El general Eduardo Lonardi encabezo el nuevo gobierno, que se presento como provisional para indicar su decisión de restaurar el orden constitucional.

Rodeado por los grupos católicos y por los militares el jefe de la Revolución Libertadora proclamo que no había ni vencedores ni vencidos y procuro establecer acuerdo con las principales fuerzas que habían sostenido a Perón, particularmente los sindicalistas.

Los dirigentes sindicales se mostraron complacidos y acordados con el gobierno, aunque en muchas barridas obreras, hubo manifestaciones espontáneas contra los militares, pero los partidarios de Leonardo compartían el gobierno con representantes de los grupos antiperonistas mas tradicionales, respaldados por la marina, la mas fuerte era de las tres fuerzas armadas, cuya voz expresaba el vicepresidente, contra almirante Rojas.

El 13 de noviembre, a penas 2 meses después de designado Leonardi, debió renunciar, y fue remplazado por el Gral. Aramburu, mas a fin a los sectores liberales y antiperonistas, mientras Rojas se mantenía en la vicepresidencia.

El episodio puso rápidamente en manifiesto la complejidad de la herencia del peronismo.

La formula con la que se había constituido aquel movimiento ya había hecho crisis en 1950 cuando el mundo comenzó a normalizarse, y Perón mismo inicio en 1952 una reorientación sustancial de sus políticas para adecuarse a las nuevas circunstancias.

Las características de su movimiento, las fuerzas sociales, que lo apoyan y que el mismo había movilizado y constituido, le impidieron encarar decididamente el nuevo rumbo. Caído Perón, esas mismas fuerzas se constituyeron en un obstáculo insalvable para los intentos de sus sucesores.

En 1955 ese reordenamiento era estimulado y hasta exigido por un mundo que en plena guerra fría planteaba desafíos novedosos. Las consignas de la revolución Libertadora coincidían con las tendencias políticas de occidente a favor de la democracia.

Al igual que en la Argentina Peronista, en EE.UU y en Europa, los estados intervenían decididamente ordenando la reconstrucción.

En 1947 los acuerdos monetarios de Bretton Woods, establecieron el patrón dólar y los capitales volvieron a fluir libremente por el mundo.

Las grandes empresas comenzaron a instalarse en los mercados antes cerrados.

Para los países cuyas economías habían crecido hacia adentro y cuidadosamente protegidas en particular la Argentina, el FMI (Fondo Monetario Internacional) propuso políticas llamadas “Ortodoxas”; estabilizar la moneda abandonando la emisión fiscal, dejar de subvencionar a los sectores “artificiales”, abrir los mercados y estimular las actividades de exportación tradicionales.

Progresivamente comenzó a formarse una política alternativa, elaborada en el ámbito de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL): los países “desarrollados” podían ayudar a los “subdesarrollados” a eliminar los factores de atraso mediante adecuadas inversiones en los sectores clave y desde entonces la receta “monetarista” y la “estructuralista” compitieron en la opinión y en las políticas.

Luego de 1955, en la Argentina la apretura y la modernización fueron valores compartidos pero las herramientas de esa transformación generaron una amplia polémica entre quienes confiaban en el capital extranjero y quienes, entre la tradición nacionalista que había alimentado el peronismo, o desde la izquierda antiimperialista, desconfiaban de el.

Los empresarios, nacionales o extranjeros, coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. Como ya lo había insinuado al final del régimen peronista, apuntaron a realizar su participación en el ingreso nacional y también a elevar la productividad, racionalizando tareas y reduciendo la mano de obra. Esto implicaba restringir el poder de los sindicatos, y también el de los trabajadores, acaparados por la legislación, habían alcanzado en plantas y fabricas. Recortar los ingresos y recuperar la autoridad patronal eran los puntos salientes de una actitud más general contra la situación de mayor igualdad social lograda por los trabajadores.

Aquí se encontraba el mayor obstáculo; se trataba de una clase obrera madura, bien defendida en el mercado de trabajo que se acercaba a la situación de pleno empleo, homogénea y con una clara identidad social y política.

Entre las fuerzas sociales embarcadas en la transformación, que no habían terminado de definir sus objetivos, primacías y alianzas, y las antiguas, que conservaban una importante capacidad de resistencia, se produjo una situación que Portantiero definió como “Empate” prolongado hasta 1966.

Aparecía un conflicto entre la modernización y la democracia. La propuesta de proscribir al peronismo, que rápidamente se impuso en el gobierno de la Revolución Libertadora.

El general Aramburu, que encabezo el gobierno provisional hasta 1958, asumió plenamente la decisión de desarmar el aparato peronista. El Partido Peronista fue disuelto y se intervinieron la CGT y los sindicatos, puestos a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas.

La administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se controlaron los medios de comunicación, que en su mayoría estaban en manos del Estado. Se prohibió cualquier propaganda favorable al peronismo, así como la mera mención del nombre de quien, desde entonces, empezó a ser designado como el “tirano prófugo”. Por un decreto se cancelo la constitución de 1949.

Esta política fue respaldada masivamente por la Marina, convertida en bastión del antiperonismo, pero provoco dudas y divisiones en el ejército.

El 9 de junio de 1956 un grupo de oficiales peronistas organizo un levantamiento; contaba con el apoyo de muchos grupos civiles y aprovechaba un clima de descontento y movilización gremial. El gobierno lo reprimió con violencia, ordenando el fusilamiento de muchos civiles y de los principales jefes militares, incluyendo al general Valle.

Desde entonces, las depuraciones de los oficiales fueron frecuentes, y poco a poco el grupo más decididamente antiperonista (los “gorilas”) fue ganando el control del ejército.

El ¡pacto de proscripción”, un Parlamento sin poder de decisión, presidida por el vicepresidente Rojas. El acuerdo incluía todas las tendencias del frente civil, con excepción de los comunistas, desde las conservadoras hasta las más progresistas. Estas últimas dominaron las universidades, pese a que el ministro de Educación era un católico tradicionalista, pero pronto se enfrentaron con el gobierno cuando este propuso autorizar la existencia de universidades privadas, según lo demandaba la Iglesia.

En política económica; los instrumentos que el estado tenia para intervenir (el IAPI o el manejo de los depósitos bancarios) empezaron a ser desmontados. Se devaluó el peso y el sector agrario recibió un importante estimulo, con lo que se confiaba equilibrar las cuentas externas. Se aprobó el ingreso de la Argentina al FMI y el Banco Mundial, y obtuvo la ayuda de estos organismos para los problemas más inmediatos, lo que les permitió dar al país sus contundentes recomendaciones.

La política fue más definida. Combinado eficiencia y represión, patrones y gerentes empezaron a recuperar autoridad en las plantas.

Crisis cíclica en 1956, los salarios reales cayeron fuertemente en 1957.

En septiembre de 1957 se reunió el Congreso Normalizador de la CGT y los peronistas, nucleados en las 62 Organizaciones, accedieron a su control, aunque compartiéndolo con algunos núcleos independientes.

Estas organizaciones sindicales asumieron simultáneamente la representación germinal y la política y fueron, desde entonces, la “columna vertebral” del movimiento. Desde su exilio (en Asunción, Caracas, Santo Domingo y finalmente en Madrid) Perón conservaba todo su poder simbólico, pero en lo concreto debió dejar hacer y tolerar las desobediencias para no ser negado.

Para el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyaban, el “el pacto de proscripción” planteaba un problema para el futuro: que hacer con el peronismo.

Las distintas opciones dividieron a todas las fuerzas políticas. En la derecha, optaron por acercarse al peronismo algunos de los viejos nacionalistas y los conservadores “populares”. En la izquierda, la política represiva del gobierno libertador aparto pronto a muchos de un bloque antiperonista e el que hasta entonces había convivido con sus enemigos naturales.

El ascenso de Frondizi en la Unión Cívica Radical provoco su ruptura.

Después de la caída de Perón el radicalismo se dividió:

Quienes seguían a Balbín se identificaron con el gobierno liberador, mientras que Frondizi eligió la línea de acercamiento con el peronismo, basándose en el tradicional programa nacional y popular del radicalismo, así como en su constitutiva oposición a las “uniones democráticas”.

En noviembre de 1956 la UCR proclamo la candidatura presidencial de Frondizi, lo que acelero la ruptura, y el viejo partido se dividió en dos: la UCR intransigente y la UCR del Pueblo.

Frondizi se lanzo al juego, ciertamente riesgoso. Con un discurso moderno, referencias claras a los problemas estructurales del país y una propuesta novedosa.

Su vinculación con Frigerio introdujo una inclinación importante en su discurso, al subrayar la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y el papel que en ello debían cumplir los empresarios. La maniobra más audaz consistió en negociar con el propio Perón su apoyo electoral, a cambio del futuro levantamiento de las proscripciones. La orden de Perón fue acatada y Frondizi se impuso en las elecciones del 23 de febrero de 1958, con algo de mas de 4 millones de votos, contra 2.5 millones que obtuvo Balbín.

Frondizi aspiraba a renovar los acuerdos, de base peronista, entre los empresarios y los trabajadores; estos eran convocados a abandonar su actitud hostil e integrarse y compartir, en un futuro indeterminado, los beneficios de un desarrollo económico impulsado por el capital extranjero.

El pacto con Perón, el acuerdo con los sindicatos, son el realismo político del presidente con la tendencia por la negociación táctica con las grandes corporaciones.

Hizo un aumento de salarios del 60%, una amnistía y el levantamiento de las proscripciones (que sin embargo no incluían ni a Perón ni al Partido Peronista), así como la sanción de la nueva ley de Asociaciones Profesionales, casi igual a la de 1945, que la Revolución Libertadora había derogado, fueron parte de la deuda electoral. Frondizi asumió personalmente lo que llamo la “batalla del petróleo”, esto es, la negociación con compañías extranjeras de la explotación y puesta en explotación de las reservas, y simultáneamente anuncio la autorización para el funcionamiento de universidades no estatales, lo que genero un profundo debate entre los defensores de la enseñanza “laica” y los de la “libre”, en su mayoría católicos, que acabarían neutralizándose.

El centro de la política económica fueron las leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial, sancionadas antes de que terminara 1958.

Se establecía un régimen especial a las inversiones en sectores juzgados clave para la nueva etapa de desarrollo: la automotriz, energía, petróleo, etc. Había trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía y compras del estado, así como en la protección arancelaria del mercado local, todo ello manejado con alto grado de discrecionalidad, manifestó notoriamente en los contratos petroleros, que el presidente negocio en forma personal y secreta.

La producción de acero y automotores creció de modo espectacular y casi se llego al autoabastecimiento del petróleo.

En diciembre de 1958 se pidió ayuda al FMI y se lanzo un Plan de Estabilización, cuya receta recesiva se profundizó en junio de 1959, cuando Frondizi convoco al Ministerio de Economía al ingeniero Álvaro Alzogaray. Se trataba de uno de los voceros principales de las corrientes liberales y aplico un ortodoxo programa de devaluación, congelamiento de salarios y supresión de controles y regulaciones estatales cuyas consecuencias fueron una fuerte perdida en los ingresos de los trabajadores y una desocupación generalizada.

Las huelgas se intensificaron en los meses siguientes, el gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al ejército para reprimir, según lo establecía el plan CONINTES.

Vandor, jefe del sindicato metalúrgico, fue la figura principal de esta nueva burocracia sindical, especializada en administrar la desmovilización, con paros generales fueros de palabra pero escasamente combativos y negociaciones permanentes con todos los factores de poder.

A lo largo de casi 4 años de su presidencia, Frondizi soporto 32 “planteos” militares, algunos exigían cambios en su línea política y otros estaban destinados a ganar terreno en la propia institución. A todos cedió, en junio de 1959 llego la Comandancia en Jefe del Ejercito Monetero, el más duro de los jefes antiperonistas, que durante 2 años ejerció una tutela pretoriana sobre el presidente.

Fue el periodo del ministro Alzogaray y del Plan CONINTES, sin duda la época de mayor represión social y política.

El triunfo de Fidel Castro de 1959 había sido celebrado por demócratas y liberales pero hacia 1960 su acercamiento al bloque socialista dividió profundamente las aguas.

A principios de 1961 el socialista Palacios gano una banca de senador en la Capital polarizando las fuerzas progresistas y de izquierda. El anticomunismo, en cambio, prendió fuertemente a la derecha, en el liberalismo antiperonista y también en la Iglesia. América Latina y la Argentina entraban en el mundo de la guerra fría y los militares, duramente interpelados por sus colegas norteamericanos, asumieron con decisión una postura anticomunista.

Los militares asociaron con el comunismo tanto al peronismo como al grupo que orientaba Frigerio o los estudiantes universitarios. En momentos en que EE.UU empezaba a reclamar alineamiento y solidaridad contra Cuba, los militares encontraron otro espacio para presionar a Frondizi. El presidente, que había adherido con entusiasmo a las consignas de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, era reacio a condenar a Cuba, así como a perder cierta libertad de maniobra internacional que le brindaba la existencia de una alternativa socialista en el continente.

Presionaron duramente al presidente hasta que, un mes después de abstención, el gobierno rompió relaciones con Cuba.

El gobierno de Frondizi llegaba a su catástrofe final, las elecciones de 1960, con el peronismo proscrito, habían mostrado que sus votos seguían siendo decisivos.

Las elecciones de principios de 1962 debían ser más riesgosas, porque había que elegir gobernadores provinciales. Pera enfrentarlas con mayores posibilidades, Frondizi despidió a principios de 1961 a Alzogaray y a Montero, dio por terminada la estabilización, adopto una política social mas flexible y se lanzo a la ardua de enfrentar electoralmente a los peronistas.

El 18 de marzo los candidatos peronistas ganaron ampliamente en las principales provincias, incluyendo el distrito clave de Buenos Aires. En los agitados días siguientes Frondizi hizo lo imposible para resistir la situación y encargo a Aramburu una mediación con los partidos políticos, que se negaron a respaldarlo y se declararon totalmente indiferentes ante la suerte del presidente y del sistema institucional mismo. Esta era la señal que los militares esperaban y el 28 de marzo de 1962 depusieron a Frondizi.

Organizaron su reemplazo por el presidente del Senado Guido, y salvar así un jirón de institucionalidad.

Muchos de quienes habían acompañado a Frondizi en su último tramo rodearon al presidente Guido y a la frágil institucionalidad por el representada, buscando negociar una alternativa política que de alguna manera tuviera en cuenta a los peronistas. Pero apenas 3 meses después, los militares, que habían asumido por completo su función tutelar, impusieron un gabinete definidamente antiperonista.

E seguida fue reemplazado por Álvaro Alzogaray, quien repitió su receta estabilizadora, que esta vez golpeo además al sector industrial local, que había crecido durante el periodo frondicista.

Esta posición se fue perfilando a lo largo de sucesivos enfrentamientos con la fracción “gorila”, que hicieron crisis en el mes de septiembre, cuando unos y otros, (azules y colorados, según la denominación que entonces adoptaron) sacaron las tropas a la calle y hasta amagaron combatir. Los azules triunfaron en la contienda militar y en la de la opinión pública, a la que se dirigieron sus asesores civiles: explicaron a través de sucesivos comunicados la preocupación del grupo por la legalidad, el respeto institucional y la búsqueda de una salida democrática. Poco después, grupos vinculados con ellos promovieron la aparición de una revista singular (primera plana) para defender su posición.

El triunfo azul en septiembre llevo al Comando en Jefe al general Onganía, y el gobierno a quienes, al igual que Frondizi, habían tratado de estructurar un frente político que de alguna manera integrar a los peronistas. Se trataba de un grupo de políticos provenientes de la democracia cristiana y el nacionalismo, y algunos del propio desarrollismo, a la busca de una fórmula que reuniera militares, empresarios y sindicalistas.

Pero las condiciones para esta alternativa todavía no habían madurado: la mayoría de los empresarios desconfiaban de los peronistas y en general de cualquier política que no fuera estrictamente liberal, también se oponía la Marina.

Esta vez e enfrentamiento con el Ejercito fue violento, hubo bombardeos y cuarteles destruidos; la Marina fue derrotada, pero su impugnación tuvo éxito. Al terminar de episodio, el comunicado final de los azules retomaba las pisturas antiperonistas y se declaraba a favor de la proscripción del peronismo. Esta vez sin los militares, reuniendo a frondicistas, democristianos y nacionalistas.

Las negociaciones no terminaron bien: cuando Perón proclamo candidato a Solano Lima, un veterano político conservador que desde 1955 se había acercado al peronismo.

Así se llego a julio de 1963, los peronistas decidieron votar en blanco, pero una proporción de sus votos emigro a favor del candidato de la UCR del Pueblo, Arturo Illia, quien con 25% de los sufragios obtuvo la primera minoría.

Arturo Illia gobernó entre octubre de 1963 y junio de 1966.

El partido ganador, la UCR del Pueblo, había obtenido una magra parte de los sufragios, y si bien tenía la mayoría en el Senado, solo controlaba algo más de la mitad de las gobernaciones, y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados donde, debido al sistema de voto proporcional, estaba representado un amplio espectro de fuerzas políticas.

El nuevo gobierno radical le dio mucha mas importancia al Congreso, y a la escena política democrática.

Los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso voto una ley de Salario Mínimo. El gobierno controlo los precios y avanzo con decisión en algunas áreas conflictivas, como la comercialización de los medicamentos. Frente al capital extranjero, sin hostilizarlo, procuro reducir la discrecionalidad de las medidas de promoción, un caso especial fueron los contratos petroleros que fueron anulados y renegociados.

Este había intentado aplicar los recursos de la Ley de Asociaciones para controlar a los dirigentes sindicales, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones internas, con la esperanza de que sufriera una corriente de dirigentes que rompiera el monolitismo peronista. Los sindicalistas respondieron con un Plan de Lucha.

Aunque desde la derecha y desde la izquierda se quiso ver en esto el comienzo de un asalto al sistema, fue solo una expiación, de rara perfección, de la estrategia impulsada por Vandor, capaz de obtener los máximos frutos con una movilización controlada y restringida.

El vandorismo aprovechaba así su dominio de los sindicatos y también de las organizaciones políticas del peronismo, para actuar simultánea o alternativamente en los dos frentes y practicar su arte de la negociación.

En 1964 los sindicatos encabezaron una negociación del partido justicialista (nuevo nombre del peronista) esto los fue llevando a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazado en su liderazgo. La disputa entre ambos no podía superar ciertos limites, pues ni Perón podía prescindir de los sindicalistas mas representativos ni estos podían renegar del liderazgo simbólico de Perón. La competencia consistió en un tironeo permanente, en el que Vandor fue ganando posiciones.

A finales de 1964 la dirimencia local organizo el retorno de Perón al país.

El Operativo Retorno; Perón tomo un avión, peor antes de que el gobierno se viera obligado a decir que hacer, las autoridades de Brasil lo detuvieron y enviaron de nuevo a España.

Perón estaba dispuesto a jugar sus cartas para evitar cualquier acuerdo que lo excluyera. Por entonces empezó a cobijar y alentar a los incipientes sectores críticos de la dirección sindical e inclinados a una política más dura, o incluso a seguir la senda de la Revolución Cubana.

La principal preocupación de Perón se hallaba en el campo electoral, donde podía competir mejor con Vandor. En marzo de 1965 se realizaron las elecciones de renovación parlamentaria. El gobierno proscribió al Partido Justicialista pero autorizo a los peronistas a presentarse tras rótulos menos conflictivos.

Los resultados fueron buenos para el peronismo pero no aplastantes. Empezaron a prepararse para las elecciones de 1967 en las que se competiría por los gobiernos de la provincia. Si Vandor imponía sus candidatos en las principales provincias y lograba reunir a los grupos neoperinistas provinciales, habría logrado institucionalizar al peronismo sin Perón.

En los últimos meses de 1965 Perón reunió a todos los grupos sindicales adversos al liderazgo de Vandor, tanto de izquierda como de derecha, y motorizo una división en las 62 Organizaciones; aunque la encabezo el propio secretario general de la CGT, Alonso, fracasaron en su intento de ganar la conducción sindical.

Las fuerzas Armadas, no miraba con demasiada simpatía el gobierno de Illia.

En 1965, en una reunión de jefes de Ejercito americanos en West Point, manifestó su adhesión a la llamada “doctrina de la seguridad nacional”; las Fuerzas Armadas, apartadas de la competencia estrictamente política, eran sin embargo la garantía de los valores supremos de la nacionalidad, y debían obrar cuando estos se vieran amenizadazos, particularmente por la subversión comunista. Poco después completo esto enunciando la doctrina de las “fronteras ideológicas” que en cada país dividía a los partidarios de los valores occidentales y cristianos de quienes querían subvertirlos. Entre esos valores centrales no figuraba el sistema democrático (que había sido la bandera de los militares luego de 1955) lo que revela un cambio no solo interno sino internacional: la era inaugurada por el presidente Kennedy terminaba.

El programa que en 1958 sintetizo de manera convincente a Frondizi expresaba una sensibilidad colectiva y en conjuntote convicciones e ilusiones compartidas acerca de la mordenización económica.

Así surgieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de incidencia importantísima en el campo, y el menos influyente Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Pero la mayor fe estaba puesta en los capitales extranjeros, estos llegaron en cantidades relativamente considerables entre 1959 y 1961.

Pero su influencia excedió largamente la de las inversiones directas. Los inversores tuvieron una gran capacidad para aprovechar los mecanismos internos de capitalización, ya sea de créditos del Estado o simplemente del ahorro particular, que juzgaba conveniente canalizarse a través de las empresas extranjeras. También se instalaron por la vía de la compra o la asociación con empresas nacionales existentes o su compra, o simplemente por la concesión de patentes o marcas. Su influencia se noto en la transformación de los servicios o en las formas de comercialización (los supermercados fueron al principio lo más característico).

En la industria, las nuevas ramas (petróleo, acero, celulosa, automotores, etc.), crecieron aceleradamente, por efectos de la promoción y aprovechando la existencia de un mercado insatisfecho, mientras que la que había liderado el crecimiento en la ataba anterior (textil, calzado, y aun electrodomésticos) se estancaron o retrocedieron, y en parte también porque debían competir con nuevos productos, como fue el caso del hilado sintético, que lo hizo con el algodón en e sector de los textiles.

El gobierno de Illia fue condenado por ineficiente por Primera Plana, vocero de este grupo, ya en septiembre de 1963. Esta idea fue sistemáticamente desarrollada por un elenco de propagandistas, muchos de ellos expresamente contratados para ello, dedicados a desprestigiar al gobierno, y al sistema político en general, y a exaltar la figura de Onganía, modelo de eficiencia pero, sobre todo, “ultima alternativa de orden y autoridad”, como escribía Mariano Grondona en Primera Plana.

El 28 de junio de 1966 los comandantes en jefe depusieron a Illia y estregaron la presidencia al general Onganía. Con la caída de la democracia limitada termino el empate, las opciones se definieron y los conflictos de la sociedad, hasta entonces disimulados, pudieron desplegarse plenamente.

Un amplio consenso acompaño al golpe del 28 de junio de 1966: los grandes sectores empresarios y también los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos políticos (con excepción de los radicales, socialistas y comunistas) y hasta muchos grupos de extrema izquierda, satisfechos del fin de la democracia “burguesa”.

La primera fase del nuevo gobierno se caracterizo por un “shock autoritario”, el general Onganía, presidente designado por la Junta de Comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970. Se disolvió el Parlamento (el presidente concentro en sus manos los dos poderes) y también los partidos políticos.

Los ministerios fueron reducidos a 5, y se creo una suerte de Estado Mayor de Presidencia, integrados por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica, pues en la nueva concepción el planeamiento económico y la investigación científica se consideraban insumos de la seguridad nacional.

Unificadas las decisiones, se comenzó a encarrilar la sociedad.

El blanco principal fue la Universidad, que era vista como el lugar típico de la infiltración, la cuna del comunismo.

El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la policía irrumpió en algunas facultades de la UBA y apaleo a alumnos y profesores, siguió un movimiento importante de renuncias de docentes, muchos de ellos continuaron con sus trabajos en el exterior y otros procuraron trabajosamente reconstruir, subterráneamente, las redes intelectuales y académicas.

La censura se extendió a las manifestaciones mas diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la Iglesia, eran la antesala del comunismo: el amor, libre, la pornografía, el divorcio. Al igual que en el caso de la Universidad, venia a descubrirse que amplias capas de la sociedad coincidían con el diagnostico de los militares o de la iglesia acerca de los peligros de la modernización intelectual y con la necesidad de usar la autoridad para extirpar los males.

Antes de que se hubiera definido una política económica, se procedió a reducir drásticamente el personal en la administración pública y en algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizo una sustancial modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los costos. Otra medida espectacular fue el cierre de la mayoría de los azucareros en la provincia de Tucumán. En todos los casos, la protesta sindical, que fue intensa, resulto acallada con violencia.

En febrero de 1967 lanzaron un Plan De Acción, que recordaba el Plan de Lucha montado contra Illia, pero en la ocasión tropezaron con una respuesta muy fuerte: despidos masivos, retiros de personería sindical, intervenciones a los sindicatos.

El gobierno había encontrado la formula política adecuada para operar gran reestructuración de la sociedad y la economía. Con la clausura de la escena política y la corporativa había puesto fin a la puja sectorial, dejando descolocado al sindicalismo vandorista, protagonista principal de ambas escenas, y hasta al propio Perón, que se tomo unas vacaciones políticas. Acallando cualquier ámbito de expresión de las tensiones de la sociedad, y aun de las mismas opiniones, podía diseñar sus políticas con tranquilidad, sin urgencias.

El conflicto se resolvió en diciembre de 1966 a favor de los llamados liberales. El general mas a fin a ellos, Julio Alzogaray (hermano de Álvaro) fue designado de comandante en jefe del Ejército, y Vasena, ministro de economía y trabajo. Se trataba de un economista surgid del riñón mismo de los grandes grupos empresarios, con excelentes conexiones con los centros financieros internacionales y de capacidad técnica reconocida. Vasena ocupo el centro del gobierno (donde se manejaba la educación, tema clave para la Iglesia) y la Secretaria General de la Presidencia.

El plan de Vasena, lanzado en marzo de 1967 apuntaba en primer término a superar la crisis cíclica y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de las causas de la puja sectorial. Más a largo plazo, se proponía racionalizar el funcionamiento de la economía toda y facilitar así el desempeño de las empresas más eficientes, cuya imposición sobre el conjunto acabaría definitivamente, en este terreno, con empates y bloqueos.

Contaba para ello con las poderosas herramientas de un Estado perfeccionado en sus orientaciones intervencionistas.

Sometidos los sindicatos, se congelaron los salarios por 2 años, luego de un módico aumento, y se suspendieron las negociaciones colectivas. También se congelaron tarifas de servicios públicos y combustibles, y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes. El déficit fiscal se redujo con las racionalizaciones de personal y una recaudación más estricta, pero con las racionalizaciones de personal y una recaudación mase estricta, pero sobre todo porque se estableció una fuerte devaluación del 410% y una retención similar sobre las exportaciones agropecuarias. Con esta mediada, la mas importante en lo inmediato, se logro a la vez arreglar las cuentas del Estado, evitar el alza de los alimentos, impedir que la devaluación fuera aprovechada por los sectores rurales y asegurar un periodo prolongado de estabilidad cambiaria, reforzado por prestamos del FMI y una importante corriente de inversiones de corto plazo. Todo ello permitió establecer el mercado libre de cambios. En lo inmediato, los éxitos de esta política de estabilización fueron notables: a mediados de 1969 la inflación se había reducido drásticamente, aunque seguía siendo elevada para los niveles de los países centrales, y las cuentas del Estado estaban equilibradas, lo mismo la balanza de pagos.

Las inversiones del Estado fueron considerables, particularmente en obras públicas: la represa hidroeléctrica de El Chocón, que debía solucionar el fuerte déficit energético, puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la Capital, a lo que se sumo un impulso similar de la construcción privada.

El sector mas concentrado (predominantemente extranjero) resulto el mayor beneficiario de esta política, que además de estabilizar, apuntaba a reestructurar profundamente el mundo empresario y a consolidar de modo definitivo los cambios esbozados desde 1955. Muchas de las empresas instaladas en la época de Frondizi empezaron por entonces a producir a pleno, pero además hubo compras de empresas nacionales por parte de extranjeras (se noto en bancos o tabacaleras).

Las grandes obras públicas realizadas en esta etapa generalmente solucionaban sus problemas de transporte o energía.

En cambio, la lista de perjudicados fue amplia. A la cabeza estaban los sectores rurales; si bien se los estimulo a la modernización y tecnificación (a eso apuntaban e temido impuesto a la “renta potencial”) se sintieron perjudicados por lo que consideraban un despojo: las fuertes retenciones a la exportación. Los sectores empresarios nacionales (que hacían oír su voz a través de la Confederación General Económica) se quejaban de la falta de protección y se lamentaban de la desnacionalización.

La nueva política modificada profundamente los equilibrios (cambiantes pero estables) de la etapa del empate, y volcaba la balanza a favor de los grandes empresarios.

A mediados de año, Onganía relevo a los tres comandantes y reemplazo a Julio Alzogaray, por Lanusse, de momento menos definido. Las voces del establecimiento, salieron a defender a Vasena, comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de Onganía, de sus veleidades corporativistas y autoritarias, y empezaron a pensar en un salida política, para la que se ofrecía el General Aramburu y hacia su aporte el nuevo delegado personal de Perón, Paladino.

Cuando en mayo de 1969 estallo el breve pero poderoso movimiento de la protesta -EL CORDOBAZO- el único capital de Onganía, el mito del orden, se desvaneció.

El estallido ocurrido en Córdoba en mayo de 1969 vino precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias y de una fuerte agitación sindical en Córdoba, centro industrial donde se concentraban las principales fabricas de automotores.

La CGT local realizo una huelga general y grupos de estudiantes y obreros (con aportes masivos de las fábricas automotrices) ganaron el centro de la ciudad, donde se sumo mucha otra gente. La fortísima represión policial genero un violeto enfrentamiento: hubo barricadas, hogueras para combatir los gases lacrimógenos y asaltos a negocios, la multitud, que controlo varias horas el casco central de la ciudad, no tenía consignas ni organizaciones pero se comporto con rara eficacia, dispersándose y reagrupándose. Finalmente intervino el ejército, con llamativa demora, y recupero el control.

Lentamente, el 31 de mayo se restableció el orden. Habían muerto ente 20 y 30 personas, unas 500 fueron heridas y otras 300 detenidas.

Como este, fue el episodio fundador de una ola de movilización social que se prolongo hasta 1975.

La ola de movilización social que inauguro el Cordobaza se expreso de maneras diversas. Una de ellas fue un nuevo activismo sindical en la zona de Rosario o sobre todo en Córdoba, donde se destacaban las plantas de las grandes empresas establecidas luego de 1958, especialmente las automotrices. Con obreros estables, especializados y relativamente bien pagos, los conflictos no se limitaron a lo salarial (donde se agotaba el sindicalismo tradicional) y se extendieron a las condiciones de trabajo, los ritmos, los sistemas intensivos, las clasificaciones y categorías.

Poco después del Cordobaza hubo episodios similares en Rosario-ROSARIAZO- y en Cipolletti, en la zona frutícola del Valle de Rió Negro.

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, se hizo cargo del poder, dicto los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designo presidente de la Nación al general Videla.

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente cotidianamente, todo ello creo las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La propuesta de los militares (quienes poco habían hecho para impedir que el caos llegara a ese extremo) iba mas allá: consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnostico se encontraba en la sociedad misma.

El tajo fue en realidad una operación integral de represión, cuidadosamente planeada por la conducción de las 3 armas, ensayada primero e Tucumán (donde el ejército intervino oficialmente desde 1975) y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Así lo estableció la investigación realizada en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que creo el presidente Alfonsín, y luego la Justicia, que juzgó a los militares implicados y condeno a muchos de ellos.

Las 3 armas se asignaron diferentes zonas de responsabilidad y hasta mantuvieron una cierta competencia para demostrar mayor eficacia.

Cada detenido, desde el momento en que era considerado sospechoso, era consignado en una ficha y un expediente, se hacia un seguimiento, una evaluación de su situación y se tomaba una decisión final que correspondía siempre al mas alto nivel militar.

La represión fue, en suma, una acción sistemática realizada desde el Estado. Se trato de una acción terrorista, dividida en 4 momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución.

Para los secuestros, cada grupo de operaciones (conocidas como “la patota”) operaban preferentemente de noche, en los domicilios de las victimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, y algunas en países vecinos, con la colaboración de las autoridades locales. La operación se realizaba con autos sin patente pero bien conocidos (los nefastos “falcon verdes”).

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y prolongada. La “picana” y el “submarino” y las violaciones sexuales eran las formas mas comunes.

La tortura física, de duración indefinida, se prolongaba en la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos, comprobar que todos los vínculos con el exterior estaban cortados, que no había nadie que interpusiera entre la victima y el victimario. En principio la tortura servia para arrancar información y lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones, pero mas en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la tortura, se “quedaban”; los sobrevivientes iniciaban una detención más o menos prolongada en alguno de los 340 centros clandestinos de detención.

Se encontraban en unidades militares (la escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, los Comandos de Cuerpo) pero generalmente en dependencias policiales, y eran conocidos con nombres de macabra fantasía: el Olimpo, el Vesubio, la Cacha, la Perla, la Escuelita, el Reformatorio, Puesto Vasco, Pozo de Banfield.

En esta etapa final de su calvario, de duración imprecisa, se completaba la degradación de las victimas, a menudo mal heridas y sin atención medica, permanentemente encapuchadas, mal alimentadas, sin servicios sanitarios. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones, para ser luego despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se apropiaban sus secuestradores. No es extraño que, en esa situación verdaderamente límite, algunos secuestrados hayan aceptado colaborar con sus victimarios, realizando tareas de servicio o acompañándolos para individualizar en la calle antiguos compañeros, todavía libres. Pero para la mayoría el destino final era el “traslado”, es decir, su ejecución.

Pero en la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas que eran cavadas por las propias victimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De este modo, no hubo muertos sino “desaparecidos”.

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978.

La comisión que las investigo documento 9.000 casos, pero indico que podía haber muchos otros no denunciados, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por 30.000 desaparecidos. Se trato en su mayoría de jóvenes, entre 15 y 35 años, por la sola razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en alguna sesión de tortura.

No solo desaparecieron as instituciones de la Republica, sino que fueron clausurados autoritariamente la confrontación pública de opiniones y su misma expresión. Los partidos y la actividad poética toda quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la actividad gremial; se sometió a los medios de prensa a una explicita censura, que impedía cualquier mención al terrosismo estatal y sus victimas, y artistas e intelectuales fueron vigilados.

Algunos no aceptaron esto y emigraron al exterior (por una combinación variable de razones políticas y profesionales) o se refugiaron en un exilio interior, en ámbitos recoletos, casi domésticos.

Esa transformación fue conducida por Martínez de Hoz, ministro de Economía durante los 5 años de la presidencia de Videla. Cuando asumió, debía enfrentar una crisis cíclica aguada (inflación desatada, recensión, problemas en la balanza de pagos)

Martines de Hoz contó inicialmente con un fuerte apoyo, casi persona, de los organismos internacionales y los bancos extranjeros (que le permitió sortear varias situaciones difíciles) y del sector más concentrado del establecimiento económico local. La relación con los militares fue más compleja y con las que tuvo que encontrar algún punto de acuerdo.

Pero su arma de triunfo principal fue haber colocado durante varios años a la economía en una situación de inestabilidad tal que solo era posible seguir avanzando cuando esto dejo de funcionar, la concentración y el endeudamiento ya habían creado los mecanismos definitivos de diciplinamiento y control.

Las primeras medidas de equipo ministerial, que cubrieron largamente el primer año, no dieron idea del rumbo futuro. Luego de intervenir la CGT y los principales sindicatos, reprimir a los militares, intervenir militarmente muchas fabricas, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios por 3 meses con lo que (dada la fortísima inflación cayeron en términos reales alrededor del 40%)

La segunda gran modificación fue que se disminuyeron los aranceles, aunque en forma despareja y selectiva, y como posteriormente se agrego la sobre valuación del peso, la industria debió enfrentar la competencia avasallante de una masa de productos importados de precio ínfimo.

El problema financiero se agravo a lo largo de 1980, y desde entonces hasta el fin del gobierno militar la crisis fue una constante.

A lo largo de 1981, y ya con la nueva conducción económica, la devaluación fue catastrófica para las empresas endeudadas en dólares y el estado, que ya había absorbido las perdidas del sistema bancario, termino en 1982 nacionalizando la deuda privada de las empresas.

La era de la “plata dulce” terminaba; probablemente muchos de sus beneficiarios no sufrieron las consecuencias del catastrófico final, pero la sociedad toda debió cargar con las perdidas.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa, tal como la conducción militar le había requerido al ministro. Hubo trasferencias de trabajadores, en algunos casos de las grandes empresas (con más posibilidades de reducir sus costos laborales) hacia las medianas y pequeñas, y de la industria hacia los servicios: hubo muchos trabajadores que cambiaron su empleo asalariado por la actividad por cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras publicas: el gobierno se embarco en la una serie de grandes proyectos, algunos relacionados con el Campeonato Mundial de Fútbol y otros con el mejoramiento de la infraestructura urbana, como las autopistas de la Capital, aprovechando los créditos externos baratos.

A partir de 1981, la crisis, la inflación y recensión hicieron descender dramáticamente tanto la ocupación como el salario real. En vísperas de dejar el poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro importante.

Cuando la burbuja financiera se derrumbo, quedo en evidencia que la principal consecuencia de la bruta transformación había sido (junto con la deuda externa) una fuerte concentración económica.

Lo cierto es que, junto con lagunas trasnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuentas grandes grupos locales, directamente ligados a un empresario o una familia empresaria exitosos, como Macri, Fortabat, o trasnacionales pero con fuerte base local como Bunge y Born o Techint.

En los años en que Martines de Hoz condujo la economía, el estado realizo importantes obras publicas (desde autopistas a una nueva central eléctrica atómica) para las que contrato a empresas de construcción o de ingeniería. Por otra parte, las empresas del estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos (como con los teléfonos) o la realización de tareas, como hizo YPF en las tareas de extracción y en torno de esas actividades se constituyeron algunas de las mas poderosas empresas.

El nuevo presidente, Raúl Alfonsín, asumió el 10 de diciembre de 1983 y convoco a una concentración en la Plaza de Mayo; para marcar las continuidades y las rupturas con la tradición política anterior, desecho los “históricos balcones” de la Casa Rosada y eligió los del Cabildo.

Mas allá de sus problemas de fondo, la economía se encontraba desde 1981 en estado de desgobierno y casi de caos: inflación desatada, deuda externa multiplicada y con fuertes vencimientos inmediatos, y un estado carente de recursos, sin posibilidad de atender a los variados reclamos de la sociedad, desde la educación o la salud a los salariales de sus mismos empleados, y aun con una fuerte limitación en su capacidad para dirigir la crisis.

Esa incertidumbre acerca de la capacidad del gobierno democrático se extendía a los campos, donde los poderes corporativos (los militares, la iglesia, los sindicatos) habían demostrado tener una enorme fuerza. Pero casi todos ellos habían quedado comprometidos con el régimen caído, o salpicados por el derrumbe, y se encontraban a la defensiva.

El poder que administraba el presidente Alfonsín era, a la vez, grande y escaso. El radicalismo había alcanzado una proporción de votos solo comparable con los grandes triunfos plebiscitarios de Irigoyen o Perón, y tenia mayoría en la Cámara de Diputados, pero había perdido en el interior tradicional y no controlaba la mayoría del senado. Si el liderazgo de Alfonsín en su partido era fuerte, la UCR constituía una fuerza no demasiado homogénea, donde se discutieron y hasta se obstaculizaron muchas de las iniciativas del presidente, quien prefirió rodearse de un grupo de intelectuales y técnicos recientemente acercados a la vida política, y de un grupo radical juvenil, la Coordinadora, que avanzo con fuerza en el manejo del partido y el del gobierno.

Pero cuando asumió el gobierno, el presidente Alfonsín tenía detrás de si una enorme fuerza, cuya capacidad era aun una incógnita. Mucho mas aun que los gobernantes, la civilidad vivió la euforia y la ilusión de la democracia, poderosa y “boba” a la vez.

En el diagnostico de la crisis, los problemas económicos parecían por entonces menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. En gobierno atribuyo una gran importancia, simbólica y real, a la política cultural y educativa, destinada en el largo plazo a remover el autoritarismo que anidaba en las instituciones, las practicas y las conciencias.

Coincidiendo con los deseos de la sociedad de participación y de ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, largamente postergada, las consignas generales fueron la modernización cultural, la participación amplia y sobre todo el pluralismo y el rechazo de todo dogmatismo.

En este terreno se avanzo inicialmente con facilidad: se desarrollo un programa de alfabetización masiva, se atacaron los mecanismos represivos que anidaban en el sistema escolar y se abrieron los canales para discutir contenidos y formas.

En el campo de la cultura y de los medios de comunicación manejados por el estado, la libertad de expresión, ampliamente ejercida, permitió un desarrollo plural de la opinión y un cierto “destape”, para algunos irritante, en las formas y en los temas. En la universidad y en el sistema científico del estado volvieron los mejores intelectuales y científicos, cuya marginación había comenzado en 1966 Como la de Buenos Aires. Estas instituciones, que debieron resolver el problema planteado por un masivo deseo de los jóvenes por ingresar a ellas.

No fue lo único (su mas notorio compañero en ese camino fue el peronista Antonio Cafiero) y la discusión política adquirió brillo y, en menor mediad, profundidad.

El punto culminante de esta modernización cultural fue la aprobación de la ley que autorizaba el divorcio vincular.

La ley sobre el divorcio fue sancionada a principios de 1987, luego de una breve pero intensa discusión. Los sectores mas tradicionales de la iglesia católica intentaron oponerse, no solo con los mecanismos habituales de presión sino hasta con manifestaciones (la Virgen de Lujan fue sacada a la calle) que finalmente fracasaron.

La iglesia, que en 1981 se había definido por la democracia (aunque sin hacer la critica de su intima relación con el gobierno militar) fue evolucionando, le irritaba lo que juzgaba su poca injerencia en el área clave de la enseñanza privada, la sanción de la ley de divorcio y el tono en general laico del discurso cultural que circulaba por las instituciones y medios del estado.

Estos sectores de la iglesia, que paulatinamente empezaban a dominar en ella, asumieron el papel de censor social, con un discurso de combate en el que la democracia resultaba ser el compendio de los males del siglo; la droga, el terrorismo, el aborto o la pornografía.

El discurso ético, centrado en los valores de la democracia, la paz, los derechos humanos, la solidaridad internacional y la independencia de los estados, fue puesto al servicio de una reinserción del país en la comunidad internacional, que recientemente había censurado y hasta asilado al régimen militar.

Con estos criterios se encontraron las principales cuestiones pendientes, con Chile por el Beagle y con Gran Bretaña por las Malvinas. En el primer caso, el laudo papal, que los militares habían considerado inaceptable pero sin atreverse a rechazarlo, fue asumido como la única solución posible por el gobierno democrático, que necesitaba reafirmar los valores de la paz y eliminar una situación de conflicto que podía mantener vivo el militarismo.

En el caso de las Malvinas, donde la torpeza militar había llevado a la perdida de lo largamente ganado en la opinión publica internacional y en las negociaciones bilaterales, también se recupero terreno: las votaciones en las Naciones Unidas, instando a las partes a la negociación, fueron cada vez mas favorables, incluyeron a las principales potencias occidentales y aislaron el gobierno británico.

La inflación, desatada desde mediados de 1982, junto con el déficit fiscal y la deuda externa, que seguía creciendo, constituía la parte más visible del problema.

El 14 de mayo de 1985, finalmente, se anuncio el nuevo plan económico, bautizado como Plan Austral. Su objetivo era superar la conyunta adversa y estabilizar la economía en el corto plazo, de modo de crear las condiciones para poder proyectar transformaciones mas profundas, de reforma o de crecimiento.

Pero lo urgente era detener la inflación, se congelaron simultáneamente los precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se regularon los cambios y tasas de intereses, símbolo del inicio de una nueva etapa, se cambiaba la moneda y el peso era remplazado por el austral.

Rápidamente logro frenar la inflación, y así se gano ese apoyo general, para lo cual fue decisivo que el plan no afectara específicamente a ningún sector de la sociedad. No huevo caída de la actividad ni desocupación, que tradicionalmente era la clave de los planes de estabilización, pero tampoco ase afecto a los sectores empresariales, incluyendo a los que medraban con el estado.

Se trataba del “plan de todos”, quizá la más pura de las realizaciones de la ilusión democrática: entre todos, con solidaridad y sin dolor podían solucionarse los problemas más complejos, aun aquellos que implicaban choques de intereses más profundos.

Pero la placidez duro poco, ya desde fines de 1985 se advirtió la vuelta incipiente de la inflación, que el gobierno debió reconocer en abril de 1986 con un “sinceramiento” y ajuste parcial.

Quizá por eso a principios de 1987, cuando se volvía a agudizar la conflictividad social, el gobierno decidió recostarse en los grandes grupos corporativos a los que en un principio había acusado y combatido. En momentos en que un sindicalista, propuesto por un conjunto de los mas importantes sindicatos, se había cargo del Ministerio de Trabajo, un grupo de funcionarios de las grandes empresas ligadas a los contratos estatales fue convocado para dirigir las empresas publicas y un político radical de militancia en las asociaciones rurales era normado secretario de Agricultura.

Empresarios y sindicalistas dejaron de estar de acuerdo, sobre todo cuando estos lograron la sanción de la legislación gremial que acababa con las expectativas de flexibilizar las relaciones salariales.

En julio de 1987 el gobierno encaro un nuevo plan de reformas, que contó con el aval de los principales organismos externos.

Una reforma impositiva mas dura y profunda debía acompañarse de una política de privatización de empresas estatales y de una drástica de reducción de sus gastos. Pero este intento nació sin la fuerza política capaz de sustentarlo, sobre todo luego de la derrota electoral de septiembre de 1987.

El año 1987 fue decisivo para el gobierno de Alfonsín.

En la pascua de 1987 concluyó definitivamente la ilusión del poder ilimitado de la democracia. Además Alfonsín perdió la exclusividad del liderazgo sobre la civilidad.

Si bien los competidores de derecha e izquierda cosecharon algo, las mayores ganancias fueron para el peronismo renovador. En un clima de deterioro económico agudizado y de inflación creciente, las elecciones de septiembre de 1987 les dieron un triunfo si no categórico, claramente importante: el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y el control de todas las gobernaciones, con excepción de 2, Córdoba y Río Negro, únicos distritos, junto con la Capital Federal, donde logro triunfar.

La cuestión militar, no cerrada en abril de 1987, tuvo 2 nuevos episodios, en parte porque la situación de los oficiales seguía irresoluta, pero sobre todo porque los activistas militares estaban dispuestos a aprovechar la debilidad del gobierno. En enero de 1988 el teniente coronel Rico, jefe de aquel alzamiento, huyo de su prisión y volvió a sublevarse en un lejano regimiento en el nordeste. Rico fue perseguido por el ejército y luego de un breve combate, se rindió y fue encarcelado en un establecimiento penal.

A fines de 1988 hubo una nueva sublevación, encabezada por el coronel Seineldín que como Rico pertenecía al selecto grupo de los “héroes de Malvinas”, y a quienes todos sindicaban como el verdadero jefe de los “carapintadas”. Seineldín se sublevo en un regimiento en el límite mismo de la Capital y reclamo una amplia amnistía y una reivindicación de la institución.

El 9 de junio de 1989 el presidente Alfonsín entregó el mando al electo Carlos Saúl Menem. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928, y de la primera vez, desde 1916, que un presidente dejaba al poder al candidato opositor.

Pero su trascendencia quedo oscurecida por una formidable crisis: la hiperinflación, desatada en abril, se prolongo hasta agosto; en julio la inflación fue del 200%, y en diciembre todavía se mantenía en el 40%. Mientras todo el mundo convertía sus australes en dólares, grupos de gente desesperada asaltaron tiendas y supermercados, y la represión dejo varios muertos. Con un estado en banca rota, moneda licuada, sueldos inexistentes y violencia social, quedo expuesta la incapacidad que en ese momento tenia el estado para gobernar y hasta para asegurar el orden. Lo primero que tenia que resolver el nuevo presidente era como recuperar los atributos del gobierno.

Durante los 2 años iniciales, mientras trataban de superar la crisis, la inflación y la inestabilidad, Menem y sus colaboradores directos estuvieron dando examen ante los “mercados”. Lo primero era ganar libertad de acción y sortear las trabas que limitaron a Alfonsín.

Menem hizo aprobar por el congreso 2 grandes leyes: la de Emergencia Económica suspendía todo tipo de subsidios, privilegios y regimenes de promoción, y autorizaba el despido de empleados estatales. La Ley de Reforma del Estado declaro la necesidad de privatizare una extensa lista de empresas estatales y delego en el presidente elegir la manera especifica de realizarlas.

Buscando resultados rápidos y espectaculares, el gobierno se concentro en la rápida privatización de ENTEL, la empresa de teléfonos, y de Aerolíneas Argentinas. Había que demostrar voluntad y capacidad reformista, obtener rápidamente fondos frescos y empezar a solucionar el problema del endeudamiento externo.

Se convoco a grupos mixtos, integrados por empresarios locales, operadores internacionales expertos, y banqueros que aportaban títulos de la deuda externa; estos eran aceptados como parte de pago a su valor nominal, mucho mas alto que el de mercado, lo que empezó a tranquilizar a los acreedores externos, que cambiaban papeles de dudoso cobro por activos empresariales.

En términos parecidos, en poco mas de 1 año se había privatizado la red vial,, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y de las áreas petroleras.

Pese a los fondos que el estado obtuvo con las privatizaciones y la mejora en la recaudación fiscal, en los 2 primeros años el gobierno no logro alcanzar la estabilidad. La inflación se mantuvo alta, y los grandes grupos empresarios pese a que nominalmente apoyaban al gobierno y aun participaban de sus decisiones, siguieron manejado su dinero de acuerdo con sus conveniencias particulares.

Erman Gonzáles, nuevo ministro de Economía, la conjuro con una medida drástica: se apropio de los depósitos a plazo fijo y los cambio por bonos de largo plazo en dólares: el Plan Bonex. Restringió al máximo los pagos del estado y la circulación monetaria. Edujo así la inflación, pero a costa de una fortísima recensión que, al cabo de 1 año, había vuelto a deprimir fuertemente los ingresos fiscales. A fines de 1990, estallo el escándalo.

Menem estaba cultivando con éxito sus relaciones con el presidente George Bush, y la Argentina se había alineado firmemente con EE.UU, de modo que la acción fue efectiva. Hubo una renuncia de todo el gabinete, y una serie de rotaciones que a principios de 1991 llevaron al Ministerio de Economía al hasta entonces canciller Domingo Cavallo.

Cavallo encaro el problema de reformas de manera más ambiciosa y más despegada de empresarios y acreedores. Poco después de asumir, hizo aprobar la trascendente Ley de Convertibilidad. Se establecía una paridad cambiaria fija: simbólicamente, 1 dólar equivaldría a 1 nuevo peso.

A ella siguió una decisión igualmente categórica: la reducción general de aranceles (cayeron a una tercera parte de su anterior valor) que concretaba la tantas veces anunciada apertura económica y daba fe de la seriedad con que seria encarado el programa reformista. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos: termino la huida hacia el dólar, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, cayó la inflación, hubo una rápida reactivación económica y mejoro la recaudación fiscal.

Al año siguiente se logro el acuerdo con los acreedores externos: la Argentina volvió a ser confiable para los inversores.

Pese a la voluntad reformista, no era seguro que el estado lograr equilibrar sus cuentas; un poco lo logro por una mejora en la recaudación: los “sabuesos” de la DGI persiguieron hasta a los “ricos y famosos”, y todo el muerdo debió exhibir su CUIT, el nuecero tributario, convertido en nuevo documento de identidad.

Entre 1991 y 1994 entro al país una masa considerable de dólares, con los que el estado saldo su déficit, las empresas se reequiparon y, por vías indirectas, la gente común incremento su consumo. Este flujo genero optimismo y confianza.

Entonces el equipo gobernante pudo despreocuparse de la inestabilidad y de la falta de credibilidad, y encarar con mas tranquilidad un nuevo tramo de reformas.

Menem estableció excelentes vínculos personales con Bush, los recreo rápidamente con Hill Clinton, y pudo acudir a ellos en busca de respaldo. El canciller Guido Di Tella estableció relaciones complementarias del acuerdo alcanzado con los bancos acreedores. En consecuencia, los embajadores norteamericanos opinaron cotidianamente sobre todo tipo de cuestiones internas, la Argentina abandono el Movimiento de Países No Alineados, se clausuro el Proyecto Cóndor de construcción de misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales norteamericanas y se acompaño simbólicamente a EE.UU en sus empresa militares, enviando tropas al Golfo Pérsico y a Yugoslavia. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente tuvo un precio alto: 2 terribles atentados con explosivos, en la Embajada de Israel y en la AMIA, sede de las instituciones asistenciales judías, probablemente hayan sido consecuencias derivadas de aquellas acciones.

En el mismo plano, Di Tella inicio negociaciones con Inglaterra, dejando entre paréntesis la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, para solucionar las nuevas y urgentes cuestiones sobre los derechos pesqueros. Con el mismo espíritu, en 1991 se apresuro a zanjar todas las cuestiones limítrofes pendientes con Chile, con excepción de 2: sobre la Laguna del Desierto hubo un arbitraje internacional, favorable a la Argentina, que Chile acepto. En cambio, la solución propuesta para los Hielos Continentales suscito una fuerte oposición, y el acuerdo final con Chile solo se firmo en 1999.

Los canales de mediación mas tradicionales (sindicales, políticos, asociativos) estaban fuertemente afectados por la transformación de la economía y la desmovilización de la sociedad. Los dirigentes sindicales, de intensa actividad durante el gobierno de Alfonsín, solo se movilizaron para defender sus propios privilegios: en 1992 se produjo una tímida huelga general, en el contexto de la negociación por la desregulación de las obras sociales y las leyes laborales.

En diciembre de 1993 se produjo en Santiago Del Estero un estallido: la protesta de los trabajadores estatales derivo en una pueblada, y fueron asaltados e incendiados edificios públicos y viviendas de los más prominentes políticos.

Luego del éxito electoral de 1991, Menem comenzó a hablar de la reforma constitucional, que lo habilitaría para ser reelecto: “Menem 95” rezaba una propaganda ampliamente difundida.

Menem trabajo con notable empeño en el proyecto, supero todo tipo de dificultades, soporto en su transcurso un grave problema de salud primero, y la muerte de su hijo en un accidente aéreo después, y concluyo finalmente logrando su objetivo: ser reelecto.

Inmediatamente después de las elecciones de 1993, Menem logro la aprobación del Senado.

La UCR estaba a la defensiva, sin planes y dividida: los gobernadores provinciales, como el cordobés Angeloz o el rionegrino Massaccesi, que dependían de aportes del fisco nacional, eran proclives al entendimiento, mientras que Alfonsín se oponía categóricamente. En esa situación, sorpresivamente, en noviembre de 1993 Menem y Alfonsín se reunieron en secreto y acordaron las condiciones para facilitar la reforma constitucional: esta habría de contener la cláusula de reelección y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR como animo de modernizar el texto y reducir el margen legal para la hegemonía presidencial. Estas eran la elección directa, con ballotage, la reducción del mandato a 4 años, con la posibilidad de una reelección (pero sin vedar la efectividad futura), la creación del cargo de Jefe de Gobierno, la designación de los senadores por voto directo, incluyendo un tercero por minoría, la elección directa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de Magistratura, para la designación de los jueces, y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Con dificultades, Alfonsín logro que la UCR aceptara el acuerdo.

En las elecciones de abril de 1994, el justicialismo perdió votos, de manera moderada, y la UCR sufrió un fuerte drenaje en beneficio del Frente Grande.

A lo largo de 1994, mientras se reformaba la Constitución, empezaron a notarse las dificultades que provocaba la suba de las tasas mundiales de interés. Por entonces el mismo Cavallo lanzo la llamada Segunda Reforma de Estado, con nuevas privatizaciones (entre ellas, las centrales nucleares y el Correo) y un severo ajuste de las transferencias de fondos a las provincias.

Eduardo Duhalde, que acababa de lograr reformar la Constitución de Buenos Aires para habilitar su reelección, fue una de las voces destacadas en esta campaña de “peronización” del gobierno.

En lo inmediato, la crisis le dio nueva fuerza a la campaña relacionista, pues Menem pasó a encarnar el orden y la estabilidad. En las elecciones de 1995 enfrento a la UCR debilitada y sin confianza, y a una nueva fuerza: el FREPASO, fruto de la unión entre el Frente Grande y un movimiento apresuradamente organizado por el dirigente peronista mendocino Bordón. Menem, acompañado por Carlos Ruckauf, derroto a la formula de Bordón-Álvarez.