Icse Weber Estado, monopolio de la fuerza física. Tipos de dominación: racional, tradicional, carismático. Isuani Estado benefactor (Bismark, seguro social) vs estado keynesiano (medidas proteccionistas en posguerra) Dahl Poligarquia (gran escala) vs ciudad estado griega (homogéneo, poca población) Oszlak Penetración estatal: represiva (milicia), cooptativa (alianzas), material (expansión) e ideológica (símbolos). Estatidad: conjunto de atributos de un estado (relaciones externas, institucionalizacion, extraer recursos sociales, identidad colectiva mediante símbolos). Relación social y aparato institucional. Objetivo de Argentina: construir un estado desde un principio. Poca homogeneidad en cuanto a territorio, idioma, etc. Objetivo de no disgregar. Malamud Estado como poder político institucionalizado. Abstracción conceptual definido en lo material, como el territorio y las instituciones. 1)Recursos de gobierno y funcionamiento del presidencialismo en Argentina, Bonvechi y Zelaznik Introducción El gobierno constituye el centro desde el cual se ejerce el poder político sobre una sociedad. El gobierno como conjunto de actores En esta perspectiva el foco está puesto en el conjunto de personas que ejercen el poder político y, en consecuencia, determinan la orientación política de una sociedad. Para ello, sin embargo, parece más apropiado emplear la expresión “gobernantes”. En tanto actores, el gobierno (los gobernantes) se refiere a los miembros de un determinado poder: el ejecutivo. El poder ejecutivo no sólo implementa políticas públicas sino que se ha transformado en el centro desde el cual semana la mayoría de las iniciativas políticas. El gobierno “es una red de funcionarios públicos íntimamente ligados al ejecutivo, que participan en los procesos de diseño y ejecución de políticas como miembros de dicha red, y cuya permanencia es inseparable de la del ejecutivo”. Algunos autores elaboran la distinción entre gobierno electo (limitado en el tiempo) y gobierno permanente de funcionarios de carrera que es el que compone y hace funcionar el brazo administrativo del Estado. El mando efectivo de quienes gobiernan es esencialmente una cuestión de autoridad de los titulares del poder. En este sentido es posible distinguir entre estructuras de autoridad (las instituciones que confieren poder) y las autoridades (los titulares de los roles de autoridad), quedando claro que el poder es del cargo, y sólo pasa a la persona en la medida que lo ocupa. En un gobierno institucionalizado, el acto de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones es objetivo: no es tomado en nombre propio, sino de la autoridad conferida por el cargo; y la obediencia de los ciudadanos se dirige a la institución de gobierno de la que emana. El gobierno como conjunto de funciones garantizada por la amenaza o el uso de la violencia física legítimamente monopolizada por el Estado . La función básica del gobierno es tomar decisiones políticas, es decir, decisiones vinculantes para todos los miembros de la comunidad, cuya obligatoriedad está, en última instancia, La toma de decisiones es la función típica del gobierno, mientras que la administración (implementación) es asignada a un conjunto de funcionarios profesionales que conforman la burocracia pública. La seguridad, tanto interna como externa, aparece como la base de sustentación de una comunidad política, y el gobierno se convierte en garante de las mismas. La progresiva diferenciación entre las esferas de lo público y privado, enraizada en el proceso de modernización social, termina con la creación de dos esferas de poder separadas: por un lado la del Estado (la del gobierno político) y por el otro, la del mercado (el poder económico). De la conjunción de ambas tendencias surge el Estado mínimo o liberal . Su nombre ya expresa el carácter limitado de las actividades: la defensa exterior, en su modalidad de Fuerzas Armadas y de estructura diplomática, la manutención del orden interno, mediante las acciones de la policía y la administración de la justicia, y la extracción de recursos de la sociedad para sostener tales actividades (función impositiva). En el Estado de Bienestar , el Estado adiciona a sus actividades tradicionales otras tales como la educación, la asistencia sanitaria, vivienda, la seguridad social, el desarrollo de la economía, la producción de bienes, la búsqueda de pleno empleo, etc. El gobierno como conjunto de instituciones Según Leonardo Morlino, el sistema político está compuesto por tres elementos centrales: 1. En primer lugar la comunidad política, esto es, el conjunto de individuos activos, organizados o no que componen un sistema político dado 2. En segundo lugar el régimen político, esto es, el conjunto de instituciones que da soporte al sistema político (y sobre el que centraremos el análisis) y , finalmente, 3. Las autoridades , esto es, los titulares de roles con autoridad, lo que remite al tema de los gobernantes y aclara el carácter objetivo de su poder. Respecto al régimen político determina los siguientes elementos: a. Un conjunto de estructuras de autoridad encargadas de: i. Tomar decisiones ii. Implementar las decisiones b. Un conjunto de normas y procedimientos y reglas de juego que determinan: i. La forma de elección o designación de las personas que ocupan las estructuras de autoridad. ii. Los mecanismos a través de los que se toman e implementan las decisiones. iii. La forma en que se interrelacionan las diferentes estructuras de autoridad. iv. La forma en que se relacionan las estructuras de autoridad con la comunidad c. Las ideologías, valores y creencias en las estructuras, normas y procedimientos del régimen, es decir, los valores dominantes que se encuentran institucionalizados y que legitiman al régimen político. El gobierno como institución forma parte de las estructuras de toma de decisiones que posee el régimen político de un sistema político dado . ¿Cuáles son las estructuras de toma de decisiones que forman el gobierno? Hay dos perspectivas básicas: 1. En la primera, el término gobierno designa al conjunto de las estructuras de toma de decisiones. Se habla del “gobierno en sentido amplio ” o “las instituciones de gobierno”. 2. En la segunda, el término gobierno designa a un órgano particular de las estructuras de toma de decisiones y más específicamente, lo que el pensamiento liberal ha denominado como poder ejecutivo. Se habla de “gobierno en sentido estricto” o “el gobierno”. Formas de gobierno Parlamentarismo El parlamentarismo es la forma de gobierno que más estrechamente ha estado asociado a la democracia. De hecho, con la excepción de los Estados Unidos, todas las democracias con un alto nivel de estabilidad política poseen gobiernos parlamentarios. El pasaje de la monarquía constitucional significó sustituir un modelo político monista (con un solo foco de poder: el rey) a otro modelo de carácter dual, basado en una doble legitimidad. Por un lado la tradicional, corporizada en la figura del monarca, quien ejerce el gobierno a través de un primer ministro y su gabinete, y que aún conserva la facultad efectiva de disolver el Parlamento. Por el otro lado, la legitimidad popular (aunque limitada), cristalizada en un Parlamento, encargado de legislar, y sin cuyo voto ni las decisiones del rey entran en vigencia, ni el Primer Ministro, propuesto por el monarca, puede asumir sus funciones. En el pasaje de la monarquía constitucional a la monarquía parlamentaria el Primer Ministro se convierte en el Jefe de Gobierno, mientras que el rey ocupa una posición formal y simbólica como Jefe de Estado, alguien que reina pero no gobierna. Estructura del Poder Ejecutivo Uno de los datos estructurales más característicos del parlamentarismo es su estructura dualista, esto es, la distinción de las funciones entre el Jefe de Gobierno, quien tiene a su cargo la dirección política y administrativa (y que genéricamente recibe el título de Primer Ministro) y el Jefe de Estado, cargo de característica simbólica y ceremonial, que es ocupado, en las monarquías por un rey y en las repúblicas por un presidente elegido por el Parlamento por un período fijo. El dualismo del ejecutivo parlamentario se combina con su carácter colegiado. El ejecutivo se constituye como un cuerpo colegiado (gabinete o consejo de ministros) que está integrado por el Primer Ministro (quien lo preside) y por el resto de los ministros encargados de administrar las diferentes áreas del Estado. Aunque originalmente el Jefe de Gobierno es sólo un primus inter pares, en los hechos el grado de preeminencia que posee sobre el resto de los miembros del Gabinete es variable. Elección del Jefe de Gobierno El Primer Ministro es elegido de manera indirecta por el Parlamento (elegido por sufragio popular). Si bien es el Jefe de Estado quien propone su designación, su poder es sólo formal ya que el Jefe de Gobierno no es investido a menos que cuente con el consentimiento parlamentario. El mecanismo de investidura puede revestir dos modalidades: 1. La primera, explicita , consiste en un “voto de confianza” en el Parlamento, esto es, una votación en la cual la mayoría apoye expresamente a los diferentes candidatos. 2. En la segunda modalidad, implícita , el parlamento acepta tácitamente el candidato propuesto por el Jefe de Estado. Duración del Jefe de Gobierno en su cargo El mecanismo de responsabilidad parlamentaria implica que, de la misma manera que el Parlamento tiene la facultad de investidura, también tiene la de destituir al gobierno. Esto puede ocurrir básicamente de dos maneras: 1. La primera es votando en contra de una “cuestión de confianza” planteada por el Primer Ministro, 2. La segunda por medio de la aprobación de un “voto de censura” o “no confianza” impulsado por los miembros del Parlamento. Resulta lógico pues que la duración del mandato del ejecutivo no esté sujeta a plazo alguno . El resto de los ministros están también sujetos a la responsabilidad parlamentaria pero, debido al principio de responsabilidad colectiva que prima en los gobiernos colegiados, la censura de cualquier ministro suele implicar la caída de todo el gobierno. Elección y duración de mandato del poder legislativo El parlamentarismo se caracteriza por tener una sola institución cuyos miembros son elegidos directamente por el pueblo: el parlamento . Éste constituye la única institución con una legitimidad democrática directa. A pesar de ello, los parlamentos no son elegidos por un período fijo. Como contrapartida de su poder de investir/remover a los miembros del gabinete, el Primer Ministro tiene, a su vez, la facultad de disolver al Parlamento convocando a elecciones inmediatamente para la constitución de uno nuevo. Tal medio de acción sirve como amenaza disuasoria ante la posibilidad de que el Parlamento pretenda instrumentar un voto de censura, o que algunos miembros de la coalición de gobierno pretendan escindirse y, en consecuencia, le hagan perder el apoyo parlamentario. En el parlamentarismo, pues, no existe ni separación de poderes ni independencia entre ellos: muy por el contrario, la relación Gobierno/Parlamento está caracterizada por la fusión de poderes. La fragmentación del sistema de partidos es la que origina las diferencias más importantes que se pueden encontrar entre los sistemas parlamentarios: ● La alta fragmentación partidaria da lugar al gobierno de asamblea . ● La dinámica política cambia completamente en caso de bipartidismo, dando lugar a lo que suele denominarse como gobierno de gabinete . ● La mayoría de las democracias estables de Europa continental, que combinan una estructura de gobierno parlamentaria con un sistema de partidos multipartidista moderado (entre dos y cinco partidos) dan forma a lo que podría denominarse como parlamentarismo equilibrado. Presidencialismo La Constitución de los Estados Unidos aprobada en 1787 es el modelo original a partir del cual esta forma de gobierno ha tenido una influencia limitada principalmente a los países de América Latina. Estructura del poder ejecutivo En los sistemas presidenciales, el ejecutivo es unipersonal , esto es, está encabezado por un solo individuo que concentra casi la totalidad de los poderes ejecutivos. Implica que el presidente puede ser claramente identificado como el responsable de las decisiones tomadas por el gobierno. Esto implica dos cosas: 1. El Presidente es tanto Jefe de Estado como Jefe de Gobierno; esto es, desempeña funciones simbólicas y ceremoniales junto con funciones efectivas de gobierno. 2. El Presidente tiene control total sobre la designación y destitución de los ministros. El presidente posee una preeminencia absoluta sobre los otros miembros del poder ejecutivo. Elección del Jefe de Gobierno El presidente es electo directamente por el pueblo. Esto le otorga una legitimidad democrática directa de la que carecen los jefes de gobierno de democracias parlamentarias. Duración del Jefe de Gobierno en su cargo El presidente es electo por un período fijo, no pudiendo ser removido por motivos políticos. La duración de los presidentes sólo se ve afectada por los mecanismos de Juicio Político e Impeachment, a través de los que pueden ser destituidos, los cuales sólo pueden ser activados por comisión de delitos o por mal desempeño de las funciones públicas. Elección y duración de mandato del poder legislativo Junto al ejecutivo hay un poder legislativo, cuyos miembros también son elegidos directamente por el pueblo, y que permanecen en su cargo por un período fijo no pudiendo ser removidos a no ser por resolución de sus pares. El presidente no puede amenazar legítimamente con la disolución del legislativo. Al existir dos agentes del electorado, los votantes pueden maximizar, al mismo tiempo, la posibilidad de identificar al futuro gobierno (a nivel ejecutivo) y la representatividad del sistema político (a nivel legislativo), especialmente cuando los miembros del Congreso son elegidos mediante representación proporcional. El ejecutivo y legislativo son independientes, tanto en su origen como en su supervivencia. Ello se ve reforzado por una característica adicional de los sistemas presidenciales: la división personal de poderes; esto es, los miembros del gobierno no pueden, al mismo tiempo, ocupar posición en el parlamento, algo que es normal en los sistemas parlamentarios. Más allá de estos elementos típicos, los países presidenciales difieren en función de determinadas características: ● Institucionales: el elemento central está constituido por los poderes legislativos que la constitución le otorga al presidente: o Poderes reactivos: Son aquellos que le permiten al presidente evitar que el congreso pueda alterar el status quo mediante la aprobación de leyes. El instrumento central es el poder de veto. Otro poder reactivo es la iniciativa exclusiva del presidente para iniciar leyess en determinadas áreas, por ejemplo, el presupuesto nacional. En estos casos, ninguna política es discutida a menos que el presidente tome la iniciativa. o Poderes proactivos: Es la de poder aprobar legislación sin que haya sido tratada por el congreso, como poder legislar por medio de decretos . El punto débil es la necesidad de contar con un Parlamento que no trabe las iniciativas, dado que el gobierno no surge de una mayoría parlamentaria y tampoco tiene la posibilidad de amenazar con la disolución de su parlamento. De esta manera, el funcionamiento de los sistemas presidenciales dependen también de otro elemento ya señalado en el caso del parlamentarismo: el sistema de partidos. ● Partidarias: En un sistema bipartidista , cuando el partido que ocupar el gobierno posee la mayoría en el Congreso, el modo funciona de una forma muy parecida al gobierno de gabinete, especialmente en los casos es al mismo tiempo el líder del partido. Esto da lugar a la configuración de gobierno mayoritario o unificado . El gobierno dividido se da cuando el gobierno y la presidencia son dominados por partidos diferentes -situación improbable en un sistema parlamentario y absolutamente imposible en el gobierno de gabinete- el presidencialismo está sujeto a tironeos y empates que generan la parálisis del gobierno y, eventualmente, conducen a la inestabilidad del sistema. En situaciones multipartidistas , las posibilidades de acción dependen de la capacidad que tenga el gobierno para establecer alianzas políticas a nivel congresional. Semipresidencialismo Su característica principal es la de combinar una estructura parlamentarista con la elección de un Presidente directamente por la ciudadanía. Al igual que en el parlamentarismo, existe la distinción entre un presidente (Jefe de Estado) y un Primer Ministro (Jefe de Gobierno) que descansa sobre la confianza del Parlamento. El presidente es elegido por sufragio popular, poseyendo de esta manera una legitimidad democrática equivalente a la del parlamento. El rol del Jefe de Estado deja de ser meramente ceremonial y simbólico para convertirse en un poder regulador. Inclusive, el Jefe de Gobierno debe contar tanto con la confianza del parlamento como la del presidente. De alguna manera, el semipresidencialismo se acerca al dualismo propio de las monarquías constitucionales. La gran diferencia entre ambos modelos se evidencia son sólo comparar la legitimidad del monarca: tradicional y la del presidente: democrática. Hay tres elementos a tener en cuenta: 1. Las prerrogativas constitucionales otorgadas al presidente. 2. La propensión de los presidentes a la utilización de las facultades habilitadas por la constitución. 3. El balance de poder político o, más específicamente, la coincidencia de la mayoría presidencial con la parlamentaria. 2)Capítulo de Miguel de luca (la política en tiempo de los k) Miguel De Luca habla del gabinete del poder ejecutivo, constituido por los ministros nacionales, y desarrolla su variación a lo largo de los mandatos de los distintos presidentes entre 1983 y el primer mandato de CFK. Raúl Alfonsín (1983-1989) tuvo un gabinete conformado por gente de su propio partido político, la UCR, dado que él era el líder indiscutido del movimiento. Además, tuvo la espalda para darle espacio a sus propios rivales internos en los ministerios, lo que lo afirma aún más como líder político radical. Su trato con ellos fue radial , es decir, personal y directo siendo él mismo el centro o pivot del gabinete, y característico por no realizar reuniones del gabinete en su totalidad. Se caracterizó por tener ministros de economía con mucho peso, como lo fueron Grinspun y Sourrouille, que fueron fundamentales a la hora de implementar planes económicos y que, a su vez, asumirían la culpa si estos resultaran negativos. A la hora de cambiar ministros, esta situación se dio generalmente ante escenarios críticos en los que se señaló y se buscó la solución a la crisis en la renovación de ministros. Por otro lado, Carlos Saúl Menem conformó un gabinete con figuras no partidarias, orientado al interés político que se conformó en las elecciones. Además, los ministros no tenían un gran peso dirigencial ni mucha influencia en las decisiones del poder ejecutivo. El riojano consultaba las medidas con gente de su entorno, cercana a él. Su relación con los ministros era de tipo piramidal, donde él ocupaba el punto más alto dirigiendo las reuniones semanales de carácter informativo junto con el gabinete. Al igual que su predecesor, siempre que renovó ministros fue a causa de una situación extrema, de crisis, en la que tuvo que actuar y destituir a alguno de los miembros del gabinete. Siguió la misma línea de Alfonsín en lo que respecta al peso del ministro de economía, como el controvertido Domingo Cavallo. Por último, a mediados de su mandato (1989-1999) se realizó la reforma constitucional y se creó la figura del jefe de gabinete. En su mandato, el puesto fue ocupado por figuras cercanas al presidente y ejerció una tarea de control del equipo de ministros. Fernando De La Rúa tuvo una formación de gabinete condicionada por las alianzas previas a la elección en 2001, donde tuvo que mantener un equilibrio entre la UCR y el FREPASO. Sin embargo, se ve una seguida de la línea de Alfonsín al integrar el gabinete con gente de su propio partido político. Sin embargo, la relación con el mismo era distinta, denominada como círculos concéntricos. El presidente realizaba muy poca delegación de tareas y consultaba mucho a parientes y personas de su entorno más íntimo. En cuanto a la figura del ministro de economía y a la renovación del gabinete, mantuvo la línea de Carlos Menem. Finalmente, en el gobierno de Néstor Kirchner se dio la composición del gabinete por medio de acuerdos intrapartidarios previos a la elección de 2003 y también por la ambición de asentarse en el poder, dada la poca legitimidad que tenía. Una gran parte de los ministros de la presidencia de Duhalde conversaron su cargo, mientras que el resto del gabinete fue repartido entre los peronistas más reconocidos y los funcionarios cercanos al presidente. Su relación con los ministros era de tipo radial, similar a la de Alfonsín, con relaciones bilaterales con sus asesores. Además, conformó un círculo de confianza con su esposa, CFK, y con Zanini y Alberto Fernández. De aquí partían todas las decisiones ejecutivas. En cuanto a las renovaciones, dada una situación crítica se mantuvo a los ministros. Los únicos cambios se dieron en casos de competencia electoral por parte de los ministros. El ministro de economía en esta etapa perdió poder y se le dio un perfil bajo, rompiendo así con los esquemas de sus predecesores. La figura del jefe de gabinete llegó a su punto de más importancia en el gobierno kirchnerista con Aníbal Fernández como respresentante. Su principal función, ser el enlace entre el poder ejecutivo y legislativo. En la presidencia de CFK se siguió la misma línea en lo que respecta a la conformación del gabinete. 3)Capítulo de Roberto Gargarella Notas sobre Kirchnerismo y Justicia El texto que se tratará, escrito por Roberto Gargarella, abogado y sociólogo, tiene como objetivo realizar un examen sobre la relación entre el Kirchnerismo y la justicia, (justicia siendo los asuntos relacionados con la actuación del poder judicial), eligió analizar esta relación a partir de dos casos particulares muy importantes, que en palabras del autor, “incluso pueden mirarse más allá de la justicia y a pensar en la lógica, o en ciertos parámetros importantes, que han marcado la vida pública en los últimos tiempos’’: En primer lugar, se examinarán los cambios introducidos al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, en la composición de la Corte Suprema (2003), y en segundo lugar, la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006. La preferencia por estas dos cuestiones se debe a varias razones entre las que se destacan: en primer lugar, son cambios específicos y cuyas implicaciones son ineludibles para pensar en lo actuado por el poder político sobre la justicia durante este período. En segundo lugar, la importancia de ambos acontecimientos trasciende el ámbito judicial, ya que, como se verá, remiten a políticas de fondo antes que decisiones aisladas. Finalmente, y como será explicado luego, estos dos cambios se destacan por la aparente contradicción que insinúan. Por un lado la reforma en la composición de la Corte sugiere una auto-limitación por parte del poder ejecutivo, de asegurar la independencia del poder judicial. En cambio, la reforma a la ley que organiza al Consejo de la Magistratura sugiere un deseo de controlar a este poder y limitar su independencia. Y es por esa aparente contradicción es que resulta atractivo analizar estos dos hechos, para entender por qué el gobierno ha dado un giro tan drástico con respecto a la política sobre la justicia. Es por ello que se intentará explicar y llegar a una conclusión general acerca de la relación entre el Kirchnerismo y la justicia. A continuación, detallaremos las reformas en el ámbito legal y luego las analizaremos en el plano político: Cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia. El cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia comenzó con el decreto 222/03. Dicho decreto reglamentó el artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional, que trata sobre la atribución del Poder Ejecutivo en de designar jueces, propuestos por el Consejo de la Magistratura, con aprobación de dos tercios del Senado. Esta reglamentación fue una medida atractiva a la vista, dado que impulsó la transparencia en la designación de jueces. En detalle, a partir de entonces, las audiencias del Senado con el Poder Ejecutivo para la aprobación o desestimación de un candidato a juez debían ser públicas; por otro lado, promovió la participación ciudadana en la elección de candidatos, otorgando a cualquier ciudadano la potestad de impugnar o pedir la observación de los antecedentes del candidato. Reforma en la composición del Consejo de la Magistratura. La ley 26.080 es la norma que reglamenta la composición del Consejo de la Magistratura, organismo que se encarga de elegir los candidatos a jueces que posteriormente serán nombrados o descartados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El artículo 114 de la Constitución Nacional expresa que “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal...”. De esta manera, antes de la reforma de 2006, el artículo nro. 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura nro. 24.937 detallaba la composición del órgano: ARTICULO 2º — Composición. El Consejo estará integrado por veinte (20) miembros, de acuerdo con la siguiente composición: 1º El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2º Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República. 3º Ocho (8) legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría. 4º Cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Para la elección se utilizará el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la presencia de los abogados del interior de la República. 5º Un (1) representante del Poder Ejecutivo. 6º Dos (2) representantes del ámbito científico y académico [...] Así, en épocas donde el oficialismo tenía mayorías en el Poder Legislativo, poseía 5 (cinco) miembros del órgano de selección de los jueces, que totalizaba 20 (veinte) titulares. Esto representaría el 25% o ¼ de la totalidad. Ahora bien, en la reforma de 2006 propuesta por Néstor Kirchner y aprobada por la Legislatura por medio de la Ley nro. 26.080, la composición del Consejo de la Magistratura pasó a ser la siguiente: ARTICULO816/99 y sus modificatorias— por el siguiente 1º — Sustitúyese el artículo 2º de: la Ley 24.937 —t.o. por Decreto "Artículo 2º: Composición. El Consejo estará integrado por trece miembros, de acuerdo con la siguiente composición: 1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D´Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República. 2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría. 3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país. 4. Un representante del Poder Ejecutivo. 5. Un representante del ámbito académico y científico [...] Por lo tanto, dado el mismo caso citado en el anterior ejemplo, es decir, que el oficialismo tenga mayoría en la Legislatura, pasaría a tener 5 (cinco) miembros del Consejo entre un total de 13 (trece) consejales. Por lo tanto, pasaría a ser un porcentaje cercano al 40%, o expresado en fracciones, como ⅖ del total. Políticas liberales y no liberales Durante el gobierno de Néstor Kirchner se presentó un claro contraste entre la aplicación de políticas liberales y no-liberales. Esto se debe a que los gobiernos argentinos, luego de una etapa de retracción autoritaria o conservadora, tienden a aplicar políticas liberales que generen apoyo de lo sectores populares. En el caso del gobierno entre 2003 y 2006, por un lado, la modificación del Poder Judicial generó una transparencia y publicidad de los procedimiento, buscando además diversificación de quienes lo componían. Por otro lado, se presenta la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, mediante la cual podemos ver una clara ampliación de la influencia del Poder Ejecutivo, o bien de la mayoría votada por medio de sufragio universal, en la elección de magistrados para el Poder Judicial. Roberto Gargarella repudia esta reforma dado que, en 2006, el Kirchnerismo tenía mayoría en la Legislatura y, por supuesto, ocupaba el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tenía una gran influencia en la postulación de candidatos por parte del Consejo de la Magistratura. Cabe aclarar, sin embargo, que el sistema de pesos y contrapesos no se ve totalmente afectado. Esto se debe a que se garantiza la democracia con la Ley Constitucional que dice que “los jueces durarán mientras dure su buena conducta” o bien lo harán hasta la edad de jubilarse. De esta manera, trascenderán al mandato del Poder Ejecutivo, por lo que de nada servirá la mayoría en el Consejo de la Magistratura si no hay vacantes que ocupar con nuevos magistrados. Con estos dos ejemplos se puede ver claramente el contraste entre las políticas liberales y las no liberales del gobierno de kirchner. Esto se debe a que no se pueden aplicar sólo políticas en apoyo al pueblo ya que las minorías y grupos más conservadores se pueden volver en tu contra. Conclusiones Roberto Gargarella propone una mirada muy crítica hacia las medidas adoptadas por Néstor Kirchner en cuanto al Poder Judicial. Con respecto a la primera, si bien la considera como un punto a favor, dice que no siguió la línea política que la sucedió, teniendo en cuenta las constantes contradicciones y levantamientos frente a los consejos de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la segunda, el autor la considera una medida con tintes antidemocráticos, y expone una visión afectada del sistema de pesos y contrapesos típico de la democracia. En cuanto a la opinión grupal, si bien con algunas discrepancias, consideramos que las medidas pueden ser vistas como antidemocráticas, aunque son entendibles desde el punto de vista de la legitimación del Poder Ejecutivo. Sin apoyo del Poder Legislativo y del Poder Judicial, el presidente no podría llevar a cabo ningún proyecto político. Y esto se debe a que no todo sucede en la realidad como en los libros. En el mundo político hay constantes alianzas y boicots, armas políticas, que pueden impedir o ayudar a que se lleven a cabo los proyectos. 4)Capítulo de German Lodola German Lodola -Síntesis de la idea principal del autor: .El texto habla sobre como 3 factores afectaron la relación política entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes en el periodo kirchnerista: las instituciones fiscales, la política tributaria y la política financiera. 1-Instituciones Fiscales: En las instituciones fiscales podemos encontrar una serie de escasos cambios que sirvieron para reforzar la autoridad del poder ejecutivo de la Nación sobre las provincias y municipios. Entre ellos se destacan: .Un intento fallido del actual régimen de coparticipación federal de impuestos (CFI) en el que se buscaba como repartir los sobrantes de la recaudación. Debido a las dificultades del sistema de coparticipación y el enfrentamiento por el manejo entre Nestor Kirchner y Eduardo Duhalde del PJ (máxima herramienta electoral de gobernadores peronistas) provocó que varios gobernadores a favor de Duhalde presionen a sus legisladores en el congreso para trabar la coparticipación y lo lograran. .También se destaca la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), otro compromiso firmado ante el FMI, que garantizaba que no se desviaran los fondos destinados a pagar la deuda externa, estableciendo metas fiscales y controles a la expansión del gasto público. Criterios que naturalmente reducen a los gobernadores capacidad de definir prioridades de gasto y limitan el uso de recursos públicos. Esta ley reforzó la autoridad del gobierno nacional en tres sentidos, primero porque faculta al ejecutivo de establecer acuerdos bilaterales con las provincias para renegociar pasivos que tengan y acceso a financiamientos, segundo porque excluye a las provincias que no adhieran a la ley de recibir ayuda financiera y tercero porque impone a la nación el poder de veto en el órgano encargado de imponer sanciones a las provincias que incumplan la normativa. 2-Politica Tributaria En este aspecto el kirchnerismo fue muy activo en la concesión de excepciones o créditos a sectores y actividades económicas específicas. No obstante, el gobierno nacional trabajó en la centralización de impuestos y tasas escasamente coparticipado con los niveles inferiores de gobierno, lo que permitió con esos recursos “extraordinarios” cumplir varios propósitos, uno de ellos fue sumar apoyo político a nivel municipal gracias a los fondos que podían llegar para invertir en necesidades y no quedarse al margen por deudas y salarios, así la inversión nacional en municipios pasó de 41 millones de pesos a 3312 millones en 6 años, lo que le sirvió para mejorar vínculos con intendentes sorteando influencias de los gobernadores mediante la obra pública invertida. 3-Politica Financiera El canje y la reestructuración de la deuda publica en el gobierno de los Kirchner llevo a manejar al gobierno nacional el desahogo financiero de las provincias mediante el control de la refinanciación de sus obligaciones y capacidad de endeudamiento, así por acuerdos el gobierno asistía a una provincia, dándole compromisos para reducir su déficit y deuda. Lo que le daba un cierto poder de presión sobre gobernadores en la negociación debido a ser normativas no tan rígida, esto mismo le permitió garantizar apoyos al gobierno nacional y armar alineamientos políticos (y electorales) con los gobernantes más allá de sus etiquetas partidarias. OPINION GRUPAL SOBRE EL TEXTO Al estar trabajando el texto y viendo los temas que el autor iba tratando, pudimos llegar a una opinión general de cada tema en forma conjunta. Viendo que el mismo se enfocaba principalmente en relaciones basadas en economía, creemos que es buena política la búsqueda de la estabilidad económica y la asistencia financiera desde el gobierno nacional en busca de regularidad, para que se pueda generar condiciones de crecimiento, desarrollo de la industria nacional y uso de los recursos naturales de forma razonable. Creemos que estas políticas, más allá de la búsqueda en el apoyo político, a la ciudadanía le convence en forma genuina cuando se ven las obras que mejoran su calidad de vida y las condiciones que no lo hacen vivir. Por eso mismo vemos que es importante después de que el estado brinde el desahogo, lo que le da sentido a este es que desde cada municipio y provincia se planifique y usen bien los recursos para las obras que den continuidad sana a la economía y en fin para que todos podamos ir para adelante y proyectarnos para siempre estar cada vez mejor como país. Por último, cerrar con la idea que si con los impuestos de todos y el esfuerzo que a todos nos genera se hace política, que esa política esté en condiciones para usarse como se debe esos recursos, proteja al territorio, a todo aquel que de bien busca y se esfuerza para que todo vaya para adelante. 5)Capítulo de Andres Malamud Resumen: Antes de cumplir el mandato, Néstor Kirchner, se puso como objetivo crear una herramienta institucional que incluya y unifique al PJ. La herramienta institucional que utilizo fue la Concertación plural (alianza electoral del año 2006 que unía a diferentes ideales políticos, en su mayoría del centro-izquierda), que luego de haber cumplido su función, se extinguió. (Dicha función había sido garantizar la victoria de CFK en 2007) El Bipartidismo en Argentina existe desde 1945, cuando nació el Peronismo. Por un lado estaba el mencionado peronismo y por otro lado el resto de los partidos. El peronismo fue representado generalmente por el Partido Justicialista; y el campo no peronista nunca tuvo un representante único, pero quien más lo represento fue la Unión Cívica Radical. Hasta la década del 70 el peronismo fue imbatible en las elecciones. Por su lado, la UCR solo llegó al poder por la proscripción del partido mayoritario. Desde 1983 y hasta 2001 hubo una gran alternancia bipartidista. En 2001, la crisis que sufrió el país amenazo con eliminar esta rotación de gobierno dividiendo al peronismo y desintegrando a la UCR. Esto fue solo una amenaza, porque en 2011 el peronismo se encontraba reconstruido y la UCR como la segunda fuerza política nacional. El radicalismo tiene tres características duraderas: 1-Gobierna insatisfactoriamente pero es eficiente en la competencia electoral: La UCR ha ganado 7 elecciones presidenciales en su historia y sus últimos 5 mandatos presidenciales no fueron completados. Llega pero no dura. 2- Goza de un difundido arraigo territorial: La UCR obtiene mejores resultados en el interior del país, pero todos sus líderes fueron de Buenos Aires (ciudad o provincia) 3- La única manera de renovar el liderazgo ha sido la muerte del líder: A pesar de estar caracterizado por hacer elecciones internas, nunca se reemplazo a un líder, sino hasta el fallecimiento. El peronismo tiene tres características opuestas al Radicalismo. 1- Es duradero en el gobierno y logra terminar sus mandatos. 2- Se gobierna desde el centro, pero el ser de provincias pequeñas no es un impedimento para llegar al poder. Por ejemplo: Kirchner o Menem. 3- Para llegar al liderazgo apelan a la competencia electoral. Mecanismos utilizados para la selección de candidatos: 1- Elecciones internas: modo formal desde adentro 2- Acuerdos de cúpula: modo informal desde adentro 3- División del partido: modo informal desde afuera 4- Manipulación de reglas electorales: modo formal desde afuera El apoyo social del peronismo sumado con su flexibilidad institucional le permitió superar golpes militares, derrotas electorales, catástrofes económicas, entre otras cosas. Persistencia sistémica: El peronismo es el partido más dominante. Esto se su puede observar en el Senado, en donde la mayoría absoluta desde 1989 es del peronismo, en la Cámara de diputados, en los gobiernos provinciales y/o municipales. La segunda fuerza política, como ya mencionamos es el Radicalismo. Y las demás fuerzas son fuerzas surgidas en Capital o en la provincia de Buenos Aires, que luego de un par de elecciones terminan desintegrándose. Algunas de las fuerzas que intentaron romper con el duopolio político fueron el PI de Alende, la UCeDé de Álvaro Alsogaray, el FREPASO, la AR de Cavallo, el ARI de Elisa Carrio, el PRO de Macri, entre otros. Estas fuerzas son perjudicadas por el sistema electoral, que sobrerepresenta a las provincias poco pobladas y de esta forma ayuda al peronismo y al radicalismo. La implementación de las PASO (elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias) potenció el bipartidismo porque por ejemplo, los pequeños partidos no están en condiciones de contabilizar sus votos en todo el país. El apoyo a Radicales y Peronistas estaba dado por la lealtad social y no por una preferencia ideológica. Actualmente el sistema de partidos argentino aparece descentrado, con caudillos que controlan los mecanismos provinciales. El peronismo es quien sostiene el sistema de partidos, sistema en el cual solo caben 2 jugadores, y son los 2 con más experiencia histórica y apoyo. Radicales y Peronistas. Conclusión del autor: Solo radicales y peronistas lograron ganar elecciones presidenciales desde 1946, pero solo los peronistas lograron culminar su mandato. Según el autor hay dos hipótesis para explicar esto: -El peronismo gobierna bien y el radicalismo mal. -El peronismo moviliza bien y el radicalismo no. La crisis de representación es el distanciamiento de los ciudadanos de los partidos políticos, y la desnacionalización del sistema partidario es el proceso por el cual la distribución de bancas obtenidas es cada vez más heterogénea en términos territoriales. El sistema partidario a nivel presidencial es bipartidista; a nivel senatorial el peronismo es mayoría permanente; y a nivel de la cámara baja, el sistema es pluralista moderado. La competencia política de Argentina se ha mantenido bipolar por 2 factores: -La posibilidad de control electoral de los 2 partidos más grandes no la poseen otros partidos. -El apoyo local y provincial que tienen el radicalismo y el peronismo no lo tienen los demás partidos. El proceso de descomposición política del año 2001 termino por consolidar al peronismo como el partido político más apoyado y a la UCR como la segunda fuerza política del país. Conclusión del grupo: Discutiendo entre los miembros del grupo llegamos al acuerdo de que sostenemos la hipótesis que plantea Malamud de que el peronismo moviliza bien y el radicalismo no. Por el contrario al autor, no apoyamos la idea de que el radicalismo gobierna mal y el peronismo no. En líneas generales estamos de acuerdo con lo planteado en el texto, tanto con el concepto y la determinación del bipartidismo en Argentina, como con los intentos, hasta el 2011 sin eficacia, de otras fuerzas políticas de romper con este duopolio político. Concordamos también, que con los 2 factores que han mantenido el duopolio político del país y con la opinión del autor acerca de que el peronismo es la principal fuerza política que estructura el sistema de partidos. 6) CAPITULO CARLOS GERVASONI El presente trabajo trata de explicar los cambios y las continuidades que se dieron en el proceso de transición del Menemismo al Kirchnerismo. En 1994 el gobernador santacruceño Néstor Kirchner apoyaba al entonces presidente Carlos Menem en el proceso de transformación y cambios de La Republica Argentina. Ambos líderes pertenecían al mismo partido político y habían compartido y seguirían compartiendo listas electorales. Y, naturalmente para políticos de ambos partidos tenían acuerdos en temas sustantivos como la privatización de YPF. Hoy en día, muchos argentinos interpretan las palabras de apoyo de Kirchner hacia Menem como una expresión de hipocresía y oportunismo, pero mucho más sorprendente fueron las declaraciones de varios gobernadores radicales en favor del presidente Kirchner durante el periodo 2003-2007. A lo que se quiere llegar relatando estos hechos es que, a pesar de que los gobernadores frecuentemente buscan el calor del poder nacional, lo han hecho con especial entusiasmo en los años del Kirchnerismo. Las paralelas historias de los ex gobernadores y ex presidentes Menem y Kirchner reflejan continuidades y cambios que iluminan la naturaleza de la política nacional. Es aquí donde se puede evidenciar que la política subnacional es política nacional y viceversa. Los canales de comunicación entre ellas son muchos, podríamos nombrar los 4 más resaltantes: La mayoría de los presidentes, vicepresidentes y candidatos presidenciales viables son gobernadores o ex gobernadores; los diputados y senadores nacionales son elegidos en distritos provinciales en los que líderes partidarios provinciales deciden en buena medida quienes integran las listas; la aprobación y ejecución de políticas públicas nacionales depende del apoyo de los gobernadores; el presidente y el congreso nacional pueden remover a los gobiernos provinciales vía intervención federal. En esta transición se dieron también ciertos cambios y continuidades. Entre las continuidades se destacan 3. Primero, un federalismo fiscal que toma recursos de algunas provincias para subsidiar fuertemente a otras, al punto de convertirlas en verdaderas provincias rentísticas, lo denominado “emiratos subnacionales”, que en vez de vivir de rentas petroleras viven de rentas de federalismo fiscal. En segundo lugar tenemos la continuada existencia de regímenes provinciales escasamente democráticos, con oficialismos sospechosamente hegemónicos y oposiciones prácticamente irrelevantes. En tercer y último lugar, persiste una fortísima sobrerrepresentación de las provincias pequeñas en el senado y también en la cámara de Diputados. Y los cambios más significativos podemos resaltar al federalismo fiscal, la peculiaridad del periodo Kirchnerista es la centralización: el gobierno nacional aumenta significativamente su participación en el gasto público total, y a su vez intensifica la condicionalidad política de las transferencias a las provincias. El segundo cambio es la consecuente mayor subordinación de las provincias a Buenos Aires, o más concretamente, de los gobernadores a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El notable entusiasmo Kirchnerista de los líderes radicales, es en buena medida por la necesidad de alinearse frente a un gobierno central implacable con sus opositores. Sin embargo, el extraño fenómeno del apoyo masivo de gobernadores radicales a presidentes peronistas se explica también por un tercer cambio: la desnacionalización del sistema partidario argentino. En los últimos años se han acrecentado las diferencias inter-provisionales en términos de los partidos que compiten y los resultados que obtienen. - Federalismo fiscal, rentismo subnacional y “emiratos provinciales”: Aunque el gasto público Argentino se separa aproximadamente en partes iguales entre el Estado nacional y los gobiernos subnacionales (municipios y provincias) la recaudación la realiza principalmente el estado nacional. El 50% del gasto público es realizado por la nación, el 40% por las provincias y el 10% por los municipios, aunque el 80% de los recaudos tributarios son recaudados por la nación que lo distribuye a cada provincia que se financia por medio de él. La coparticipación federal es un sistema muy importante porque se encarga de coordinar la distribución de los recursos tributarios que fueron impuestos por el estado. A pesar de tener dicho sistema, existen grandes diferencias en la cantidad de dinero que reciben las provincias en términos per cápita ya que los datos muestran que “Argentina las transferencias federales se realizan: a menor población mayor dinero. Y esto sucede porque muchas provincias pequeñas están subsidiadas por el estado nacional y cuentan con recursos fiscales mayores a los que se financias por impuestos propios. La riqueza de estas provincias se debe a que las provincias pequeñas emplean aproximadamente 90 de cada 1000 habitantes, en cambio las grandes provincias no llegan ni a 40 de cada 1000. Por ello, algunas provincias argentinas son llamadas Estados subnacionales rentísticos porque las rentas depende de los subsidios de estado, independientemente de sus impuestos locales. - Provincias hibridas: donde el autoritarismo eclipsa a la democracia: En la actualidad se puede llegar a observar la propia ausencia de democracia en estados rentísticos. Según Przeworski (1991) “la democracia es un sistema en el que los partidos piden elecciones”, en cambio en provincias como La Rioja, San Luis, Santa Cruz, entre otras, sucede lo contrario, como por ejemplo, el triunfo del PJ con la mayoría de los votos para gobernador con cifras que parten del 71% al 90%. 71% en Santa Cruz en 2003, 76% en Formosa en 2007 y 90% en San Luis 2003 conformando cierta hegemonía electoral, que en países con democracias mejoradas no sucede. A estos casos con hegemonía electorales se los llama “regímenes híbridos”, una mezcla de autoritarismo y democracia. Poseen una arquitectura institucional, pero muchas de las instituciones no funcionan en la práctica. El autor del texto llevo a cabo una encuesta para medir el grado de democracia provincial durante el 2008. Se muestra que en las provincias tales como Jujuy, San Juan, Corrientes, Misiones y las mencionadas anteriormente, los candidatos oficialistas poseen mayores ventajas y una gran debilidad judicial alejándose cada vez más de conformar una democracia. Caso contrario en Mendoza y Capital Federal que se encuentran más equilibrados. - Desproporcionalidad: de como Alberdi y Bignone ayudaron a Menem y Kirchner: Con todo esto podemos decir que La Argentina tiene el Senado más desproporcional del mundo, puesto que es el país bicameral en el cual las provincias pequeñas están más sobrerrepresentadas. Se puede entonces acotar que el Senado está diseñado para representar las provincias, y que tal desproporcionalidad causada por la sobrerrepresentación de las provincias tiene base constitucional. Y se puede decir también que para representar al pueblo está la Cámara de Diputados. Desde hace ya tiempo la ley electoral garantiza a todas las provincias un piso de diputados por encima del que les correspondería proporcionalmente a las más chicas. Así, las provincias pequeñas gozan también de un importante nivel de sobrerrepresentación en Diputados. Esto completa un cuadro institucional muy favorable a los distritos menos poblados que, por razones ya mencionadas, tienden a ser menos democráticos. Así aparece una nueva política denominada “distritos de bajo mantenimiento”. Es “barato” para los presidentes “comprar” el apoyo legislativo, electoral y discursivo de los gobernadores de provincias pequeñas. Armados de rentas de federalismo fiscal, hegemonía política interna y sobrerrepresentación legislativa, los gobernadores de distritos pequeños como San Luis, La Rioja y Santa cruz, se han lanzado con notable éxito a la arena nacional. Desde 1983, los hombres fuertes de esas provincias han llegado a la presidencia, hazaña que ningún gobernador cordobés, mendocino o santafesino ha conseguido aun. - Centralización fiscal: sobre como algunas provincias financian “la caja”: Durante el kirchnerismo hubo muchos cambios positivos y negativos según el punto de vista de una determinada persona o partido político. Entre lo más relevante fue el aumento de la recaudación fiscal. Esto fue posible mediante 2 partes muy específicas: •La parte cuantitativa, en la cual el elemento clave fueron las retenciones en las exportaciones. Aunque esto fue establecido durante el gobierno de Duhalde durante el colapso del 2002. Estas retenciones al contrario del IVA o el Impuesto a las Ganancias, quedaba enteramente en manos del gobierno central favoreciendo a los Kirchner, pero no a los gobernadores cada provincia. •La parte cualitativa fue con mayor discreción. Las provincias dependen de una transferencia fiscal, aunque algunas tenían mayor dependencia que otras. Sin embargo, ninguna se podía dar el lujo de tener retrasos o discriminaciones en el reparto de fondos nacionales. La centralización fiscal y la asignación política aumento durante el gobierno de los Kirchner, por esta razón los gobernadores radicales nunca apoyaron a Menem, y se llegó al punto de apoyar la reelección de Kirchner en el 2007. - Centralización política: de por qué todos los gobernadores radicales son K Los gobernadores de origen radical que convivieron con Néstor y Cristina Kirchner en la presidencia mostraron una sorprendente sintonía política con ellos. Es evidente y previsible que los gobernadores son políticamente estratégicos. Del mismo modo en que Kirchner elogio a Menem y esto fue dudosamente sincero, los que van de los radicales K no significan mucho. Lo que sus movimientos durante 2003-2011 parecen demostrar es que el alineamiento con Buenos Aires fue condición casi necesaria para la supervivencia, por lo menos en la medida en que el Kirchnerismo se mantuvo fuerte y con perspectiva de continuidad. El gobernador Scioli, repite con frecuencia que no es posible llevar adelante un proyecto provincial exitoso sin buena sintonía con el gobierno nacional. En la Argentina Kirchnerista hay más centralización fiscal y más centralización política que antes del 2003. La subordinación de los gobernadores, aun de aquellos de partidos opositores y de las provincias más poderosas, es expresión y consecuencia de ello. - Territorialización recargada: Kirchnerismo en Buenos Aires, peronismo en Córdoba, socialismo en Santa Fe y macrismo en Capital Federal: Durante las décadas del ´80 y del ´90, las provincias eran gobernadas por el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical (UCR). Aunque había algunas excepciones, por ejemplo Corrientes o Neuquén donde las fuerzas provinciales obtuvieron la gobernación. En consecuencia de la decadencia después del Pacto de Olivos y la crisis del 2001, y en cierta medida el crecimiento del Partido Justicialista, llevo a cabo una mayor heterogeneidad política territorial. Durante el período del 2007 al 2011, las cuatro provincias de mayor relevancia electoral eran gobernadas por cuatro partidos políticos diferentes. Estos partidos fueron: Buenos Aires - un aliado del Kirchnerismo quien fue representante del Frente para la Victoria (FPV), Córdoba - Juan Schiaretti quien representaba al Partido Justicialista, Santa Fe - Hermes Binner quien era un socialista que estaba en alianza con la UCR y otras fuerzas, Capital Federal - Mauricio Macri quien era representante del PRO. Por otro lado, algunas provincias como Neuquén o Misiones eran gobernadas por fuerzas locales o heterogéneas coaliciones de identidad partidaria difusa respectivamente. Durante el período de los Kirchner hubo algunos aliados, por ejemplo Capitanich en el Chaco, mientras que otros como Rodríguez Saa han realizado muchas críticas al kirchnerismo. Sin embargo, hay un tercer grupo que se ha apoyado en menor medida como es el caso de Schiarreti. Todo esto nos deja de enseñanza que buena parte del sistema político argentino, el federalismo y la política provincial tienen algo que podríamos denominar “debilidad institucional”. El federalismo fiscal que lo caracteriza no solo cuenta con déficit de criterios claros y estables de distribución, también es inequitativo, rentístico y algunos expertos aseguran que es “laberíntico” (y con esto hacen referencia a la gran complejidad con la que manejan las reglas de coparticipación de impuestos). Las provincias pequeñas, que suelen ser más que todo hibridas y rentísticas, están claramente sobrerrepresentadas en el Congreso nacional, y lo han estado, de hecho, en la presidencia. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, si el análisis presentado esta en lo cierto, no sería absurdo pensar que dentro de los próximos años se estaría escribiendo “La política en tiempo de los Rodríguez” o de cualquier apellido que corresponda a quien, desde las ventajas del rentismo, la hegemonía provincial y la sobrerrepresentación, logre seguir los pasos de Carlos Menem y Néstor Kirchner hacia la presidencia e intente, como ellos, la hegemonía nacional. 7)CAPITULO BONVECHI Introducción La relación entre el kirchnerismo y el empresariado estuvo tramada por dos objetivos políticos de gobierno: maximizar los efectos expansivos de corto plazo de su esquema macroeconómico y para ello utilizar herramientas consistentes con su visión preferida sobre la organización de la economía argentina. Para el primer objetivo decidieron aprovechar todas las oportunidades para preservar o expandir los niveles de actividad y empleo utilizando el gasto público como estímulo de la demanda agregada. Para el segundo expandieron la intervención estatal en la economía. Esta combinación de estrategia y herramientas dividió al empresariado y debilitó la capacidad de negociación y bloqueo de los sectores disconformes con el rumbo o los instrumentos elegidos por el gobierno. La división del empresariado y el debilitamiento de algunos sectores permitieron al kirchnerismo avanzar en una reconfiguración de la relación estado-empresarios bajo el formato de un capitalismo selectivo en el cual la distribución de oportunidades de ganancias y rentas. El autor tratará sobre las bases y los hitos de la relación estado-empresarios durante el kirchnerismo y dividiremos en 3 secciones. La primera describe analíticamente la dinámica general de la relación: los objetivos, preferencias y estrategias. La segunda sección traza las huellas de esa dinámica en las principales decisiones gubernamentales vinculadas directamente con la estructura económica y las condiciones de operación del empresariado. Y por último las conclusiones discuten la naturaleza y las consecuencias posibles de la organización económica emergente de estas interacciones. La dinámica general El gobierno kirchnerista sostuvo durante su mandato, la estrategia macroeconómica expansiva heredada de la administración de Duhalde. Pero se diferencia de políticas populistas o menemistas por haber podido recuperarse frente a situaciones difíciles o problemas. En ocho años de gobierno kirchnerista, la economía pasó de una inflación baja e inercial a una alta y permanente. También de una fuerte expansión a una gran contracción, y de un buen escenario internacional a una crisis global profunda. Pero sí cambió los instrumentos macroeconómicos para conseguir sus objetivos. Abandonaron el tipo de cambio real y competitivo y los superávit gemelos, por un tipo de cambio real con déficit fiscal y balanza comercial descendente. Las empresas perjudicadas buscaron incrementar los precios de los bienes producidos o los servicios prestados para minimizar sus pérdidas en el corto plazo y elevarle al gobierno los costos de afectar sus intereses. Los gobiernos kirchneristas respondieron a las resistencias empresariales multiplicando los temas y las arenas de negociación. Estas respuestas gubernamentales sugieren que la gestión kirchnerista encaró la relación con el empresariado como un juego de doble nivel. En un nivel, las negociaciones con los empresarios, y en el otro nivel, para el gobierno, la presentación de los resultados de esas negociaciones ante la opinión pública, y para los empresarios, la defensa de esos acuerdos ante sus accionistas o casas matrices del exterior. Para resolver un conflicto así estructurado es necesario ampliar el conjunto de acuerdos posibles (winset) con cada jugador: cuanto más amplio el winset, mayores son las posibilidades de acuerdo porque es más probable la superposición entre los winsets de los jugadores y, por tanto, menos sostenible el bloqueo de las negociaciones. Así, pues, la estrategia dominante en juegos de doble nivel es ampliar el winset del adversario para debilitar su capacidad de negociación y minar su resistencia al acuerdo. Esto se realiza multiplicando los temas de negociación y las arenas de interacción. Mientras el menemismo y otras experiencias populistas buscaron obtener la cooperación empresarial para sus objetivos macroeconómicos de corto plazo concediéndoles rentas más o menos permanentes en compensación por los eventuales perjuicios ocasionados, el gobierno kirchnerista condicionó el otorgamiento de esas rentas a la aceptación empresarial de una mayor intervención estatal en la gestión de los negocios y en la determinación de la rentabilidad misma. El kirchnerismo incrementó entonces el winset del empresariado por la negativa: incluyendo temas y arenas de interacción que amenazaron aumentar los costos de resistir la oferta inicial del gobierno. Cuando el contenido de las amenazas gubernamentales alteró la distribución de costos y beneficios dentro de los sectores empresarios, éstos se dividieron y el kirchnerismo pudo imponer sus decisiones sin necesidad de concretar los cambios estructurales amenazados. Es lo que ocurre cuando el winset de un negociador se superpone con el de al menos la mayoría de los actores que constituyen al otro jugador. En cambio, cuando las amenazas afectaron de manera homogénea a los sectores alcanzados por las medidas gubernamentales, los empresarios mantuvieron su resistencia, y el gobierno concretó sus amenazas. Es lo que ocurre cuando los winsets de los jugadores no se superponen. Mientras la macroeconomía operó bajo la combinación tipo de cambio real competitivosuperávit gemelos, los ganadores fueron el conjunto del sector industrial y el complejo agroexportador, y los perdedores el sector financiero y las empresas de servicios; pero cuando la macroeconomía pasó a operar con tipo de cambio real tendencialmente apreciado, déficit fiscal y balanza comercial descendente, el sector financiero recuperó posiciones frente a la industria pequeña y mediana. En la transición, el gobierno reestatizó empresas de servicios públicos, amplió su intervención sobre la gestión de grandes firmas y sometió la rentabilidad agroexportadora a la variación de las necesidades de financiamiento del sector público y, posteriormente, de los precios internacionales. Los hitos La ley de emergencia pública de 2002, con la devaluación, la pesificación y el congelamiento de tarifas trajeron complicaciones a la empresas privatizadas. La pesificación creo un problema de transferencia, volvió necesaria la compra de divisas para pagar las deudas. El congelamiento de precios las hizo más difícil y no pudieron sostener las tasas de rentabilidad previstas en los contratos. Por último, la devaluación trajo dos problemas. Para las empresas incrementaron los costos operativos y financieros; para el gobierno, un incentivo para mantener congelados los precios. Por qué esto último? Si no hubiese congelamiento de precios, las empresas iban a trasladar los costos de la devaluación y los costos de la pesificación anteriormente mencionados en inflación, lo que disminuiría el salario real, y generaría descontento social. Bajo estas condiciones el gobierno tenía tres objetivos: contener la inflación, impedir el deterioro del tipo de cambio real, y evitar el derrumbe del salario real. Los empresarios tenían como objetivo recuperar el nivel de ingresos previo a la devaluación y obtener compensaciones por las pérdidas incurridas. Tras proponer un aumento escalonado de tarifas rechazado por las empresas, la administración de Duhalde opto por posponer las renegociaciones para mantener el congelamiento tarifario. En respuesta, las empresas demandaron al Estado ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión en busca de compensaciones por las pérdidas de ingresos y de rentabilidad generadas por la inflación. Si el Estado argentino no resolvía el congelamiento de precios, antes de que se fallase a favor de las empresas, debería pagar compensaciones, las cuales el Tesoro no tenia fondos. Para ello el gobierno kirchnerista busco renegociar con las empresas, sin obligarse a salir del contrato. Para ello el gobierno kirchnerista amplio el winset de las compañías creando la ley 25.790, en la cual se establecía una renegociación en dos etapas y otros temas, además del de las tarifas. En la primera etapa se evaluarían los desempeños de las empresas antes del 2002 y los reclamos derivados de la ley de emergencia pública y se firmarían actas de acuerdo. Y en la segunda etapa, estaría la renegociación definitiva de los contratos. Con este cambio normativo, el gobierno creo la posibilidad de modificar los contratos en tanto pudiera argumentarse que resultaba de un mal desempeño empresarial o de los efectos de la emergencia. Al hacer esto, se incrementó la posibilidad de llegar a acuerdos que excluyeran la salida del congelamiento de precios. El gobierno concedió aumentos parciales de tarifas que compensaron alrededor del 50% de las variaciones de costos derivadas de la devaluación; autorizó la dolarización de algunas tarifas (teléfonos y aeropuertos); redujo los compromisos de inversión de las empresas a los niveles más bajos del período de la convertibilidad; condonó o postergó multas por incumplimientos contractuales; redujo o postergó el pago de deudas pendientes con el Estado. Por su parte, las empresas desistieron de las demandas ante el CIADI. Sin embargo, no todas las empresas aceptaron la oferta gubernamental, como es el caso de YPF, Aerolíneas Argentinas, las cuales estatizo. El congelamiento de precios fue mantenido a costa de los derechos de propiedad de las empresas. La inflación planteo otro problema: como detenerla, sin reducir el ritmo de crecimiento económico. Para ello optó primero por promover acuerdos de precios con sectores y empresas, pero sin modificar las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Ante esos incentivos macroeconómicos, los sindicatos continuaron demandando aumentos salariales reales efectivos y las empresas encontraron oportunidad para romper los acuerdos de precios. Como respuesta, el gobierno aumentó el winset restringiendo las exportaciones para inducir una mayor disponibilidad de productos para el mercado interno y aplicando controles de precios informales. Esto hace que sea más rentable vender el producto dentro del país, y al haber más oferta del mismo, este sea más barato. Durante la crisis financiera de 2008, el colapso de los bancos y fondos de pensión abrió la oportunidad para nacionalizar el sistema jubilatorio privado como un rescate de los ahorros por parte del sector publico contra una emergencia que amenazaba con diluirlos. Las asociaciones rechazaron la decisión, pero la mayoría de la opinión pública valoraba negativamente a los fondos de pensión y temía que la crisis mundial devorara los aportes. Esto al permitía gobierno nacional tener una liquidez extra para enfrentar su gastos. La combinación entre aumentos constantes del gasto público –empujados principalmente por los subsidios que financian el congelamiento tarifario– y del salario real, política monetaria procíclica, bajas tasas de interés internacionales y excepcionales precios de exportación produjo desde 2008 liquidación del superávit fiscal, deterioro de la balanza comercial y apreciación cambiaria con alta inflación. Para continuar maximizando en el corto plazo el crecimiento y el consumo sin descontrol inflacionario ni presiones devaluatorias, el gobierno optó por incrementar la recaudación impositiva y controlar la oferta de divisas restringiendo las importaciones e imponiendo a los importadores la obligación de exportar por idénticas sumas. En respuesta, el gobierno modificó la ley de nacionalización del sistema previsional, (jubilaciones), para ampliar su intervención en las empresas donde había heredado acciones de los fondos de pensión. Aumentando la recaudación y forzando la distribución de dividendos de esas compañías, el gobierno obtendría fuentes de financiamiento no inflacionarias del gasto público y desaceleraría el deterioro de la balanza comercial. Conclusión El autor concluye diciendo que en esta relación Estado-empresarios, la función del empresariado sería aumentar la producción y las posibilidadesde consumo y empleo, mientras que la del Estado era apoyar a aquellos sectores capaces de alcanzar esos objetivos, y para el kirchnerismo, modificar la organización del caoitalismo argentino serviría para lograr esos fines políticos. Una de las medidas que tomaron, por ejemplo, fue abandonar las reglas del mercado. Bonvecchi tambien dice que se puede comparar al kirchnerismo con el menemismo en esta relación con el empresariado dentro de esta trayectoria del gobierno de la emergencia económica a la constitución de un capitalismo selectivo. Ambos gobiernos trataron de maximizar el crecimiento, el consumo,el empleo y la recaudación. Además los dos gobiernos buscaron determinar las oportunidades de ganancias y las rentas de las empresas por medio de restricciones, protecciones, subsidios y precios políticos. Asi como tenian sus similitudes, estos gobiernos tambien tenian sus diferencias a la hora de elegir estrategias para la constitucion de estos capitalismos selectivos. Mientras que el menemismo decidió ampliar su winset privatizando empresas y manteniendo protecciones y monopolios comerciales y sindicales por ejemplo, el kircherismo optó por ampliar el winset del empresariado, reivindicando la intervención estatal en la economía. Finalmente el autor dice que ,sin importar las decisiones que tomó cada gobierno, ninguno logró poner a la Argentina en un camino sostenible de desarrollo económico y social. 8) Movimiento social y protesta social desde una perspectiva antropológica, Manzano Estudia a los movimientos sociales. Movilización de Recursos (EEUU): los individuos estudian las relaciones de costo/beneficio antes de realizar una movilización, por lo que las acciones colectivas ocurren cuando los incentivos son correctos y convincentes. Se criticó esta mirada por la existencia de “grupos de presión” que se movilizan independientemente de las acciones colectivas. Sin embargo, Tilly llegó a la conclusión de que los recursos de la organización social no pueden ser abastecidos solo por grupos de presión, si no que debe haber influencias políticas de por medio. Orientación hacia la Identidad (Europa): se la define a partir de la razón de los movimientos sociales. Se dice que los motiva una lucha por cambiar el modelo social y cultural gobernante, y se diferencia de acciones conflictivas , comportamientos defensivos frente a la explotación y opresión, y de las luchas sociales , características por reclamar frente a una decisión política o la distribución de la riqueza. Movimiento Piquetero: está constituido por organizaciones defensoras de los ciudadanos desocupados. Pueden ser movimientos sindicales (CTA, CGT, etc) o movimientos políticos (Partido Obrero). Finalmente, los proceso identitarios en curso constituyen otro núcleo de análisis desde el cual abordar las organizaciones piqueteras. A nuestro entender existen tres construcciones articuladas de forma contradictoria que refieren a los procesos identitarios en curso: desocupado/beneficiario/piquetero. Desde la experiencia del empleo formal, se interpreta como no-trabajo a las actividades que se realizan actualmente y se categorizan como “changas”, “rebusques”, por supuesto que el énfasis sobre esta construcción depende de la edad y del género. La construcción de beneficiario se genera en el marco de relaciones estatales en torno a las políticas, más en particular en torno a los programas de empleo y alimentarios; desde esta construcción los sujetos enfatizan sus carencias y necesidades. A la vez, “ser piquetero” se construye en el marco de procesos de protesta y de lucha, y se vincula con el horizonte de expectativas políticas heredadas de tradiciones previas que, al mismo tiempo, resignifica las construcciones de “desocupado” y “beneficiarios” a partir de la redefinición de categorías identitarias como la de trabajo y política. 9) Introducción al análisis de las políticas públicas en la Argentina, Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya 2. Políticas Publicas en la Argentina Cambios surgen cuando una política reemplaza a existente. Para los procesos de cambio hay dos tipos de explicaciones: 1 variables político-institucionales 2 burocrático-estatal. Para el primero las políticas públicas eran inestables y volátiles mientras que en la segunda considera lo que le sucede al interior del Estado como instancia previa a la implementación de políticas, las cuales, sumergidas en patrones que hacen que las burocracias persistan y se reproduzcan. Veremos cuatro momentos o ciclos de la política publica nacional y analizaremos jugadores, reglas y resultados 2.1. Los ciclos de la política en la Argentina Capitalismo oligárquico: Va de 1880 a 1914, y las clases propietarias eran los únicos agentes políticos (partidos de notables). En este periodo de organización nacional desplazó a los poderes encarnados en las provincias. La generación del 80’ creó un ejército nacional, un sistema judicial nacional y una burocracia dependiente del poder ejecutivo y a la vez estimuló a las actividades comerciales y creación de instituciones respaldadas por el Estado (Banco de la Nación y Banco de la Provincia de Buenos Aires). Políticas tendientes: generación del mercado de trabajo, disciplinamiento de la mano de obra, aparición de los primeros seguros sociales regulados por el estado, secularización de la educación básica, con homogenización sociocultural y generación de infraestructura social básica. Las principales fracturas fueron: 1. El ensanchamiento de la brecha entre comportamientos de la burguesía y políticas del Estado 2. El estado pasó de ser un estado de capitalistas a un estado capitalista En 1930 hubo un reordenamiento del sector privado, la primera fase de la sustitución de importaciones, atención a las demandas de los sectores obreros y la resolución de conflictos por medio del estado El Estado Social: de 1930 a 1970, se produjo por la imposibilidad de incorporar actores sociales emergentes y otorgó al estado el rol principal, como regulador de la vida económica, caracterizado por mecanismo de seguridad social y de asistencia pública. Se propiciaron políticas de pleno empleo, se consolidaron modalidades foristas, cobertura de los riesgos de la vida activa, expansión de la educación pública (incluyendo media y superior), creación de una red de salud estatal y políticas asistenciales. En lo económico prevalecieron el ISI, políticas orientadas al subsidio de la oferta. Para todo esto fue determinante una alianza conformada por trabajadores urbanos y rurales. El deterioro de los recursos del estado hizo difícil administrar los conflictos políticos y sociales. Proceso de desestatización: ligado a procesos agudos de crisis financiera y fiscal, conflictos distributivos y conflictos que derivaron al desmantelamiento de los mecanismos de intervención estatal. Para esta visión anti estatista el estancamiento era generado por las prácticas estatales vinculadas al ISI. La ideología anti estatista genero muchos conflictos sociales. En 1980 argentina experimentaría el ajuste caótico que consistió en: 1. reforma macroeconómica (control del gasto público) 2. liberalización de importaciones. 3. promoción del desarrollo de empresas privadas (a través de un proceso de privatizaciones) Estrategia neoliberal con medidas que tendían a fortalecer el papel del mercado a través de procesos de reforma: abolición del centro de coordinación político y de cualquier otro centro, relación entre individuos en tanto propietarios, debilitamiento de las jerarquías sustituyéndola en acuerdos entre iguales, tomando el mercado como si tuviera un equilibro espontáneo. En lo referente a policitas publicas: reducción de los costos laborales, cuasimercados de gestión privada, privatización de la enseñanza, competencias de publicas de salud en función de cuasi mercados, privatización de los servicios públicos, fragmentación de los programas sociales, focalización en pobreza e indigencia como mecanismos de asignación del gasto publico. Se logró una distribución cada vez más inequitativa de los ingresos, lo cual da como resultado una sociedad cada vez más individualista. En consecuencia el estado perdió su carácter integrador. La experiencia neoliberal llego a su fin en diciembre de 2001 producto de una profunda crisis económica, social y política. Proceso de recuperación del estado: después del 2003 hubo una recuperación del rol del estado, con ellos nuevas políticas públicas. Ellas son: mayores controles a empresas privatizadas, estatizar empresas privatizadas en los 90, regulación del mercado de trabajo a través de negociaciones y convenios, subsidio a la oferta, fomento al consumo, estatización de la seguridad social, democratización de los medios masivos de comunicación. Estas políticas han aspirado a superar las rigideces del mercado laboral a través de políticas coordinadas de promoción del empleo Estas políticas públicas tienen fuertes desafíos respecto a su sustentabilidad, y una necesidad de un fuerte equilibrio entre las cuentas públicas y una estrategia de reducción del endeudamiento externo, en una estrategia coordinada con gobernadores e intendentes. 3. El Proceso de Formulación de Políticas en la Argentina En el sistema democrático argentino, los procesos de formulación de la política se desarrollan en distintos factores, en los que participan una cantidad de actores políticos, como por ejemplo: los políticos profesionales (presidentes, líderes de partidos, legisladores, jueces, burócratas, gobernadores) grupos empresariales, sindicatos, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil. Al igual que los Estados Unidos es una república federal, con forma de gobierno presidencial y una legislatura bicameral. Esto re sume a que la democracia Argentina es delegativa, esto implica que corresponde a un poder ejecutivo que consolida su fuerza o legitimidad en base a elecciones directas. Una de las principales características del sistema representativo se ve en las fórmulas utilizadas para convertir los votos en un puesto en la legislatura y estos determinan el grado de control partidario de la selección y el orden de los candidatos en la lista partidaria. Los procesos de formulación de las políticas públicas dependen de la capacidad de los actores para alcanzar y hacer cumplir acuerdos, o sea, de cooperar. 3.1. Partidos políticos Desde 1940, la escena política se deriva el bipartidismo, el Partido Justicialista (el partido Peronista) y la Unión Cívica Radical (UCR) el cual es el partido más antiguo, surgió en 1890 para desafiar la oligarquía, en 1916 obtuvo por primera vez la presidencia luego de la reforma electoral democratizadora en 1912. El PJ surgió en 1940 bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón (desde 1946 hasta 1955 y luego de 1973 hasta 1974 su fallecimiento) y desde entonces se ha convertido en uno de los principales partidos políticos en la argentina. Ambos partidos se han mantenido a lo largo de este tiempo y son considerados catch-all, quiere decir que sus formar de politizar tienden a oscilar el “centro” político, base electoral de la UCR ha sido la clase media y la base electoral del PJ han sido los sectores trabajadores. Desde la reforma constitucional de 1994 hasta la eclosión política y social de 2001 todo el sistema de partidos políticos argentino ha ido cambiando todo el sistema de partidos se ha fragmentado, o sea que se han divido aumentando el número de postulantes en el escenario político En los últimos años, la desarticulación del sistema bipartidista tradicional que alternaba el poder entre peronistas y radicales ha cedido espacio a una nueva configuración política que revela un mayor número de actores partidarios involucrados y la formación de coaliciones gubernamentales más amplias 3.2. El Poder Ejecutivo En el sistema político argentino, los presidentes desempeñan una función predominante para determinar el programa de gobierno y formular propuestas en materia de políticas. La capacidad que tienen los presidentes de llevar a cabo estos programas de gobierno y mantener su influencia y prestigio depende de los factores que habilitan, restringen y le permiten llevar a cabo sus políticas Y esto se refleja en: ● Facultades legislativas: la facultad de emitir decretos con contenido legislativo está establecido en la Constitución solo para casos excepcionales y con la obligación del Congreso de tratar la iniciativa del presidente en un plazo determinado. Estas facultades le otorgan al presidente un fuerte de negociación, de fijar agenda legislativa. También cuenta con la potestad de vetar (parcial o totalmente) las iniciativas legislativas, siendo la regla para superar el veto presidencial de las 2/3 partes de las dos cámaras ● facultades no legislativas: el presidente puede nombrar a los funcionarios de su gabinete; también es factible que el Congreso le delegue al ejecutiva el poder de regularización sobre alguna área específica ● Poderes partidarios: relacionados la proporción de escaños que controla el partido o la coalición del presidente en el Congreso y la cohesión del partido o partidos de gobierno. Estos poderes le permiten gobernar de manera unilateral. En efecto, la capacidad del presidente para implementar políticas públicas depende, en gran parte, de sus resultados electorales. El Congreso y los gobernadores utilizan dos estrategias: una es de confrontación, haciendo la gestión del presidente tan difícil como sea posible; la otra es cooperar “ciegamente” con el ejecutivo a cambio de participar en el juego fiscal y en el juego presupuestario en el corto plazo. La elección entre estas dos estrategias resulta de una combinación de consideraciones partidarias y de disponibilidad de recursos fiscales. Cuando el partido en ejercicio del Poder Ejecutivo no coincide con los de los gobernadores (y la mayoría en el Congreso) y los recursos fiscales en mano del ejecutivo son escasos, una estrategia de confrontación es más probable. 3.3. Gobernadores Las provincias tienen su autonomía y se manejan solas Los gobernadores son las figuras de autoridad en cada una de ellas Si bien poseen esta gran autonomía dependen del presupuesto nacional debido a que no producen tanto Utilizan su sobre representación en el congreso para impulsar sus carreras políticas. 3.4. Congreso Congreso tiene 2 cámaras Tiempo que duran cuantos son y elecciones de diputados y senadores Sobre representación de nuevo. Aun mayor después de la reforma Legisladores duran poco y no llegan a representar bien. 3.5. Poder judicial Sus administraciones duran poco. Debería ser independiente pero durante décadas fue imparcial, debido a que la poca duración no les dejaba controlar más de un mandato político en su completitud. Esto cambio cuando en 2003 Kirchner cambio el proceso de selección de jueces. 3.6.Burocracia El autor se queja de nuevo de "servicio civil débil, altas tazas de rotación, y falta de incentivo a largo plazo". Él dice que si los funcionarios del congreso y burocráticos dirán más en sus cargos aprenderían a trabajar entre ellos y a seguir presionando sus propuestas para cumplirlas Pero si giran todo el tiempo no se llegan a conocer. 4. PRINCIPALES ARENAS DE POLITICAS PUBLICAS 4.1. El Juego Fiscal Federal El gasto público en Argentina se financia de la siguiente manera; aproximadamente el 50% de este es llevado a cabo por las provincias (70% al ignorar el sistema de pensiones) mientras que estas recaudan una fracción menor de los impuestos. Aun siendo este el caso, las provincias aportan únicamente el 35% de este gasto con ingresos propios, mientras que el resto proviene de un fondo común de recursos recaudados por el Estado Nacional mediante mecanismos de la “Coparticipación Federal de Impuestos”. En muchas provincias pequeñas los recursos provenientes del fondo se aproximan al 80% de sus recursos totales. Como consecuencia de esto, es común que los políticos locales disfruten de los beneficios políticos del gasto público, mientras que sus aparatos estatales dependen de los recursos del Gobierno Nacional para funcionar. La competencia por la distribución de fondos puede generar distorsiones políticas y en las políticas públicas, ya que los votantes tienen un incentivo para votar a aquel con la mejor chance de asegurar una mayor cantidad de recursos. En general, el poder ejecutivo posee amplios poderes para asignar geográficamente el presupuesto federal; sin embargo, en un intento para prevenir cambios negativos en el futuro, los actores políticos han intentado aplicar una mayor rigidez al sistema de coparticipación federal, reduciendo la flexibilidad del Gobierno Nacional ante cambios en la economía. Los pactos fiscales del 1999 y 2000 asignaron un mínimo de fondos a ser entregados a cada provincia en un intento de suavizar la competencia por estos, sin embargo solo llevaron a resultados más inestables debido a la incapacidad del Gobierno Nacional para cumplir con lo que era exigido. 4.2. El juego del Presupuesto Publico El juego por el presupuesto es relativamente actual, ya que desde comienzos del siglo XX hasta la década del ’90 el Congreso no aprobaba a tiempo el presupuesto planeado por el ejecutivo por lo que los organismos estatales funcionaban sin tenerlo en cuenta, utilizando sus propios recursos. Dentro del sistema argentino, el Congreso no tiene restricciones para modificar el proyecto presidencial del presupuesto, no obstante, la ausencia de decisión en la fecha limite o el rechazo por el Congreso de este lleva a un resultado de reserva: según la Constitución Argentina, tras un rechazo del proyecto presidencial se extenderá el presupuesto del año anterior a partir del primer día del nuevo año fiscal. 10)Capítulo de Sebastian Etchemendy 1) Introducción: En el 2002 tanto para los sectores de la opinión pública como buena parte de las ciencias sociales era bastante claro que la política de las clases populares , en ese entonces y en el futuro, ya no pasaba por el sindicalismo peronista tradicional sino por los movimientos sociales (como los desocupados y el sinfín de grupos más o menos organizados que salen a la calle en declive del neoliberalismo). Se produjo una fragmentación en la clase trabajadora por el desempleo, contratos precarios de los años 90, la subordinación del sindicalismo dominante durante el gobierno de Menem y la conflictividad social por el movimiento piquetero. Tanto los opositores como los kirchneristas concordaban en que la alianza del Gobierno y el liderazgo de la CGT es el principal ordenador de la coalición de gobierno inaugurada en 2003. Por otra parte la CTA esta en un estado de crisis y con demasiados problemas como para contener los movimientos territoriales y penetrar en el sector privado, los medios dominantes no se cansaban de hablar de la amenaza del poder sindical. Desde el 2000 hasta la fecha, entre los gobiernos que encarnan el giro a la izquierda en América Latina sólo el Kirchnerismo ocupa un lugar central. 1-El retorno del gigante Cabe preguntar los factores que llevaron a la muerte al “sindicalismo tradicional”. Hubo dos elementos cruciales para esto: la democratización y la liberación económica. El sindicalismo además fue perdiendo afiliados y recursos económicos. Por otro lado el “juego democrático” desde 1983 otorgó más poder a intendentes y a políticos territoriales peronistas. Ya es un clásico el análisis de Levitsky (2005) sobre cómo la facción renovadora arranc el poder a los sindicatos en el seno del PJ durante los años 80; sin embargo pocos se dieron cuenta de que el sindicalismo logró salvaguardar recursos institucionales, estos al ser reactivados por el mercado de trabajo podrían ser utilizados como una nueva ofensiva del sindicalismo tradicional. 2-Logros del Modelo Sindical Argentino: una excepción entre los países emergentes El sindicalismo Peronista, en el marco de una alianza con el gobierno Kirchnerista, recobra el protagonismo perdido. Un gobierno amigo logró respaldar la reapertura de las negociaciones colectivas, tolero y avaló el conflicto laboral (hasta 2007), otorgó una ley laboral que terminó con todos los contratos basura y priorizo la negociación sectorial por rama, consolidó el control sindical de las obras sociales e impulsó una política económica expansiva que promovio el empleo, la reindustrialización de algunos sectores. En la etapa pos-liberal las organizaciones líderes (en cuanto a movilización o relevancia económica) eran los: -Sindicatos de Transporte (camioneros, petroleros privados y la pesca) -Sindicatos de Servicios (como el de comercio) -Sindicatos Estatales (como el de docentes) El nuevo auge sindical tuvo dos consecuencias: 1-Las mejoras en las condiciones laborales y sociales 2-El retorno de viejos vicios en el comportamiento de sectores del movimiento obrero. Respecto a las mejoras en las condiciones laborales, el grado sindical argentino tiene poca comparación con el resto de América Latina ya que la negociación colectiva cubre un 80% de los trabajadores registrados y un 55% a los asalariados privados, en Mexico solo llega al 17% y en Chile el 5.6%, en estos tres países casi todos están bajo acuerdos de ámbito local, municipal o de empresa mientras que en Argentina la mayoría está cubierta por convenios de actividad que tienden a aumentar los básicos generales, es decir, aumentar los ingresos de trabajadores menos pudientes. En una época de bonanza económica en común aumentar los contratos colectivos entre empresarios y sindicatos. Los sindicatos perciben un aumento de la rentabilidad de los trabajadores y el bajo desempleo fortalece su capacidad de demanda y acción colectiva. En general la negociación colectiva y el modelo sindical implican ventajas importantes para los trabajadores argentinos, la mayoría de estas ventajas y beneficios llegan al sector más formal de la economía. 3-Viejos Vicios La contraparte de este fenomenal aumento de cobertura y beneficios es la malversación de fondos y disputas violentas por el liderazgo interno y el encuadramiento de los trabajadores. Es cierto que los medios hegemónicos tienden a resaltar rasgos e ignorar los logros del modelo en cuanto a los beneficios sociales, y ni siquiera aceptan delegados sindicales en sus propias empresas. Los problemas mencionados tienen una raíz clara y es el aumento masivo en los recursos que comenzaron a manejar los sindicatos después del 2003 como: los aporte “solidarios” en cada negociación colectiva, el aumento del empleo en blanco y las cargas sociales que los sindicalistas manejaban. Los viejos vicios del sindicalismo argentino no eran una novedad en 2003, lo que sí era nuevo es el modelo sindical que vuelve a operar como un canal de inclusión y mejoras sociales, desde la recuperación democrática, gracias al contexto económico más favorable y la alianza del CGT y el CTERA que se selló a partir del 2003. 4-La dinámica coalicional 2003-2011: neocorporativismo segmentado y la doble alianza del gobierno con la CGT y CTERA El Kirchnerismo conformó una alianza con el movimiento sindical desde 2003 que tuvo sus dos componentes principales, la CGT y la CTA. La alianza con la CGT se basó en 3 sectores claramente ganadores en el modelo económico pos-liberal: ● Transporte (camiones, en especial los de recolección de residuos y caudales o transporte de correo) ● Construcción (metalúrgicos ● Industria y automotrices) Se apoyó la alianza con el gobierno en tiempos de bonanza, la mayoría de los sindicatos no dirigió medidas de fuerza contra el gobierno y aprovechó los diversos beneficios organizacionales que signaron la nueva etapa. En este periodo Kirchnerista los sindicatos lograron esencialmente: a)Incrementos sustanciales en el salario real. b)incentivos organizacionales para pelear salarios en mejores condiciones y otros beneficios para sus sindicatos. Ejemplos: La ley de 2004 que derogó la reforma laboral de la alianza y sancionó acuerdos de sector por sobre la empresa; el decreto 392/03 para discutir en paritarias la incorporación a los básicos salariales. El gobierno logró centralmente moderar el conflicto laboral y contar con elementos para moderar la inflación. Ni la CGT y la CTERA promovieron huelgas de alcance nacional frente a políticas del gobierno en la reelección del 2007 y en otras disputas políticas. 5-Tensiones y perspectivas de la alianza gobierno-sindicatos en Argentina La doble alianza del gobierno con CGT y CTERA reditúa beneficios para ambas partes del periodo 2003-2011. Pero últimos años surgieron tensiones que se pueden dividir en tres tipos: sectorial, electoral-político y económico-sistemático. -El sectorial se relaciona con el fuerte avance de los sindicatos más cercanos al gobiernos sobre la afiliación y encuadramiento de trabajadores. -En el electoral-político el sindicalismo busca recuperar el rol perdido desde fines de los años 80 en el seno del PJ (en las listas electorales y estructura partidaria). -Por último las tensiones económico-sistemáticas entre la CGT y la CTERA, ambos se vieron fortalecidos en su capacidad de demanda salarial en los años Kirchneristas. Las demandas del ctera y sus sindicatos de base inciden sobre las finanzas nacionales y sobre los gobernadores. No obstante queda por ver si los grandes sindicatos aceptarian pautas más generales, no necesariamente sectoriales que apuntan a algún tipo de pacto social. Lo que está en juego es si los sindicatos argentinos están dispuestos a coordinar salarios más activamente en aras de manejar la inflación, y así facilitar el mantenimiento de políticas monetarias y fiscales expansivas. 6-Un actor complejo: entender el sindicalismo argentino El sindicalismo argentino es un actor complejo. Globalmente puede otorgar beneficios a trabajadores que están muy por encima de la media en los países emergentes. Hay que entender que el sindicalismo argentino otorga a sus trabajadores más altos que en casi todos los países en desarrollo, que muchos líderes son apreciados por sus bases y porque enfrentan a los empresarios y consiguen beneficios; y que el pluralismo sindical sin límites no es la solución, sino el primer paso para empezar a pensar las reformas que necesita el modelo sindical argentino y aumentar la democratización, reconocer a la CTA como asociación sindical y sobre todo incentivar los sindicatos a tomar firmemente las demandas y cobertura del sector informal y los desocupados. 11)Empresarios y política en la Argentina democrática: actores, procesos y agendas emergente, Freytes Carlos La pregunta por la relación entre empresarios y política presenta algunas dificultades. En primer lugar, analíticas: ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresarios?; ¿qué preferencias se espera que movilicen en la arena política?; ¿en qué ámbitos y mediante qué recursos se ejerce su influencia? Otra dificultad está dada por los sesgos temáticos de la disciplina: a pesar de la idea extendida de que los empresarios (o, con mayor generalidad, el capital) ejercen una influencia decisiva en la vida pública, el funcionamiento de las instituciones, los procesos electorales y la política de los sectores populares formales e informales han recibido más atención por parte de la ciencia política. Esto se vincula con una tercera dificultad: el hecho de que la política de los empresarios es muchas veces opaca y poco visible -lo que hace más difícil reconstruir sus contenidos y mecanismos-. No obstante estas dificultades, la relación entre empresarios y política ha sido una preocupación constante para las ciencias sociales en estos treinta años de vida democrática. A la vez, los rasgos concretos que adquirió esa preocupación se fueron modificando a la luz de los eventos y procesos que marcaron decisivamente el período. Así, cada década estuvo marcada por una agenda de investigación central: la relación entre empresarios y régimen político primero; el papel de los empresarios en las reformas económicas de los '90; finalmente, en la última década, el comportamiento de los empresarios frente a un gobierno que antagonizó los intereses del capital internacional y doméstico en una variedad de áreas de política. En este ensayo nos proponemos reconstruir de manera muy sintética esa trayectoria. Con ese objetivo, en el primer apartado planteamos algunas cuestiones analíticas sobre la relación entre empresarios y política. En los apartados siguientes recorremos cada década, con la intención de dar cuenta de las principales claves interpretativas que la disciplina acuñó para dar cuenta del papel de los empresarios en esos procesos. En el apartado final, señalamos algunas agendas de investigación emergentes sobre la relación empresarios y política, entendiendo que -y esto es un hecho positivo- la pregunta por la relación entre empresarios y régimen político ha sido desplazada por la pregunta sobre la política de los empresarios en el marco del sistema democrático. Algunas cuestiones analíticas sobre empresarios y política La pregunta por la relación entre empresarios y política requiere algunas distinciones cruciales. La primera se refiere a la definición misma de empresarios. En efecto, con la categoría empresarios es posible referirse al capital como clase; a sectores económicos (agro versus industria, transables versus no transables); a formas de propiedad (internacional versus doméstica), a formas de organización de las empresas (grupos económicos o firmas); o a algunos empresarios individuales particularmente influyentes en un momento dado (Haggard, Maxfield y Schneider, 1997; Schneider, 2010). Estas distinciones son relevantes porque de una u otra definición se sigue el tipo de preferencias que se espera que los empresarios busquen realizar en la arena política. De los empresarios en tanto capitalistas se espera que formulen demandas "de clase": derechos de propiedad, garantías sobre los contratos, quizás incluso instituciones orientadas a asegurar esas demandas. Atender a la localización sectorial complejiza el análisis, en la medida en que revela conflictos intracapitalistas y la posibilidad de alianzas que reordenen verticalmente los clivajes de clase (O'Donnell, 1977). La propiedad del capital ha sido importante para los procesos de desarrollo en la periferia global basados en la articulación entre Estado y empresarios nacionales (Evans, 1995). Las características de las firmas (por ejemplo, la diversificación a través de grupos económicos) pueden proporcionar ventajas competitivas en entornos económicos inciertos. Por último, empresarios individuales pueden explotar el acceso privilegiado a los decisores políticos en una coyuntura dada para acumular activos, desactivar "riesgos" regulatorios o fortalecer su posición en mercados oligopólicos (Schneider, 2013). De cómo se definan los empresarios, en suma, resultan diferentes preguntas y agendas de investigación. La segunda distinción importante se refiere a los mecanismos y arenas de participación política de los empresarios, y el tipo de "inversión política" que privilegian (Schneider, 2010). Respecto a vías formales, la acción política de los empresarios se puede canalizar a través de instituciones neocorporativas de intermediación de intereses (esto es, asociaciones empresarias de distinto nivel de agregación) (Schneider, 2004) o bien a través de partidos que hagan de la defensa de los intereses empresarios (por ejemplo, la defensa del mercado y la iniciativa privada) el eje de su propuesta programática (Middlebrook, 2000). Estas vías institucionales no agotan la participación política de los empresarios: a la par de ellas se verifican una serie de mecanismos informales que incluyen la designación de expertos afines al frente de la política del área, vías informales de acceso a la burocracia pública y el Congreso en el proceso de formulación de políticas, redes personales que conectan empresarios y políticos, contribuciones a las campañas electorales, etcétera (Schneider, 2010). Esta descripción de los mecanismos de participación política supone, como es evidente, que hay competencia política democrática -que la cuestión del régimen ha sido saldada y la democracia es el único juego aceptado por los principales actores socioeconómicos-. En regímenes autoritarios o no competitivos es esperable que formas neocorporativas de intermediación de intereses, o incluso el control directo de la formulación de la política pública, sean las modalidades predominantes de realización de los intereses empresarios en la arena política. Y tales eran, en efecto, los legados con los que se inauguró en 1983 el nuevo período democrático: unos actores empresarios cuyo compromiso con la democracia era a priori por lo menos incierto, dado el rol que históricamente habían cumplido como apoyo o promotores directos de las intervenciones militares, y la dificultad recurrente de esos actores para defender sus intereses en contextos democráticos. Con las categorías analíticas discutidas brevemente en este apartado, nos dirigimos ahora hacia esos legados y los procesos inaugurados con el triunfo de Raúl Alfonsín. El retorno de la democracia o la pregunta por el régimen político 1983 fue el punto de llegada de un largo ciclo de inestabilidad política, inaugurado en la década del '50, y caracterizado por alternancia de experiencias democráticas restringidas (por la proscripción del peronismo) y golpes militares. El trabajo clásico de O'Donnell (1977) describe el conflicto distributivo que subtendía esa dinámica política: dos bloques sociales antagónicos, enfrentados en sus concepciones del desarrollo, pugnaban la definición de la política económica. La coalición orientada al mercado interno (trabajadores y pequeños industriales) favorecía el aumento de los salarios y el gasto público como motor del crecimiento. Dado que el sector industrial era un consumidor neto de divisas, la expansión de la demanda concluía con una crisis del sector externo y una devaluación que redefinía los términos de intercambio domésticos a favor del sector agroexportador. La gran burguesía industrial (incluyendo las empresas multinacionales) era en tanto un actor pívot que lograba beneficios en las dos fases del ciclo: en la fase expansiva por el aumento del consumo interno, y en la fase recesiva -en la cual se alineaba con los intereses agropecuarios en la demanda del restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos- por la consolidación de su posición dominante gracias al acceso al financiamiento internacional. En esta dinámica recurrente existía una afinidad evidente entre autoritarismo del régimen político y la posibilidad de imponer costos (recesión, caída del salario real) a una clase trabajadora con gran capacidad de movilización y unificada electoralmente por la identidad peronista. De allí que los grandes empresarios y sus asociaciones adoptaran una actitud defensiva durante los períodos de apertura política, a la vez que apoyaban decididamente los golpes militares que venían a restablecer no sólo los equilibrios en el frente externo y fiscal, sino también las prerrogativas del capital en el control del proceso productivo (Acuña, 1995). De allí también que los empresarios no desarrollaran un instrumento político capaz de avanzar sus intereses en condiciones de competencia democrática: en efecto, las iniciativas en ese sentido eran abandonadas cuando un nuevo ciclo autoritario convocaba al personal político y los expertos alineados con las visiones de distintas fracciones del capital al ejercicio de la función pública (Gibson, 1996). La dictadura militar inaugurada en 1976 se planteó como un objetivo explícito el quiebre del ese ciclo político, a partir de una política económica cuyo objetivo explícito era el debilitamiento de los actores de la coalición mercadointernista (Canitrot, 1980). La apertura externa con apreciación cambiaria impuso costos muy significativos a los empresarios orientados al mercado doméstico, a la vez que una represión de características inéditas en la Argentina permitió una caída significativa del salario real. No obstante sus ambiciones refundacionales, los legados más duraderos de la dictadura fueron una consecuencia no buscada de los horrores y fracasos en los que incurrió el gobierno militar. En efecto, la imposición de costos importantes a segmentos del empresariado industrial, la aventura de Malvinas y las revelaciones de los crímenes de la dictadura demostraron a las elites empresarias el carácter imprevisible de ese actor y marcaron su ocaso como agente político de los intereses empresarios. Junto al triunfo del radicalismo y la intención inicial del gobierno de Raúl Alfonsín de modificar la legislación laboral con el objetivo de debilitar al sindicalismo peronista, el descrédito de los militares contribuyó a modificar la preferencia histórica de los empresarios por opciones autoritarias y a comprometerlos con la nueva experiencia democrática (Acuña, 1995). Otro de los legados duraderos de la dictadura militar fue la consolidación de un puñado de grupos económicos domésticos, favorecidos por el carácter parcial de la liberalización económica ensayada por la dictadura (Novaro y Palermo, 2003) que preservó políticas regulatorias muy favorables a la obtención de ganancias extraordinarias en algunas áreas de negocios (Castellani, 2009a). Emergentes en algunos casos de la segunda fase de la ISI (aluminio), con base en mercados oligopólicos protegidos de la competencia externa (cemento, acero) o habiendo consolidado su posición a partir del retiro de empresas multinacionales en el contexto de incertidumbre y violencia política de los '70 (López, 2006), estos nuevos "capitanes de la industria" se convertirían en interlocutores privilegiados del nuevo gobierno democrático (Ostiguy, 1990). En un contexto internacional muy adverso, caracterizado por el peso del endeudamiento externo legado por la dictadura, flujos negativos de capitales hacia la región como consecuencia de la crisis de la deuda, y el deterioro de los precios de las exportaciones agrícolas, el gobierno radical entendió que estos grupos empresarios podían garantizar las inversiones necesarias para relanzar un ciclo de crecimiento. Además de los contactos directos con los capitanes de la industria, el gobierno involucró a las entidades industriales y a los sindicatos en la negociación tripartita de políticas de ingresos, un pilar decisivo de los planes heterodoxos de estabilización diseñados por el equipo económico. Por su parte las asociaciones del sector rural, frente al deterioro de los precios internacionales y la continuidad de los impuestos a las exportaciones agrícolas, adoptaron una actitud de abierta confrontación, desentendiéndose de las consecuencias potenciales que esa opción podía tener sobre la estabilidad del gobierno (Acuña, 1995). Como es sabido, el deterioro del frente externo y fiscal, agravado por la pérdida de control del proceso político, terminaron en un proceso hiperinflacionario y el traspaso anticipado del gobierno al nuevo presidente justicialista, Carlos Menem. En ese lapso, y haciéndose eco del diagnóstico de los organismos multilaterales de crédito, fue consolidándose en segmentos importantes de las elites políticas y económicas la idea que la resolución de los problemas que enfrentaba la economía argentina iba a requerir una restructuración profunda de sus condiciones de funcionamiento desde la posguerra. Lo cual implicaba: apertura comercial, política fiscal y monetaria orientada a la estabilidad antes que al crecimiento, el retiro del Estado de la economía y un nuevo énfasis en el mercado y la actividad privada como principal mecanismo de asignación de recursos entre sectores y actividades. Esto implicó también una redefinición del foco de interés y las preguntas de la disciplina: en efecto, si la década del '80 estuvo dominada por la pregunta sobre la estabilidad democrática a luz de los comportamientos históricos del empresariado local, la década siguiente dio esa pregunta por saldada1 y se concentró en el papel de los empresarios en el proceso de reformas. Como veremos, los nuevos actores empresarios identificados en este período cumplirían un rol central en la década siguiente. Los años '90 o la pregunta por la viabilidad política de las reformas económicas El gobierno de Menem hizo del programa de reformas económicas y, en especial a partir de 1991, del éxito antinflacionario del Plan de Convertibilidad, el eje de la recomposición de su poder político (Palermo y Novaro, 1996). En ese proceso redefinió (o al menos desplazó por un tiempo) los clivajes que habían organizado la política argentina hasta ese momento. En efecto, lo que inesperadamente reveló la década menemista es que el peronismo podía ser, antes que una amenaza, un gestor más o menos eficiente de los intereses del capital -y ya no del segmento orientado al mercado doméstico sino de sus fracciones más concentradas e internacionalizadas (Gibson, 1997)-. La contracara fue por supuesto un nuevo diferimiento de la constitución de una opción partidaria que asumiera programáticamente la representación de esos intereses. La integración plena a los flujos financieros trasnacionales presupuesta por el esquema de tipo de cambio fijo implicaba también que, al menos mientras no mudaran las condiciones externas de acceso al crédito, las preferencias de los empresarios en tanto capitalistas estarían garantizadas por los mecanismos impersonales de los flujos financieros internacionales (Schamis y Way, 2003). En un contexto definido en sus parámetros generales por el régimen cambiario, la reflexión académica se centró en entender las profundas transformaciones en marcha y, en particular, las condiciones que hacían políticamente viable esas reformas (Acuña y Smith, 1996; Gerchunoff y Torre, 1996; Torre, 1998; Viguera, 2000). No obstante la orientación ortodoxa general de la política, a medida que el gobierno recuperó grados de libertad las preferencias de política del peronismo se hicieron sentir en el contenido de algunas reformas, limitando el impulso liberalizador del equipo económico (Gerchunoff y Torre, 1996). El punto fue retomado recientemente en perspectiva comparada por Murillo (2009), quien mostró la importancia de los legados partidarios, y cómo los gobiernos de los históricos partidos populistas latinoamericanos convertidos al credo liberalizador por razones pragmáticas (el PRI en México y el PJ en Argentina) privatizaron creando mercados de servicios públicos más regulados que los reformadores neoliberales "convencidos" (por ejemplo, en Chile)2. ¿Qué papel jugaron entonces los empresarios en el proceso de liberalización económica? La respuesta a esta pregunta se desarrolló deslindándose de formulaciones más tempranas, que ponían el acento en el aislamiento tecnocrático de los gobiernos reformistas frente a las demandas de los actores de la ISI (Haggard y Kauffman, 1995). El aporte decisivo de esta literatura fue que, lejos de comportar la desarticulación de coaliciones distributivas, la liberalización económica generalmente implicó la conformación de nuevos espacios de apropiación de rentas (Schamis, 1999). Así, por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones en condiciones oligopólicas, y en un contexto en el que la apertura comercial con apreciación cambiaria beneficiaba especialmente al sector no transable de la economía, otorgó rentas extraordinarias a los consorcios adquirentes, cimentando así el apoyo de los empresarios domésticos a la liberalización3. Los trabajos de Etchemendy (2001, 2011) son quizás la formulación decisiva de esta perspectiva coalicional. Este autor identifica distintos modelos de liberalización en función del régimen político y las características de los actores constituidos en la fase previa de la ISI. Su argumento es que bajo regímenes democráticos, viabilizar la liberalización económica requirió prioritariamente compensar a los actores protegidos de la fase anterior, a priori los más castigados por el viraje de política. Cuando como en Argentina esos actores eran económicamente poderosos y habían ganado participación de mercado frente al Estado y las empresas multinacionales en los años previos a las reformas, lo que se verificó fue un modelo negociado o corporativo de liberalización. En este esquema, el gobierno logró el consentimiento de los grupos económicos más grandes (aquellos con recursos suficientes para enfrentar la política del gobierno) mediante la desregulación parcial (por ejemplo, el régimen automotriz) o la asignación de activos en condiciones muy favorables en aquellos sectores que constituían su principal actividad(por ejemplo, en el sector petrolero y siderúrgico). Estos grupos participaron también en las privatizaciones de servicios públicos como socios en los consorcios adquirentes, pero sólo para aprovechar la oportunidad de negocios y no como una opción estratégica -como lo demuestra el hecho de que la mayoría se había desprendido de estos activos hacia el final de la década (López, 2006)-. No obstante que el tipo de compensaciones favoreció a los grupos económicos consolidados durante la ISI, con el tiempo esta estrategia de liberalización se reveló menos exitosa que otras en la consolidación de una clase empresaria doméstica en condiciones de enfrentar la competencia internacional y expandirse internacionalmente (Finchelstein, 2010, 2012; Etchemendy, 2011)4. Lo que se verificó en el transcurso de la década fue una creciente extranjerización de la estructura empresarial argentina, a medida que empresas multinacionales en la búsqueda de mercados hacían uso de su músculo financiero para adquirir firmas locales (López, 2006). Estos resultados dependieron también de decisiones estratégicas de las empresas, pero en términos generales casos "exitosos" de adaptación a la apertura y expansión internacional, como Arcor o Techint, fueron más bien la excepción que la regla (Gaggero, 2012). En cuanto al sector agropecuario, la política de liberalización y desregulación incluyó el desmantelamiento de los mecanismos de intervención en los mercados agropecuarios, la eliminación de los impuestos a la exportación y la liberalización de las importaciones de insumos y maquinarias, que en el mediano plazo favorecería la renovación de los procesos productivos por la incorporación de tecnología (Bisang et al., 2008)5. Pero esto en un contexto de apreciación cambiaria y bajos precios internacionales que afectaba negativamente la rentabilidad del sector y amenazaba la supervivencia de los productores menos eficientes. A nivel de las asociaciones empresarias, varios estudios sociológicos se han ocupado de señalar su "desorientación" frente a una política oficial que, a la vez que venía a realizar las ideas económicas con las que históricamente habían impugnado las experiencias populistas, imponía costos importantes a sus bases (Heredia, 2003; Beltrán, 2011). Esta relativa inconsistencia entre el apoyo explícito o tácito a la política económica y las consecuencias de esa política sobre los empresarios se hizo más evidente hacia el final de la década, cuando el cambio de las condiciones externas reveló los límites insalvables de la convertibilidad. Quizás porque la regla cambiaria había devenido un equivalente de estabilidad y un orden económico favorable a la iniciativa privada, quizás porque no estaba claro qué dispositivos institucionales y de política económica podrían remplazarla, lo cierto es que el compromiso de las elites políticas y económicas con el esquema cambiario sobrevivió con mucho su viabilidad económica (Galiani, Heyman y Tomassi, 2003). Junto con las inconsistencias acumuladas a lo largo de la década, y un contexto financiero internacional muy desfavorable, esta incapacidad de encontrar respuestas políticas y una estrategia económica alternativa explica en gran medida la magnitud de la crisis de 2001-2002. La década kirchnerista: entre nuevos y viejos dilemas Si el tiempo transcurrido contribuyó a fijar algunas claves analíticas para entender la política de los empresarios en las dos primeras décadas de democracia, la tercera década, que se desarrolló bajo el signo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es un proceso todavía abierto. Es por eso que en este apartado de cierre nos proponemos combinar las referencias a la literatura con el señalamiento tentativo de algunas agendas de investigación recientes y emergentes. El consenso mínimo de la literatura sobre el período es que el eje de la estrategia de política económica del gobierno de Néstor Kirchner consistió en la reconstrucción de una coalición amplia con eje en los sectores populares formales e informales (Nazareno, 2009; Etchemendy y Garay, 2011; Bonvecchi, 2011). Esa estrategia implicó antagonizar al capital internacional y doméstico cada vez que la atención de sus demandas implicaba resignar la tasa de crecimiento o la recomposición de la capacidad de consumo de la base social del gobierno (Bonvecchi, 2011; Etchemendy y Garay, 2011). Esta lógica caracterizó sucesivamente la negociación de la deuda en default con los acreedores externos -en la cual el gobierno logró imponer términos inéditos en una restructuración de esta magnitud (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005)-; el congelamiento de precios y la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; y la imposición de restricciones a las exportaciones con el objetivo inmediato de controlar los precios domésticos de una serie de bienes de consumo masivo (hidrocarburos, carne, trigo). En las condiciones iniciales de salida de la convertibilidad, esta estrategia no fue inicialmente inconsistente con el mantenimiento de resultados superavitarios en materia fiscal y de comercio exterior, y favoreció la recuperación económica, la pacificación social y la recomposición de los ingresos de los sectores populares. A ese resultado contribuyó un contexto internacional con precios récord para los commodities agrícolas, que contribuyó a remover la restricción externa en el corto y mediano plazo y viabilizó la decisión del gobierno de no retornar a los mercados internacionales de crédito (Richardson, 2009). No obstante, la política de expansión sostenida de la demanda doméstica fue encontrando límites sucesivos en el frente fiscal (agudizado por la política de subsidios al consumo de servicios públicos) y externo (incluyendo las presiones del proceso inflacionario y las importaciones de hidrocarburos sobre la balanza comercial y la paridad cambiaria). Frente a estos desafíos el gobierno respondió ratificando su estrategia de política económica -lo que en la práctica implicó profundizar los aspectos más heterodoxos de esa estrategia, confrontar con los intereses empresarios en una variedad de arena de políticas, y aumentar la intervención o directamente poner bajo el control del Estado una serie de actividades transferidas al sector privado en la década previa-. Así ocurrió con la reestatización del sistema jubilatorio, el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas que desembocó en el lock-out rural de 2008, y la reestatización de YPF. En cada coyuntura, en suma, el gobierno buscó preservar sus grados de libertad frente a las restricciones que hubiera implicado optar por soluciones ortodoxas frente a los dilemas que se le presentaban -al costo de diferir en el tiempo la resolución duradera de esos desequilibrios-. Dada esta orientación general de política, varias de las preguntas de la disciplina sobre la década se ubican precisamente en los puntos de conflicto entre las opciones de política del gobierno y los intereses de distintos segmentos empresarios. Una primera agenda se refiere así a la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; los factores que explican la variación en los términos de esa renegociación a nivel subnacional y para distintos consorcios empresarios (Post y Murillo, 2012) y los incentivos negativos que el gobierno enfrentó para la remoción de subsidios con costos fiscales crecientes (Bril Mascharenas y Post, 2012). Otra agenda indaga si se verificó una recomposición de la clase empresaria doméstica durante este período. Las preguntas en este caso aluden a las características y los límites de la recuperación de la actividad industrial durante la última década (Schorr, 2012; Souto Simao, 2013); cómo se reconfiguró la estructura de propiedad del sector financiero después de 2001 (Etchemendy y Puente, 2012); y qué consecuencias tuvieron para la consolidación de nuevos grupos domésticos las iniciativas del gobierno orientadas a promover el ingreso de actores nacionales en sectores y actividades considerados estratégicos (Castellani, 2009b). La tercera agenda con un anclaje sectorial se refiere a las viejas y nuevas formas de representación de los intereses del sector rural. En efecto, la incorporación de tecnología y la demanda internacional hicieron del complejo agroexportador uno de los sectores más dinámicos, internacionalmente competitivos y rentables de la década (Bisang et al., 2008; Richardson, 2009). En perspectiva comparada, que ese dinamismo económico no haya encontrado formas más duraderas de representación política resulta analíticamente intrigante (Freytes, 2013). Mientras que los análisis del conflicto de 2008 han enfatizado el papel que cumplió la unidad de acción de las entidades rurales en sostener la movilización del sector en su enfrentamiento con el gobierno (Hora, 2010; Fairfield, 2010), otros autores han señalado la importancia de asociaciones sectoriales de un nuevo tipo. Recurriendo a la expertise técnica antes que a la acción gremial para incidir en la política y el debate públicos, estas asociaciones habrían desplazado a las tradicionales en la representación de los segmentos más dinámicos del empresariado rural (Hernández, 2007; Gras, 2012; Gras y Hernández, 2013). En suma, el dinamismo del sector agroexportador plantea nuevas preguntas sobre la regulación de sector (Newell, 2009) y cómo sus demandas son representadas en la arena política y de articulación de intereses. Por último, la pregunta más general alude al carácter cíclico de la política argentina. Una interpretación alude a la dificultad de establecer acuerdos intertemporales por parte de los actores del sistema político (Spiller y Tomassi, 2005) que resultaría de, y a la vez contribuiría a reforzar, un patrón recurrente de debilidad institucional (Levitsky y Murillo, 2005). La alternancia cíclica de las estrategias de política económica, y las crisis como modalidad recurrentes de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, sugieren que hay algo acertado en ese diagnóstico. Sin embargo, sin un anclaje en la política de los actores sociales ese diagnóstico resulta insuficiente. Quizás el verdadero desafío consista entonces en desandar, analítica y empíricamente, las conexiones que existen entre las modalidades mayoritarias de funcionamiento de nuestro sistema político; el carácter fragmentario y particularista de la articulación de los intereses empresarios en la arena corporativa; la carencia de mediaciones partidarias estables entre una y otra esfera; y la volatilidad y el carácter errático de las estrategias de política económica. Que esta sea una tarea improbable no la hace menos interesante. 12)Transgresión propaganda, convergencia y concentración Becerra Martin El presente capítulo analiza, desde la perspectiva de las políticas de comunicación, el ciclo kirchnerista en curso (período 2003-2013) a partir del examen de variables de análisis clave del sistema de medios. Estas variables son la estructura del sistema y su régimen de propiedad; la lógica de funcionamiento económico del sector; la triple función del Estado como autoridad de aplicación de la normativa, operador de emisoras y financiador de emprendimientos; el tipo de acceso social a los medios (tanto a su propiedad como a su programación); y la regulación de los contenidos. Los (hasta ahora) diez años de ejercicio de gobierno por parte de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) constituyen la continuidad constitucional más extendida de los últimos cien años en el ejercicio de la presidencia. En este ciclo, las políticas de comunicación alcanzaron un protagonismo inédito en la agenda política y trascendieron el debate especializado delos profesionales y analistas de los medios para nutrir la discusión en el espacio público. El capítulo ensaya un sintético panorama de los hitos en materia de políticas de comunicación desde diciembre de 1983, como encuadre en el que se inserta el ciclo kirchnerista, que por ser el objeto de análisis del presente texto requerirá una exploración más detallada. El estudio de las mutaciones del espacio público en la Argentina no puede prescindir de la consideración de las condiciones en que se producen y circulan masivamente la información y la comunicación, recursos esenciales de la socialización. Esas condiciones fueron transgredidas por las políticas del kirchnerismo, fundamentalmente durante las presidencias de Cristina Fernández. Medios y democracia pos 83 Los treinta años que separan al presente de la recuperación del régimen constitucional exhiben cambios significativos en el sistema de medios. Sus contenidos, su estructura de propiedad, su propia definición desafiada por nuevos contornos tecnológicos y su discusión por parte de la sociedad, presentan modificaciones notables. Si bien la adscripción al lucro moldeó buena parte de las últimas tres décadas como principio rector del funcionamiento de los medios, en los últimos años la discusión sobre la comunicación introdujo un complemento innovador. En materia de contenidos, el cambio más sobresaliente desde la recuperación del régimen constitucional es el destierro de la censura directa ejercida hasta los años 80 no sólo por gobiernos militares, sino también por civiles en el siglo pasado (por ejemplo, los cierres de diarios y revistas en los dos primeros gobiernos de Juan Perón; el manejo discrecional de las cuotas de importación de papel en varios gobiernos o el decreto 1.774 que inauguraba las listas negras en 1973, firmado por el presidente provisional Raúl Lastiri a dos días de la tercera asunción de Perón). Es decir, la censura no era un fenómeno efímero o reducido a dictaduras sino que formó parte de la normalidad de la actividad política en el país antes de 1983. Y si bien hubo episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl Alfonsín y casos esporádicos en las presidencias de Carlos Menem, la progresiva conquista de la libertad de opinión fue una constante en los últimos treinta años. Las últimas décadas atestiguan además el cambio de la relación entre medios y práctica/discurso político debido a la creciente mediatización de la actividad política y, en particular, la marca audiovisual que contiene esta actividad. A la vez, el proceso de convergencia tecnológica en curso que une soportes de producción, edición, distribución y consumo de medios audiovisuales, gráficos, telecomunicaciones y redes digitales (Internet),es una fuerza transformadora del sector, pues la referencia a los medios de comunicación en sentido estricto debe mutar para comprender parte de su actual desempeño social. Es preferible aludir al sector“infocomunicacional”1 para dar cuenta así de la convergencia. La digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas (Internet, televisión por cable) afectó los lenguajes tanto audiovisuales como escritos (ver Becerra, Marino y Mastrini, 2012). Los diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los artículos. La fundación de Página 12 en 1987 oxigenó al sector gráfico al introducir una edición desacartonada, sin los prejuicios políticos y culturales de los diarios más consolidados del sector (que en ventas encabezaba Clarín, seguido por Crónica en sus distintas ediciones y luego por La Nación). Página 12 nunca logró una posición importante en el mercado, pero su presencia operó como un revulsivo para la competencia. Además, desde el inicio de la primera presidencia de Menem, Página 12pulió un estilo narrativo, propio del non-fiction, potenció el periodismo de investigación y editó denuncias de corrupción del gobierno. Estos rasgos se generalizarían desde entonces. Los medios audiovisuales se remozaron tecnológicamente y reorganizaron sus procesos productivos a través de la tercerización de su programación, lo que habilitó el surgimiento de una gran cantidad de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente la televisión y la radio, y por el otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, que delegaron el riesgo en las productoras. Varias de éstas fueron más tarde absorbidas por los grandes grupos. La delegación del riesgo tiene dos dimensiones: la posibilidad de los canales y las radios de nutrirse con ideas y proyectos innovadores en términos de programación, tanto en la ficción (ver Carboni, 2012) como en los contenidos periodísticos; y la derivación a terceros de costos fijos en propuestas cuya realización mercantil es, en su fase de concepción, incierta. La organización del trabajo en los medios fue atravesada por los procesos mencionados, en un contexto de precarización creciente desde fines de la década de 1980 en adelante, lo cual fue acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas de periodismo que institucionalizaron la formación profesional y proveyeron de ex alumnos no sólo a los medios sino también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Pero no todo es novedad, ya que se mantuvo inalterada la centralización geográfica de la producción de contenidos en los medios: la zona metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva originada en el país; en los medios gráficos, el cierre o la absorción de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Además, sigue siendo extendida la práctica de alquiler y subalquiler de espacios, añadiendo complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos que emite. Esta práctica, compartida por emisoras del interior del país y del área metropolitana de Buenos Aires, conduce a reformular los esquemas rígidos de vinculación entre propiedad del medio e ideología, toda vez que la inserción de intermediarios(productoras que comercializan espacios, que en algunos casos son productoras directamente vinculadas con conductores radiales y televisivos)añade complejidad acerca del control final de cada producto emitido y conflictúa la idea misma de “propuesta de programación”. Otro proceso insoslayable por ser distintivo del período es la concentración de la propiedad de los medios. Esta concentración, alentada por uno de los cambios con los que en democracia se empeoró la Ley de Radiodifusión de la Dictadura (decreto 22.285 de 1980), se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda defensiva. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995; 1995-1999) estimularon la fase expansiva de la concentración del sistema de medios, primero con privatizaciones que beneficiaron a grupos nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego permitiendo el ingreso de capitales extranjeros, en algunos casos ajenos a la economía de los medios, y la progresiva inserción de capitales financieros. A partir del segundo gobierno de Menem se produjo el ingreso de conglomerados como Telefónica, Prime o, más tarde, Prisa, y se “financierizó” el sistema, con la llegada del Citibank asociado al banquero Raúl Moneta, del fondo de inversión HTF&M, o de la sociedad entre Clarín y Goldman Sachs. La cualidad extranjerizada y “financierizada” de la concentración fue indicadora de que los medios cotizaban tanto por su influencia político-cultural, como por su función económica. Esta doble cualidad de la comunicación (simbólica y económica) fue analizada por la Escuela de Frankfurt a partir de la década de 1940 (Adorno, 1967),pero fue a partir de las últimas décadas del siglo XX cuando se abordó de modo sistemático la centralidad de las industrias de la cultura y, en particular, de los medios de comunicación. Este abordaje repara en la función de los medios como vehículos de valorización de otros capitales, además de ser en sí mismos un sector dinámico y económicamente creciente (ver McChesney, 2002; Arsenault y Castells, 2008). En la Argentina la concentración del sector, su movilidad, extranjerización y “financierización” están contenidas en tendencias globales que, sin embargo, no alcanzan para explicar las peculiaridades locales. En esta fase expansiva de la concentración, el Estado autorizó la constitución de multimedios vía Reforma del Estado de 1989, otorgó privilegios impositivos, amplió el límite de licencias acumulables por parte de un mismo operador y legalizó las redes. Con la asunción de Fernando de la Rúa (Alianza UCR-Frepaso) en 1999, el sistema de medios estaba protagonizado por los grupos Clarín y Telefónica. Clarín basó su estrategia en la expansión conglomeral (tiene posesiones en casi todas las actividades de las industrias mediáticas) y en particular en su dominio del apetecible mercado de televisión por cable, que al finalizar la década de 1990 le aportaba ya más de la mitad de sus ingresos totales. Telefónica, en cambio, domina el mercado de telefonía básica, donde opera la mitad del mercado y controla un tercio de los servicios de telefonía móvil y de conexiones a Internet. Además, desde hace más de una década gestiona nueve canales de televisión abierta (grupo Telefé). De la Rúa, al igual que sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem, promovió en el interior de su gobierno la redacción de un proyecto de ley sobre radiodifusión que reemplazara el decreto-ley dictatorial, pero este intento fue abortado a raíz de la resistencia de los principales grupos de medios. La salida de la crisis de 2001 encontró un Estado dispuesto a ayudar a las empresas periodísticas a través de la sanción de una ley denominada “de preservación de bienes culturales” que fue, en rigor, una salvaguarda de las condiciones patrimoniales, concentradas y centralizadas en pocos grupos, que caracterizaba al sistema de medios. Esa ley, conocida como “Ley Clarín” por la centralidad del grupo en el sistema de medios, benefició a todas las empresas endeudadas y cuenta con cláusulas específicas para proteger también a competidores del principal multimedios, como Telefónica. Así se inició la segunda fase del proceso de concentración, en el que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner(2003-2007) respaldaron una estrategia defensiva con políticas diseñadas a la medida de los grupos más importantes del mercado local. Si la década de 1990 fue expansiva y la concentración avanzó en una dimensión que Miguel de Bustos (2003) denomina conglomeral, el lustro tras la crisis de principios siglo atestigua el despliegue de una defensa de los grupos concentrados para evitar la pérdida del control de los sectores que dominan. La definición de la etapa 2002-2008 como de “concentración defensiva” del sistema de medios explica, por ejemplo, que se obturara la competencia del lucrativo mercado de televisión por cable, que en la regulación heredada de la dictadura era considerado “servicio complementario”. Esta etapa, de “concentración defensiva”, finalizó con la presidencia de Néstor Kirchner. La crisis de inicios de siglo operó como pretexto para esta segunda fase, que fue defensiva justamente porque el argumento de empresarios y gobiernos fue que sólo un blindaje al ingreso de otros operadores podría permitir la recuperación de sus niveles de actividad. La protección ante la competencia ha sido una estrategia utilizada en otras fases de concentración en la historia de los medios en la Argentina y habilitaría una reflexión fundamental acerca del vínculo necesario con la regulación estatal que precisan los actores concentrados del sector para poder funcionar. Esta vinculación, en la que el Estado constituye un dinamizador económico insoslayable del mercado infocomunicacional, excede la actual coyuntura en la que la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández y Clarín ayuda a entender algunos procesos centrales pero obstura la comprensión de continuidades históricas. En esta revisión de las políticas aplicadas en el sector de medios se constata que en las últimas décadas se concentró fuertemente la propiedad, el capital y la producción. Ello produjo la desaparición de empresas de comunicación medianas y pequeñas y deterioró la diversidad de perspectivas Un ciclo, dos etapas, política de medios del Kirchnerismo (2003-2013) El examen de las políticas de medios del kirchnerismo arroja un panorama que dista de ser homogéneo, a menos que se parta del juicio de que todo lo actuado en el período debe reivindicarse o repudiarse a libro cerrado. En la política de medios desplegada por el kirchnerismo entre 2003 y 2013 se distinguen dos etapas. El punto de ruptura se ubica tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, quien disolvió los buenos vínculos que su antecesor cultivó con el Grupo Clarín durante el lapso 2003-2007. Como se mencionó, cuando Kirchner llegó a la presidencia en 2003,el sistema de medios había sufrido una importante transformación y modernización, pero estaba en quiebra. El sector se había concentrado en pocos grupos, nacionales y extranjeros, algunos de ellos asociados a capitales financieros; la concentración era de carácter conglomeral, es decir que los grupos desbordaban en muchos casos su actividad inicial y se habían expandido a otros medios (multimedios) y también a otras áreas de la economía, lo que en varios mercados se traducía en actores dominantes. También se había remozado tecnológicamente el parque productivo de las actividades de información y comunicación, y la organización de los procesos de creación y edición había mutado por la tercerización de la producción de contenidos lo que, a su vez, había estimulado una dinámica base de productoras de diferente tamaño. Asimismo, se forjaron nuevos patrones estéticos tanto en la ficción televisiva como en los géneros periodísticos y había resucitado la industria cinematográfica por la Ley del Cine de 1994 (ver Marino, 2013). En el período pre 2003 se había incrementado la centralización de la producción en Buenos Aires, algo que en su último gobierno Menem legalizó a través de la autorización para el funcionamiento de redes de radio y televisión. Estructuralmente la masificación de la televisión por cable de la década de 1990 cambió por completo el sector audiovisual (que en la actualidad incuba otra transformación de gran calado a partir de la digitalización de los contenidos y de sus redes de distribución), que es la principal forma de acceso a informaciones y entretenimientos. Señales de noticias, series y cine, deportes e infantiles se añadieron a la dieta comunicacional de los argentinos, en algunos casos a expensas de otros consumos. En lo económico, la tv por cable disputó a la tv abierta el cetro de la facturación, lo que atrajo la atención de grandes grupos. La crisis de 2001 causó una importante retracción de los mercados pagos de industrias culturales (cayeron los abonos a la televisión por cable, la compra de diarios, revistas, libros y discos y las entradas de cine), redujo dramáticamente la inversión publicitaria y, en consecuencia, alteró todo el sistema. La televisión exhibió en sus pantallas envíos de bajo costo, talk-shows y programación de formato periodístico que a su vez comulgaba con la necesidad social de reflexionar acerca de las causas y las consecuencias del colapso socioeconómico. La institución mediática se interrogaba acerca de la crisis de legitimidad de las formas de institucionalidad política (partidos, Estado) y económicas (bancos), sin comprender todavía que la extensión de esa crisis alcanzaba, también, a los propios medios de comunicación. Además de la ley de preservación de bienes culturales impulsada por Duhalde y promulgada por Kirchner en 2003, hay que destacar otras intervenciones estatales a favor de los operadores comerciales de medios. La renovación automática de las licencias televisivas más importantes delos dos principales grupos de medios, Clarín y Telefónica, en diciembre de 2004, y, sobre todo, la firma del decreto 527 en 2005 mediante el cual Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, constituyen indicadores explícitos (hay otros) de un Estado que socorrió a los magullados capitales de la comunicación. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales, lo que contravenía el derecho a la comunicación y la tradición que vincula la libertad de expresión con los derechos humanos contenida en la Declaración Universal de DDHH, en la Convención Americana de DDHH y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese mismo año 2005, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso sancionó la ley 26.053 que modificó el artículo 45 de la entonces vigente ley de radiodifusión 22.285 de 1980y se habilitó el acceso a licencias de radio y televisión para personas y entidades sin fines de lucro. No obstante, este avance legal no se tradujo en la apertura de concursos para materializarlo y, por lo tanto, no afectó la lógica concentrada del sector. El oficialismo justifica su intervención a favor de los grandes grupos mediáticos en la débil legitimidad de origen del gobierno de Kirchner, que accedió a la presidencia con el 22% de los votos, habiendo sido superado en la contienda de marzo de 2003 por Carlos Menem (24,3%), quien desistió de presentarse al balotaje. Esa débil legitimidad fue conjurada por un programa de acción transgresor en varios aspectos. La recomposición de la autoridad estatal a través de la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente del gobierno, el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos, la reapertura de las negociaciones paritarias y la recuperación macroeconómica ampliaron el apoyo social y político del Presidente. La justificación que ensaya el oficialismo sobre las medidas trascendentes que adoptó Kirchner potenciando la concentración del sistema de medios y su alianza con el Grupo Clarín y otros conglomerados mediáticos no basta, sin embargo, para explicar cómo fue que, tras las elecciones presidenciales de 2007, cuando Cristina Fernández fue electa con una diferencia de más de 20 puntos sobre sus adversarios, es decir, con enorme legitimidad electoral y capital político, Néstor Kirchner autorizó en su último día de mandato la fusión entre Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín). El cable representa más del 80% de los ingresos del conglomerado conducido por Héctor Magnetto. La presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, estimulando su estructura, en especial la concentración. Evitó en los hechos habilitar el acceso a los medios por parte de sectores sociales no lucrativos, concibió un esquema de ayuda estatal a cambio de apoyo editorial, incentivó la mejora en la programación de Canal 7 y creó la señal Encuentro. El sector se recompuso económicamente y experimentó una primavera exportadora de contenidos y formatos facilitada por la competitividad del tipo de cambio. A muchos periodistas les fastidiaba la desintermediación que Kirchner ejercitaba prescindiendo de conferencias de prensa y entrevistas, pero al no promover grandes cambios en el sector, convivió amablemente con los accionistas de los grandes grupos. El clásico descuido de las emisoras de gestión estatal comenzó a revertirse a partir del gobierno de Fernando de la Rúa, pero con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka, IncaaTV) y se potenció la función del Estado como emisor. La creación del programa Fútbol para Todos, desde 2009 (meses antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), reforzó la evolución de una pantalla que hasta entonces no disputaba el interés de las audiencias. El Estado incide en el rating produciendo contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información política acentuó su sesgo gubernamental e intemperante con las opiniones que no reproducen la posición del gobierno. Cuando el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, afima que Canal 7 “es plural porque arrancamos la programación con el noticiero del tiempo en todo el país” (entrevista en Página 12, el28/4/2013), resume una noción de lo público que potencia el sesgo oficialista representado en la grilla de programación de la emisora. Para Bauer, “si por plural se entiende ser neutral, digo que no es neutral, como no lo es ningún medio […] Nadie puede discutir la pluralidad de contenido de Canal 7”. La política conducida por la presidenta Fernández de Kirchner es la fuerza gravitatoria de los contenidos periodísticos de Canal 7 y Radio Nacional, aunque en este caso el informativo incluye una participación de las emisoras del interior del país y su acento es, pues, más federal. La grilla de Canal 7 incluye noticieros nacionales (Visión 7 en su versión matinal, de mediodía, matiné y nocturna), un programa semanal de noticias internacionales que introduce análisis e informes con tratamientos más complejos (Visión 7 Internacional, los sábados al mediodía) y un programa estelar, 6, 7, 8, que se emite desde marzo de 2009 producido por la productora PPT (Pensado para Televisión, de Diego Gvirtz). Con la excepción del fútbol, 6, 7, 8 tiende a devorar el resto de la programa, tanto por su contenido, por el horario central en que es emitido, por su frecuencia diaria (salvo los sábados), como por los invitados. El panel de 6, 7, 8 referencia su intervención en informes editados con lógica binaria y estilo paródico. El objetivo es desmontar el discurso de Clarín y otros medios críticos con el gobierno. La reproducción del discurso oficial en el programa genera una circularidad que evita matices e ignora la crítica, construyendo un diseño endogámico que, en este aspecto, resulta semejante a la caracterización del discurso de los grandes medios comerciales con los que 6, 7, 8 confronta. Otro factor decisivo en la metamorfosis del sistema de medios desde la recuperación del régimen constitucional fue el surgimiento incesante de nuevas plataformas de emisión. Primero fueron las radios FM que desde 1980 modificaron el lenguaje radiofónico y segmentaron públicos y géneros. Además, en la salida de la dictadura el dial se nutrió con la movilización social a través de experiencias comunitarias y barriales que, si bien se hallaban proscriptas, lograron en 2009 su reconocimiento legal (excepción hecha de la ley 26.053/05 mencionada). La combinación de un proceso social de expansión de las libertades individuales y colectivas con la disponibilidad de tecnologías de la comunicación (FM) y un Estado que desde 1981 carece de un plan técnico que ofrezca información pública sobre la cantidad de frecuencias radiales y televisivas en cada localidad del país, arrojó un resultado que modificó el panorama de las radios desde comienzos de los 80 y hasta el presente (ver al respecto Vinelli, 2013). La convergencia entre tecnología y sociedad es un eje medular para comprender cambios del pasado reciente, ya que el desempeño de los medios se realiza en una sociedad con necesidades y expectativas cambiantes. El control remoto y la migración de los receptores al color tonificaron las formas de ver televisión, pero a partir de 1990 la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de ellos temáticos, en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de aire hasta entonces. La aludida concentración en su etapa expansiva complementó la masificación de la televisión por cable (y en medida más moderada, del satélite). El paisaje mediático tendría luego un revulsivo extraordinario con Internet y, más adelante, con las conexiones ubicuas a través de dispositivos móviles, la diseminación de redes digitales y de espacios que “alternativizan” el flujo unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos medios se siente en los balances de las empresas que acusan una merma de ingresos publicitarios, ya que las campañas se canalizan también a través de los medios digitales, y una disminución de sus audiencias seducidas por la multiplicación dela oferta. Genéricamente, estos procesos son aludidos con el término “desintermediación”. A su vez, las nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la extensión de la discusión social sobre la función que desempeñan los medios, cuestionando su inmaculada concepción y la ideología de la objetividad. La centralidad de las industrias culturales y de los medios en particular convoca el interés, la curiosidad y la reflexión de grupos sociales sobre cuáles son las reglas de juego de este sector estructurante del espacio público. En este marco de secularización de los medios, algunos actores de la sociedad civil promovieron una discusión sobre la regulación mediática que logró articular demandas ciudadanas y de grupos organizados (sindicatos de trabajadores de medios, el movimiento de radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos y ONG, investigadores universitarios) con las de mayor inclusión para actores sociales postergados. Con diferencias, otros países de la región también atravesaron procesos similares, donde un grupo activo en la producción de debates sobre el rol de los medios teje propuestas de reformas que son luego aprovechadas por el poder político cuando éste evalúa que esas propuestas resultan funcionales ante una coyuntura conflictiva con actores concentrados del sistema de medios. Las nuevas regulaciones en América Latina (en países con gobiernos tan diferentes como el venezolano, uruguayo, argentino, boliviano, ecuatoriano o mexicano) difieren fundamentalmente a cambios en la estructura de propiedad y en contenidos. El respaldo de algunos presidentes a esta discusión es citado con frecuencia por quienes resisten la apertura del debate sobre la función de los medios, alegando que, puesto que la intención de los gobiernos suele distar de ser consistente con la pretendida ampliación del derecho a la comunicación, entonces la discusión misma carece de valor. Este argumento, que representa una variación dela lógica ad hominem, resulta una falacia dado que esconde la intención de colocar un dique a la consideración pública sobre el desempeño de un campo clave como el de los medios de comunicación. La afirmación de que las intenciones de los gobiernos distan de ser prístinas al impulsar las inéditas discusión y regulación sobre medios en varios de los países de Sudamérica tiene asidero en el caso argentino si se analiza en detalle el comportamiento del Poder Ejecutivo en la aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual26.522 tras su sanción parlamentaria en 2009 y hasta mediados de 2014,en que se escribió este capítulo. Giros A partir de la llamada “crisis del campo” de marzo de 2008 (ver Becerra y López, 2009) la entonces flamante presidenta Fernández de Kirchner se enfrentó con el grupo Clarín que sigue siendo, junto a Telefónica, el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa FPT, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son manifestaciones de la nueva política de medios. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato (ver Bertoni y del Campo, 2012). La contienda entre la gestión de Cristina Fernández y el grupo Clarín cuenta con antecedentes en relaciones tormentosas entre gobiernos y medios a lo largo del siglo XX, pero a la vez presenta rasgos novedosos. El historial de disputas entre gobiernos y medios no expresa, necesariamente, ausencia de vínculos estrechos entre ambos. Desde 1989, la creciente concentración de la propiedad de los medios otorgó a los grupos una envergadura y una influencia superiores a las de las empresas periodísticas del pasado. Clarín, Telefónica, Cristóbal López o Vila-Manzano son conglomerados que abarcan diversas actividades económicas. La producción de contenidos en los medios es una parte de sus negocios y, en muchos casos, es el interés en otras áreas lo que tracciona la línea informativa, subordinándola. En los casos citados, es la conexión de redes de transporte de contenidos lo que genera la mayor cantidad de ingresos. El enfrentamiento entre el gobierno y Clarín a partir de 2008 produjo una polarización que desborda al sistema de medios, pero que organiza a las empresas periodísticas en dos campos opuestos. Éstos potencian la selección intencional de hechos noticiables al previo cálculo acerca de si un acontecimiento (o una fuente) es o no conveniente para el sector en el que milita. La polarización erosiona la posibilidad de encontrar voces discordantes con la propia línea editorial y exacerba un ambiente endogámico en el que cunde la sospecha sobre la mala intención del otro (nunca la propia). El otro, el que piensa diferente, está comprado, sus motivos son espurios, forma parte de una conspiración. Este argumento resulta económico: sostiene la convicción de que lo distinto es corrupto o está corrompido y así se ahorra el laborioso proceso de construir una argumentación coherente. El resultado es que se empobrece la discusión pública porque cada polo se siente eximido de demostrar lo que vocifera. A su vez, la polarización intensificó la discusión sobre los medios y fue irreverente con la ideología de la objetividad que cultivaron durante un siglo las empresas periodísticas. Desde 2008 muchos de los credos funcionales al interés de estas empresas fueron profanados, lo cual habilita a refutar nociones como la de “medios hegemónicos”. Ni el contexto político, ni la correlación de fuerzas empresariales en el sistema de medios, ni el asedio de plataformas convergentes soportan para los medios tradicionales una concepción como la de hegemonía. Así, aunque en Buenos Aires se editan más de trece diarios y funcionan seis señales televisivas de noticias, su estructura de propiedad y sus fuentes de financiamiento condicionan el encuadramiento en torno deleje oficialismo-oposición, resignando matices y subordinando la difusión informativa al previo propósito de adular o atacar al gobierno. Este panorama se fue componiendo mientras el Congreso aprobaba, por segunda vez en la historia argentina, una ley sobre radio y televisión (la primera había sido en 1953; el resto de leyes y decretos integrales sobre el sector fueron dispuestas por gobiernos militares). La ley audiovisual argentina se distingue de las adoptadas por Venezuela en2004 y por Ecuador en 2013 ya que es respetuosa, en su letra, de los contenidos y de la libertad de expresión. La derrota del oficialismo por estrecho margen en las elecciones de medio término de 2009 precipitó, en éste y en otros ámbitos, nuevos modos de intervención estatal. Desde entonces no sólo se aprobó la ley audiovisual sino que se incrementó la publicidad oficial con la que se premia a empresarios de medios afines y castiga a díscolos. Es una lógica inherente a casi todo el arco político: gestiones disímiles como las de Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Daniel Scioli replican el uso discrecional de recursos públicos con fines propagandísticos y se resisten a regularlo. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09 tiene carácter inclusivo al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes. Sin embargo, pocos resultados puede exhibir la aplicación de la ley al cumplirse casi cinco años de su sanción. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados de todos los grupos, el trato desparejo del gobierno a los grupos concentrados, tolerando en algunos casos (Telefónica, DirecTV) lo que se objeta en otros (Clarín), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida. Además, lejos de concretar la paulatina entrega del 33% de frecuencias del espectro radioeléctrico para su gestión por parte de actores sociales sin fines de lucro (una de las mayores innovaciones de la ley audiovisual), la mayoría de los medios autorizados a funcionar tras la sanción de la ley son emisoras estatales (ver Chequeado, 2013). La ley exige que la política audiovisual se organice tomando como referencia la elaboración de un plan técnico de frecuencias. Esta información, esencial para conocer cuántas frecuencias hay en cada localidad y cuántas están ocupadas y disponibles, no ha sido aún construida por el gobierno. La ausencia de este indicador elemental entorpece la concreción de avances para actores no lucrativos. Después de una controversia judicial cuya resolución se extendió por cuatro años, la Corte Suprema de Justicia validó en octubre de 2013cuatro artículos de la ley audiovisual cuestionada y desmontó así la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. La Corte no asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó, en tributo a Owen Fiss (1986), que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios. El fallo de la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el gobierno. En efecto, si la premisa del grupo Clarín fue correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable. A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. Éste fue el principal eje de la Corte Suprema. El fallo de la Corte Suprema sostiene que las pautas dispuestas por el Congreso en 2009 se ajustan a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eŒ caces o si debió regulársela convergencia tecnológica. El Grupo Clarín tiene derecho a reclamaren la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación. Asimismo, la Corte Suprema cuestionó al gobierno nacional en varios párrafos de la sentencia. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial. La Corte Suprema laudó un conflicto en el que confluyen doctrinas de libertad de expresión, de economía de mercado y defensa de la competencia, de preservación del interés público y de la potestad estatal para regular un sector cardinal en la etapa de convergencia de medios y telecomunicaciones como es el cable. Se puede argumentar que en un país como la Argentina, donde más del 80% de los hogares accede a la televisión a través del cable, este servicio no puede estar tan concentrado pues los operadores se convierten en verdaderos cuellos de botella que ejercen con el abuso de los precios de abono, con políticas predatorias de la competencia, con la discriminación de contenidos y con la absorción en condiciones privilegiadas de la programación más codiciada (como los derechos de televisación del fútbol durante casi dos décadas). En definitiva, también las Fin Syn rules (Financial Interest and Syndication) establecían límites en los Estados Unidos para las señales de cable y la programación propia que un operador podía incorporar a su grilla, para impedir posiciones anticompetitivas. Las reglas contra la propiedad cruzada de medios en los Estados Unidos fueron altamente restrictivas hasta 1996 (Ley de Telecomunicaciones), cuando estaba prohibido que las cadenas nacionales de TV (CBS, ABC, NBC) fuesen prestadoras de cable. La Ley de Telecomunicaciones también permitió que las empresas de telecomunicaciones sean operadoras de cable. El Grupo Clarín presentó su adecuación a fines de 2013, inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia validara la constitucionalidad de la ley. El plan de Clarín busca sacar provecho del principio de que los multimedios pueden desafectar unidades de negocios siempre que éstas no crucen accionistas y operen de modo separado. Este aprovechamiento está presente en las propuestas de otros grupos de medios, algunas ya aprobadas y en curso de adecuación. Pero, y después de declarar admisible el plan de Clarín, tras diez meses, el gobierno acusó al multimedios de burlar la normativa y decidió iniciar un proceso de “transferencia de oficio” que supone que será el propio gobierno el que decida qué activos debe vender, cuándo, a quién y a qué precio. La declaración de “transferencia de oficio” fue, como era previsible, rápidamente judicializada y, al cierre de la edición de este libro, pesaba sobre este trámite una medida cautelar que protegía al Grupo de la adecuación forzosa decidida por la mayoría oficialista en el órgano de aplicación de la ley (AFSCA). Por otra parte, el trato del gobierno al Grupo Clarín contrasta con el que concede a otros conglomerados como Telefónica (Telefe), Vila-Manzano (y De Narváez), DirecTV, Pierri, González (Canal 9), Ick (Santiago del Estero), Cadena 3 y Aldrey (Mar del Plata), entre otros. Este contraste también será objeto de dictamen por un Poder Judicial que, lejos de ser prístino, está permeado por intereses cruzados y actúa con tiempos vaticanos, lo que añade picante a esta controversia. Los efectos de la decisión del gobierno son múltiples. Reactiva una escalada del conflicto que mutará en litigio judicial. Por lo tanto, no habrá adecuación antes del cambio de gobierno de fines de 2015. El gobierno no podrá exhibir el inicio de la adecuación de Clarín como logro. ¿Por qué sirve en bandeja al futuro presidente la resolución de un entuerto que protagoniza su narrativa? Quizá porque elige capitalizar en lo inmediato la más redituable resistencia del holding. Así como el gobierno funciona como coartada para el Grupo Clarín, éste lo es para el gobierno. Ambos se ven excusados de cumplir obligaciones, institucionales en un caso y periodísticas en el otro. Para los contendientes, el clima bélico blinda la adhesión de sectores afines. El olvido de las “nuevas voces”, así como el socorro económico estatal a grupos privados comerciales y concentrados ligados al oficialismo (aunque tendiendo oportunos puentes hacia otros sectores políticos) son subordinados a la guerra contra Clarín. Conclusiones El sector de la comunicación asiste a una radical transformación de carácter político, regulatorio y tecnológico en la Argentina. La sanción de una ley validada por los tres poderes del Estado y que presenta una perspectiva opuesta a las normas que históricamente tuvo el sector representa una bisagra, pero los cambios presentes en el sistema de medios no tienen, necesariamente, a la ley audiovisual como guía aunque tanto el gobierno como la oposición la invocan como justificación. En los últimos años en la Argentina hay cambios significativos en el mapa de medios, con grupos en ascenso (Cristóbal López, Vila-Manzano, Szpolski) y un gobierno que actúa a la vez como operador audiovisual con una destreza infrecuente en el país y como financiador de empresas y productoras. Los mencionados grupos privados en ascenso han tenido, junto con Telefónica, Telecentro (grupo Pierri) y Ángel González (Canal 9de Buenos Aires) posiciones editoriales que oscilan entre el oficialismo militante y cierta displicencia para abordar temas de la agenda pública conflictivos para el gobierno. Esta lógica editorial no es novedosa en la historia del sector y responde a la centralidad que el Estado tiene en el esquema de negocios del sistema de medios. En la medida en que la regulación y las políticas de comunicación no establezcan reglas de juego con criterios de universalidad y paridad en el trato, este rasgo seguirá repitiéndose. Clarín, por su parte, ve acechado el dominio que ejerció durante décadas con recientes intervenciones del gobierno en sus mercados de actividad. Telefónica mantiene una política de buena vecindad con el oficialismo y capitaliza su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, cuya regulación sostiene inalterables varios principios de la Reforma del Estado de 1989. No obstante, el cumplimiento dela ley exige que Telefónica venda las licencias que opera como Telefé, algo que al cierre de este trabajo estaba pendiente de resolución por parte de la Afsca. Otras empresas, como las editoriales La Nación, PerŒ ly Popular lograron niveles de ventas en sus respectivos segmentos que les permitieron sostener líneas editoriales relativamente coherentes en el período analizado. Se asiste, pues, a una reconfiguración de los nexos entre medios, negocios y política a través de una pugna por llegar a 2015 con una relación de fuerzas empresariales diferente de la que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980. La administración del Estado protagoniza esa puja, por lo que la competencia electoral será definitoria para proceder al análisis de los tiempos que vienen. En este marco, hay síntomas nuevos de problemas viejos, como es el caso del uso de recursos públicos en provecho del sector que gobierna y su consecuente tendencia al patrimonialismo. Hoy el pluralismo es un emblema disputado a partir de la descalificación de la disidencia. La aparente incompatibilidad entre quienes piden regular la publicidad (acusados de oŒ ciar de voceros de los grandes grupos) y quienes cuestionan la concentración mediática (sindicados como inescrupulosos defensores del atropello gubernamental), sustrae del debate el hecho de que en ambos casos aluden a recursos, como las licencias audiovisuales o el presupuesto, que son públicos pero se gestionan como si no lo fueran. En definitiva, la política de medios tiene como referencia la regulación del espacio público. La política de medios, que se ocupó de la regulación de un sector cardinal en la configuración de las sociedades en el siglo XX, y en particular de la industrialización, masificación y mercantilización delos medios de comunicación y de las industrias culturales, está siendo desacelerada por la crisis del objeto mismo al que está consagrada. Hoy el sector de los medios protagoniza un proceso inédito de convergencia y ello marca algunos de los principales desafíos en la progresión de una agenda de libertad de expresión y derecho a la comunicación y la cultura. 13)Policy traps y subsidios al consumo. La política (…) 2002-2014, Bril Mascarenhas RESUMEN Los países en desarrollo destinan muchos recursos para bajar los precios al consumidor de bienes y servicios básicos. Las teorías sobre el Estado de Bienestar explican parcialmente por qué las políticas de subsidio de amplio espectro al consumo crecen y se enraízan. Según esa literatura, los grupos organizados de beneficiarios presionan a favor de políticas públicas visibles; sin embargo, en los países en desarrollo los consumidores están atomizados y los subsidios que reciben son de poca visibilidad pública. El tamaño y la durabilidad de los subsidios surgen de la incertidumbre política y los shocks de precios, factores que incentivan a los gobernantes a evitar ser culpabilizados por desmantelar los subsidios. Con el tiempo, presiones contextuales –como la volatilidad de precios– y el temor de enfrentar reveses políticos se refuerzan mutuamente, conduciendo al crecimiento tanto del gasto público en subsidios como del costo político de recortarlos. Así, estos subsidios se convierten en lo que denominamos policy traps: políticas públicas de costo fiscal inicialmente bajo, que crecen y se enraízan rápidamente, reduciendo el margen de maniobra de los gobiernos. Con este marco analítico estudiamos los subsidios en servicios públicos en la Argentina de la post-crisis. Allí, los subsidios crecieron pese a la provisión privada de los servicios –lo que hacía difícil que el gobierno obtuviera réditos políticos– y a que los subsidios fluyeron incluso hacia sectores sin actores organizados. Resumen Altillo Zelaznik: Gobierno: centro desde donde se ejerce el poder político sobre una sociedad. Gobierno como conjunto de actores: red de funcionarios públicos íntimamente ligado al poder ejecutivo, que participan en los procesos de diseño y ejecución de políticas como miembros de dicha red, y cuya permanencia es inseparable de la del ejecutivo. El crecimiento de la actividad gubernamental fue acompañado del desarrollo de la burocracia, formada por funcionarios profesionales de carrera cuya permanencia en el cargo no depende de la coyuntura política, es el brazo administrativo del Estado y está subordinado a él. El gobierno es el poder de autoridad formalizado en el orden constitucional y legal y subordinado a ese ordenamiento. Estructura de autoridad (instituciones que confieren poder) es distinto a autoridades (titulares de los roles de autoridad. Su poder es objetivo porque es del cargo, no de la persona que lo ejerce). Gobierno como conjunto de funciones: su función es tomar decisiones políticas (vinculantes a todos los miembros de la comunidad y su obligatoriedad está garantizada por el uso de violencia física legítimamente monopolizada por el Estado o por la amenaza) y que efectivamente se implementen. La burocracia administra sin pasión, ateniéndose al expediente. Estado liberal (surge de la separación entre la esfera del Estado y del mercado. Estado de bienestar (suma a sus actividades tradicionales la educación, etc.). Gobierno como conjunto de instituciones: es una institución que forma parte de las estructuras de toma de decisiones que poseen el régimen político de un sistema político. El gobierno puede designa al conjunto de las estructuras de toma de decisiones, lo que hace q el ejecutivo y el legislativo tengan un carácter gubernamental (gobierno en sentido amplio); o puede ser un órgano particular de las estructuras de toma de decisiones (el ejecutivo) (gobierno es sentido estricto). Sistema político: es un conjunto de instituciones, grupos y procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca. Es un conjunto de conductas interrelacionadas a partir de las cuales se asignan valores con autoridad en un sistema social. Sus elementos centrales son la comunidad política, el régimen político y las autoridades. Régimen político: conjunto de instituciones k da soporte al sistema político. Sus elementos constitutivos son un conjunto de estructuras de autoridades encargadas de tomar e implementar decisiones; un conjunto de normas y procedimientos y reglas del juego k determinan la forma de elección o designación de las personas k ocupan las estructuras de autoridad, los mecanismos a través de los que se toman e implementan decisiones, la forma en la k se interrelacionan distintas estructuras de autoridad, y las formas en las k se relacionan las formas de autoridad con la comunidad; y la ideología, valores y creencias institucionalizadas y legitiman al régimen. Parlamentarismo: el ejecutivo tiene una estructura dualista y colegiada, ya que están el jefe de gobierno (dirección política y administrativa. Se lo elige indirectamente por el parlamento y es responsable ante este) y el jefe de Estado (cargo simbólico-ceremonial. Puede disolver el parlamento). Es un cuerpo colegiado elegido por directamente por un período no fijo, integrado por el 1° ministro (quien lo preside) y el resto de los ministros. La legitimidad del ejecutivo y del legislativo consiste en el consenso parlamentario (legitimidad popular limitada). El jefe de Estado dura hasta su muerte. El jefe de gobierno se mantiene mientras que cuente con el apoyo parlamentario, quien le puede dar el voto (mecanismo de investidura) de confianza o de censura, que puede significar la caída de todo un gobierno. El 1° ministro puede disolver el parlamento, convocando a elecciones para la constitución de uno nuevo. La alta fragmentación partidaria da lugar al gobierno de asambleas no funcionales, cuyas consecuencias son gobiernos de coalición y k cuando cae un gobierno se retire el partido de coalición y esta pierde su condición mayoritaria. Además convierten al parlamento en la institución crucial del régimen. El gobierno deja de existir como instancia autónoma y queda subsumido a la Asamblea, y el gabinete no es más que una de sus comisiones. Además, esto puede causar que el gabinete ejecutivo que sostiene su mandato se vea amenazado por un voto de censura que ponga fin a su gobierno. En caso de bipartidismo, se da el gobierno de gabinete, k hace menores las colaciones y permite establecer acuerdos más duraderos, y k haya menos rupturas de las coaliciones por lo k el gobierno es más estable. No hay separación de poderes ni independencia entre ellos. Presidencialismo: el ejecutivo es unipersonal con el presidente como responsable de las decisiones tomadas por el gobierno y es responsable ante el pueblo. Es elegido directamente (legitimidad democrática directa) por un período fijo (aunque en algunos casos se hace a través de colegios electorales), no pudiendo ser removido por motivos políticos, lo que lo hace muy estable. Su duración solo se ve afectada por los mecanismos de juicio político e hinpeachement, mediante los cuales pueden ser destituidos; pero su activación es poco frecuente por ser complejos y largos, y solo poder ser activados por delitos o mal desempeño de las funciones públicas. Él es tanto jefe de Estado como de gobierno, tiene control total sobre la designación y destitución de los ministros quienes son responsables ante él, y absoluta preeminencia sobre los otros miembros del gabinete ejecutivo. El presidente tiene poderes reactivos (hacen k el congreso no pueda alterar el status quo mediante la aprobación de leyes. Tiene poder de veto. También en algunos casos ninguna política es discutida a menos k el presidente tome la iniciativa) y preactivos (le permiten legislar por decretos o aprobar legislaciones sin k el congreso las haya tratado). Depende del sistema de partidos, siendo multipartidista o bipartidista. El ejecutivo y legislativo son independientes, tanto en su origen como en su supervivencia. Los miembros del gobierno no pueden, al mismo tiempo, ocupar posición en el parlamento. El ejecutivo necesita un parlamento k no trabe sus iniciativas. El congreso es elegido en elecciones populares directas mediante representación proporcional, por un período fijo, no pudiendo ser removidos por sus pares. Semi-presidencialismo: Estructura dualista del ejecutivo. Combina una estructura parlamentaria con la elección de un presidente directamente por la ciudadanía. El presidente (responsable ante el electorado) es el jefe de Estado, pero tiene poder regulador y no solo ceremonial ya que el jefe de gobierno (1° ministro responsable ante el parlamento) debe contar con su apoyo además del del parlamento. Su legitimidad es por consenso parlamentario y elección democrática directa. Los mecanismos de control entre los poderes del Estado varían de Estado a Estado, en especial según el presidente pueda o no prorrogar. Hay 3 tipos básicos: el presidente está opuesto a la mayoría parlamentaria. Su función es regular el proceso político; la mayoría parlamentaria coincide con la presidencial, pero el presidente no es su líder sino k lo es el 1° ministro; el presidente es el líder del partido mayoritario en el parlamento y tiene un poder similar al de cualquier país presidencialista. Etchemendy: La cuestión federal en el federalista: crear un gobierno nacional con capacidad de exigir obediencia y legislar sobre los ciudadanos individuales de la unión, más allá de los Estados. La constitución de Filadelfia dio origen a un gobierno mixto, que combinaba poder y autonomía de los Estados con un gobierno con capacidad de mando y legislación sobre los ciudadanos. Un objetivo fundamental es el control de poder. La cuestión federal en bases: crear un sistema mixto que contemple tanto los antecedentes y necesidades de unidad como la existencia de soberanías y poderes locales. El federalismo es más centralizado que el norteamericano, porque la Argentina había constituido una unidad política en el período anterior a la independencia. El federalismo es el esquema de poder que posibilita la formación de poder nacional donde intervienen las elites regionales, lo que implica un poder legislativo donde la cámara represente por igual a las provincias, colegios electorales por provincias en la designación del presidente, etc. cree conveniente que las provincias administren justicia y elijan sus autoridades locales. El gobierno central debe garantizar la independencia, libertad y soberanía de cada provincia. Los gobiernos provinciales son agentes naturales del gobierno central que es quien concede autonomía. El poder ejecutivo en el federalista: se debe fortalecer al presidente frente al poder legislativo, ya que es esencial para la defensa contra ataques exteriores, la protección de la propiedad, la seguridad de la libertad en contra de los ataques de las facciones y el anarquismo. Debe poder vetar en el trámite legislativo, tener una remuneración fija a la que este no podrá alterar, y la posibilidad de ser reelecto. El presidente tiene origen en el consentimiento del pueblo y dura 4 años, puede ser acusado y removido constitucionalmente, no puede declarar la guerra ni reclutar ejércitos unilateralmente y necesita la aprobación del senado para los tratados internacionales. Amenaza la tiranía del gobierno central (las respuestas institucionales son el imperio de la ley, la separación de poderes y el federalismo; y de la sociedad civil es el derecho a rebelión), de la mayoría (respuestas institucionales: gobierno representativo, federalismo, revisión judicial y elecciones indirectas; y de la sociedad civil la diversidad de intereses) y la legislativa (respuestas institucionales: bicameralismo, fortalecimiento del ejecutivo, reelección y presión judicial; y de la sociedad civil la natural ambición del hombre político) El poder ejecutivo en bases: reyes con nombre de presidentes. Enorme poder del presidente por medio de la constitución, para combinar la firmeza y garantías públicas del orden de las monarquías en el marco de una república. Las amenazas son el desierto y subdesarrollo económico-social (respuestas institucionales: derechos civiles amplios y fomento de la inmigración); la sedición y el desorden político (respuestas institucionales: un ejecutivo fuerte, el Estado de sitio, intervención federal, federalismo atenuado y derechos políticos restringidos; y de la sociedad civil el orden social post-rosista) y el poder arbitrario (respuestas institucionales: imperio de la ley y no reelecciones) Liberalismo político: EE.UU. es más liberal que Alberdi. Alberdi propone que el gobierno central tenga más control sobre las provincias y que el ejecutivo argentino más poder que el de EE.UU. Democracia: la visión de Alberdi es restrictiva porque quería poner límites de inteligencia y bienestar material al voto. En el federalista no. Leyes y sociedad: EE.UU. busca potenciar las iniciativas privadas de la sociedad civil. Alberdi quiere regenerarla con inmigración anglo-sajona para inculcar hábitos capitalistas que potencien la industria y la modernización económica. Andrés Malamud: Origen de los partidos políticos: aparecen como la consecuencia no buscada de la masificación de las sociedades y la expansión territorial de los Estados, cuyas dinámicas van a dar lugar a la representación política. La condición histórica para el surgimiento de los partidos fue el incremento de la participación política, que se verificó a partir de la profundización del proceso de urbanización de los siglos XVIII y XIX. El sustrato indispensable sobre el que se desarrollaron fue el parlamento. En ese ámbito, al principio se formaron facciones de gente con las mismas ideas e intereses, y lazos de solidaridad. La teoría de Ostrogorski y Doverger dice que los partidos se habrían desarrollado a modo de organizaciones auxiliares de las nacientes o ampliadas cámaras representativas, con el fin de coordinar la selección y las tareas de los miembros de la asamblea. En consecuencia puede hablarse de partidos de creación interna y externa. En contraposición, Lipset y Rokkan explican la aparición de los distintos partidos a partir de una serie de crisis y rupturas históricas que dividieron a las sociedades nacionales cuando aún no estaban consolidadas como tales, y provocaron en cada quiebre la formación de agrupamientos sociales enfrentados por el conflicto en cuestión. Palombara y Weiner entienden la aparición de los partidos políticos como una consecuencia natural de la modernización social y de las necesidades funcionales del sistema político. Puede tomarse como acta de nacimiento formal de los partidos la Reform Act (reforma electoral) dada en Inglaterra en 1832. Tipología triple de los partidos políticos: en función de 3 ejes: su base social, su orientación ideológica y su estructura organizativa. La taxonomía según su base social es: obreros y burgueses, aunque hay que agregar a los partidos populistas para los casos que abarca una amplia masa multiclasista. Según su orientación ideológica se los clasifica en: izquierda, que generalmente tienden a cambiar el Estado de las cosas de la sociedad a favor de los sectores más bajos de la sociedad, y una mayor intervención del Estado en la economía y las políticas sociales acentuando el valor de igualdad; y derecha, quienes pretenden mantener la situación social dentro de los límites estructurales en que se encuentra, y la no ingerencia estatal y la primacía del mercado para la más eficaz asignación de recursos entre los hombres, recalcando el valor de la libertad. Otros partidos incluidos en esta clasificación son los moderados, que buscan solos o en coalición orientarse hacia el gobierno y tratar de conseguir el poder dentro de las reglas del régimen político; y los anti-sistema o extremistas, que buscan combatir el sistema tal como se encuentra estatuido, por medios mas o menos legítimos con el declarado objetivo de cambiar al régimen antes que al gobierno. Según su estructura organizativa dice que los partidos, al ser concebidos como organizaciones, están movidos por fines propios más allá de los objetivos k les dieron origen, y también superan y transforman los intereses de los individuos que los forman. Tipos de partidos políticos: criterio histórico-organizativo. P. notables: se caracterizaron por su dependencia total respecto de los caballeros o las familias que los habrían patrocinado. Cualquier disputa personal entre sus miembros podía originar la ruptura del partido y el enfrentamiento consiguiente de las nuevas partes en conflicto, constituidas por los jefes y sus séquitos incondicionales. El representante parlamentario tenía absoluta libertad para decidir su posición en el recinto legislativo, de acuerdo al leal saber y entender que las doctrinas de la época asignaban a los hombres probos. Las opiniones se intercambiaban en los clubes, donde se excluía a los que no pertenecieran a las partes elevadas de la población. Expresaban sus intereses de grupo en nombre del bien común de la nación. Su modo privilegiado de expansión era la cooptación. P. burocrático de masas: papel central de la burocracia, partido de alfabetización, con fuertes lazos organizativos de tipo vertical y que se dirige sobre todo a un electorado fiel, posición de preeminencia de la dirección del partido (dirección colegiada), financiación por medio de las cuotas de los afiliados y mediante actividades colaterales, y acentuación de la ideología. Los creyentes tenían un papel central dentro de la organización. P. profesional electoral: papel central de los profesionales, p. electorista, con débiles lazos organizativos de tipo vertical y k se dirige ante todo al electorado de opinión, posición de preeminencia de los representantes públicos (dirección personificada), financiación a través de los grupos de intereses por medio de fondos públicos, el acento recae sobre los problemas concretos y sobre el liderazgo, el papel central lo desempeñan los arrivistas y los representantes de los grupos de interés dentro de la organización. Definición, organización y funciones: Los elementos claves para el análisis de partidos políticos según Sartori son: el grupo político, etiqueta oficial, elecciones, candidaturas viables y cargos públicos. La función es fingir como actores de intermediación entre la sociedad y el Estado. Las funciones de los partidos políticos pueden definirse de acuerdo al carácter ascendente o descendente de la corriente de interacción (cuando fluye desde abajo (la sociedad) hacia arriba (el Estado) las tareas básicas serán la agregación y el filtro de las demandas; la movilización e integración de la sociedad y la estructuración del voto). En la fase descendente sus funciones abarcan desde el reclutamiento de las elites y el personal político hasta la formación de políticas públicas y toma de decisiones. La actividad que realizan los partidos puede ser resumida en los conceptos de representación y gobierno. Las 6 áreas de incertidumbre según Panebianco son la competencia o indispensabilidad para cumplir una función, las relaciones con el entorno, la comunicación (control sobre los canales de información externa e interna, las reglas formales (facultad de interpretación para aplicar u omitir estatutos, la financiación o control del dinero, y el reclutamiento. La composición de la coalición dominante (dirigencia partidaria) y su configuración dependerán de la medida en que sus miembros logren adueñarse de los recursos de control sobre las áreas de incertidumbre, garantizando el éxito y supervivencia de la organización. Sistemas de partidos: estructura de cooperación y de competencia entre los partidos. Los partidos políticos no tienen monopolio de representación o función a título individual. Cada partido compite en un espacio abierto según el marco general del régimen político, para obtener el voto popular que le permitirá influir en la toma de decisiones públicas y su accionar está regulado por las restricciones jurídicas, el ordenamiento social, las pautas culturales y los demás partidos. Propiedades: volatilidad (cambio agregado de votos entre las elecciones), Polarización (distancia ideológica entre los partidos), Numero efectivo de partidos (de acuerdo a sus bancas parlamentarias y no a sus votos), Desproporcionalidad electoral (diferencia entre numero de votos y de bancas) y Dimensiones temáticas (define la estructura de clivajes del sistema). Duverger caracterizó todo escenario en el que actúen partidos como un continuo unidimensional, cuyos extremos están definidos por las posiciones ideológicas izquierda y derecha. Dividió a los sistemas de partidos cuantitativamente en: unipartidistas, bipartidistas y multipartidistas. Sartori combina la dimensión cuantitativa con la cualitativa, para establecer cuando la variación en el número de paridos afecta a la dinámica de a competencia, dividiéndolos en: el unipartidismo en sistema de partido único (unipolar sin competencia), hegemónico (unipolar sin competencia) y predominante (bipolar competitivo). El bipartidismo (bipolar competitivo) lo dejó igual. Al multipartidismo lo dividió en sistema de partidos limitado (bipolar competitivo), extremo (multipolar competitivo) y atomizado (multipolar competitivo). El régimen político ejerce un impacto decisivo sobre la cantidad de partidos relevantes, siendo menor en el presidencialismo que en el parlamentarismo. El federalismo también afecta la organización y desempeño partidario. La posibilidad de realizar acuerdos para sumar sus votos amplia las oportunidades de los partidos pequeños de acceder a cargos legislativos y de los grandes de llegar al ejecutivo. Crisis y desafíos: la crisis fiscal del Estado de bienestar y la sobre carga de demandas que agobia a los gobiernos transmitieron sus efectos des-legitimizadores sobre los partidos, a los que se les redujeron sus bases de identificación social y sus márgenes de autonomía institucional respecto de la prensa independiente. La crisis de representatividad es porque los partidos ya no responden a exigencias de los ciudadanos sino a sus propios intereses y los de sus dirigentes, alejándose del sujeto al que decían responder. Esta crisis es alimentada por aquellos que se aferran a funciones que durante muchos años fueron ejercidas monopólicamente por los partidos políticos (agregación y filtro de demandas, movilización e integración social, estructuración del voto, reclutamiento del personal político y formulación de políticas públicas, entre otras cosas) y que en los últimos años han sido desafiadas por nuevos elementos del contexto socio-político: el surgimiento del neo-corporativismo, el auge de los medios de comunicación social, las transformaciones de la estructura social, el aumento de la complejidad social y la consecuente aparición de los nuevos movimientos sociales. El desempeño partidario se aborda en el partido en el terreno (bajó la tasa de afiliación partidaria), en el gobierno y en el comité (en ambos aumentaron los empleados y recursos partidarios). El Estado es el nexo entre la sociedad y los partidos, y no los partidos entre él y la sociedad. El caso argentino: la matriz social en la que surgieron estaba vaciada en un molde pre-industrial, de urbanización tardía, con tradiciones populares que se hallaban más arraigadas en valores de la época de la conquista o provenientes del África negra antes que introducidos por los pensadores iluministas. El primer recambio pacífico de gobierno entre distintos partidos se dio en 1916, mediante la elección por sufragio universal masculino de Yrigoyen para la presidencia de la nación. La segunda fue en 1989, con la transferencia del mando de Alfonsín a Menem. Los tres partidos más importantes de la historia argentina fueron: el PAN (partido de notables creado por julio Argentino Roca. Duró desde 1880 hasta 1916. Se desintegró en varios partidos provinciales o integrando a sus dirigentes en las nuevas estructuras peronistas), la UCR (fundada en 1891 por un desprendimiento de la elite gobernante liderado por Alem. Gracias a Yrigoyen, se transformó en representante de los excluidos sectores medios, la mayoría inmigrantes, y en 1916 accedió al gobierno federal como resultado conjunto de la reforma electoral y el voto popular. Fue el 1º partido moderno del país, con un sistema de comités locales y provinciales, una convención y un comité nacional, y un estatuto orgánico. Nunca edificó una burocracia profesional interna. Como oposición, actuó como un impugnador al régimen que enfrentaba, y como gobierno como una estructura clientelista que usaba el empleo público para recompensar a sus seguidores. Democratizó la vida pública del país e incorporó a la política importantes grupos sociales) y el PJ (fue una retrasada consecuencia de la crisis mundial de 1930. Mediante un liderazgo Estado-céntrico, las demandas de los nuevos sectores populares urbanos pasaron a ser canalizadas masivamente para sostener un régimen que toleraba a los partidos, pero con indisimulada sospecha. Cada sector de la colectividad, en especial los de capital trabajo, debían concertar bajo la planificación estatal las políticas nacionales de desarrollo independiente. El partido era una herramienta electoral del movimiento nacional, único representante legítimo de la tradición histórica y del sentir popular de la comunidad. En 1946 ganó ampliamente las elecciones contra una coalición de todos los demás partidos). Las nuevas agrupaciones políticas presentan déficit en términos de institucionalización partidaria, lo cual condiciona la estabilidad y consolidación de un sistema de partidos en la Argentina.