El autor de este resumen recomienda:

IMPORTANTE

SE RECOMIENDA LEER LOS APUNTES ANTES DE LOS RESÚMENES. ESTOS RESÚMENES TIENEN EL FIN DE AYUDAR AL ALUMNO COMO UNA COMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO. NO DEPENDA DEL ESFUERZO DE LOS DEMÁS.

 

SISTEMA SOCIO – ECONÓMICO Y ESTRUCTURA REGIONAL ARGENTINA. CAPÍTULO V: QUINTA ETAPA

Rofman y Romero

La restauración democrática y el fin de las ilusiones. El presidente Alfonsín (’83/’89) tenía que hacer que los poderes corporativos (sectores empresariales, el movimiento obrero, las FFAA, etc.) se sometieran para consolidar un conjunto de reglas capaces de zanjar los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La ausencia de estructuras organizativas de ese amplio espectro civil fue haciéndole perder fuerza y presencia al proyecto gubernamental. La vigencia de las instituciones republicanas no bastaba para desarmar la trampa económica heredada del gobierno militar y responder a los reclamos populares. Así, las estructuras corporativas se convirtieron en mentores (guías) del acuerdo del gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional), para regularizar el problema de la deuda externa.
Este gobierno se debilitó y malgastó el primer año en medio de las dudas, los pasos errados y la carencia de precisión en las determinaciones. Deben computarse a favor del gobierno de transición democrática el afianzamiento de las libertades democráticas y el encarcelamiento y enjuiciamiento de las Juntas Militares que encabezaron la represión durante la última dictadura.
A la ofensiva de los acreedores del impagable e ilícito endeudamiento se sumó la nueva estrategia a escala del capitalismo mundial y de los organismos de financiamiento multilateral. A principios de 1983, tras la traumática moratoria de la deuda externa mexicana y la impresionante suba de las tasas de intereses, se impone a los países dependientes y deudores el modelo de Ajuste Estructural. Desde entonces, la prioridad de los que asumían a su cargo el pago de la deuda externa es asegurar que se “honren” los compromisos financieros internacionales.
A su vez, avanzan las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas fruto del proceso de reestructuración de la economía capitalista internacional. El marco conceptual de este proceso descansa en el enfoque neoliberal de la estrategia de crecimiento que afirma y acentúa el proyecto implementado en el ’70/’80 en los países del Cono Sur de América Latina.
La estrategia del Ajuste Estructural cumple 2 objetivos:
-Compromiso en el pago de la deuda externa.
-Insertar a las economías de los países dependientes en el nuevo escenario económico internacional (neoliberalismo).
El principal argumento para viabilizar el proceso de transformación estructural es la exagerada injerencia y el elevado coste que implican seguir manteniendo el Estado de Bienestar. El Estado, entonces, debe reducirse en tamaño y aumentar en eficiencia para ser menos gravosa la actividad privada y su intervención reguladora debe ser drásticamente suprimida.
El recetario concreto de este enfoque se va imponiendo en la sociedad tanto a un nivel de conciencia social como de la acción gubernamental. A dicho recetario se lo puede resumir así: las estrategias que se adoptan “…son la privatización, la apertura comercial y la financiera, la desregulación y la estabilidad”.
La persistencia de la inflación a tasas desmedidas altas contribuye a la aceptación de este programa.

Del ’83-’87 las acciones políticas empleadas tuvieron escasos resultados. El intento inicial fue el de acordar con los acreedores un plan de pagos que no dificultara la acumulación interna y difiriera los compromisos preexistentes. Luego, en el consenso de Cartagena, se intentó constituir un “club de deudores” para afrontar conjuntamente con otros países latinoamericanos el proceso de negociación con los acreedores externos. A los sucesivos fracasos de estas iniciativas se sumó la perdida de la credibilidad en la palabra oficial por parte de la civilidad hacia 1987.

El poder económico concentrado, la CGT y los bancos acreedores jugaron un fuerte rol en la estabilidad de las relaciones económicas y sociales, cada sector defendiendo sus propios intereses y produciendo una confrontación permanente que generaba resultados desfavorables para el conjunto de la sociedad, aceleraba la tasa inflacionaria e impedía acumular el poder interno para negociar externamente.
Sin embargo, el modelo de Ajuste Estructural, tuvo dificultades para ser implementado en toda su dimensión, en especial en el aspecto de privatizaciones y de la apertura externa. La oposición parlamentaria impidió que se implementaran los primeros avances concretos de la reestructuración económica a nivel estatal.
Entre ’85-’89 se vieron cuatro años de crisis económicas recurrentes, de conflictos sociales generalizados, de discusiones fracasadas con los acreedores eternos o de compromisos con el FMI incumplidos y de persistencia de un clima económico – social que acentuó el retroceso productivo y la regresividad social.
El “golpe de mercado” final, que derrumbó todas las ilusiones del gobierno en encontrar una senda de negociación con el FMI y los bancos acreedores, fue el derrumbe del Plan Primavera, ideado en 1988. Este acuerdo intersectorial e internacional apuntaba a reducir la inflación y llegar a puntos de coincidencia con los acreedores externos, a quienes se les había suspendido los pagos por intereses a principios de año.
La banca financiera multilateral, los acreedores externos, los grandes grupos económicos y la dirigencia política opositora decidieron que era preferible apostar al candidato opositor y descartar todo tipo de acuerdo con el proyecto oficialista.
En 1989 la presidencia de Alfonsín termina por: los intereses de la correlación real de fuerzas que actuaron en su contra; el acelerado crecimiento de los precios entre marzo y mayo de 1989 que terminaron con el Plan Primavera y las perspectivas del radicalismo; y el rechazo social que se agudizó con el incremento del tipo de cambio y del nivel de precios. De esta manera el gobierno es entregado de manera anticipada, en medio de tumultuosas protestas populares y los saqueos y asaltos a comercios.
Atilio Borón dice: “…el debilitamiento del Estado, esto es su creciente incapacidad para formular y ejecutar políticas debido a las restricciones que impone a su accionar la deuda externa”.
El Estado carece de posibilidades de ir definiendo políticas y sus posibilidades de implementación “…están dadas por la amplitud de los resquicios o la flexibilidad relativa de los acuerdos firmados con los amos de la deuda”.
La crisis hiperinflacionaria de mediados de 1989, compartida entre el gobierno saliente y entrante (Menem), eleva a cifras inéditas los niveles de pobreza y desocupación y coloca a la nueva administración en los umbrales de aplicar el programa del Consenso de Washington.

La reestructuración económica y social y el “Ajuste Expansivo” (1989-1995). El segundo periodo democrático (gob. de Menem), en el corto plazo, produce desajustes y reestructuraciones acordes a una política económica y social opuesta a los objetivos del poder económico nacional e internacional. Luego, en el mediano plazo, se opta por ajustar la estructura decisional y las estrategias económicas pero a favor del poder. Los argumentos se basaron en 2 supuestos:
-Es preciso sanear la situación financiera estatal, fuertemente comprometida por la elevada deuda pública a corto plazo, expresada en Bonos del Tesoro, por lo que un periodo transicional resulta indispensable, y
-Esta política económica requiere ser consecuente con los citados intereses siguiendo los principios del Consenso de Washington, implementando todas sus recomendaciones, en especial aquellas que se vinculan con la apertura externa y las privatizaciones.

El supuesto detrás del alineamiento incondicional es que las sucesivas crisis económicas previas solamente podrían superarse si el “establishment” interno y externo reconocía ese nivel de adhesión y podía participar plenamente de los negocios que se habrían tras el proceso de venta de los activos estatales. Entonces, como consecuencia de los favores recibidos, iba a apoyar, con inversiones, el proceso de reanudación del crecimiento económico.
El proyecto oficial cuenta con el desencanto de toda acción confrontativa, con el discurso oficial permanentemente repetitivo de que no existe otro proyecto económico viable y con el silencio y aun el apoyo de la cúpula de la dirigencia sindical.
La inserción eficiente en el mercado internacional obliga a asumir el desafío de la competitividad y el ingreso a nuevos mercados a partir de una plataforma más amplia que el mercado nacional. La Argentina y el Brasil estimulan la creación de un acuerdo de Integración Regional, que incluye a Paraguay y Uruguay, en su primera etapa. Este acuerdo apunta a constituir desde 1995 una Unión Aduanera que comprenda a esos cuatro países. La desaparición de las fronteras interiores para el tránsito de bienes y de personas, el establecimiento de un Arancel Externo Común y la armonización de las políticas macroeconómicas, son las herramientas fundamentales para concretar este paso inicial de integración en el Cono Sur.
En el ’96, la sanción de la legislación de emergencia que posibilita al Poder Ejecutivo operar con total libertad en la transformación del Estado se suceden la decisión de esterilizar los bonos de la deuda interna y el inicio de la venta de los activos estatales.
El Plan de Convertibilidad de 1991 apuntó a restablecer la confianza de los centros financieros internacionales. Al establecer un tipo de cambio fijo y convertir la moneda argentina en un apéndice del dólar, se renunció explícitamente a todo atisbo de política monetaria y cambiaria autónoma. Se justificó esta extrema rigidez en la necesidad de asegurar la estabilidad de precios y vencer la hiperinflación. El Estado renunció, así, no solamente a la emisión sin respaldo en reservas de oro y divisas para garantizar la Convertibilidad, sino que se comprometió a no financiar un eventual déficit con la citada emisión, por lo que el nivel de circulación interna dependió del monto de recursos acumulados en el Banco Central en activos externos.
La política económica, a partir de la Convertibilidad apuntó a obtener suficiente superávit fiscal como para que su monto fuese equivalente a los compromisos derivados del endeudamiento externo. Esto implico la necesidad de alentar la recaudación impositiva, incorporar parte de la venta de los activos estatales a las arcas fiscales y contratar empréstitos externos e internos para alcanzar el citado excedente anual.
El Plan impuso “el Ajuste Expansivo”. Como el grueso de los impuestos, que percibe el fisco, están constituidos por gabelas (impuestos) al consumo, fue preciso estimular la expansión de las ventas para obtener los ingresos tributarios necesarios a fin de asegurar la existencia de superávit presupuestario. Entonces, el crecimiento económico es un requisito fundamental del Plan.
A su vez, el proceso de privatizaciones resulto ser el mejor mecanismo para amigarse con el selecto conjunto de grupos económicos.
La apertura externa también resulto un mecanismo de rápida adaptación a los principios del Ajuste Estructural y se practicó sin ninguna defensa a competidores internacionales.
Las importaciones crecieron espectacularmente frente a una expansión moderada de las exportaciones, lo que provocó un mayor nivel de desequilibrio en la Balanza Comercial y el cese de las actividades instaladas en el país por no tener protección del Estado ante una competencia ruinosa.
La diferencia en la tasa pasiva de interés entre los centros financieros mundiales (baja) y los de la Argentina (mucho más altos). Este ingreso de fondos especulativos sirvió para incrementar el crédito al consumo y permitir la expansión productiva, indispensable para obtener ingresos tributarios. Así se cerraba el circulo, pero con un costo financiero insoportable de afrontar para las actividades productivas pequeñas y medianas. A partir de fines de 1994, cuando se interrumpe el flujo de ingresos especulativos, un nuevo factor agravante de plantea. Ante la crisis económica del país del Norte se producen, en nuestro país, emigraciones de capitales hacia el exterior y corrida bancaria, con la consiguiente reducción drástica del nivel de los depósitos. Ello provoca un desmedido incremento de la tasa de interés interna, el cese de crédito tanto al consumo como a la producción y la caída de numerosos bancos.
Ahora sí, desde fines de 1994 tener un crédito bancario implica contar con un verdadero “salvavidas de plomo”.
El proceso de concentración económica se debió a la ausencia de una política de apoyo integral a las PYMES. La presencia cada vez más dominante de grandes conglomerados productivos empujó fuera del mercado a numerosas PYMES dedicadas a actividades similares.

La consecuencias aludidas se pueden resumir en 3 procesos singulares: el explosivo crecimiento del desempleo y el subempleo estructural aun en medio de una expansión productiva en el periodo ’91-’94, las sentencias cada vez más desalentadoras en las condiciones de vida de la población y una redistribución del ingreso con un perfil de creciente regresividad. Estas signan el periodo de la Convertibilidad.

A su vez, entre ’91-’95, se registró un proceso de crecimiento de la producción, que fue selectivo y altamente heterogéneo en términos de sectores de actividad y localizaciones geográficas. Los rubros más favorecidos estuvieron encabezados por el sector automotor, los electrodomésticos, las agroindustrias y el petróleo.
En 1994, el inicio del Plan Real acentuó la presión compradora en el mercado argentino de productos como el arroz, los cereales dela Pampa Húmeda, derivados de los lácteos, electrodomésticos y diversos tipos de alimentos manufacturados.
El grueso de tales actividades productivas, tanto las destinadas al mercado interno de elevados ingresos como las requeridas por la población de ingresos bajos y medios que se endeudó a fin de acceder a bienes de consumo duraderos y, también, las orientadas al mercado externo fueron ofrecidas a los respectivos mercados a través de empresas manufactureras líderes en el mercado. Esa expansión se truncó a principios de 1995 por causas diversas, con una caída que retrotrae las cifras del producto por habitante a prácticamente el punto de partida de la era de la Convertibilidad.