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Trabajo Práctico sobre Marcelo Sain
“Las políticas de seguridad constituyen políticas públicas tendientes a gestionar determinadas formas de conflictividad que connotan modalidades de violencia social y/o problemáticas delictivas que, en un momento histórico determinado, constituyen asuntos de interés–de atención, preocupación– y de abordaje gubernamental…”
El autor advierte que, a partir de la instauración democrática de 1983, se han desarrollado predominantemente políticas y gestiones de la seguridad de trazos autoritarios marcados. El autor critica que dichas políticas y formas de gestión también se pusieron en práctica durante las dictaduras militares.
El “Acuerdo de Seguridad Democrática” sostiene que en Argentina, “la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoridarias que consolidaron la ineficiencia policial, judicial y penitenciaria” y que “algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso”. En otras palabras, a partir de los ’90, cuando los problemas de seguridad tomaron importancia y atención, los sucesivos gobiernos nacionales tomaron abordajes parciales para aminorar las protestas y demandas sociales y siguiendo las tendencias de la “opinión pública” construídas por los medios masivos de comunicación.
Las problemáticas de la seguridad pública llamaron la atención de las autoridades gubernamentales y fueron objeto de intervenciones institucionales debido a tres factores:
-Incremento y complejización de los delitos: su crecimiento y expansión se relacionó a las transformaciones sociales derivadas de la desigualación y marginalización de estratos medios y bajos de las grandes urbes. El deterioro de la situación socioeconómica y la fragmentación social produjeron un aumento del incolucramiento de adolescentes y jóvenes en el delito.
A su vez, se produjo una transformación del fenómeno criminal, por un proceso sociocultural de disolución de los principios de cohesión social, que llevó a un debilitamiento de las relaciones sociales en el espacio público y en la intimidad.
Todo esto fue afectado por la falta del Estado como garante de los consensos sociales básicos y como instancia de gestión efectiva de la ley.
Las efectos de esta problemática delictiva no fueron homogéneos, ya que el riesgo de sufrir delitos fue mayor en los enclaves urbanos marginales que en el resto de los espacios urbanos.
-Expansión de un conjunto de actividades criminales de organizaciones delictivas asociadas a mercados ilegales de bienes y servicios. Se trata de redes compuestas por grupos de alta complejidad organizacional, compartimentalozación funcional, profesionalización y coordinación operativa. Desarrollaron una serie de actividades ilícitas de gran despliegue territorial y ganancia económica. Entre ellas, tráfico y comercialización de drogas ilegales, robo y desarme de automóviles y venta de autopartes, la trata de personas para su explotación sexual, y los robos calificados de mercaderías en tránsito.
Un factor determinante para la expansión de estos emprendimientos criminales fue la tutela y protección policial. Su crecimiento y diversificación fue producto de la demanda social de bienes y servicios ofrecidos y adquiridos en los mercados ilegales y de la regulación policial.
-Aumento y generalización del sentimiento de inseguridad: el temor al delito llegó a casi toda la población, hasta que se politizó y entró a la agenda pública. En los noventa se produjo una construcción particular de la inseguridad como problema público y social. Fue el resultado de una descripción particular de la realidad que no incluye a todos los delitos, del aumento de voceros, especialistas e instituciones y de la circulación de relatos.
El sentimiento de inseguridad no disminuyó con los delitos y la victimización, si no que perduró en el tiempo. Su persistencia se relaciona a la desconfianza social en las instituciones gubernamentales, de seguridad y judiciales.
Como consecuencia de la generalización de la preocupación en la sociedad, se produjo una politización de la seguridad pública.
Fue un gran influyente la espectacularización mediática de ciertos delitos, en especial aquellos que victimizaron a personas de estratos medios-altos. La prensa televisiva cargó los delitos de dramatismo y construyó una imagen de cotidianeidad que es irrumpida por el crimen, que puede atacar en cualquier momento y lugar
Como consecuencia de la politización del sentimiento de inseguridad, se produjeron dos posiciones disímiles para su enfrentamiento. Por un lado, aquellas asentadas en los reclamos punitivos para afrontar las problemáticas de inseguridad (a favor de un Estado mínimo-individualista) y, por otro, las perspectivas más integrales basadas en medidas sociales e institucionales, como políticas sociales y educativas (Estado como garante de derechos).
Durante las últimas décadas la inseguridad se convirtió en un asunto de significativa preocupación social y de persistente demanda a las instituciones gubernamentales a favor de respuestas protectivas. Las sucesivas administraciones gubernamentales abordaron las problemáticas de seguridad pública a partir de tres aspectos fundamentales: de las protestas sociales de movilización colectiva y conflictividad, de las prácticas abusivas y corruptas de las instituciones policiales y de las respuestas a las demandas por inseguridad mediante planes de seguridad y desarrollo de reformas penales.
A mediados de los noventa, surgieron dos tendencias por parte del gobierno con relación a las movilizaciones y protestas sociales, en especial las del movimiento piquetero. Por un lado, la intervención asistencial centrada en la gestión de subsidios y ayuda alimentaria destinadas a paliar la desocupación y la pobreza. Por otro lado, una estrategia de control represivo y criminalizante del movimiento social, impulsando la denuncia penal y procesamiento de los dirigentes y manifestantes.
La muerte de dos manifestantes en 2002 producto de una represión policial desmedida fue consecuencia de la intención del gobierno Duhaldista de frenar definitivamente al movimiento piquetero mediante una respuesta represiva contundente. Esto significó un duro revés político que causó el adelantamiento de las elecciones presidenciales y la entrega del mando de Duhalde.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se abandonó la represión de la gestión anterior. Se optó por una estrategia inclusiva de intervenciones asistenciales a favor de los sectores populares. Aumentaron los subsidios sociales y las personas beneficiarias, se desarrollaron emprendimientos productivos y construcciones de viviendas. Luego siguió una estrategia de contención para el control de las movilizaciones piqueteras y manifestaciones de protesta.
Todo esto de produjo. En medio de una amplia movilización y conflictividad social expresada en centenares de protestas, la mayoría vinculadas a la crisis económica y social.
Kirchner inauguró una estrategia de tolerancia y persuasión, incluso yendo en contra de la opinión de otros dirigentes peronistas aliados al gobierno, de los sectores medios y altos, y de los medios de prensa más importantes, quienes sostenían la inviabilidad de la orientación gubernamental y proclamaban una respuesta represiva.
Desde el comienzo de la gestión el gobierno reguló de forma preventiva la intervención policial en el control de las manifestaciones colectivas, disponiendo la ausencia de efectivos policiales en las manifestaciones públicas, y de ser necesaria, sin armas de fuego. Mediante esto se buscaba evitar hechos de violencia fatales.
A partir del 2003 se produjo una disminución de las protestas sociales y movilizaciones públicas. En 2006 aumentaron las manifestaciones protagonizadas por trabajadores de empresas privadas. Pese a esto, el gobierno nacional reformuló su estrategia de control, pasando a una disuasiva basada en una mayor presencia policial como mecanismo de control, sin armas de fuego pero con instrumentos antitumultos, para evitar desórdenes violentos. El uso de la fuerza fue gradual y proporcional al hecho a conjurar.
Con la asunción de Cristina Fernández se mantuvo la estrategia de contención mediante la saturación policial.
La orientación oficial adoptada en el 2008 ante el conflicto con los propietarios rurales (cortes de rutas y vías públicas de entidades agropecuarias) no fue represiva, las instituciones de seguridad se limitarona facilitar accessos, prevenir cortes de caminos y tratar de evitar conflictos entre manifestantes y transportistas.
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