerdos, respeto constitucional
La ausencia de concertación, acuerdo o compromiso entre los principales partidos estableció las características del sistema de representación. Entre el peronismo, que se creía invencible, y el radicalismo, sorprendido por su propio éxito, quedaron postergadas las posibilidades de alcanzar mínimos compromisos.
El acuerdo mínimo debió ser el respeto a la Constitución. Sin embargo, la dinámica de la transición imposibilitó la confluencia de intereses y el sostenimiento del compromiso en la búsqueda de un orden menos agresivo y confrontativo. La misma se basó en la puja (Pacto de Olivos) y la imposición (modificación del Consejo de la Magistratura), más que en la negociación o el cumplimiento.
La transversalidad de las lealtades, la ausencia de acuerdos mínimos, el movimientismo y el síndrome fundacional, se contrapusieron a una opinión pública independiente que le dio estabilidad sistémica a la JD, la cual se superpuso a la debilidad del régimen y el proceso de despolitización.
La aparición de sectores sociales nuevos alimentó en apariencia a las corrientes ideológicas propulsoras de que todo esté peor. La omnipotencia de la presidencia parecía alentar cada crisis o la oportunidad de una refundación.

7. La refundación permanente
El síndrome fundacional
El síndrome fundacional es la compulsión presente en la política por la que aquellos que alcanzan el poder político, creen poder inaugurar una nueva era histórica. Nada de lo que les viene dado les parece útil y encuentran necesario denigrar el pasado y reinventar la historia. Esto lo hacen generando nuevos símbolos y estableciendo lealtades para fundar lo nuevo.
La intención parece ser la de generar un orden social, un modelo de desarrollo económico y una cultura que se extienda más allá de su propia persona. Por ello, la necesidad de alargar los períodos presidenciales y la fundación de movimientos políticos.
La discontinuidad de las políticas implementadas entorpeció las posibilidades de la consolidación democrática. Al estar extremadamente pendientes de la imagen electoral, las herramientas económicas, que providencialmente evitaran situaciones de disolución, fueron confundidas con la obtención del gran Plan.
Al haber alcanzado situaciones macroeconómicas de estabilidad y de crecimiento mediante las soluciones circunstanciales para el déficit, la inflación, la falta de inversión, fue tomada como si constituyeran un sofisticado plan de desarrollo económico. Confundir la herramienta con una maquinaria puesta en marcha mediante acuerdos políticos a largo plazo alimentó la sensación fundacional.

Las personalidades y el liderazgo
Tanto el oficialismo como la oposición entienden el juego político desde la confrontación, tendiente a la aniquilación en busca de un pensamiento único.
Destruyendo al enemigo, se promueve borrar vestigios de los demás para fundar un nuevo orden. Las comparaciones han sido evitadas. Nadie quiere ser asociado ni siquiera con los próceres.
Kirchner creó su propia emergencia en las elecciones de renovación legislativa de 2005, recién a partir de allí pudo mostrarse como un nuevo fundador.
El halago colectivo se basa en llenar la Plaza de Mayo y todos han intentado que la gente les transmita su calor en una plaza llena. Al menos en un buen trato con la prensa. No hay posibilidades en esta democracia republicana de establecer una censura pública pero sí existen otros mecanismos: ausencia de información, escasez de contacto con la prensa, presentación de datos estadísticos recortados de la realidad, entre otros. Además, Telam, Canal 7 y Radio Nacional se han convertido en organismos gubernamentales y no en instrumentos republicanos más independientes.
Otra cuestión relacionada con el oportunismo político es la conformación de las fórmulas presidenciales. La búsqueda de Vicepresidentes se orienta a que representen jurisdicciones diferentes a las del postulante principal, que sean aceptables para diferentes franjas del electorado, que aporten sus propios votos y no opaquen al Presidente.

Movimientismo y mercado político
La estrategia dependió de los recursos disponibles del Estado y en lograr apoyos para concretar los proyectos imaginados por cada uno.
Se creyó que siempre hubo masas capaces de mutar tras liderazgos que asuman características específicas y la existencia de punteros políticos en disponibilidad.
La crisis del 2001/2002 dio la impresión de que las masas realmente no estaban dirigidas por lo que estaban disponibles para nuevos movimientos. La tendencia al movimientismo incluyó el intento por crear nuevas liturgias abandonando las existentes. Por ello, la cuestión del manejo de la imagen a través de los medios de comunicación se hizo una permanente cuestión de Estado.
El movimientismo es asumido como un modo de asegurar la gobernabilidad, por lo que se ha intentado construir alianzas implícitas en base a las corporaciones. El mismo requirió bases gremiales y apoyo empresarial. Sus entendimientos con los gobiernos solo se han sostenido cuando el beneficio para sus cúpulas fue superado.

Reelecciones
Todos los presidentes ensayaron alguna forma de reelección, prolongación o perpetuación en el poder. Algunas provincias reformaron sus constituciones para permitir al reelección indefinida de sus gobernadores. No obstante, las promesas de renovación solo refuerzan los vicios y las falencias preexistentes. La justificación de éstos se expresa en relación a la necesidad de continuar la obra iniciada, de no interrumpir lo que se comenzó a construir.

Planes fundacionales
La inflación influye negativamente en el humor poblacional y en la conformación de la opinión pública. Por lo tanto, estabilizar las variables macroeconómicas son preocupaciones cotidianas.
Los planes iniciales dan lugar a la ilusión cortoplacista de resolver los problemas. La sorpresa de los resultados obtenidos ha llevado a encantarse con los mismos y a no avanzar en otras reformas de la economía. Eso los habilita a no requerir de acuerdos con la oposición política, abandonando la sensación fundacional.
El plan nacional (Grinspun 1983): la intención fundacional, adoptando un modelo nacional favorecedor de la burguesía local y la clase obrera, fracasó por incomprensión de la situación real de la economía, dando lugar al desencanto y la urgencia por encarrilar la economía.
El plan heterodoxo (Sourruille - 1985): implementación de un plan que permitiría reducir la inflación para dar un clima social más propenso a la inversión. El Plan Austral contó con el apoyo del FMI y USA. Pero sus primeros éxitos llevaron a confundir una serie de instrumentos que tenían un fin macroeconómico preciso con un completo de desarrollo para el largo plazo.
El plan nacional (Bunge y Born - 1989): basado en una confusión respecto a la composición del capital, Menem le dio protagonismo a la burguesía nacional. Presentado como una alianza entre grandes empresas nacionales y la clase obrera, convocó a dirigentes de Bunge y Born. Un rápido fracaso llevó a la segunda hiperinflación y la incautación de depósitos bancarios transformados en bonos a largo plazo.
El plan ortodoxo: la Convertibilidad (Cavallo - 1991): es una herramienta instrumental que logró frenar la inflación mediante la convertibilidad del peso y el dólar. Junto con las privatizaciones, la prosperidad permitió la modernización de algunos sectores. Frente a la imposibilidad de una segunda reelección, el gobierno desatendió las señales que mostraba la economía preanunciando el agotamiento. Problemas fiscales, pérdida de competitividad y una programación de la deuda externa con fuertes vencimientos para los años inmediatos fueron su legado.
Los ajustes (Machinea – 1999) y el abrupto final de la Convertibilidad: el gobierno de la Alianza no pudo encontrar solución a la necesidad de ajuste fiscal ni en los intentos por reprogramar los vencimientos de la deuda.
Adolfo Rodríguez Saá y otra “nueva” Argentina (2001): en solo 5 días, dio indicios de proyectos fundacionales con nuevas simbologías, interlocutores y tradiciones. Declaró la cesación de pagos de una parte de la deuda externa, anunció su solución para la proliferación de las cuasi monedas mediante una nueva moneda nacional, prometió la abundancia de crédito para reabrir las industrias y atender a los requerimientos de ajustes salariales. Sus soluciones eran impracticables.

La transitoriedad es una dinámica tendiente a lograr los beneficios de un primer gobierno de transición, que recurre a situaciones extremas en los cambios de gobierno pautados constitucionalmente o que fuerza alternancias desde la oposición. Es útil en la obtención de altos niveles de discrecionalidad devenidos de la emergencia.
Además, la estructura de representación y participación política y el sistema de partidos son proclives al movimientismo o transversalidad.
A su vez, los sectores políticos han desactivado la fuerte politización inicial, procurando un proceso de desapego a la democracia, despolitizando a las grandes masas y constituyendo redes sustentadas en punteros y dirigentes. Acompañándose del marketing político procuran la instalación de figuras políticamente correctas.
Las condiciones para establecer esto parten de la imposibilidad de establecer mínimos pactos y dirigir el proceso. El hallazgo circunstancial de herramientas se confunde rápidamente con la existencia de un plan fundacional. De tal forma, el largo plazo del país queda relegado.
Los sucesivos gobiernos se preocuparon más por la estabilidad de corto plazo, la gobernabilidad, relegando la estabilidad sistémica a la confianza en la inexistencia de actores que pudieran cambiar el sistema y a las condiciones internacionales; los gobiernos debieron resolver la estabilidad que alejara los riesgos sobre su continuidad como administración y les diera capacidad ejecutiva y el alejamiento de los riesgos que podían llegar a afectar al sistema democrático.