Revolución y constitución

A diferencia del desorden que desencadenará la Revolución Francesa, en Estados Unidos los mismos revolucionarios que rompieron con la madre patria concibieron la constitución escrita más antigua y estable de la historia. La memoria gloriosa de la independencia se perpetúa a lo largo del siglo 19. Sin embargo las profundas transformaciones que vinieron con la urbanización, la industrialización y la clausura de la expansión hacia el oeste llevaron algunos historiadores a cuestionar dicho relato inmaculado.

Estos historiadores cuestionaron el origen consensual y bondadoso de la nación desigual y facciosa en la que vivían.

Ahí donde la versión tradicional pone en escena a héroes virtuosos que se habían sobrepuesto a sus intereses y desacuerdos, los nuevos relatos describieron a banqueros agresivos, plantadores ambiciosos y granjeros endeudados que incursionaron en política precisamente para proteger sus intereses.

Existieron dos visiones antagónicas del nacimiento de la nación. Los estudiosos más patrióticos, los llamados historiadores del consenso, revelaron el atractivo popular que el capitalismo tuvo en su momento, exploraron los heterogéneos orígenes ideológicos de la Revolución americana y exaltaron el genio y pragmatismo de quienes dieron vida al "imperio de la libertad". Por otro lado la versión escéptica se desdibujó entre las dos guerras y hasta la década de 1960, cuando muchos historiadores dejaron a un lado a los "hombres, blancos y protestantes" que tenían a Dios, la justicia y la razón de su parte y que habían sido los únicos protagonistas de La Crónica tradicional. Estos historiadores rescataron las experiencias de los actores que el relato histórico había relegado: Miembros de las clases populares, afroamericanos, mujeres, indígenas y disidentes.

La guerra de los 7 años

La guerra engendro tanto las vigorosas reformas de los gobiernos ilustrados de finales del siglo 18 para resarcir las finanzas imperiales como la crisis Imperial y política que le siguieron: La revolución de las 13 colonias, la rebelión de Tupac Amaru en el virreinato del Perú, los levantamientos del Bajío en Nueva España y el malestar que llevó al rey de Francia a convocar a los Estados generales. Este periodo de ajustes reacciones desembocó en la llamada "era de las revoluciones".

La crisis fue quizás menos severa para la potencia vencedora, dada la solidez del banco de Inglaterra y los vigorosos nexos de esta institución con el capitalismo británico. Sin embargo, Jorge III se vio obligado a aumentar los ingresos del gobierno y estabilizar los espacios más vulnerables del imperio.

Al largo de un poco más de 10 años Londres promulgó una serie de medidas congruentes con el diseño de una nueva política Imperial. Estas representaron para los colonos del América continental actos de agresión y expoliación que terminaron por declarar intolerables.

Geopolítica para un nuevo imperio

Al finalizar la guerra el gobierno de Jorge III intentó eliminar el proceso de expansión colonial y la apropiación del territorio indígena por parte de los europeos.

En 1765, mantener el orden y vigilar las fronteras la corona decidió establecer una presencia militar permanente en América, cuyo costo debían cubrir las colonias. Para asegurar la gobernabilidad del poco poblado territorio que habían arrebatado a Francia en 1774, Londres concedió a sus habitantes el derecho a mantener tanto la religión católica como su sistema legal. Quebec sería gobernado directamente por el rey y el parlamento, la participación de una asamblea colonial electa.

Los colonos consideraron peligrosa la integración del Canadá francés al imperio, dada "la diferencia tan absoluta de religión, ley y gobierno". La presencia de tropas irritaba a una población a la que los políticos en campaña las recordaban sin cesar que los ejércitos permanentes eran peligrosos.

La medida más dolorosa para los colonos fue la que cerraba el acceso a las tierras del Oeste. Sin un oeste que poblar, américa dejaba de ser la tierra de oportunidades por excelencia. La medida afectaba tanto a los hombres que contaban con las tierras de frontera para construir una vida nueva como la de los miembros de la élite, que especulaban comprando grandes extensiones de tierra en los márgenes de las colonias para luego dividirlas y venderlas a emigrantes empeñados en convertirse en propietarios.

Que paguen las colonias

El gabinete de Jorge III consideró que para sanear las finanzas públicas las colonias de América continental debían asumir por lo menos una parte de Los costos de unas estructuras imperiales que sólo las habían beneficiado.

Para reducir el contrabando, Londres en 1764 redujo el impuesto sobre la melaza británica para desincentivar la importación legal e ilegal, pero al mismo tiempo extendió las facultades de la armada para abordar y revisar embarcaciones americanas y amplió el alcance de las Cortes de almirantazgo.

Además el gobierno Imperial empezó a exigir permisos y fianzas a casi todas las embarcaciones. También prohibió la emisión de papel moneda en las colonias.

Un año después el parlamento aprobó la ley del Timbre que obligaba a los consumidores a pagar una contribución sobre casi todo el papel que utilizaban. Para los habitantes de las 13 colonias el gobierno Metropolitano había sido hasta entonces una figura distante y más bien benévola.

Los habitantes de las colonias denunciaron estas leyes por ser anticonstitucionales. Se multiplicaron los periódicos y los panfletos para condenar estas políticas imperiales. En las ciudades se movilizaron grupos que organizaban tumultuosas manifestaciones de protesta y atacaron verbal y físicamente a los representantes de la autoridad real.

Asambleas coloniales y asociaciones gremiales promovieron acuerdos para boicotear los productos ingleses, manifestando su rechazo al lugar subordinado que se les asignaba dentro del imperio y con la esperanza de afectar los intereses comerciales para presionar al parlamento y lograr que se derogaran estas medidas. En 1765 se derogó la ley del timbre, el parlamento insistiera en su derecho a legislar en las colonias.

A pesar de la reacción de las 13 colonias Londres siguió legislando con una perspectiva Imperial. El parlamento decreto en 1767 impuestos al consumo de los productos importados.

Jorge III para apoyar la compañía de las indias orientales le permitió vender directamente en América, sin pagar la tasa del 25% que normalmente cubría cuando se subastaba en Londres, antes de distribuirlo al resto del imperio. Esta medida reduce el precio de los consumidores americanos, pero dejaba fuera del negocio a los comerciantes que vendían el popular producto en América.

En las distintas colonias los impuestos Townsend provocaron las mismas reacciones de movilización y protesta que la ley del timbre pero tuvieron un efecto más prolongado y radical. Con la promulgación de los "actos intolerables", como el incidente en Boston con los "Hijos de la Libertad" que abordaron uno de los barcos de la compañía, la de por sí desgastada relación colonial se deterioraba hasta el punto de quiebre.

Revolución

Una Revolución mental

En América continental las medidas del gobierno Imperial dislocan circuitos económicos y prácticas arraigadas.

Los colonos, llamados republicanos, vieron en este despliegue legislativo la manifestación del desprecio con el que los contemplaba la metrópoli. De ahí que un lema como "No a los impuestos sin representación" tuviera un punto de comparación al mucho más idealista lema "Libertad, igualdad y fraternidad" de los revolucionarios franceses.

En sus peticiones y protestas Los Americanos siguieron recurriendo a los términos tradicionales de la política monárquica y tradicional. Enfatizaban su orgullo de ser británicos y su fidelidad a un rey que consideraban un "padre amoroso". Los colonos hicieron de su oposición a los esfuerzos de Londres por intensificar su control sobre el Imperio una cuestión de principios. Recurrían a un discurso a menudo rencoroso y alarmista que era la expresión razonada y razonable de los hombres comunes y corrientes que conformaban la mayoría de la población.

Los políticos y publicistas de las 13 colonias replantearon, y eventualmente desmantelaron, algunos de los supuestos centrales del sistema político británico.

Los americanos, para justificar su desacato al órgano soberano, arguyeron que éste estaba facultado para normar algunas cosas, pero otras no. En América el gobierno Imperial podía imponer aranceles pero no impuestos "internos". Sólo las asambleas coloniales podrían imponer impuestos de este tipo.

Los americanos alegaron que, claro que no estaban representados en el parlamento, representación que no había buscado, toda imposición a las colonias se hacía sin el consentimiento de los contribuyentes. Equivalía a un robo.

Los americanos afirmaron que, para ser legítima, la representación política tenía que ser real. Los diputados debían ser electos directamente, toma regular y por período lo más cortos posibles, y obedecer el mandato de sus electores, independientemente de sus intereses.

Para 1776 no sólo había que romper con Gran Bretaña, sino que había que poner fin al sistema monárquico, pues fundamentos naturales o religiosos y era "absurdo" y "perverso".

Esta resistencia a las leyes imperiales engendro también nuevas formas de hacer política. Por una parte, porque se constituyó una plataforma nueva, continental, para interpelar a Londres. Las asambleas coloniales se convirtieron en los principales foros de oposición a las políticas metropolitanas.

Distintos medios de difusión, como los panfletos, habían insistido en que la política metropolitana agrede a las colonias en su conjunto y merecía una respuesta colectiva.

Para finales de la década las asambleas coloniales entablaron una comunicación estrecha y constante entre ellas. Los gobiernos coloniales convocaron a un Congreso continental compuesto por representantes de casi todas las colonias que se reunió en Filadelfia en septiembre de 1774. Este cuerpo representativo promulgó un acuerdo intercolonial de no importación y no consumo que provocó la caída vertiginosa del comercio transatlántico. Al fracasar los intentos de conciliación y estallar la guerra el congreso continental dirigió el esfuerzo bélico y diplomático de las colonias e imprimir papel moneda para financiarlo.

El 4 de julio de 1776 se promulga una declaración que buscaba legitimar las acciones de Los Insurgentes americanos, transformando las colonias rebeldes en Estados libres e independientes.

El éxito de estas tácticas de resistencia dependía que los consumidores asuman abiertamente una postura política. En todas las colonias se formaron comités de seguridad que presionaron, concientizaron e intimidaron a los vecinos para atraerlos en apoyo a la revolución. Esta política dividió a la sociedad colonial en "Patriotas" y los que no lo eran.

En el contexto de lo que era una guerra civil que enfrentaba a quienes habían pertenecido a una misma comunidad política, la adhesión a alguno de los dos bandos se vio influida, pero no determinada, por intereses y convicciones, posturas religiosas y vínculos familiares, circunstancias y decisiones personales.

Aproximadamente 20% de la población Blanca de las colonias se opuso a la revolución. A pesar de que en Estados Unidos no se desplegó una política de terror los despectivamente apodados " leales" parecieron exclusiones.

También tomaron el camino del exilio aquellos pueblos indios que habían tomado partido por Gran Bretaña durante la Revolución, y los esclavos que huyeron de sus amos para luchar bajo las banderas británicas. Los "leales negros" podrían preservar la libertad conquistada sólo si permanecían bajo la protección del Rey.

Independencia y guerra

En 1776 los autores de la Declaración de la Independencia, bordando sobre la tradición inglesa de petición, el derecho de gentes y los ideales ilustrados de libertades, igualdad y felicidad, crearon un documento elocuente que sigue siendo vigente hoy como modelo para quien pretende fundar una nueva nación. 

En 1175 el gobierno de Londres considero que EEUU estaba en abierta rebeldía.  Luego de la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña se había convertido en el más potente de los imperios transoceánicos. Por su parte, las colonias contaban solo con las milicias locales. 

El “Ejercito Continental” que iba a reunir George Washington no recluto sino 5000 soldados.

La guerra que dio luz a Estados Unidos duro ocho años y fue larga, sangrienta y costosa.  Como la Guerra de Vietnam, la de la Independencia fue una guerra en la que triunfo quien, en apariencia, era el contendiente más débil.

Quienes confiaban en el triunfo del Imperio subestimaron la eficacia y fidelidad de los súbditos reales leales y subestimaron los problemas que significaba dirigir y pertrechar un ejecito al otro lado del Atlántico.

El objetivo de los jefes del ejército británico era restablecer la paz entre la Madre Patria y sus hijas distanciadas. Lo que aseguro la derrota de Londres fue quizá que a los angloamericanos les importaba más la independencia  que a los británicos preservar la relación colonial.

Incluso en el contexto de un enfrentamiento armado abierto muchos americanos siguieron pensando que la reconciliación era posible.

La guerra formal empezó en marzo de 1776.

Francia había apoyado con armas y dinero a quienes se habían sublevado en contra de su gran rival.

Gran Bretaña se vio obligada a reconsiderar sus objetivos en el Nuevo Mundo, y quiso negociar con los colonos la restauración de una relación imperial en los términos que los americanos habían defendido.  Benjamín Franklin, que estaba en Paris desde 1776 como representante del Congreso Constituyente, se aprovechó de la situación para negociar que Francia reconociera a la nueva nación y la apoyara de forma abierta, firmando un tratado en febrero de 1778.

España se uniría a esta alianza, mientras que, en 1780, Rusia se declaró neutral.  Inglaterra enfrentaba sola, por primera vez, un conflicto bélico de dimensiones transatlánticas.

El ejército británico se centró en la región del Sur, donde dio prioridad a la protección de las posesiones caribeñas.

En un principio las fuerzas británicas parecieron tomar la ventaja.

La capitulación de Yorktown anunció el principio del fin: Gran Bretaña,  consciente de su vulnerabilidad en un conflicto que la exponía a la enemistad de todas las potencias europeas, comprendió que más valía abandonar su proyecto de reconquista. En 1783 los Estados Unidos de América firmaron en París un tratado en el que la antigua metrópoli reconocía la independencia de las que habían sido sus colonias.

Republicanos del Nuevo mundo

La resistencia en contra de las reformas imperiales engendro prácticas novedosas, por medio de las cuales los gobernados ocupaban un lugar distinto dentro de la Esfera pública, trastocando su relación con el poder.

Esto desembocó no sólo en el resquebrajamiento del imperio sino en la transformación de los modos en los que se pensaba y se hacía política.

La construcción de regímenes fincados en "la autoridad del pueblo" significaba un salto al vacío. A pesar de las connotaciones gloriosas que la República tenía se había convertido, para el siglo 18, en un sistema de gobierno inusual y peligroso.

Los revolucionarios americanos alegaron que su innovadora empresa no sería tan distinta a lo que ya habían experimentado bajo el régimen colonial. Su convicción republicana reflejaba así tanto la fe del revolucionario como el pragmatismo del político experimentado.

Al transformar las colonias en estados los artífices del nuevo orden conservaron mucho del aparato y de las funciones del gobierno colonial, pero fincaron su autoridad sobre bases distintas.

La Constitución fue considerada insuficiente para evitar la arbitrariedad de la autoridad.

La Constitución se convirtió en un documento en el que se definen la estructura y las facultades del "Estado", entidad abstracta que ejerce el dominio político, no vinculada ya con una dinastía reinante, con la tradición o con un fundamento religioso.

Entre 1776 y 1780 casi todos los estados se lanzaron a redactar "leyes fundamentales" para legitimar el poder y organizar su ejercicio.

La ingeniería de los nuevos gobiernos estatales reflejaba un arraigado temor a la concentración del Poder y a su corrupción.

El Poder Ejecutivo quedó sometido a un Legislativo poderoso, cuyos integrantes eran electos por periodos muy cortos.

Geográficamente hablando muchas de las capitales estatales se establecieron no los principales puertos que habían dominado la política colonial, sino en poblados cercanos al centro geográfico del estado.

Estas constituciones limitan la capacidad de acción del gobierno, y abrían un espacio importante para los gobernados. Dentro del esquema republicano el ciudadano representaba una pieza clave, era el titular de la soberanía. El cambio conceptual de la Revolución fue más dramático en la definición del hombre político que en la puesta en práctica de estos nuevos principios.

El derecho al voto estaba, sin embargo, vinculado con la propiedad.

En un contexto de Revolución y guerra, estadounidenses empezaron a concebir el voto como un privilegio del que debía disfrutar todo el que tuviera una "participación en la sociedad", siempre y cuando fuera hombre blanco y libre. Los constituyentes afirmaron entonces que debían votar no sólo los propietarios sino también quienes pagaban impuestos o participaban en la milicia.

Este discurso libertario tuvo límites. Ni la revolución ni un discurso que deploraba la "villana esclavitud" a la que la metrópoli sometía a los súbditos de ultramar, ni el establecimiento de la República, ni la democratización de los gobiernos estatales significaron la desaparición de la esclavitud.

Posteriormente, los estados del norte la institución se fue desmantelando, era desigual, gradual e intermitente, hasta desaparecer en la región o en 1830. En cambio, en el sur las transformaciones económicas reforzaron el sistema esclavista porque lo hicieron más redituable.

Una Unión desganada

La unión entre las colonias había sido un elemento imprescindible del triunfo sobre Gran Bretaña. No fue sino hasta 1777 que se formalizó la unión de los estados, por medio de unos "Artículos de Confederación" que daban bases legales a la acción diplomática y a las transacciones financieras de la colectividad de Estados.

Los términos del acuerdo de confederación abolían las barreras de la circulación de bienes y personas, sancionado al reconocimiento mutuo de los "privilegios e inmunidades" de los ciudadanos de los distintos estados y afirmaba la validez de las decisiones judiciales estatales en todo el territorio.

Además se decidió que fuera el gobierno central el que definirá las condiciones para el deslinde, venta y colonización de las tierras por colonizar.

Las ordenanzas de 1784 y 1787 establecieron la división de territorios, los derechos políticos de los habitantes y el precio mínimo de venta de la tierra para la región del noroeste del río Ohio.

Al llegar a 60,00 habitantes una convención electa redactaría y promulgaría una constitución, el territorio se erigiría en estado y se integraría a la confederación, en pie de igualdad con los que ya pertenecían a ella.

Se establecieron las reglas básicas de la expansión hacia el oeste durante más de un siglo.

Las ordenanzas Del Noroeste fueron el logro más trascendental del gobierno de la Confederación. El gobierno central carecía de poder ejecutivo o incluso de sede permanente. El proceso de toma de decisiones era engorroso: Cada estado tenía un voto, y se requería de una mayor de 7 votos para aprobar las leyes, aunque los asuntos de mayor importancia exigían una mayoría de 9.

La estrechez del campo de maniobra del gobierno central ya había dificultado la conducción de la guerra. Después de 1783 hizo vulnerable la postura de Estados Unidos en el escenario internacional.

El tratado que negoció la joven República con España por el río Misisipi puso de manifiesto la debilidad del nuevo gobierno y su torpeza diplomática.

Muchos miembros de la élite Revolucionaria consideraban que el abuso de los nuevos principios políticos había dado pie al desorden ya la inestabilidad. La virtud de los ciudadanos americanos se quedaba corta ante las exigencias del orden republicano. Los agobiaba la incertidumbre jurídica.

Los revolucionarios no habían luchado contra Gran Bretaña, escribía Thomas Jefferson, para someterse a un "despotismo electivo".

En este contexto, los políticos más conservadores buscaron reformar las constituciones estatales, introduciendo mecanismos para estabilizar y restringir los alcances de las legislaturas.

Para 1790 habían desaparecido los rasgos más radicales de las primeras constituciones estatales. Muchos consideraban que estos cambios eran insuficientes, y en nada contribuían a resolver los problemas que enfrentaba la confederación. La situación requería de una reforma radical y profunda que permitirá prevenir tanto la vulnerabilidad de la joven nación como los excesos de la política popular sin recurrir a esquemas reaccionarios.

James Madison, estadista de Virginia, creía que los "males republicanos" que aquejaban a Estados Unidos debían curarse sólo con "remedios republicanos". Para los reformistas más radicales lo indicado en el establecimiento de una nueva forma política: La federación.

En mayo de 1787 se reunieron en Filadelfia 55 representantes de 12 estados, Rhode Island decidió mantenerse al margen. Durante más de 3 meses debatieron y negociaron, finalmente promulgaron, a nombre de "Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos", un nuevo esquema de convivencia política.

"Una Unión más perfecta"

Al principio de las discusiones tanto Virginia como Nueva Jersey presentaron cada una un plan. Virginia proponía erigir un gobierno nacional que fuera el titular de la soberanía y acaparara al ejercicio de la autoridad, con lo cual los estados se convertían en meras divisiones administrativas. Por otra parte, los delegados de Nueva Jersey propusieron reforzar la autoridad central, ampliando sus facultades y recursos pero conservando la soberanía Estatal como pieza fundamental del sistema. La primera opción era inaceptable para la mayoría de los estadounidenses. Y la segunda era claramente insuficiente Para quienes no querían un ajuste del esquema existente sino su transformación.

Hamilton de Nueva York, wilson y Morris de Pennsylvania y Madison recuperaron alguno de los elementos del debate revolucionario para construir un sistema de gobierno en dos niveles: El Federal y el estatal. Ambas instancias debían estar firmemente plantadas en el carácter republicano del gobierno, sometida a la voluntad de los ciudadanos y sujetas a saludables restricciones del ejercicio del poder.

Buscaron insertar un mecanismo de pesos y contrapesos articulado en torno a la división de poderes, entre los estados y el Gobierno Federal por una parte, y entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Busca ampliar la Esfera de la República y controlar los impulsos del populacho.

Estos legisladores dieron un sentido nuevo a la separación de poderes. No se trataba sólo de cumplir con el objetivo ilustrado de evitar el despotismo. La nueva constitución estadounidense exigía además, en momentos claves, la intervención de un poder para acotar la acción del otro. El presidente era el comandante del jefe de la fuerza armadas, pero solo el congreso podría declarar la guerra.

La Constitución evitaba mencionar el término "soberanía", y asignaba poderes específicos a cada instancia del gobierno.

La ciudadanía estadounidense se definiría constitucionalmente sólo al concluir la guerra civil.

Los constituyentes establecieron que, el congreso Federal, los estados estuvieron representados cada uno por dos senadores, designados por las legislaturas estatales, independientemente de su extensión y el tamaño de su población. El asunto de los parámetros para la representación política dentro de la cámara de diputados se resolvería por medio de la negociación.

La solución vinculaba el pago de contribuciones con la representación. Ambas se calcularán con base en la población, que era la suma de todos los habitantes libres, a los que se sustraían a los indios, que no pagaban impuestos, y las tres quintas partes, los esclavos. Esclavos e indígenas quedaban excluidos de la comunidad política. Hasta 1860 la "clausura de las tres quintas partes" aseguro el predominio del Sur dentro del aparato Federal.

Para establecer un orden constitucional

Se convocaron, en cada estado, convenciones electas para discutir y aprobar o rechazar la Constitución. El proceso de ratificación, al que no había sido sometida a ninguna Constitución Estatal, abrió el debate político más amplio y polémico de la historia de Estados Unidos.

En contra de los federalistas, los anti-federalistas deploraron la creación de un gobierno "consolidado", alejado de la gente y que seguramente abusaría de su poder. Se quejaron de la excesiva autoridad que el texto concedía al presidente, de que no incluyeron la declaración de derechos, del predominio de los intereses comerciales y financieros y de la pérdida de autonomía de los estados.

Las consideraciones geopolíticas pesaron sobre los estados más pequeños que no querían quedar afuera del Unión y desprotegidos. Por lo tanto, ratificaron la Constitución por mayorías abrumadoras.

La discusión fue más ardua en tres estados determinantes- Pensilvania, Virginia y Nueva York- que finalmente votaron por ratificar.

Carolina del Norte y Rhode Island rechazaron la ley fundamental y permanecieron fuera del Unión hasta 1789 y 1790.

Esto, sin embargo, no aseguro de manera automática un orden constitucional funcional. Hacía falta diluir las suspicacias que despertaba la ley fundamental, mitigando los temores de los anti-federalistas. Para esto, en 1791 se incluyó en la Constitución la declaración de los derechos que sus críticos habían echado en falta. Las primeras 10 enmiendas ponían a salvo del poder Federal las libertades de asociación, expresión y culto, así como los derechos a portar armas y al debido proceso en materia judicial. Este fue el primero de una serie de ajustes que buscaron adaptar la Constitución a la política imperante, o restringir el poder de la federación.

La duodécima enmienda legítimo la participación de los partidos políticos en el proceso electoral, exigiendo que se eligiera por separado y para desempeñar específicamente uno de los dos cargos, al presidente y al vicepresidente.

La constitucionalidad se consolidó como el criterio esencial para determinar la legitimidad de las acciones de gobierno, pero no quedaba muy claro quién tenía derecho a juzgar si una norma o una medida administrativa se apegaba la Ley fundamental.

Mientras tanto se intensificaron las hostilidades entre el gobierno francés y estadounidense, con la Revolución Francesa en puerta.

En 1798, todo lo caldeado del ambiente, se polarizo la lucha política, y el congreso estadounidense promulgó una serie de leyes para reforzar el ejército, acallar el disenso y expulsar a los extranjeros.

Quienes se opusieron a estas políticas, aglutinados en torno a Thomas Jefferson y James Madison, denunciaron la agresión a los derechos del hombre y a las libertades de expresión e imprenta, pero declararon sobre todo el carácter anticonstitucional de las medidas.

La crisis terminó por resolverse al sumarse el peligro de la guerra contra Francia y con la derrota de Jefferson a Adams en las elecciones de 1800.

Hacía falta un "árbitro desinteresado" que pudiera poner fin a este tipo de disputas.

Este faltante en el sistema se subsano gracias a la acción de la Suprema Corte de Justicia y de quién fue su presidente por 34 años, el virginiano John Marshall. Fincándose en la tradición jurisprudencial británica, pero sin mandato constitucional explícito, la Suprema Corte resolvió una serie de casos que involucraban tanto a individuos como al gobierno y a la legislación Federal.

El tribunal supremo avalo la supremacía de la Constitución de 1787 sobre otras normas e instituciones.

La corte eligió la revisión judicial como mecanismo esencial en la definición de la autoridad política.