PERÍODO POSDICTATORIAL 1983-2001 

En el gobierno de Alfonsín (1983-1989) primó el factor de la transición con una débil consolidación democrática.

En el gobierno de Menem (1989-1999) se consumó la transición con un fuerte consolidación democrática de tipo neoliberal.

En el gobierno de De La Rúa (1999-2001) entró en crisis la hegemonía neoliberal fracturandose en 2001.

PRESIDENCIA DE ALFONSÍN (1983-1989):  El discurso ético político que dio Alfonsín durante su campaña electoral se basó en la Constitución Nacional y en los Derechos Humanos, dando orígen a un nuevo ciclo democrático. Asumió la presidencia el 10 de diciembre del 83. El 1ero de diciembre pronunció un discurso en el que dejó bien en claro que debe entenderse por democracia, no la dictadura de las mayorías sino un sistema caracterizado por el pluralismo, reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar diversidades y discrepancias. Para él, la democracia era sinónimo de “tolerancia, racionalidad, respetuo mutuo y soluciones pacíficas a los conflictos”. En sus comienzos, fomentó la participación y el resurgimiento de las instituciones pero esto estuvo acompañado de muchísimas demandas de la población producto de los años de dictadura militar. Los grandes apoyos eran del radicalismo (aunque siempre mantuvo una distancia con este durante su gobierno) y toda la civilización que lo respaldó.

Política Laboral: Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la estructura gremial argentina. La Ley de Reordenamiento Sindical o Ley Mucci (por el Ministro de Trabajo Mucci). Esta buscaba: Incluir a las minorías en las cúpulas sindicales, renovar los cargos, garantizar elecciones a través de la intervención de la Justicia Nacional Electoral, separar los fondos de las obras sociale de los fondos sindicales y permitir la creación de nuevas organizaciones. Estas medidas fueron muy resistidas por los dirigentes gremiales, y finalmente, el Senado, de mayoría peronista, rechazó este proyecto.

La CGT llevó a cabo 13 paros nacionales que fueron más “políticos” que “sociales” siendo direccionados por los peronistas como intento de obstruir la forma de accionar política del gobierno radical. Todas las huelgas durante el gobierno de Alfonsín fueron utilizadas como arma para asegurar el control de los sindicatos de la CGT y para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. La CGT argumentaba que el gobierno subordinaba a los reclamos y exigencias del FMI y lo cierto es que el gobierno buscaba conseguir respaldo financiero y político de los organismos internacionales como fuente de legitimidad para las políticas económicas del Estado.

En 1987 Alfonsín elaboró una nueva ley sindical que fue aprobada en el 88 y muy bien recibida por los sindicatos y los diferentes partidos políticos. Esta ley aseguraba la libertad sindical, en cuanto a la organización y acción de los sindicalistas, y aseguraba a los trabajadores el derecho de construir libremente y sin necesidad de aviso previo, asociaciones sindicales.

Derechos Humanos:  En los últimos años de dictadura, se decretó una autoamnistía que absolvía de toda responsabilidad al régimen de facto, que ordenaba eliminar todo tipo de registro vinculado con la represión y que pudiera contribuir a la construcción de una memoria colectiva y pretender que los actos de represión más sangrientos que vivió el país no hubiesen existido. Esta “Ley de Pacificación Nacional”, fue resistida por amplios sectores de la sociedad y actores particulares como las Madres de Plaza de Mayo y la hicieron declinar.

CONADEP: La creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) presidida por Ernesto Sabato, fue fundamental para reunir pruebas sobre el destino de los desaparecidos, los secuestros, prisiones secretas, torturas y asesinatos.

LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS: Esta supone que la última dictadura se dio en un contexto de violencia generado por dos extremos: el accionar del demonio guerrillero que provoca la respuesta del demonio de las Fuerzas Armadas, y que en medio de este contexto de violencia quedó toda la población civil que no formaba parte de ninguno de estos dos grupos y que fue víctima de los enfrentamientos de ambos demonios. Esta teoría les sirvió a los militares y  a los ideólogos de derecha para justificar su accionar; aunque se sabe muy bien que no fue una guerra, sino un genocidio, porque si el Estado es la única institución que posee el monopolio de los medios de coerción, a partir del 24 de marzo del 76, esos medios fueron utilizados de manera sistemática para identificar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de mujeres, hombres y niños, por lo tanto fue todo sistemáticamente planificado y ejecutado, y no hubo lugar para “dos demonios”.

Juicio a las Juntas: El presidente se propuso “la subordinación de las FFAA al poder civil, al poder emanado de la Constitución y de la voluntad popular. La estrategia gubernamental siguió estos tres puntos: Se preveía la jurisdicción militar como instancia competente para juzgar los delitos cometidos durante el proceso; Para no inculpar a toda la institución militar por la represión, se definieron tres niveles de responsabilidad: 1)a los que planificaron y ejecutaron la supervisión, 2) los que actuaron sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes, y 3) los que cometieron “excesos” en el cumplimiento de las directivas superiores.; la creación de la CONADEP.

Esta intención del gobierno fracasó ya que las cortes militares no accedieron a realizar los juicios. El 22 de abril del 85 comenzaron las audiencias del Juicio Oral y Público. Tampoco se logró que la cámara utilizara los niveles establecidos anteriormente. Este juicio fue histórico ya que se realizó en un contexto político con amenazas de levantamientos militares y hostigamiento al poder político. Además, se convirtieron los testimonios de las víctimas y de los testigos de violaciones graves a los derechos humanos en evidencia jurídica, y con toda esta información difundida, la sociedad argentina comenzó a reconocer lo ocurrido en esos años tomando conciencia del horror.

Sublevaciones militares: Los “Carapintadas” fueron militares que llevaron a cabo los alzamientos entre el 87 y 1990. Se alzaron contra las fuerzas del gobierno buscando finalizar los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del Terrorismo de Estado. Algunos fueron arrestados y condenados a prisión, pero la mayoría no fue castigado y fueron indultados por Menem en el 89. Producto de la presión carapintada sobre el gobierno se sanciona la Ley de Obediencia Debida, precedida por la de Punto Final en el 86.

Leyes de impunidad: LEY DE PUNTO FINAL (DICIEMBRE DEL 86): A un año del juicio contra los militares, los levantamientos militares hicieron que Alfonsín promulgara la ley de Punto Final, la que prescribía que en un plazo de 30 días, se recibirían todas las acusaciones y denuncias contra los militares en la justicia opr la violación de los derechos humanos, y luego de ese plazo no se aceptaría ni una denuncia más.

LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA (JUNIO DEL 87):  El malestar que generó que antes que terminara el plazo fijado por la Ley de Punto Final, la justicia haya procesado a unos 500 militares, desencadenó la rebelión “carapintada” en Semana Santa del 87. Ante esa presión, Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida que absolvía a todos los militares de rango intermedio y menor, desprocesando a 300 oficiales y suboficiales involucrados en la represión, considerando su subordinación a la autoridad superior. Es importante señalar que ambas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el gobierno de Kirchner, y todos los asesinos del proceso militar fueron condenados.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA:

Argentina se encontraba en una grave situación económica y problema con la deuda externa; en este período, no se realizaron las reformas estructurales económicas que le hubieran dado un marco de estabilidad a la modernización democrática, demostrando la insuficiencia de una política al no tomar en cuenta la transformación de las condiciones de la economía mundial, latinoamericana y nacional luego del 75: el deterioro del aparato productivo y la nueva economía sentada en la especulación y la deuda externa.

Crisis económica: La inflación desatada desde mediados del 82, estaba “institucionalizada” y “todos los actores habían incorporado a sus prácticas la incertidumbre y la especulación”. El déficit fiscal y la deuda externa constituían la economía estancada desde principios de los 80, que era cerrada, ineficiente y vulnerable a lo externo. Escaseaban los empresarios dispuestos a arriesgar y apostar por el crecimiento.

Plan Grinspun: Durante el primer año de gobierno, la política económica de Grispun se ajustó a las fórmulas dirigidas y redistributivas clásicas. La mejora de las renumeraciones de los trabajadores junto con los créditos de los empresarios sirvieron para la reactivación del mercado interno. Su política confió en que: 1) Los recursos clásicos del Estado para regular el funcionamiento de la economía (control de precios y salarios) alcanzaría para enfrentar la crisis, 2) Los acreedores externos tendrían “comprensión” frente a un gobierno democrático.

Esta política tuvo como oposición a distintos sectores empresarios, considerándola como populista e intervencionista estatal; y a la CGT, con su oposición de raíz por política.

En el 83 la inflación estaba altísima y Alfonsín anunció que el país entraba en una “economía de guerra”. Reemplazó a su ministro de economía por Sourrouille., quien puso en marcha el Plan Austral, recibido muy bien por la población. Este plan tenía como objetivo superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía a corto plazo, pero lo más urgente era detener la inflación. Las medidas principales fueron: Se congelaron precios, salarios y tarifas de servicios públicos; Se regularon los cambios y tasas de interés; Se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal y se eliminaron los mecanismos de indexación; y x ultimo, se cambiaba la moneda y el peso era reemplazado por el austral. Rápidamente el plan logró frenar la inflación y así se ganó el apoyo general. No hubo caída de la actividad ni de la desocupación y los acreedores externos se sentían tranquilos por la manifiesta intención del gobierno de cumplir los compromisos. Aunque a fines del 85 se advirtió la vuelta de la inflación y el gobierno en abril del 86 debió reconocer con un “sinceramiento” y un ajuste parcial. Volvieron a aparecer las demandas que realimentaron la inflación: La CGT contra el congelamiento salarial, y los empresarios liderados por los productores rurales, que se movilizaron contra el congelamiento de los precios. Ambos coincidían en un reclamo común contra el Estado. La reconciliación de los dos grandes sectores corporativos del país (CGT y CCE) supuso un fuerte deterioro del gobierno radical, la inestabilidad y la sensación de falta de gobernabilidad fueron crecientes.

Plan Primavera 1988: En el 88, el gobierno lanzó un nuevo plan económico llamado “Plan Primavera” con el propósito de llegar a las elecciones con la inflación controlada, agregándole al congelamiento de precios, salarios y tarifas, la intención de reducir el déficit estatal para conseguir el apoyo de los acreedores externos. A diferencia del Plan Austral, este plan marchó de entrada con dificultades: la predisposición de los sectores en mantener el congelamiento de los precios fue escasa, los ajustes en los gastos fiscales fueron resistidos y la negociación con las principales entidades externas fue lenta.

Crisis “hiperinflacionaria” 1989: Cuando el economista Cavallo recomendó al Banco Mundial y al FMI que limitara sus créditos al gobierno argentino, estos anunciaron que no lo seguirían respaldando y todo se derrumbó. En el 89, el gobierno anunció la devaluación del peso (devorando fortunas y ahorros de quienes no se retiraron a tiempo) y se inició un periodo en que el dólar y los precios subieron y la economía se descontroló, entrando en una hiperinflación que destruyó el valor del salario y la moneda misma, afectando también la producción y la circulación de bienes.

FIN DEL GOBIERNO DE ALFONSÍN: El fin del gobierno de Alfonsín estaba previsto para el 10 de diciembre del 89, pero las complicadas circunstancias (saqueos, hiperinflación, sublevación militar, la masacre de La Tablada) obligaron a adelantar las elecciones para mayo del 89. Esta sería la primera vez en la historia que un gobierno democráticamente electo transfería por la vía democrática el poder a la oposición (Menem).

PRESIDENCIA DE MENEM (1989-1999):  Menem asumió pronunciando un discurso que atrajo  a las masas populares en el que prometía combatir la crisis mediante una “Revolución Productiva” que terminaría con la especulación financiera y un “salariazo” que consolidaría el mercado interno. El presidente inició un proceso de apertura económica, reducción del gasto público social y la desregulación económica industrialista. Al mismo tiempo, comenzó a partir de 1991, un plan de privatización y concesión que incluía la totalidad de las empresas que desde la epoca de Peron eran propiedad del Estado.

Durante  la presidencia de Menem, los períodos hiperinflacionarios (considerados como “contexto de catástrofe” en el gobierno de Alfonsín)  fueron interpretados para los sectores dominantes locales como la oportunidad para adoptar las políticas neoliberales o de “Refundación de la Nación”. Por otro lado, “se destacó una concentración del poder en el ejecutivo: los decretos de necesidad y urgencia, el veto presidencial y el disciplinamiento de los legisladores partidarios colocaron al presidente en el centro de la escena política debilitando al Parlamento, de hecho, el Poder Ejecutivo presentaba al Legislativo como una institución que entorpecía su accionar. Asimismo, el control de la Corte Suprema también se presentó como estratégico e indispensable para el proyecto presidencial y personalista. En definitiva, el Poder Ejecutivo buscó desplazar al Legislativo y subordinar al Judicial. Puede constatarse, que durante el gobierno de Menem se vieron índices de corrupción nunca antes vistos que potenciaron la degradación institucional, dejando al Congreso sin su razón de ser y fomentando un rechazo hacia los partidos políticos y las instituciones representativas en general.

Indulto a los militares 1990: Con el argumento de la necesidad de reconciliación nacional y pacificación, en diciembre del 89, Menem firmó el primer decreto de indulto que benefició a cientos de militares y civiles. A pesar de las masivas movilizaciones en contra, en diciembre del 90, se firmó el segundo decreto con el que perdonó a los ex comandantes Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini, anulando las condenas recibidas en el 85 y aplicando la “teoría de los dos demonios”. El perdón favoreció a alrededor de 1200 personas incluyendo a represores y líderes guerrilleros. Recién en 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos con el que Menem había beneficiado a altos jefes y otros militares.

Reforma Constitucional del 94: En el 93, se lanzó la idea de reformar la Constitución para establecer la reelección. Pero en el 93 se conoció que Menem y Alfonsín habían acordado en lo que se llamó “Pacto de Olivos” promover una reforma de la Constitución en la que Menem accedía a la posibilidad de la reelección al tiempo que Alfonsín lograba limitar los poderes presidenciales.

Reforma Educativa: En el 92 se sancionó la Ley de Transferencia por la cual se transfirieron las escuelas primarias, medias y terciarias de la Nación, a las provincias. Esta obedecía a una doble lógica, una política y una financiera. Desde lo político, se pretendía desarticular las luchas docentes. Los gobiernos provinciales debieron afrontar una situación difícil ya que  se transfirieron las responsabilidades pero no los recursos económicos para solventar la educación. LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN (1992): Esta establecía que el sistema nacional de educación estaba constituido tanto por las instituciones privadas como por las estatales siendo la única diferencia la gestión. Las escuelas privadas tendrían a partir de ahora derecho a formular planes y programas de estudio, otorgar títulos  y recibir aportes monetarios provenientes de fondos públicos. Queda en claro que esta ley ayudó en el avance de las escuelas privadas produciendo una fragmentación y heterogeneización del sistema educativo argentino.

Mercosur: Este, siendo el cuarto bloque económico mundial fue un espacio de integración regional estaba conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

EL MODELO ECONÓMICO:

Reformas estructurales 1989-1991:  Las políticas económicas de la década de 1990 fueron la culminación del “proyecto desindustrializador” neoliberal. Estas reformas fueron las siguientes: 1) La apertura comercial y financiera que gracias a la reducción de las barreras arancelarias, promovió un ingreso masivo de inversiones extranjeras y u proceso de importación de productos tecnológicos que, junto con el incremento de las tasas de interés, terminó generando un proceso creciente de desindustrialización. 2)Las políticas de flexibilización laboral que realizadas con el pretexto de reducir costos y aumentar la productividad, terminaron empobreciendo a muchos grupos sociales. 3) El proceso de privatización de las empresas públicas que acabó promoviendo un crecimiento de los índices de desocupación y pobreza. 4) La desregulación de todos los campos de la actividad productiva dio lugar a una libertad tanto para el tránsito de bienes como para los flujos financieros internacionales.

En términos generales, el proceso de ajuste, apertura, liberalización y desregulación se enmarcó en una tendencia mundial que estaba operando en esta dirección.  El “Consenso de Washington” (proceso con espíritu antiestatal y anti clase trabajadora, puesto en marcha a mediados de la década del 70 por los presidentes de EEUU y UK)  propuso en primer lugar, promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y la adopción de políticas liberales de mercado, y en segundo lugar, reducir el Estado.

Menem, apuntó a la conformación de una coalición entre un gobierno que disponía de un fuerte respaldo popular y del aval de los principales empresarios. Claramente este período no se basó en una alianza de clases, porque mientras los trabajadores redujeron su poder social y sus conquistas obtenidas durante el peronismo, los grandes empresarios lograron incrementar fuertemente sus tasas de ganancias mediante un proceso de concentración y centralización del capital en pocas manos, pero sobre todo, se llevó a cabo una reestructuración social que potenció los índices de desigualdad de ingresos, precarización laboral y desempleo.

Plan de Convertibilidad 1991: El plan que sostuvieron Menem y Cavallo fue reducir la inflación y generar un clima de confianza, sin embargo, su modelo se reconoce como el intento de establecer un nuevo y perdurable régimen monetario y cambiario. No se trataría de un simple plan de estabilización, sino, como una reforma de gran envergadura, como fueron las privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación de la economía, entre otros.  Para frenar la suba de los precios se adoptó un régimen de tipo de cambio dijo que igualaba la moneda local a la divisa norteamericana a razón de un peso por dólar, sosteniéndose con las reservas internacionales. Se buscaba terminar con el descontrol de la emisión monetaria, los “desmedidos” aumentos salariales y las expectativas de devaluación.  Estas medidas lograron su objetivos y frenaron la inflación pero también determinó un crecimiento acelerado de las importaciones. La Convertibilidad fue el núcleo de la política de desindustrialización, la dependencia de productos e insumos importados y la terciarización de la economía. Ahora se trataba de una caída del producto y las empresas y grupos financieros podían lograr altos niveles de rentabilidad y valorización de su capital con independencia del crecimiento de la economía.

EFECTOS DE LA CONVERTIBILIDAD:  1)La valorización financiera: La estabilidad cambiaria junto a la tasa de interés elevada reforzó el ingreso de flujos destinados a los negocios financieros potenciando la economía hacia una estructura vinculada con las finanzas, los servicios y la producción primaria. 2)Los nuevos pobres: el avance de la desindustrialización deterioró las condiciones de vida de los trabajadores, el incremento del desempleo y el aumento de la pobreza. 3) Precarización laboral: Estas tendencias apuntaban a flexibilizar el mercado laboral. 4)La deuda externa: Luego de haber agotado los recursos provenientes de las privatizaciones, la necesidad de dólares debió ser aplacada mediante el exponencial crecimiento del endeudamiento externo que les permitiría a los países periféricos disponer de enormes flujos capitales. En síntesis, el Estado se endeudaba para obtener dólares que luego volcaba masivamente al mercado cambiario para mantener la paridad artificial que se había fijado.  Esas divisas abaratadas eran apropiadas por los beneficiarios del esquema y nuevamente giradas al exterior lo que causó que el régimen de Convertibilidad sobreviva durante una década a costo de la acumulación de los desequilibrios económicos y sociales.

PRESIDENCIA DE DE LA RÚA 1999-2001:

SISTEMA POLÍTICO: En diciembre del 99 asumió Fernando De La Rúa y simultáneamente se realizó la elección de la renovación de la Cámara de Diputados. El gobierno estaba dividido teniendo un presidente sin mayoría propia en el congreso, lo que dificultaba la capacidad del Ejecutivo para llevar adelante aquellas políticas públicas que requerían acción legislativa.

Primeras medidas políticas: En los primeros mese de gobierno, el Ejecutivo consiguió el apoyo en el Congreso para aprobar la reforma tributaria (el “impuestazo”), la ley de Reforma Laboral, el presupuesto para el ejercicio 2000, la ley contra la evasión tributaria y la declaración de la emergencia económico-financiera en el sector público. La política económica  de ajustes, recorte de gastos y aumento de los impuestos encarada por el gobierno golpeaba duro a la clase media argentina y la imagen de debilidad e incapacidad del presidente deterioraba la confianza de los ahorristas y de los organismos de crédito externo. El descontento social era cada vez más notable por eso las elecciones del 2001 se caracterizaron por el “voto bronca” a través del cual gran parte de la ciudadanía manifestó su enojo con el gobierno, votando en blanco contribuyendo a disminuir la legitimidad de los que resultaron electos. En el 2001 no solo se renovó la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados, sino la totalidad del Senado de la Nación.

MODELO ECONÓMICO: El radicalismo no solo implicó un cambio en las estructuras clientelares del Estado sino que, sostuvo la Convertibilidad en el plano economico sobre la base de pactar acuerdos con el FMI, organismo que condicionaba su apoyo a que se instrumenten leyes de flexibilización laboral. El Partido Radical no se proponía terminar con la desigualdad social, sino gobernar la pobreza con integridad moral y respeto por las formalidades democráticas.

Con el descontento social, más la crisis económica y la percepción de incapacidad de De La Rúa, en marzo del 2001 renunció el ministro de economía Machinea, quien es reemplazado por López Murphy, quien anunció un recorte de casi dos mil millones de pesos del presupuesto (casi la mitad correspondía al área educativa). Finalmente, a quince días de su asunción, López Murphy dejó el ministerio de economía y se incorpora nuevamente Cavallo, autor de la Convertibilidad.

Ley de Intangibilidad de los depósitos: A fines de agosto del 2001, el Congreso aprobó  a iniciativa del gobierno esta ley, que ratificaba principios elementales del Estado de Derecho: el respeto a los contratos entre particulares y la garantía del derecho de propiedad. La ley prohibía al gobierno que confiscara los depósitos bancarios o que cambiara las reglas y la moneda con que habían sido pactados. La sanción de esta ley “innecesaria” era una luz de advertencia sobre el peligro que corrían los depósitos. Los pocos que confiaron en el gobierno y en esta ley fueron las víctimas del propio gobierno que contradijo la ley por un decreto de necesidad y urgencia tres meses después, lo que se llamó el “corralito”. Éste se implementó el 3 de diciembre de 2001 y el objetivo era detener la fuga de los capitales y lograr que las reservas del Banco Central dejaran de caer. El corralito terminó atrapando a los ahorristas que no sacaron su dinero a tiempo y generó un malestar popular e impactó negativamente en la actividad económica porque paralizó las operaciones cotidianas de compra y venta, dando orígen a los cacerolazos en casi todo el país y terminando de derribar al gobierno.

Tensión con los organismos internacionales: El FMI decide no conceder un préstamo ante la falta de cumplimiento de las metas fiscales en el país. El Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo congelan los préstamos. El superministro admite que el país ha entrado en una “virtual” suspensión de pagos y se traslada urgentemente a Washington para negociar con el FMI el préstamo, pero no lo consigue. El 13 de diciembre se convoca un paro general por parte de los obreros y el comercio. El 13 de diciembre en todo el país, excepto la Patagonia se producen saqueos en supermercados y negocios. El 19 de diciembre, De La Rúa se dirige al pueblo por la cadena nacional pero en vez de anunciar la renuncia de Cavallo o alguna otra medida para salir de la crisis económica, anunció el establecimiento del Estado de Sitio. Momentáneamente la sociedad argentina junto a las Madres de Plaza de Mayo y grupos piqueteros empezaron a juntarse y a caminar hacia el centro, lo que se llamó el “Cacerolazo”, producido en la Plaza de Mayo en la madrugada del 20 de diciembre. Tras la represión que dejó como consecuencia 22 muertes de manifestantes, el gobierno decidió la renuncia de Cavallo y luego fué obligado a renunciar De La Rúa.