Confederación: consiste en la unión de varios Estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Se da como resultado de un acuerdo de voluntades.

No tiene representación a nivel internacional, en cambio los Estados soberanos sí.
(Obligaciones) Su fin es preservar la paz y protegerse ante futuros conflictos con otros territorios
Tienen derecho a secesión que se encuentra plasmado en la norma, esto quiere decir que en cualquier momento el estado soberano puede romper su relación con la confederación, dado que no hay una obligatoriedad de quedarse.

La finalidad por lo general es temporal, dado que en la mayoría de los casos de una confederación deriva la constitución de un Estado Soberano
Derecho de nulificacion: Las normas creadas por la Confederación no son obligatorias, y solo afectan a la relación entre los estados, es decir no hay relación jurídica entre las normas de la confederación y los ciudadanos de los diferentes estados que la integran. Para que una norma de la confederación afecte y obligue a los diferentes ciudadanos, los estados soberanos deben ratificar la norma.
Estado federal:
Estado: compuesto por un territorio, un pueblo y un gobierno.
Federal: porque así lo determina la CN en su art 1.
El EF tiene como norma suprema la CN, la conformación de esta deviene de un acuerdo de voluntades de los estados soberanos que deciden conformar un nuevo estado soberano, delegando en el parte de su soberanía.
A diferencia de la confederación, no tienen derecho a la nulificacion ni a la secesión.
En cambio si tienen derecho a la intervención.
En cuanto a las normas dictadas por el nuevo estado soberano si son oponibles a la población.

Estados Provinciales:
Las provincias reguardaron ciertas facultades para sí cuando delegaron parte de su soberanía.
Algunas de sus funciones son
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal.
Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.
Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.
Artículo 128.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
Supremacía constitucional
Su fundamento se encuentra normado en el
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.
La misma contiene dos principios elementales, por un lado el principio de supremacía constitucional y por otro lado el principio de jerarquía de las fuentes del derecho.
Luego encontramos en el siguiente art
Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 Del Artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
Esto es así, porque la jurisdicción nacional – o soberanía jurisdiccional – indiscernible de la soberanía, es decir que sin una no habría la otra. Los constituyentes del 53 tenían muy en claro que el gobernó federal de un Estado desigual, en cuanto a las futuras relaciones internacionales, frente a otros Estados consolidados, la literalidad del articulo cierra la posibilidad – a gobierno federal – de sucumbir a la tentación de exponer derechos y garantías contenidos en la parte dogmatica y mucho más aun, las atribuciones del Poder Judicial, que hacen a la forma de gobierno.
De esta manera se reafirma su individualidad, determinación e independencia.
Artículo 27.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

A demás si tomamos el modelo Kelseniano del sistema de validez o pirámide podemos reconocer nuestra Constitución como la norma fundamental, que da sentido a todo el sistema
Inclusión de Tratados Internacionales
El art 27 establece que la inclusión debe ser que los tratados deben guardar una concordancia dentro los derechos que establece la propia constitución y que no debe derogar ningún derecho incluido en la primera parte de ella.
El derecho internacional busca que la mayoría de los Estados suscriban a estos tratados, para que haya una mayor uniformidad en cuanto a derecho. Pero esto no quiere decir que si un estado no está completamente a favor de lo que se suscribe, quede de igual manera obligado, sino que simplemente puede salvar ciertas partes.
Actualmente luego de la reforma de 1994, algunos de los tratados internacionales al que el Estado había suscripto pasaron a tener jerarquía constitucional.
Es decir que ahora la ley suprema está conformada por un bloque, donde se encuentra la constitución y los tratados incluidos en el art 72 inc 22 de la CN.
Control de Constitucionalidad.
El control o revisión de constitucionalidad consiste en examinar si una norma o acto de gobierno se encuentra de acuerdo, se compadece con el orden de jerarquía del bloque federal de constitucionalidad y en caso de verificarse lo contrario, privarlo de sus efectos.
El Fundamento o razón de asegurar un tipo de supremacía de la constitución, ha sido la de asegurar la peculiar forma de Estado creada por la constitución y secundariamente, prever que por esa vía se pudiera llegar a un mecanismo que asegurara la supremacía de la Constitución sobre las leyes, tratados y decretos, sobre las demás normas integradoras de la pirámide jurídica.
Hay dos sistemas él concentrado, que deviene de una norma, la cual crea a un comité u órgano para el control de las normas, o el difuso, que es el que actualmente funciona, que se puede presentar ante cualquier juez, en un caso especifico.
Esto se da de manera incidental, dado que para poder presentar la inconstitucionalidad debe haber una afectación directa, y la resolución del juez no es erga homnes sino para el caso en particular, es decir, solo tiene alcance de interpartes
Control difuso
En este sistema, todos los jueces de todas las instancias y de todos los fueros tienen competencia para revisar la compatibilidad de una norma o de un acto con la Constitución. En consecuencia, el Poder Judicial tiene, además de la función de administrar justicia, la jurisdicción constitucional, a través de cuyo ejercicio controla la constitucionalidad de las leyes y actos estatales con el fin de garantizar la supremacía de la Constitución. El sistema tiene su origen en los Estados Unidos de América, como ya dijimos; la cuestión constitucional se plantea en el curso del proceso, por la parte que tenga interés en la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada. El juez, al dictar sentencia, se pronuncia sobre el particular. Si media declaración de inconstitucionalidad, sus efectos se limitan al caso concreto. En consecuencia, la norma continua vigente. Sin embargo, en todos aquellos casos en que está en discusión la constitucionalidad de una norma, se puede llegar por vía recursiva a la Corte Suprema, la cual decide en definitiva sobre la cuestión constitucional en debate. En lo que hace a los efectos de la sentencia del Máximo Tribunal cabe recordar el principio denominado del stare decisis (precedente).
Lo cual no quiere decir que la postura sobre tal cuestión se mantenga.
Requisitos.
a. Existencia del caso o controversia: debe presentarse en un caso en concreto.
b. A petición de parte: la parte que cree que la norma es inconstitucional debe pedirle al juez que debe considerarla como tal, por ende no aplicable al asunto, y hacer valer su derecho, ya sea quien reclama o se defiende.
c. Interés legitimo del peticionante La parte que peticiona una declaración de inconstitucionalidad debe acreditar que los perjuicios que le ocasiona la norma impugnada la afectan de forma suficientemente directa o inmediata para promover el proceso. Del mismo modo, los efectos de la pretensión que persigue una declaración de inconstitucionalidad deben limitarse al caso concreto, cuyo fin sea el de asegurar el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de obligaciones.
Efectos: En el derecho federal, por tratarse de un sistema de control difuso, el pronunciamiento de inconstitucionalidad carece de efectos derogatorios o erga homnes, sino que sólo se proyectan inter partes. La potestad del Poder Judicial se limita a invalidar su aplicación al caso sometido a decisión

Este control deviene de los dos leadingcase “marbury vs. Madison” (1803) y el caso argentino Sojo (1887)
Poder Constituyente y Poder Constituido
Poder constituyente: es poder político que se juridiza al normarse y que la sanción de la Constitución representa el momento del tránsito desde lo político a lo jurídico.
Poder constituyente derivado: es poder de segundo grado y no deriva del ejercicio del poder político en sentido puro sino de su acatamiento al mecanismo provisto de la misma Constitución
El poder constituyente es un acuerdo de voluntades, jurídico políticas, que devienen de la comunidad o pueblo, donde se decretan o asientan las bases para la creación de una norma superadora, por lo general, cuentan con acuerdos o pactos anteriores, que van llevando a la conformación de la norma, nuestro caso es el Acuerdo de San Nicolás.
Las bases, son el reconocimiento de los derechos del hombre y asentar las bases del tipo de administración por parte del estado, en este caso es la división de poderes, y la forma de gobierno, esta serie de acontecimiento dieron fruto a la creación de la CN.
Es decir el poder constituyente deviene de la voluntad política, crea la norma, en este caso la CN y es el resultado jurídico.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.
Si bien contamos con una Constitución rígida, es decir, que para realizar un cambio es compleja, los constituyentes tuvieron en miras el progreso mismo de la sociedad, y dejar este articulo por si en un futuro se presentan cuestiones que deben actualizarse
Y este artículo también sirve de referencia en cuanto determina el poder constituido o derivado. Este es aquel que los constituyentes, a través de la misma norma, delegan aptitudes. Es decir la voluntad política lo establece, que tiene la potestad de modificar lo que crean que hay que modificar, pero pueden porque la norma así lo quiso.
Para realizar una modificación constitucional hay dos etapas
1- Etapa iniciativa: se plantea en el congreso la necesidad de una reforma, y se realiza el proyecto en si, donde se establecen los artículos a modificar, los plazos etc. Para la aprobación se necesitan 2/3 de la totalidad de los miembros. Por medio del voto popular se eligen los convencionales, que serán los encargados de verificar esos arts. que merecen modificar. A demás el congreso establece las características que deben tener esos constituyentes.
2- Etapa constituyente: es unicameral, es decir todos tienen que sesionar juntos, pueden haber luego ramificaciones o comisiones por temas específicos, por una cuestión de idoneidad, pero deben sesionar todos juntos y la aprobación debe ser por todos los miembros.
Una vez sesionado y aprobado, automáticamente pasa a entrar en vigencia y a pertenecer dentro del cuerpo de la norma.
Fallos Soria de guerrero 1963 y fayt 1999 – schiffrin 2017
Cuestiones políticas no justiciables. Caso "Soria de Guerrero"
En el marco de un conflicto laboral, fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20 de septiembre de 1963, se impugnó la validez del art. 14 bis de la Constitución Nacional, con fundamento en que la Convención Constituyente de 1957 no había cumplido con las normas de su reglamento relativas al procedimiento para la aprobación de modificaciones al texto constitucional.
Llegadas las actuaciones a la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario, la mayoría del tribunal desestimó el planteo, al considerar exenta del control judicial la cuestión debatida, por aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, "la que reconoce fundamento en la exigencia institucional de la separación de los poderes del Estado...
No obstante ello, luego de enunciar el principio según el cual las facultades jurisdiccionales del tribunal no alcanzan al examen del procedimiento adoptado en la formación y la sanción de las leyes, el voto de la mayoría hace la siguiente salvedad: "Tal principio sólo cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley". Esta aseveración deja la incógnita acerca de cuáles serían esos requisitos, así como el modo en que el tribunal llegaría a comprobar su ausencia, sino es ejerciendo el control del procedimiento de formación de la ley.
Por su parte, el doctor Boffi Boggero, en su voto disidente, sostuvo que la doctrina mencionada en realidad detrae al Poder Judicial del conocimiento de causas en las cuales debe intervenir —con fundamento precisamente en el principio de separación de poderes— según lo establecen los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional. La respuesta está dada por la frase que hemos remarcado con la salvedad de que el control de la Corte sería viable en caso de cuestionarse los requisitos mínimos e indispensables para la creación de la ley.

d) Control de constitucionalidad de la reforma. Caso "Fayt"52
La enmienda art. 99, inc. 4º, por la Convención Constituyente en 1994, motiva una demanda del Ministro Carlos S. Fayt, en razón de su edad y entendiendo que se encontraba comprendido en la situación contemplada en la cláusula constitucional citada. Así interpone una acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del Cód. Procesal Civil y Comercial. El magistrado considera que la misma debe declararse nula de nulidad absoluta —de acuerdo con lo previsto en la ley declarativa de la necesidad de la reforma en su art. 6º—, la cláusula contenida en el párrafo 3º del inc. 4º del art. 99 de la Constitución reformada. Sostuvo a tal efecto que la disposición impugnada —en cuanto dispone entre las atribuciones del Poder Ejecutivo que, un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, resultaba necesario para mantener en el cargo a los magistrados federales, una vez que cumplieran los setenta y cinco años— solución que no había sido habilitada por el Congreso cuando ejerció el poder pre constituyente con el que dio comienzo el proceso de reforma. Según el accionante la Convención Constituyente no estaba habilitada para modificar el art. 96 de la Ley Fundamental, hoy 110, cláusula que consagra la inamovilidad de los jueces al expresar que éstos "conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta". Asimismo considera que cuando se presente una situación que supere el marco dado por la reforma constitucional en la ley declarativa de la necesidad de la reforma debe existir el órgano capaz de aplicar la sanción que el legislador ha previsto y que dicho órgano no puede ser otro que la justicia.
Ante todo es de destacar que los tres fallos (Primera Instancia, Cámara y Corte Suprema) aceptan la vía procesal elegida, la jueza de Primera Instancia y la Corte declaran la nulidad de la cláusula en discusión, mientras que la Cámara de Apelaciones, resuelve la cuestión sin tocar el texto constitucional reformado. El dictamen del fiscal ante la Cámara, pone el acento en que se está reclamando la inconstitucionalidad de una cláusula de la Constitución Nacional, misión que considera muy delicada. Para poner énfasis en la cuestión, el Dictamen cita un fallo de la Corte de Estados Unidos el leading case "Fletcher vs. Peck", 6, Cranch 87. En un párrafo de dicha sentencia, el Juez Marshall sostiene que la cuestión de si una ley es nula por ser repugnante a la Constitución, es en todo tiempo una cuestión muy delicada, que en un caso dudoso no debe ser decidida afirmativamente. Cita a continuación el principio interpretativo según el cual debe acudirse al criterio que permita conciliar las normas aparentemente en pugna y se recuerda que se está ante la pretensión de nulidad o invalidez constitucional de una norma constitucional. El dictamen considera que la cláusula constitucional impugnada no puede alcanzar a aquellos magistrados que como el actor han sido designados con anterioridad a la reforma. Se deja a salvo la aplicación para el futuro.
La sentencia de la Corte vuelve a la decisión de la jueza de primera Instancia considerando que la reforma introducida por la Convención Constituyente es nula de nulidad absoluta ya que altera en una forma sustancial las facultades habilitadas por la ley, que la Convención ha actuado en forma exorbitante, en tanto el tema de la inamovilidad de los jueces no estaba previsto en el menú de modificaciones establecidas por el Congreso. En lo que hace al control en sí mismo la sentencia manifiesta que el Poder Judicial está habilitado para juzgar si el acto que se le plantea ha sido expedido por el órgano competente, además pone el acento en la importancia de la inamovilidad de los jueces como elemento esencial de la República. En nuestra opinión la garantía de inamovilidad de que gozan los jueces federales argentinos, conforme el art. 110 no constituye un aspecto sustancial del sistema constitucional argentino ni de la forma republicana de gobierno. Nos parece importante hacer este señalamiento por cuanto en el fallo se hace referencia a esta garantía como uno de los elementos de la república democrática. Entendemos que esta garantía no es la única modalidad para lograr la independencia de los poderes, como lo demuestran muchos sistemas judiciales, como el de los países europeos, en que los magistrados son designados por un plazo determinado que supera el de los funcionarios electivos.
El voto en disidencia parcial se aparta de la decisión de la mayoría, al señalar que la limitación a la inamovilidad de los magistrados impuesta por el art. 99, inc. 4º, de la Constitución reformada alcanza tanto a jueces designados con posterioridad a la reforma como a quienes han sido nombrados con anterioridad, pero, imponiendo como condición un hecho incierto y futuro, y limitando su aplicación a quienes cumplan la edad de setenta y cinco años con posterioridad a la reforma, que no es el caso del accionante que ya contaba con esa edad al momento de la sanción de la reforma constitucional de 1994.
Esta sentencia sienta un precedente que afecta la seguridad jurídica, en la medida en que deja abierta la puerta para que en el futuro recaigan nuevos pronunciamientos favorables a la invalidez de cláusulas constitucionales, como así también a la laxitud en su interpretación. La solución que aporta el voto en disidencia parcial, en cambio, permite el logro de un sano equilibrio entre todos los postulados e intereses en pugna, sin haber tenido que aplicar el más extremo de los remedios cual es la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula elaborada por una reforma constitucional.
06/02
Cuáles son las cuestiones en las cuales el poder judicial no interviene
PODER DE POLICIA
La Constitución reconoce los derechos inherentes del hombre que son preexistentes hasta del estado mismo, nacen con el hombre.
Estos derechos son garantizados con la norma máxima, el ejercicio de estos derechos, no es absoluto.
Quiere decir que los derechos los tenemos, y reconocidos, pero en lo que hace al ejercicio, en algunas cuestiones está regulado o restringidos. Por una cuestión de convivencia y a la paz.
(El que enuncia, pero no es excluyente) Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
“Conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”
Principio de razonabilidad
Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Por un lado regula y por el otro la regularización no puedo neutralizarlo.
Principio de legalidad
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
El poder de policía es la competencia que tiene el Estado para restringir los derechos, esta restricción debe ser razonable, porque si no es arbitraria y es pasible de ser tildada de inconstitucional.
Teoría de poder policía restringido - Al comienzo estas restricciones tenían que ver con tres cuestiones: Salubridad; Moralidad y Seguridad pública.
Teoría de poder de policía en sentido amplio, que a demás de estas cuestiones, que por razones económicas de bienestar general y de prosperidad, relacionado con el avance de los derechos y la interpretación de que el Estado a demás de las cuestiones, también tenía a su cargo las funciones a lo referido del bienestar del pueblo.
En resumen el poder de policía que ejerce el estado, es este control sobre los diferentes derechos y como están reglamentados, es decir, la combinación del principio de razonabilidad junto con la declaración de los derechos enunciados en el articulo 14 sumado a el principio de legalidad, es como está conformado este control, si bien restringe el fin mismo es preservar la convivencia del pueblo, dando razones justas para el no enfrentamiento, si bien las opiniones sobre algunas cuestiones, se van construyendo con el pasar del tiempo, es decir se va actualizando a como se moviliza la sociedad, el que tiene la última palabra en cuanto una cuestión es llevada ante un tribunal, lo termina de ejercer el mismo juez, determinando si es o no inconstitucional la aplicación de dicha restricción.
Siempre y cuando aplique a uno de los principios o cuestiones del poder policía, que es la seguridad, la salubridad y la moralidad, tanto que eso decanta en el bienestar general.
Caso de los frigoríficos en barracas, por una cuestión de salud pública, el estado intervino y desplazo los frigoríficos de la zona, por los desechos ocasionados, si bien ellos “habían llegado primero” era imposible ignorar la urbanización que se había dado en la zona.
Derechos de primera, segunda y tercera generación.
• De primera generación: son derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos.
• De segunda generación: son los derechos de la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales.
• De tercera generación: son los derechos colectivos, de la solidaridad o emergentes.
DNU:
Porque la corte convalida los DNU? Cuestión de tiempos y por una situación de emergencia.
Al haber emergencias económicas y sociales, se permiten los decretos, que el poder ejecutivo regule ciertas situaciones que deberían salir a través de leyes del congreso
“vivir en un constante estado de emergencia, desnaturaliza en si la división de poderes. Cada órgano tiene su función”
Requisitos: razonabilidad y temporalidad.
Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
Si el congreso no se expide, el DNU cae, es decir este convalida la decisión.
SEGUNDA PARTE; AUTORIDADES DE LA NACION; TITULO PRIMERO; GOBIERNO FEDERAL; SECCION PRIMERA; DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación.
CAPÍTULO PRIMERO
De la Cámara de Diputados
Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.
Artículo 46.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdoba seis: por la de Catamarca tres: por la de Corrientes cuatro: por la de Entre Ríos dos: por la de Jujuy dos: por la de Mendoza tres: por la de La Rioja dos: por la de Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de San Juan dos: por la de Santa Fe dos: por la de San Luis dos: y por la de Tucumán tres.
Artículo 47.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.
Artículo 48.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 49.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.
Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.
Artículo 51.- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a elección legal de un nuevo miembro.
Artículo 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.
Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Del Senado
Artículo 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.
Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.
Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación.
Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.
Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Artículo 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.
Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.
Disposiciones comunes a ambas Cámaras
Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.
Juicio de las elecciones Artículo 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.
Artículo 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.
Reglamentación y poder disciplinario Artículo 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.
Inmunidad de expresión Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
(Desde el momento en que comienza el debate hasta el momento en el que culmina, tiene esta inmunidad de pensamiento o discurso, es decir que no pueden juzgarlo por ello. Pero no puede ser perseguido por ello)
Inmunidad de arresto Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Desafuera Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.
Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.
Artículo 72.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.
Artículo 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.
Artículo 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.
Prerrogativas individuales: 64; 68; 69
Prerrogativas colectivas:
- valides o no de los títulos de elecciones. 66
- Reglamentación: cuestión operativa.
- Poder disciplinario, puede sancionar, cuales son y a razón de que, en cuanto a las faltas. 70

Proceso de creación de leyes.
Quienes pueden presentar proyectos?
- Ambas cámaras
- Poder ejecutivo
- El pueblo, por iniciativa popular (39)

De la formación y sanción de las leyes

Artículo 77.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución.

Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.

Artículo 78.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.

Artículo 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario.

Artículo 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.

Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.

Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.

Artículo 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza de ley.

Cámara de origen Cámara revisora Resultado
Aprueba Aprueba Sanciona
Aprueba Rechaza No puede tratarse ese año
Aprueba Adiciona/corrige 2/3 PARTES Vuelve a cámara de origen:
Si la C.O acepta se sanciona
Si la C.O insiste en la redacción original > o superior se sanciona
Si no logra una mayoría de votos que en CR se aprueba el texto modificado


PE CO CR PROMULGA
VETA Conf. 2/3 insiste Conf. 2/3 insiste SI
VETA No conf. 2/3 No puede tratar VETO
VETA Conf. 2/3 insiste No conf. 2/3 Mantiene VETO


Tipos de sesiones:
Sesiones preparatorias: son aquellas anteriores a las ordinarias, se revisan quienes van a componer el cuerpo del poder legislativo, si fuese el caso de una renovación de la mitad de las cámaras.
Sesiones ordinaria, del 1/03 al 30/11 donde se tratan los temas normalmente.
Sesiones extraordinarias: cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Siempre que el cuerpo este de acuerdo o si el Poder Ejecutivo lo ordena. No se puede sesionar nada que no esté estipulado.
Sesiones de prorroga: cuando una cuestión importante no termino de decidirse, y las sesiones ordinarias ya han finalizado.
Quórum: mayoría, mitad + 1
Materia privativa de cada cámara
Diputados:
- Recibir los proyectos impulsados por la iniciativa popular
- El resultado de la consulta popular o plebiscito
- En materia impositiva, ley de contribuciones y reclutamiento
- Juicio político (acusador)
Senadores:
- Juicio político: hace de juez.
- Autoriza al Poder Ejecutivo a declarar el estado de sitio en caso de una invasión o ataque exterior.
- Coparticipación federal (art 75 inc. 2).

Derechos políticos.
Los derechos políticos, se encuentran reconocidos tanto en la CN como en algunos tratados que integran el bloque constitucional.
Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
¿Qué requisitos deben cumplirse para que exista un partido político?
• Un grupo de electores. Elector es toda persona con derecho a votar.
• Una carta orgánica que regule su organización y funcionamiento.(orgánica es la ley fundamental del partido político.)
• Elecciones periódicas de autoridades, respetando el porcentaje mínimo por sexo.
• Reconocimiento judicial como partido político.
• Inscripción en el registro público correspondiente.
¿Cómo se logra el reconocimiento de un partido político de distrito?
Para que a una agrupación política se la pueda reconocer necesita tener una cantidad de afiliados igual o mayor a 4 cada mil electores del total del padrón electoral.
¿Cómo me afilio a un partido político?
Para afiliarte a un partido necesitas:
• Estar inscripto en el registro electoral del distrito en que solicites la afiliación;
• Comprobar tu identidad con DNI;
• Presentar una solicitud que te entregan en cualquier local partidario y que contiene: tu nombre y domicilio, DNI, estado civil, profesión u oficio y tu firma certificada.

¿Quiénes no se pueden afiliar a un partido político?
• Los excluidos del padrón electoral.
• El personal de las Fuerzas Armadas que están prestando servicios.
• El personal de las fuerzas de seguridad que están prestando servicios.
• Los jueces.

¿Me puedo afiliar a 2 partidos?
No puede haber doble afiliación. Para poder afiliarte a un partido tenés que renunciar antes a toda otra afiliación anterior. Podés formalizar tu renuncia por telegrama gratuito o personalmente ante la secretaría electoral de tu distrito.
Quiénes no pueden ser candidatos?
No pueden ser candidatos en elecciones primarias ni en elecciones generales a cargos públicos, ni ejercer cargos partidarios:
• Los excluidos del padrón electoral.
• El personal de las Fuerzas Armadas que están prestando servicios.
• El personal de las fuerzas de seguridad que están prestando servicios.
• Los jueces y funcionarios judiciales.
• Los directivos o representantes de empresas de servicios y obras públicas o de empresas que exploten juegos de azar.
• Las personas procesadas o condenadas por crímenes contra los derechos humanos, por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Coparticipación federal.
Artículo 75.- Corresponde al Congreso
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.
3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Ley 23.548
ARTICULO 6º — El Banco de la Nación Argentina, transferirá automáticamente a cada provincia y al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el monto de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente Ley.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta Ley.

No habrá transferencia de competencias, funciones o servicios, si no hay reasignación de fondos o recursos y consecuentemente debe haber una ley que apruebe, sancionada por el congreso y por la legislatura local.