MULTIPLE CHOISE

Lea detenida y atentamente cada consigna y seleccione la opción correcta. Tenga en cuenta que solo hay una única opción válida por cada pregunta.

La descentralización administrativa:

· Las afirmaciones contenidas en a) y b) son correctas.
· Es una técnica de distribución de competencias:
· Es un instrumento de traslado de un bloque de competencias y reconocimiento de titularidad y ejercicio en un órgano estatal.
· Las afirmaciones contenidas en a) y c) son correctas.
· Es un instrumento de traslado de un bloque de competencias y reconocimiento de titularidad y ejercicio en un ente estatal.


Cuando el Estado lleva adelante una expropiación:

· Debe pagar una indemnización plena, comprensiva del daño emergente, el daño moral y el lucro cesante.
· Debe pagar una indemnización plena, comprensiva del daño emergente y el lucro cesante.
· Debe pagar una indemnización limitada únicamente al daño emergente.


Conforme el criterio del Prof. Balbín, entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gabinete de Ministros:

· Existe una relación de jerarquía.
· Existe una relación de coordinación.


El Presidente de la Nación dictó el Decreto Nº 788/2020 por el que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de las disposiciones del artículo 1° de la Ley Nº 27.549 (Beneficios Especiales a Personal de Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros ante la Pandemia de Covid-19). De su estructura, puede leerse lo siguiente: “… Que por la mencionada ley se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar estas exenciones en tanto lo considerare necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria referido (…) Que, toda vez que se encuentran vigentes todas las motivaciones que dieron lugar a la sanción de la Ley Nº 27.549, resulta aconsejable prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la exención transitoria contemplada en el Capítulo I de la misma (…) Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL (…) Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2º de la Ley Nº 27.549.¿De qué tipo de reglamento se trata?

· Delegado.
· Autónomo.
· Reglamentario.
· De necesidad y urgencia.
· Interno.


De acuerdo con la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional:

· La Constitución Nacional.
· La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados expresamente en el art. 75, incisos 22 y 24.
· La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados expresamente en el art. 75, inc. 22.
· La Constitución Nacional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados expresamente en el art. 75, incisos 22 y 24, aquellos que fueron constitucionalizados a posteriori.
· La Constitución Nacional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados expresamente en el art. 75, inc. 22 y aquellos que fueron constitucionalizados a posteriori.


Atento el actual estado de emergencia, el Estado ha decidido subastar una plaza que se encuentra asentada sobre lotes de importante atractivo inmobiliario y comercial. ¿Puede el Estado llevar adelante esta acción?

· No, atento a la condición de bien del dominio público del bien y, por lo tanto, su inalienabilidad.
· Si, siempre que se justifique la razonabilidad de la medida y se funde la emergencia.
· Si, atento a la condición de bien del dominio privado del bien.


La Ley N° 19549 (LNPA) en su artículo 1° prescribe: “Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos:”. ¿Qué tipo de criterio aplica?

· Las afirmaciones contenidas en a), b), c) y d) son incorrectas.
· b) Criterio subjetivo.
· d) Criterio mixto.
· c) Criterio residual.
· Criterio objetivo.


Una persona -agente de planta permanente de la APN- es notificada de un acto administrativo mediante el cual se la separa de la función de conducción que venía desempeñando desde el 2016. ¿Es lícita la conducta administrativa?

· Si, porque la APN no ha afectado el derecho a la estabilidad del agente en tanto se le mantuvo el empleo y su nivel y grado.
· No, porque la APN debió realizar el correspondiente sumario administrativo a efectos del cese de la función de conducción del agente.
· No, dado que al eliminar la función de conducción la APN vulneró el derecho a la estabilidad del agente.


En el fallo “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca”, la CSJN:

· Las afirmaciones contenidas en b) y c) son correctas.
· c) Señaló que en la actualidad ha sido superada la antigua identificación entre discrecionalidad y falta de norma determinante o laguna legal.
· Las afirmaciones contenidas en a) y c) son correctas.
· Se expidió respecto al levantamiento de un programa radial.
· Se expidió respecto a la cancelación de la designación de un empleado público.


De acuerdo con la CSJN en el caso “CEPIS”, ¿quién debe establecer la tarifa del servicio público?

· El Poder Ejecutivo, al implementar la política relativa a esa actividad declarada servicio público.
· El Poder Legislativo, al momento de declarar una actividad como servicio público.
· El Poder Judicial, como garante de la accesibilidad del servicio público.


De acuerdo con el criterio mixto, son funciones administrativas:

· Todas las que versan sobre materia administrativa realizadas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
· Todas las realizadas por el Poder Ejecutivo, independientemente de su contenido.
· Todas las realizadas por el Poder Ejecutivo y las que versan sobre materia administrativa realizadas por los Poderes Judicial y Legislativo.
· Todas las realizadas por el Poder Ejecutivo que versen sobre materias judicial y legislativa.


El ejercicio discrecional de una función administrativa supone que:

· b) Es posible optar por alguna de las soluciones posibles que establece la norma.
· d) Es posible optar por varias soluciones posibles.
· c) La norma establece la única solución posible.
· Las afirmaciones contenidas en a) y d) son correctas.
· Es posible optar por aquellas opciones que no son vedadas por la norma.


En el marco de la prestación del servicio público de estacionamiento medido, la concesionaria es obligada a modificar las máquinas receptoras de dinero para que éstas acepten monedas de cinco y diez pesos, atento a la circulación dispuesta por el BCRA. Ante tal requerimiento, la empresa plantea que tal supuesto no está previsto en el contrato y, por lo tanto, no le puede ser exigido. ¿Qué fundamento podría utilizar el Estado para sostener su posición?

· Al ser un servicio público, y aplicarse la accesibilidad como carácter, corresponde la adecuación.
· Al ser un servicio público, y aplicarse la regularidad como carácter, corresponde la adecuación.
· Al ser un servicio público, y aplicarse la mutabilidad como carácter, corresponde la adecuación.


La Auditoría General de la Nación:

· Fue creada por la reforma constitucional de 1994 y ejerce no solo funciones administrativas sino también funciones jurisdiccionales y sancionatorias.
· Las afirmaciones contenidas en a), b) y c) son incorrectas.
· Fue creada por la Ley N° 24.156, realiza un control posterior y tiene facultades disciplinarias.
· Fue creada por la Ley N° 24.156, realiza un control posterior y solo ejerce funciones administrativas de control.
· Las afirmaciones contenidas en a), b) y c) son correctas.


Planteado un conflicto entre una universidad pública y el Ministerio de Educación de la Nación, el mismo es resuelto:

· Las afirmaciones contenidas en a), b), c) y d) son incorrectas.
· c) Por el Ministro de Educación.
· Por el Presidente.
· d) Por el Poder Judicial.
· Por el Consejo Superior de la Universidad.


El Estado determinó que, a raíz de la pandemia, la salud es declarada una función estatal básica. ¿Qué consecuencia jurídica trae tal decisión?

· El Estado debe prestar y garantizar el servicio de modo concurrente con actores privados.
· Las afirmaciones contenidas en a), b) y c) son incorrectas.
· El Estado debe garantizar el servicio, independientemente de la concurrencia o no con actores privados.
· El Estado debe prestar y garantizar el servicio de modo excluyente de actores privados.


¿Qué determinó la CSJN en el caso “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” respecto de las sentencias dictadas por los organismos internacionales de derechos humanos?

· Las afirmaciones contenidas en a), b) y c) son incorrectas.
· c) Las sentencias no son vinculantes y el acatamiento depende de la voluntad del Estado argentino.
· Las sentencias son vinculantes y de acatamiento obligatorio para el Estado argentino, siempre que sean contestes con los principios de derecho público local.
· Las sentencias son vinculantes y de acatamiento obligatorio para el Estado argentino, más allá de los principios de derecho público local.


La Sindicatura General de la Nación:

· Las afirmaciones contenidas en b) y c) son correctas.
· b) Es un ente no autárquico en el ámbito de Presidencia de la Nación.
· Las afirmaciones contenidas en a) y c) son correctas.
· c) Integra el sistema de control interno conjuntamente con las Unidades de Auditoría Interna.
· Es un ente autárquico en el ámbito de Presidencia de la Nación.


Planteado un conflicto de competencia entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, ambas del Ministerio de Educación de la Nación, ¿quién resuelve dicho conflicto?

· Las afirmaciones contenidas en a), b), c) y d) son incorrectas.
· c) El Ministro de Educación de la Nación.
· d) El Secretario de Políticas Universitarias.
· El Presidente de la Nación.
· El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.


Conforme lo sostenido por el Prof. Carlos F. Balbín, la actuación del Poder Ejecutivo -a través de los tribunales administrativos- implica el ejercicio de:

· d) una competencia materialmente judicial por razones de excepción.
· b) una competencia materialmente legislativa por razones de excepción.
· una competencia materialmente legislativa por razones de concurrencia.
· Las afirmaciones contenidas en a), b), c) y d) son incorrectas.
· una competencia materialmente judicial por razones de concurrencia.