“Nuevo paradigma para la Teoría del Estado. Los Estudios Internacionales. La performance de las agencias estatales como objeto de estudio de la materia”. Bercholc .

Los estudios sobre el Estado deben entenderse como parte de un área científica más amplia que estudia ese y otros fenómenos políticos, sociológicos y jurídicos. Un abordaje con un sesgo “estatalista” podría limitar el contenido al análisis de las características administrativas e institucionales de las distintas formaciones que en su evolución han tenido el mismo.

Ver al Estado desde una perspectiva más abarcativa permite superar el sesgo juridicista que implicaría estudiarlo solo desde una perspectiva normativa, institucional y administrativa, al estilo de la corriente alemana del s. XIX (estudiaba la “Ciencia del Estado” como ente central y organizativo de la administración pública), cuyos exponentes más destacados fueron Von Mohl, Von Stein y Hegel.

La ciencia de la política y del Estado como ciencia práctica .

La Ciencia Política incluida dentro de las ciencias fácticas implica que tiene ciertas características distintivas.

La investigación científica procura un modo de conocimiento racional, sistemático y verificable, además que este deberá ser objetivo. Esto significa que se ocupara de los hechos reales, sucesos y procesos de la realidad.

Las ciencias formales trabajan con abstracciones, con entes ideales y si bien son racionales, sistemáticas y verificables, no serán objetivas (por ello deberán resistir una verificación de tipo lógico y analítico).

Entonces, las ciencias fácticas tienen como característica de su modo de conocer y de su método, la racionalidad, y la objetividad mediante la verificación empírica.

Por ende, la verificabilidad de sus proposiciones deberá respetar ciertos principios de sistematización y de método analítico de abordaje de sus objetos de estudio, mediante la descomposición de los elementos que integran el fenómeno observado.

El método de investigación de la ciencia aplicando un objeto de estudio con características de proceso histórico, implica cierta previsionalidad en las proposiciones, leyes y teorías.

Lo político como objeto de estudio.

Si bien es común citar a N. Maquiavelo como un punto de inflexión en el estudio de la Ciencia Política, esta como disciplina racional y objetiva surge en el s. XIX (y se afianza en el s. XX).

Maquiavelo implico un punto de inflexión desprovisto de cuestiones éticas, morales y religiosas. Dejo de lado la prescripción filosófica y se limitó a lo político, al ejercicio del poder.

Maquiavelo a bordo de forma autónoma lo político, escindió su objeto de estudio de toda otra cuestión ajena al mismo, pero no sentó las bases de un modo de conocimiento científico desde que sus observaciones fueron especulativas, discrecionales y no verificadas empíricamente.

Según se vea al Estado como la forma racional de organización humana y que será condición de existencia de la sociedad civil y aun la absorberá, se definirá al objeto de estudio de la Ciencia de la Política y del Estado de manera diversa.

Si se le da preponderancia al Estado como objeto de estudio al que deberá abordarse desde una perspectiva institucional-jurídica; preponderancia a la sociedad civil se le impondrá un abordaje vinculado al campo de la sociología y de las relaciones económicas; si se aborda la cuestión publica desde las teorías sistémicas, se abordara la cuestión desde una perspectiva sociológica funcional en tanto se pretenden respuestas a todo tipo de fenómeno político.

Los tres grandes modos de abordar la problemática política progresivamente.

Hasta Hegel las grandes teorías políticas fueron prescriptivas de un deber ser basadas en datos históricos sin verificación fáctica, es decir no objetivas.

En Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Tocqville es posible encontrar generalizaciones, tipologías y leyes vinculadas a fenómenos políticos, que pueden ser consideradas precursoras de una Ciencia Política y del Estado.

A mediados del s. XIX se generalizan los estudios que permiten describir, comprender e intervenir en los fenómenos políticos. Es el momento del progreso de las ciencias (aparece la sociología como ciencia del estudio de la sociedad).

Aparece la “cuestión social” en un escenario y que requiere una constante adaptación de los estudios políticos (los que requieren cada vez más “cientificidad” para ser legítimos y operativos).

Durante el s. XX se han generalizado estudios vinculados a los hechos concretos y “reales”, tratando de explicarlos, comprenderlos, hacernos funcionales y así poder intervenir en ellos.

Lo político se define como el estudio de los comportamientos sociales, vinculados a los nuevos fenómenos de demandas políticos y sociales diversas.

Esta nueva agenda conlleva novedades en los métodos de investigación. Ahora proliferan las técnicas de campo (entrevistas, cuestionarios, encuestas) que permiten generar una gran cantidad de datos a través de estudios descriptivos, exploratorios y cuantitativos, creando un conocimiento nuevo sobre instituciones, personas y procesos políticos basada en la comprobación empírica de sus comportamientos.

En la evolución que tienen los estudios políticos, es posible encontrar temas que implican comunes denominadores como el conflicto en sus distintas vertientes, el orden político y su legitimación, el estadio del desarrollo social y su vinculación con el orden estatal vigente y las relaciones de mando y obediencia.

En otras palabras, se hallan siempre presentes el fenómeno del poder y su ejercicio y el establecimiento del orden.

La evolución de la Ciencia Política y del Estado, permite diferenciarla del campo de la Filosofía Política y de la Historia de las Ideas,

La Ciencia Política en sentido estricto es aquella que persigue la acumulación de resultados y conocimientos dirigidos a describir y comprender fenómenos y procesos a través de la recolección de datos.

Más difuso parece lograr establecer la diferenciación entre la Ciencia Política y la Sociología Política, ello se infiere en las propias características adquiridas en la actualidad por los estudios políticos; la Psicología Política y la Economía Política también encuentran puntos de contacto y de interrelación con los estudios políticos.

La distinción posible entre Sociología Política y Ciencia Política se puede sustentar en la articulación de variables de análisis político considerando al poder y a la sociedad que efectúa la sociología. En tanto, la Ciencia Política solo explicara los fenómenos políticos por el ejercicio mismo del poder y por las estrategias de los actores políticos a tal fin.

Lo institucional-jurídico, parece más destinado a estudios vinculados al Derecho Constitucional separándose de la visión jurisdicista y formalista heredada de las teorías contractualistas.

El modo conocimiento científico y lo político .

Avaloración. El abordaje del fenómeno político implica necesariamente una valoración que además puede estar sustentado en una preferencia política.

Aparece como inevitable e impone un límite a la pretensión avalorativa de la ciencia social, el investigador crea su agenda teórica e investigativa y lo hace basado en su convicción propia sobre que merece ser investigado y cuál es el camino recorrer a efectos de hallar una solución o no hallarla a lo que se ha planteado como un problema que debe resolverse.

Además, no pudo soslayarse la importancia de la utilidad de la investigación científica y la aplicación que de sus descubrimientos se haga.

Klimovsky había dicho que el conocimiento científico no es ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo, y que no plantea problemas éticos aquello que naturalmente puede observarse y conocerse. De ello se infiere que gobierna la elección de los paradigmas epistemológicos una suerte de neutralidad avalorativa, que solo persigue la adquisición de saber, sin ser responsable la ciencia de la aplicación que de sus descubrimientos hagan políticos, corporaciones económicas u otros factores de poder.

Según Marí resulta imposible la existencia de un conocimiento de carácter neutral. Esta posición implica que la ciencia es básica o fundamental, guiada por el espíritu de la investigación, el conocimiento y la verdad, desvinculándola del momento de la ciencia aplicada, orientada a un fin. La ciencia no es solo saber, sino también hacer. De hecho, los límites entre la ciencia basada en el conocimiento y la basada en la aplicación son muy difusos. Solo una pequeña parte de las ciencias físico-naturales están basadas al conocimiento, la mayor parte es experimental. Los científicos no se ocupan de problemas surgidos de su curiosidad, sino que lo hacen en un cuadro de investigaciones predeterminadas y pocos son quienes puede elegir las temáticas de investigación sin que corra peligro su fuente de trabajo.

A los límites epistemológicos y metodológicos propios de la adquisición del saber en su pretensión avalorativa, habrá que editarle las cuestiones fácticas que determinan las políticas presupuestarias en apoyo del desarrollo científico y técnico.

Disciplina histórica . Siendo la Ciencia Política una disciplina histórica ira variando en sus criterios de razón y verdad.

Conceptos teóricos . Los conceptos técnicos empleados por la Ciencia Política no son unívocos. Siendo símbolos que constituyen un lenguaje interpretado. Así el concepto de Democracia no significara lo mismo para un marxista que para un liberal. La ciencia deberá transformar estos conceptos en operacionales intentando lograr ciertos acuerdos básicos en los contenidos a partir de su corroboración con la realidad, de donde surgirá su chance de factibilidad, desarrollo y plausibilidad.

La objetividad . El punto presenta dos cuestiones, por un lado lo planteado en relación al proceso de verificación empírica con la realidad; y por el otrora necesaria legitimación que el modo de conocimiento científico requiere de los individuos. Dicha legitimación se obtiene habilitando a cualquier individuo para comprender la proposición y comprobar su veracidad. Tendrá objetividad el conocimiento científicamente adquirido, porque será reconocido como conocimiento racional, empíricamente verificado y verdadero, cuando nadie pueda sin argumento de igual solidez, contradecirlo.

El paradigma científico, su legitimación social y política .

El paso de una legitimidad tradicional a una legitimidad racional, legal, burocrática, requirió la percepción por parte de los individuos-ciudadanos de que la ciencia es capaz de entregar respuestas prácticas a sus problemas cotidianos. La ciencia se legitima a partir de sus respuestas tecnológicas.

La legitimación de la ciencia como modelo adecuado y racional de adquisición de conocimiento resultaba además funcional a los intereses de la burguesía.

La nueva estructura de dominación política requería de una nueva legitimidad para consolidarse en el poder, esta se basaba en el consenso popular para delegar el ejercicio de la soberanía en los representantes democráticamente elegidos.

La óptima participación de los nuevos ciudadanos hace menester su instrucción y la adquisición de datos suficientes sobre la realidad política y social para la obtención de la objetividad.

En la búsqueda de una base sólida de acuerdos conceptuales se produjo la reacciones “conductista” durante la primera mitad del s. XX, que pretendió imbuir a la ciencia con criterios de “racionalidad operativa”.

Impulso al conductismo (la intención de asimilar los estudios políticos al método de las ciencias físicas y naturales) cuyo desarrollo era notable en comparación con el de la ciencia política a la que se le atribuía la pesada herencia filosófica que entorpecía la acumulación de conocimiento para el desarrollo de la tecnología.

Más allá de las funcionalidades políticas, lo cierto es que los aportes de esta manera de abordar el estudio de lo político se han manifestado sumamente útiles y explicativos de una realidad crecientemente compleja y que debe ser analizada considerando una multiplicidad de variables que intervienen en los procesos políticos.

A esta perspectiva se le oponen ciertas ideas críticas que le imputan una deshumanización y aridez al conocimiento científico. Estas concepciones resultan inadecuadas para comprender la realidad política y social. El desdén por el método y el conocimiento científico y cierta entronización del arte y el goce estético por sobre la búsqueda de la objetividad es signo de incultura y frivolidad y una señal de improvisación de políticas educativas de un Estado.

Las fases derivadas de conductismo exceden el análisis solo de las conductas individuales o colectivas sino que las estudian interrelacionadamente como esquema de circulación de demandas y respuestas entre los actores políticos y sociales entendiéndolos además como proceso de comunicación de mensajes políticos.

El acento puesto en los hechos, su descripción y medición debilita este fundamental enfoque científico de acumulación de conocimiento verificable y empírico, tornándolo una especie de “hiperfactualismo o datografía” sin guía teórica que permita encauzar críticamente el saber cuantitativo acumulado.

La correcta inclinación por estudiar los hechos por sobre las meras prescripciones filosóficas del “deber ser” resta la necesaria perspectiva que es condición necesaria de legitimidad y practicidad del conocimiento científico, ya que, …“a necesaria relación que se establece permitirá acceder a nuevas formas de síntesis, que puede acercar a los sujetos involucrados, al ejercicio de la razón critica, de la razón dialéctica, que no se somete a lo que es, o parece ser, sino que utiliza la negación como instrumento de primer nivel filosófico. Si se acaba por dar la razón a lo que de hecho es, el conocimiento termina por repetirse, se reduce a tautología…” .

La mera descripción acrítica de hechos, comportamientos e instituciones tampoco responde a los cánones de utilidad en la resolución de problemas que excede el proceso de legitimación y objetividad del conocimiento científico. La ciencia debe descubrir y conocer como son en realidad las cosas pero no proceder luego a la crítica de la realidad y al intento de intervenir en ella haría del conocimiento científico un mero trámite de justificación de una cierta estructura de dominación. Y ella generara un problema de legitimación social y político.

Así sostuvo Easton que “la aplicación del saber forma parte de la actividad científica tanto como el conocimiento teórico. Mas la comprensión y la intervención de la conducta política preceden y proveen la base para toda tentativa de utilizar las cogniciones políticas en la solución de concretos y anunciantes problemas sociales” .

En el actual estado del arte, resulta impredecible prescindir de las excepciones posibilidades que brinda la tecnología disponible en materia informática, que permite la generación de bases de datos extensas y complejas y multivariables, y el entrecruzamiento sofisticado de los mismos, de modo de obtener conclusiones debidamente sustentables en estudios empíricos y cuantitativos.

Como sostienen Sartori “…la política es también una técnica… y en la medida en que seamos capaces de dominarla cognoscitivamente y predictivamente la política no es arte ni ideología” .

La tendencia en la ciencia política actual, desarrolla una perspectiva a partir de la idea de una comunidad de dialogo que intercambia con espíritu crítico los conocimientos adquiridos, generando teorías de alcance medio, que indican tendencias y probabilidades, pero que deben estar sujetas a la crítica, a la interpretación y a la comprensión de procesos que requieren de interdisciplinariedad y a la vez un abordaje sistémico.

Esta perspectiva es más visible en Europa y no es tan común en los EEUU.

Desde cualquiera de las perspectivas, la utilización de teorías de alcance medio permite evitar el “salto al vacío” que implica la construcción de grandes teorías sin mayor sustento factico, empírico y cuantitativo. La acumulación de datos que permite la corroboración de hipótesis y teorías de alcance medio inspiran investigaciones ulteriores que llevan a la formulación de nuevas hipótesis más sofisticadas, complejas y acaudaladas. La misión del científico excede sus aciertos provisionales, lo más valioso es su aporte al desarrollo del conocimiento científico.

Ambas tradiciones de investigación se hallan imbuidas de una suerte de racionalidad que las dirige, Esa racionalidad debe entenderse como una necesaria operación de integración entre hipótesis explicativas y datos empíricos suministrados por la investigación, para que las descripciones, proposiciones y conclusiones que disciplina ofrezca merezcan el rango de teorías científicas.

La generación de conocimiento básico resulta el escalón inicial imprescindible para generar luego hipótesis de mayor calidad y sofisticación.

El rol actual de la educación y de la Universidad. Su relación con el estudio del estado y la política en las facultades de Derecho .

El rol actual de la educación es distinto al del contexto en que se funda la democracia. Hacerlo hoy es una cuestión de supervivencia, en el marco de un mundo que cada vez requiere mayor instrucción.

Es diferente porque la opinión pública hoy resulta construida sobre otras bases diversas a las que la teoría democrática clásica invocaba,

La gobernabilidad de los complejos sistemas políticos actuales requiere una opinión pública entendida como proceso de control social que promueve el consenso y la integración social. La opinión pública será aquella que puede expresarse en público sin temor a quedar aislado. La construcción del nuevo sujeto “opinión pública” no requiere de ciudadanos educados, instruidos, informados e interesados, participes activos de la vida política. La educación ya no resulta funcional a la estructura de dominación (más bien le resulta indiferente).

Los nuevos procesos de estratificación social requieren de la educación y la instrucción para evitar la marginalidad y la exclusión social.

Más aun, cuando se percibe que los viejos saberes resultan residuales e insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.

La educación y capacitación será la única chance de millones de personas para evitar la marginación y pobreza.

Hoy los estudiantes parecen someterse a las reglas de la racionalidad tecnocrática que el mercado les demanda.

En ese marco, se ha sostenido que en nuestro país, existe una alarmante escasez de datos e información sobre cómo están estructuradas, como actúan y que producen nuestras instituciones gubernamentales.

En un sistema político democrático, resultan actores sustantivos de la vitalidad de las agencias que integran los tres poderes. Si se sabe poco sobre estas instituciones, se sabe poco sobre el sistema político. Por ende, no se sabrá que cambiar para mejorarlo y se corre el riesgo de promover reformas que producirán efectos no deseados.

Pertinencia de la incorporación de perspectivas y contenido politológico y sociológico en los programas de estudio de la Teoría del Estado .

La producción en Ciencias Sociales del tipo “empírico-cuantitativo-descriptivo-comparativo”, tiene un campo de estudio ampliamente mayoritario en la comunidad académica. Además, este tipo de estudios son perfectamente compatibles con modelos estadísticos comparados.

La corriente comparatista considera los análisis teóricos como marco general de los procesos que estudia y utiliza cada vez con mayor frecuencia los estudios estadísticos para un mayor y mejor control empírico de sus hipótesis.

A través de las estadísticas accedemos al conocimiento “duro” del objeto de estudio. Mediante el método comparativo se pueden realizar juicios axiológicos relativos a los objetos comparados, pero superadores de la opinión, creencia, intuición o perjuicio ideológico, como orientador de hipótesis y conclusiones.

Mediante la comparación interna y externa del objeto de estudio, no queda el conocimiento, limitado a juicios valorativos subjetivos, sino que pueden efectuarse juicios objetivos relativos a los parámetros comparables.

Las comparaciones resultan más útiles y plausibles cuando presentan ciertas características: I) la cantidad de datos suficientes; II) la secuencia temporal extendida en la toma de datos que permita relevamientos por periodos históricos; III) la búsqueda y detección de parámetros similares para investigaciones de un mismo objeto de estudio en sistema políticos diversos.

“El estudio y la enseñanza de la participación política no institucionalizada en la carrera de Abogacía”. Sancari .

Resumen.

Resumen.

Resumen.

Resumen.

“El estado”. Abal Medina .

El concepto de Estado es un concepto central dentro del análisis político, tanto es así que algunos autores denominan a la ciencia política “la ciencia del Estado”. Al igual que otros conceptos a la hora de hallar una definición nos encontramos con una gran variedad de perspectivas y paradigmas que traslucen en la mayoría de los casos las distintas ideologías de los autores que se aproximan al fenómeno.

El concepto de Estado ha intentado englobar históricamente fenómenos tan disimiles como la polis griega y el moderno Estado de bienestar.

Para la presente exposición se entenderá por Estado a una forma particular de ordenamiento político que surgió en Europa a partir del s. XIII y hasta fines del s. XIX que aún se mantiene y que se ha ido extendido a lo largo del tiempo a casi todo el planeta, caracterizada por la soberanía (todo Estado deberá sostener que no hay otro poder que tenga capacidad de control sobre la población en cuestión), el territorio (el Estado controla la población en determinado territorio, esto puede ser por medio de la coacción), por poseer un aparato administrativo burocrático (por su diversidad, el Estado debe organizarse de forma tal que pueda realizar sus tareas sin perder el control sobre los órganos de gestión; para esto hay estructuras jerárquicas que mantienen en la cúspide un elemento no burocrático, permitiendo que este controle a los elementos inferiores), sistema estatal (los Estados no se plantean como totalidad, sino que el sistema estatal debe reconocerlos como parte),la centralización del poder,la impersonalidad del mandato, la secularización del Estado (separación iglesia-Estado).

Según Oszlak, para poder denominar a un Estado, también son necesarias la institucionalización de la autoridad (esto se encuentra relacionado con el poder de coacción), la diversidad del control (creación de instituciones que sean obedecidas), la internalización de una identidad colectiva (permite la construcción de una idea nacional, brindando un mecanismo ideológico de control y facilitando la comunicación entre quienes la poseen) y la externalización del poder (ser reconocido por los demás Estados).

Max Weber formulo una definición que es la más aceptada en el ámbito de las Ciencias Sociales; el Estado, es una asociación institucional que en el interior de un territorio logra tener el dominio legal del uso coactivo de la fuerza .

El Estado moderno, se basa en una burocracia profesional y en el derecho racional. Este último actúa en sentido jurídico formal.

La existencia de este derecho es fundamental para el surgimiento del cuerpo administrativo burocrático.

Weber además considera que hay una fuerte relación entre el surgimiento del Estado moderno y el modo de producción capitalista. Esto se debe a que cada Estado depende del financiamiento del capital para dominar, y por ello se genera una garantía desde el Estado para la subsistencia del capitalismo.

Esta concentración de poder es la que permite el surgimiento del mercantilismo, conocido como la primera política económica estatal. Weber lo define como “ el paso de la empresa capitalista a las utilidades de la política ”.

El autor también sostiene que un Estado solo puede subsistir si los dominados se someten. Entonces analiza el motivo de este sometimiento y llega a la conclusión de que existen motivos externos e internos de obediencia, pero lo que más le sorprende son las motivaciones internas de los individuos.

Los tres motivos internos que se ven asociados son las costumbres, los dones de gracia personal y la legalidad. A partir de esta clasificación, Weber construye una tipología de las dominaciones legítimas. Al primero lo llama “dominación racional”, al segundo “dominación carismática” y al tercero “ dominación racional legal”.

El estado para Weber es “ una empresa de dominio que requiere administración continua”. Requiere medios materiales que constituyan el personal administrativo y los materiales de administración. El personal obedece al cambio de una retribución material y de cierto honor social.

La relación entre el cuerpo administrativo y los medios de administración es lo que determinara el tipo de Estado.

En síntesis, en el Estado moderno los funcionarios no son los dueños de los medios de administración.

Un problema sustancial para a ser el análisis de la burocracia. La modernización no implica democratización, implica burocratización, y estos son procesos opuestos.

El nacimiento del concepto moderno de Estado marco una ruptura sustancial con la manera anterior de entender la política.

Aparece la noción de que lo social y lo político son un producto artificial. Las voluntades se deben poner de acuerdo para realizarlo.

Otro problema es la diferencia entre legitimidad y legalidad del poder. El mismo reside en que la legitimidad se refiere al título del poder y la legalidad al ejercicio. De ahí que lo opuesto al poder legítimo sea el poder de hecho y lo contrario al poder legal sea el poder arbitrario.

El estado absolutista .

Entre los s. XII y XIX comienza la modernización política de Europa, entendiendo esto como la superación de los sistemas feudales y el surgimiento del Estado moderno.

El feudalismo se caracterizó por la existencia de estructuras que poseían poder sobre determinados territorios donde establecían una relación de vasallaje con los pobladores (había una especie de contrato donde el señor se brindaba protección y acceso a la tierra, recibiendo a cambio la obediencia y beneficios económicos).

Entre los s. XVI y XVII la monarquía absoluta se transforma en el gobierno predominante en Europa. Se caracteriza por la destrucción de las formas medievales de organización política.

El surgimiento de los Estados absolutistas obedece más a factores militares y económicos que políticos.

En el medioevo la unidad de la organización comercial era la ciudad. A partir de esto, comenzaron a ganar dinero quienes se animaban a comerciar entre ciudades. Estos carecían de control político y son los gobiernos monárquicos quienes los instauraran.

Los comerciantes que se iban enriqueciendo se veían afectados por los conflictos entre ciudades, así como entre nobles y la monarquía. Por ello se acercaron al rey buscando la constitución de un gobierno fuerte.

De esta forma, la monarquía absoluta le brindo a la burguesía el “orden” que la nobleza no les podía garantizar. El rey encontró así una manera de financiarse evitando los controles que le imponía la nobleza.

En el Estado absoluto, este proceso también barrió con el poder de la Iglesia.

Son ejemplo de este poder los Reyes Católicos en España, Enrique VIII en Inglaterra o Luis XIV en Francia.

Las monarquías absolutas conciben el poder de origen. La característica de esta forma de gobierno es la concentración del poder en la figura del monarca, que solo responde ante Dios.

En el caso de Francia, esta concentración puede verse en los “intendants” (representantes del rey en las provincias).

Debemos citar a Hobbes, es el quien rompe con la línea clásica de fundamentación divina de la monarquía absoluta. Produce una nueva fundamentación que defiende el poder absoluto en defensa de los intereses de los individuos, fundamentalmente d ella posibilidad de mantenerse vivos y en paz.

Construye una hipótesis que nombra “estado de naturaleza”, en la que plantea como sería la vida de no existir leyes ni contratos que regulen sus relaciones y un poder externo que las haga cumplir.

La concepción del hombre en Hobbes lo lleva a definir la situación como “un estado basado en las pasiones” que lleva a “una guerra de todos contra todos” en la que cada uno, por obtener seguridad personal, termina atacando a otros.

Cabe destacar que Hobbes escribe en una época de guerra civil, lo cual se parece bastante al estado de naturaleza que el describe. Se le podría cuestionar en qué nivel el “hombre en estado natural” no está influenciado por comportamientos de hombres ya socializados en un tipo particular de sociedad.

El Estado surge a partir de un contrato realizado entre individuos. El Estado es la suma de los intereses particulares, y es el fundamento de la propiedad. No existe diferencia entre esfera pública y esfera privada. Los individuos aceptan renunciar a sus derechos en la medida en que todos lo hacen. Es una opción de la razón. No hay limitaciones externas al poder absoluto, de lo contrario no sería tal (las únicas son las de la razón y conciencia del soberano).

El Estado Liberal .

El liberalismo lo entendemos como el movimiento cuestionador del poder absoluto, que pretendió restringir los poderes del Estado y defender los valores de tolerancia y respeto por la vida privada.

La burguesía acepto la existencia de un poder absoluto en la medida en que lo creyó necesario para alcanzar sus fines económicos, pero comenzó a varían en su posición en la medida en que algunas prácticas del absolutismo pusieron trabas al desarrollo del mercado.

Estas condiciones se fueron tornando incompatibles en hasta que se hizo necesario el establecimiento de un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad civil.

Esta nueva relación estuvo marcada por el constitucionalismo.

Uno de los principios del Estado liberal es la teoría de la división de poderes.

Una de las características del Estado liberal es el hecho que el accionar de la maquinaria estatal está regulado por ley.

Mientras que Hobbes plantea el Estado absoluto, Locke hace lo mismo con el Estado liberal y expresa el ideal de la burguesía. Para el, la finalidad de la política son la paz, la armonía y la seguridad.

Para Locke el poder del Estado ya está presente en el poder legislativo y está limitado por los derechos naturales. La burguesía hegemoniza el poder legislativo y así surge el Estado de derecho.

La diferencia central entre la época de Hobbes y la de Locke es que mientras que en el primero las burguesías nacionales se sentían protegidas por el Leviatán; en el caso del segundo ya se consideran lo suficientemente fuertes para prescindir de él.

A partir del Estado liberal se profundiza el interés por la relación Estado-sociedad. Solo pensable con el advenimiento del capitalismo, ya que el mismo plantea una disociación entre la esfera social y la esfera política. Antes del capitalismo la pertenencia a un estrato social, significaba una condición jurídico-política.

El surgimiento del capitalismo es temporalmente posterior al Estado moderno. La forma jurídica es el Estado nacional y el sujeto de este no será ya un grupo; sino el ciudadano, un individuo titular de derechos. La figura del ciudadano no estará determinada históricamente.

Las revoluciones burguesas cuestionaran el depositario del poder, pero no al Estado o a su fin (la mantención del orden).

El estado liberal se presenta como un orden perfectamente coherente con el capitalismo. Plantea una sociedad de individuos libres e iguales, que compiten en el mercado por su bienestar.

En la visión liberal, la función del Estado es remover obstáculos para la autonomía de los mercados. Esta visión está basada en el “modelo clásico” de A. Smith, que centraba su análisis en la idea de la mano invisible y en una sociedad donde cada individuo lucha por su propio bienestar.

De todas maneras se reconocía al Estado un papel activo en ciertas áreas, como ser el desarrollo de infraestructura, la apertura de nuevos mercados por medio de la colonización, etc.

Dentro de las concepciones del Estado podemos ver tres grupos: las pluralistas (subrayan el aspecto democrático), las diligénciales (el burocrático) y las clasistas (el aspecto capitalista del Estado).

El estado de Bienestar .

Cuando se habla de Estado de bienestar, generalmente se habla de las transformaciones que surgieron después de la crisis del ’30 y básicamente de las políticas keynesianas. Pero es posible encontrar los orígenes del Estado de bienestar mucho antes.

Las diferencias entre el estado de bienestar y el Estado keynesiano son que en primer lugar, el keynesianismo provoco una ruptura la orden liberal de la época, el Estado de bienestar ya había desarrollado sus instituciones previamente a la Gran Depresión; en segundo lugar, las causas que los generaron son distintas, el Estado de bienestar respondió a motivaciones políticas, mientras que el Estado keynesiano lo hizo a cuestiones económicas; en tercer lugar, mientras que los instrumentos típicos del Estado keynesiano son flexibles para poder ser utilizados cíclicamente, las instituciones del Estado de bienestar son rígidas porque crean derechos garantizados jurídicamente e incorporados como tales en la población; cuarto, el Estado keynesiano opera en el campo de la inversión y la producción, mientras que el Estado de bienestar lo hace en el terreno de una redistribución que pretende permitir el acceso de amplios sectores de la población al consumo de bienes y servicios.

El origen del Estado de bienestar lo debemos encontrar en el s. XIX. El fin del feudalismo y la emergencia del capitalismo modificaron sustancialmente las relaciones sociales. En el feudalismo existía una responsabilidad de los señores sobre sus vasallos por la cual debían protegerlos a cambio de trabajo y lealtad; en el capitalismo se plantea una situación de responsabilidad personal.

Durante el s. XIX se observa el crecimiento de los conflictos sociales. Estos tienen su base en estas fuertes contradicciones sociales.

La protesta obrera nace del resentimiento colectivo contra la sociedad burguesa que no siente ningún deber frente a las víctimas de la acumulación salvaje y de la industrialización acelerada.

Es en Alemania donde podemos situar el origen del Estado de bienestar. El canciller von Bismark implanto el seguro social. Este plantea una ruptura con respecto a las políticas de beneficencia, ya que está dirigido a toda la población asalariada, porque tenía características automáticas evitando así la discriminación.

En su comienzo, el Estado de bienestar tuvo como objeto brindar ciertas seguridades a los sectores más desprotegidos.

El Estado keynesiano surge a partir de la crisis del ’30 y se desarrolla recién después de la segunda posguerra. Su objetivo es regularizar el ciclo económico y evitar nuevas crisis como la vivida.

Puede decirse que el keynesianismo vino a ocupar un espacio vacío. Los partidos socialistas se encontraron con que ni en Marx, ni en ningún otro teórico estaba desarrollada esta situación. Al no tener una política económica para desarrollar adoptan el keynesianismo.

El establecimiento de la formula keynesiana significa el fin de las políticas de laissez faire y la creación de una economía mixta en la cual la lógica del mercado y de la ganancia individual fuera moderada por una lógica que tuviera en cuenta el interés colectivo. Este fenómeno es el que se denomina pasaje del capitalismo individualista al organizado. En el primero el Estado se desempeñaba como garante de la propiedad privada y el orden público, mientras que en el Estado de bienestar se incorporan valores de justicia redistributiva.

El Estado se transforma en el motor de la economía por medio del gasto público y el pleno empleo es el eje de su agenda. Con el Estado de bienestar se desarrolla una agenda relacionada a las actividades sociales (principalmente las relacionadas con la educación, la salud y la vivienda).

Este aumento del gasto público se financio sobre un aumento impositivo.

Una novedad importante impuesta por el Estado de bienestar fue la modificación de las relaciones laborales. El sindicato pasó a ser el interlocutor con el cual los empresarios debían negociar las condiciones de trabajo en el marco de la legislación laboral.

A partir de la década del ’70 se empieza a hacer evidente la crisis del Estado de bienestar. Comienza a vivirse la simultaneidad de recesión e inflación en países centrales. Muchos papers se han escrito para intentar explicar esta crisis. El elemento detonante es la crisis del petróleo, pero las verdaderas causas aparecen dentro del Estado de bienestar.

J. O’Connor señala que se trató de una crisis de acumulación. Este argumento se sostiene al observar el aumento del creciente gasto social, que salió en gran parte del bolsillo de los asalariados, y en este caso la distribución del ingreso no se habría alterado sustancialmente.

Otras argumentaciones sostienen que la crisis se produce porque la existencia del pleno empleo y de una excesiva legislación laboral desincentivan al trabajo y la inversión.

K. Offe considera que la crisis del Estado de bienestar se produce a partir de un conflicto entre el proceso de mercantilización propio del capitalismo y un proceso de desmercantilización propio de las políticas asistencialistas.

Ante la crisis la derecha sostiene que la solución se encuentra en una vuelta al mercado. EL problema real es el conflicto que hay entre la acumulación sistémica, que permite la acumulación capitalista, y la integración social, que permite la vida en democracia.

“Contractualismo”. Mateucci .

Para una definición del contractualismo .

En contractualismo comprende todas las teorías que ven el origen de la sociedad y el fundamento político en un contrato, es decir en un acuerdo tácito entre varios individuos, que significaría el fin del estado de naturaleza y el inicio del estado social y político.

En un sentido más reducido, entendemos por contractualismo a una escuela florecida en Europa en el s. XVIII entre cuyos exponentes están Hobbes, Spinoza, Rousseau.

La finalidad es dar una legitimación racional a las órdenes del poder, mostrando que este se funda sobre el consenso de los hombres.

Esta premisa tiende a excluir a aquellas sociedades que estén fuertemente penetradas por motivos teológicos.

Más complejo es el discurso sobre los temas contractualistas presentes en la filosofía medieval que tiene por otra parte un fuerte sentido del derecho. Estos temas logran abrirse camino a través de la distinción entre la causa formal del poder y la causa material. Estos temas caen como proceso político, aunque estén en los orígenes del contractualismo clásico.

El estado de naturaleza, las necesidades del hombre y la división del trabajo .

Uno de los elementos esenciales de la estructura del discurso contractualista es el estado de naturaleza, aquella condición de la cual saldría el hombre asociándose en un pacto con los otros hombres.

Sobre el origen del hombre, los distintos pensadores sobre el cual los pensadores se han dividido según la positividad de la salida del estado de naturaleza. Mientras que para algunos esto representa una caída, para los otros es un progreso.

F. Engels ve en la formación por parte de la sociedad gentilicia de la familia monogamica el nacimiento del primer antagonismo de clase, en consecuencia con la aparición de la propiedad privada que causa el nacimiento del estado como órgano de represión en manos de la clase dominante económicamente. Del mismo modo, para el psicoanálisis de izquierda atento a las inhibiciones y a las represiones de la civilización contemporánea, es necesario encontrar la felicidad en la sociedad matriarcal. Una sociedad destruida por la rebelión de los hombres, que han creado un mundo de guerra basado en el dominio del culto autoritario de los dioses.

Los contractualistas, quienes quieren legitimar el estado de sociedad o modificarlo allí donde el poder no se funde con el consenso y ven en el contrato la única forma de progreso; también Rousseau, se ve obligado a reconocer en el pacto social un hecho deontológicamente desde el momento en que “el estado primitivo no puede subsistir y el género humano perecería si cambiara las condiciones de su existencia”.

Los contractualistas, así ven en el contrato un instrumento de emancipación política del hombre, que garantiza la estructura social, manteniendo así una neta separación entre el poder político y el poder social, entre gobierno y sociedad civil.

Aquellos que han llevado a sus extremas consecuencias su evaluación del estado de naturaleza son Hobbes (quien analiza la dinámica de las pasiones del hombre), Rousseau (que estudia la formación del hombre y demuestra como en los inicios hubo solo una instintiva felicidad sin pasiones). La zoología moderna ha comprobado las teorías de ambos autores; la inocencia y la felicidad del hombre-primate es una /insecuritas/ sin historia, mientras que la pobreza, el aislamiento y la ignorancia no son advertidos como un mal.

La mayor parte de los contractualistas, entre el estado de naturaleza puro y el estado político, coloca el estado social. Este es un estado de paz, benevolencia, asistencia y conservación recíproca. Sin embargo, es un estado imperfecto en la medida en que existe una paz relativa. Los derechos naturales de los individuos son imperfectos. El estado no agrega nada a la racionalidad y a la sociabilidad de la sociedad civil.

Se puede decir que ningún contractualista puede con algunas proposiciones enunciadas por Hobbes: el estado de naturaleza está caracterizado por la ausencia de un poder legalmente instituido, capaz de controlar y de someter a todos los miembros de la sociedad.

Tres teorías sobre el origen del poder político .

En el dialogo contado en los primeros dos libros de la Republica, están expuestas las cuatro teorías principales sobre el origen de la polis. Las opiniones tradicionalistas de Céfalo y Polemarco (que defienden las tradiciones mitológicas), los sofistas Trasimaco y Clitofonte (quienes observan que la justicia no es otra cosa que el orden impuesto por quien tiene la fuerza de hacerse obedecer), Glaucon y Adimato (exponen la tesis contractualista de una parte de la sofistica) y Sófocles (quien expone su concepción del Estado entendido como organismo).

Esta última teoría representa la antítesis de las otras dos concepciones voluntaristas, las cuales ven surgir el estado a partir de la fuerza o del consenso. Esta seria orgánicamente desarrollada por Aristóteles en la Política.

Esta concepción orgánica de la sociedad, por la cual es todo es más que la suma de las partes individuales, es la teoría dominante. En el Medioevo la comparación entre la sociedad política y el cuerpo humano es una constante, la concepción aristotélica no pierde su fuerza y su prestigio. Por fin, en el s. XIX, con la revolución francesa y el racionalismo se difunden por Europa las teorías organicistas, concordantes en la demostración de la insuficiencia del individualismo y del contractualismo para fundar el orden social. Burke, extiende al estado la concepción orgánica de la sociedad civil que era propia del pensamiento inglés, mientras que Hegel combate la idea del contrato porque esta se funda sobre el principio de la propiedad privada.

La concepción orgánica constituye la antítesis del contractualismo, pero no excluye a los contractualistas.

En el ámbito de las teorías voluntaristas se contraponen al contractualismo todos aquellos que reconocen al elemento constitutivo del estado en la fuerza. Con el contractualismo tienen a menudo un elemento común: el del estado de naturaleza en la medida en que el estado surge de un acto de supremacía. En el pensamiento político moderno esta teoría no ha tenido mucho suceso. En épocas más recientes esta teoría tuvo un impulso con la sociología de Comte. Para este la sociedad está gobernada por la fuerza, por el número o la riqueza.

Eugeis repite la tesis marxista según la cual el estado es un elemento de opresión en manos de la clase socialmente dominante.

El pensamiento contractualista no niega la existencia de la fuerza, pero la ve operando de distintas formas en el estado de naturaleza. El estado es por lo tanto también fuerza de tipo distinta.

El orden social es posible por una solidaridad orgánica que tiene su fundamento en el trabajo, a partir del cual se forma una armonía social. Hay un consenso donde los valores últimos de los cuales deriva el equilibrio social, la sociedad es un todo y el individuo nada. El problema propio de los contractualistas acaba de por ser disuelto: el poder el ejercido siempre en función dela sociedad, nunca en contra de esta.

En el extremo opuesto, se remarca que la política es esencialmente hostilidad, lucha, conflicto entre grupos rivales, y que por lo tanto es soberano aquel que puede indicar de hecho la /hostis/ y decidir sobre el estado de excepción suspendiendo el derecho.

El contractualismo en el s. XIX parece fuera de escena. La hipótesis de la que surge, se ha revelado abstracta e irreal; además resulta de poca ayuda en una teoría que busca explicar el orden y el cambio social. El contractualismo es más que nada una teoría prescriptiva sobre el mejor orden político, por lo tanto su influencia contemporánea está en el constitucionalismo. Salía de escena cuando en la sociedad civil se iba realizando una dimensión no intencional, que mejor garantizaba el gobierno basado sobre el consenso que era el fin del contractualismo. Aludimos a la formación de la opinión pública, como esfera que media entre los individuos privados y el poder político, sobreponiendo las decisiones de este último a una evaluación critica.

La sintaxis del contractualismo clásico .

El contrato es una relación jurídica entre dos o más personas en virtud del cual son establecidos los derechos y deberes recíprocos. Hay una distinción entre dos tipos de contratos. Por un lado está el “/pacto de asociación/” (es entre los diversos individuos, que así pasan del estado de naturaleza al estado social) y por el otro el “/pacto de sumisión/” (que instaura el poder político al cual se promete obedecer). El primero, crea el derecho, surge el derecho privado y los individuos están en una posición de paridad y pueden aceptar o no libremente; mientras que en el segundo se instaura el uso de la fuerza, se crea el derecho público y sirve para crear una relación de subordinación donde el individuo no es libre de aceptar si uno de los contrayentes es el pueblo entendido como /universitas/ o como /persona ficta, dado que rige la ley de la mayoría. En otras palabras, en el primer caso está el principio de igualdad, mientras que en el segundo está el de dominación.

La mayoría de los contractualistas en las distintas construcciones jurídicas remarcan solo el pacto de sumisión o ve en el pacto de asociación la lógica premisa del segundo, que es por tanto el verdadero pacto.

En ambos casos hay una renuncia de los derechos que tiene el individuo en el estado de naturaleza y la imposibilidad de que el soberano o la voluntad general violen el contrato.

Los sujetos en el pacto son siempre las personas físicas. En el pacto de sujeción encontramos como sujetos a veces a los individuos; por un lado el pueblo como /universitas/ y por el otro el gobierno, que no siempre coincide con el sumo magistrado o con el rey, pudiendo ser también una asamblea. Esto se ve en Pufendorf y Locke, donde la ruptura del pacto de sumisión no implica la ruptura del de asociación. Se disuelve el gobierno, no la sociedad.

Contractualismo y constitucionalismo .

El contractualismo no es solamente una teoría global. En la historia el contrato también es un hecho histórico, es parte de un proceso que lleva al constitucionalismo, y en particular a la exigencia de alimentar el poder del gobierno por medio de un documento escrito que establezca los respectivos y recíprocos derechos-deberes.

En el contractualismo medieval encontramos el cruce de influencias diversas y dispares. Por un lado, la permanencia de elementos romanistas; por el otro tenemos el injerto de elementos germánicos que se desarrollaran después del feudalismo. El sistema feudal se presenta luego como un complejo sistema de relaciones contractuales entre señor y vasallo. Sobre estos elementos se asentaba la cultura que remarcaba como siempre la relación política era bilateral.

Todas estas tesis llevan no tanto a una rigurosa elaboración conceptual del contractualismo como teoría de la vida social cuanto a reconocer y mostrar las características del tirano y a legitimar las sanciones que puede tomar el pueblo en su contra, las cuales van de la deposición al tiranicidio. Las tesis de los pensadores del Medioevo tardío no están lejos de las que sostendrán los monarquistas protestantes. Pero toda esta literatura no puede caer dentro de este en sentido limitado por diversos motivos: tanto por estar apremiada por intereses inmediatamente prácticos como porque predomina el elemento religioso o porque no es la expresión de una tentativa de racionalización integral de la vida política.

En la Edad Moderna el contractualismo demuestra su vitalidad, con características y experiencias nuevas (como la democrática de Nueva Inglaterra) donde el pacto es el instrumento para la formación de un real estado de nuevas sociedades que deben afrontar problemas de la frontera y los espacios desiertos.

El primero de estos documentos es el pacto que origina la comunidad política de Playmouth. Más importante es, sin embargo, la experiencia de las ciudades fundadas después de 1636 en Rhode Island y Conneticut; vemos surgir en territorios desiertos pequeñas ciudades que establecen como fundamento de su existencia un /agreement/ suscrito por todos los propietarios libres con el fin de crear un “body politic incorporated”. Con este pacto se busca crear un gobierno democrático y popular y se acepta someterse a la voluntad de la mayoría. Con el tiempo se extienden documentos más elaborados, pero que tienen su origen en este mismo pacto.

La experiencia de las “Colonias Unidas de Nueva Inglaterra” es de donde deriva la exigencia de ser gobernados por un documento escrito que fuese la expresión de la comunidad.

“Marxismo”. Bobbio .

Para Karl Marx, tanto la esfera política como la esfera jurídica deben comprenderse en el marco general de las condiciones materiales de vida.

Partiendo de la crítica de la filosofía del derecho y del estado de Friedrich Hegel, Marx invierte la relación tradicional Estado y sociedad civil y propone una teoría del Estado vinculada con la teoría general de la sociedad y de la historia a partir del estudio de la economía política.

Según N. Bobbio, pueden señalarse cinco características de la teoría marxista del Estado:

Critica a las teorías precedentes .

Las teorías precedentes a la teoría marxista, de Thomas Hobbes a Friedrich Hegel, afirman que el Estado es la forma racional de la existencia social del hombre (el Estado como garante del orden y la paz social, Hobbes; el Estado como árbitro que dirime las controversias en un marco pluralista y protector de la propiedad privada y la libertad individual, John Locke; el Estado como la expresión de la “voluntad general” plasmada en un “contrato social”, Rousseau; el Estado como la totalidad organizada en cuyo seno el individuo encuentra su función y su identidad como ser “racional” y a la que debe servir, Hegel).

En oposición a las teorías políticas clásicas precedentes (específicamente, la de Hegel) que otorgan prioridad al Estado sobre la sociedad civil y las esferas que históricamente lo preceden, Marx sostiene que dichas teorías no respetan la realidad histórica (son “ahistóricas”) ni estudian cómo efectivamente se forma el Estado moderno, sino que parten de una idea abstracta de Estado como totalidad superior.

En tal sentido, el análisis de Marx identifica al verdadero sujeto (el individuo que vive y actúa en el mundo “material” / “real”) y señala el proceso de su “objetivación” en las instituciones políticas del Estado. El mundo real no debe deducirse del ideal; al contrario, debe entenderse como resultado del mundo histórico real.

Según Marx, particularmente el método seguido por Hegel es especulativo.

Para Hegel, la “sociedad civil” es un ámbito de egoísmo desenfrenado donde se incita a cada hombre a competir contra sus semejantes. Se trata de un ámbito “no-ético”. Sin embargo, los hombres son seres racionales en la medida en que aceptan el orden del Estado, un ámbito universal opuesto a los intereses egoístas de las acciones en la “sociedad civil”. Por lo tanto, el Estado está separado de la vida de los individuos y posee una prioridad lógica sobre los sujetos particulares. El individuo queda subordinado a los ideales de participación política encarnados en el Estado, considerado la fuerza motriz del desarrollo social.

Marx rechaza este método especulativo (al que denomina “misticismo lógico”), invierte la relación entre sociedad civil y Estado y afirma en consecuencia que la solución del problema de la sociedad civil no radica en su subordinación al Estado sino, por el contrario, en la absorción del Estado por parte de la sociedad civil.

Por tal motivo, Marx sostiene que en toda constitución política la participación general en la vida política es el ideal y que la persecución de intereses particulares es la realidad (invirtiendo el método hegeliano). Afirma al respecto: “Hasta ahora la constitución política ha sido el ámbito religioso, la religión de la vida del pueblo, el cielo en su universalidad, en contraste con la existencia mundana concreta de su realidad actual”.

Teoría General del Estado .

Tal como señala Bobbio, la inversión de la relación entre Estado y sociedad civil realizada por Marx “marca una verdadera ruptura con toda la tradición de la filosofía política moderna” .

Mientras esta filosofía resuelve los conflictos de la sociedad “preestatal” (el estado de naturaleza -Hobbes, la sociedad natural -Locke, el estado primitivo -Rousseau, o la familia y la sociedad civil -Hegel) en la estructura del Estado, como única estructura en la que el hombre puede conducir una vida racional, Marx considera al Estado como un conjunto de instituciones políticas dotado de la máxima fuerza imponible y disponible en una sociedad determinada. El Estado, para Marx, es una superestructura respecto de la sociedad “preestatal” (que es el lugar donde se forman y desarrollan las relaciones materiales de existencia) destinada a desaparecer en una futura sociedad sin clases sociales.

La filosofía política anterior a Marx procede siempre hacia un mayor perfeccionamiento del Estado; Marx, inversamente, hacia la extinción del mismo. Si dicha filosofía política considera a la sociedad “preestatal” como el reino de la fuerza ilegítima e irregular (signada por el estado de guerra permanente, el derecho del más fuerte sobre el más débil o la falta de garantías jurídicas), para Marx el Estado es el reino de la fuerza en el que impera la “violencia organizada y concentrada de la sociedad” (El Capital, 1864).

Para Marx, el Estado no implica la abolición del “estado de naturaleza”, sino su prolongación: “La vida material de los individuos, que en modo alguno depende de su simple voluntad, su modo de producción y la forma de intercambio, que se condicionan mutuamente, constituyen la base real del Estado y se mantienen como tales en todas las fases en que siguen siendo necesarias la división del trabajo y la propiedad privada, con absoluta independencia de la voluntad de los individuos. Y estas relaciones reales, lejos de ser creadas por el poder del Estado son, por el contrario, su poder creador” (La Ideología Alemana , 1845).

La distinción planteada por Marx entre las “relaciones reales” y el “poder del Estado” se vincula a la distinción entre “infraestructura” y “superestructura”.

La “infraestructura” comprende las fuerzas, medios y relaciones de producción (las clases sociales), es decir, todo lo que condiciona directamente la producción de bienes. La “superestructura” comprende todas las producciones simbólicas de la sociedad: colectivas y netamente definidas, como las instituciones políticas, el derecho, la religión o la educación; colectivas e indefinidas, como las mentalidades, las costumbres o la moral; e individuales, como la filosofía y el arte.

No obstante, la distinción antes mencionada sólo es conceptual, pues empíricamente la infraestructura y la superestructura se encuentran íntimamente vinculadas, al punto de que la primera determina la existencia de la segunda. Afirma al respecto: “La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general” ( “Prólogo”, Contribución a la crítica de la economía política).

El rechazo del “misticismo lógico” de las teorías políticas precedentes, que ubican idealmente en el Estado el desarrollo del hombre racional sin considerar sus condiciones materiales de existencia, tiene además claras consecuencias políticas para Marx.

En efecto, a partir de su distinción entre “infraestructura” y “superestructura” sostiene que la Revolución Francesa no es una revolución completa, al constituir eminentemente una revolución política. Sin embargo, la emancipación política no es aún la emancipación humana , pues esta última debería incluir el fin del dominio clasista determinado por la estructura económica de la sociedad, Afirma al respecto: “Sólo cuando el hombre real individual absorba en sí al ciudadano abstracto… cuando reconozca y organice sus propias fuerzas como fuerzas sociales y, en consecuencia, ya no tenga que separar de sí la fuerza social como fuerza política, sólo entonces se habrá consumado la emancipación humana”(Sobre la Cuestión Judía, 1843).

Teoría del Estado burgués .

El condicionamiento de la superestructura política por parte de la estructura económica se manifiesta en el hecho de que esta última es el lugar donde se forman las clases sociales y se revelan sus antagonismos.

Conforme el “materialismo” de Marx, el hombre modela activamente el mundo en el que vive y es modelado por este último.

Para Marx, la historia es un proceso de creación, satisfacción y nueva creación de necesidades y por ello el trabajo (como intercambio creativo entre el hombre y su ambiente) es el fundamento de la sociedad. Las características concretas de la sociedad se interponen en la relación del individuo con su medio natural.

Al estudiar el desarrollo de la sociedad (o “modos de producción”: antiguo, feudal y capitalista), no debemos partir de una idea abstracta preestablecida, sino del examen empírico de los procesos concretos de vida social que son la condición de la existencia humana. Dice al respecto: “La historia no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas la han precedido; es decir, que por una parte, prosigue en condiciones completamente distintas la actividad precedente, mientras que, por otra, modifica las circunstancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa” (La Ideología Alemana) .

Según Marx, las relaciones de producción son la forma de funcionamiento del conjunto de una sociedad dada y la organización del trabajo productivo en el plano social, político y jurídico. Bajo el modo de producción capitalista, el obrero no es propietario de los medios de producción (fábrica, máquinas y materiales) y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, sin derecho a información sobre el conjunto del proceso de producción, sus finalidades ni la colocación de los bienes en el mercado.

Marx sostiene que burgueses y proletarios se encuentran en un conflicto endémico respecto de los frutos de la producción industrial. Los salarios del obrero y las ganancias del empresario capitalista son el resultado de una lucha desigual, en la cual los propietarios del capital predominan fácilmente.

Para Marx, las clases surgen allí donde las relaciones de producción entrañan una división diferenciada del trabajo que permite una acumulación de producción excedente: ésta puede pasar a manos de un grupo minoritario, que de este modo se coloca en una relación de explotación respecto de la masa de productores.

Marx afirma que las relaciones capitalistas de producción implican la alienación del trabajo y el trabajador. El trabajador no se encuentra a sí mismo en su trabajo ni en los productos de su trabajo. El “valor añadido” (o “plusvalía”) que el trabajo del proletariado incorpora al material bruto es arrebatado casi íntegramente por el burgués-patrón-capitalista bajo la forma de ganancia. El salario se reduce al mínimo indispensable exigido por la supervivencia y la reproducción y el trabajo es a la vez alienante y alienado, porque el obrero es sólo un eslabón puramente instrumental e intercambiable de la cadena productiva.

En este marco, el Estado es el aparato o conjunto de aparatos (entre los cuales el determinante es el aparato represivo titular del monopolio de la fuerza) cuya función principal es impedir que el antagonismo de clases degenere en lucha perpetua, no mediando entre los intereses en conflicto (según las teorías políticas clásicas) sino reforzando y contribuyendo a mantener el dominio de una clase sobre otra.

En idéntico sentido, Marx sostiene en La Ideología Alemana que el Estado “no es más que la forma de organización que los burgueses se dan por necesidad… a fin de garantizar recíprocamente su propiedad y sus propios intereses” . Y concluye: “El Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época” .

Teoría del Estado de transición .

Para Marx, la dependencia del poder estatal respecto del poder de clase es tan estrecha que el pasaje de la dictadura de la burguesía a la dictadura del proletariado no puede ocurrir simplemente a través de la conquista del poder estatal, sino que exige la destrucción de sus instituciones y su sustitución por instituciones completamente nuevas.

La clase dominante dispone de medios para difundir las ideas que legitiman su posición de dominio. Las ideas de libertad e igualdad constituyen la fachada de la sociedad burguesa y poseen un valor aparente y no real. Las supuestas libertades jurídicas existentes en la sociedad burguesa sirven en realidad para legitimar la explotación del asalariado por parte de los dueños del capital.

Por tal motivo, la clave de la “superestructura” no es que contenga ideas, sino que dichas ideas sean funcionales a un sistema de relaciones sociales (especialmente en forma de política, derecho y religión) de naturaleza clasista.

En La Guerra Civil en Francia (1870-1871), Marx señala algunas características del nuevo Estado sin base clasista: a) supresión del ejército permanente y de la policía remunerada y sustitución de ambos por el pueblo armado; b) funcionarios electos y controlados por el pueblo; c) sufragio universal; d) abolición de la “ficticia” separación de poderes; y e) descentralización política y reducción de las funciones del gobierno central.

Marx denominó a esta nueva forma de Estado “gobierno de la clase obrera”.

Teoría de la eliminación del Estado .

Según Marx, todos los Estados que han existido han sido siempre la dictadura de una clase.

Afirma en el Manifiesto del Partido Comunista: “La historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, unas veces velada y otras veces franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna” .

El Estado donde el proletariado deviene clase gobernante no constituye una excepción a esta regla. Pero a diferencia de la dictadura de otras clases, que han constituido siempre la dictadura de una minoría de opresores sobre una mayoría de oprimidos, la dictadura del proletariado tiende a laeliminación del antagonismo de clase y, por ende, a la extinción de ese instrumento de dominio de clase que es justamente el Estado. Marx afirma al respecto: “En el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá a la antigua sociedad civil por una asociación que excluya a las clases y su antagonismo y no existirá ya un poder político propiamente dicho” (Miseria de la Filosofía, 1847).

La lucha de clases es para Marx el “motor de la historia”. La lucha entre la burguesía y el proletariado, que desemboca en la Revolución Socialista, será la lucha final. Instituirá la sociedad sin clases: la sociedad reconciliada en la que desaparecerá lo “político”, como voluntad de una parte de la sociedad de tomar y preservar el poder en detrimento del resto. Afirma Marx: “Cuando los antagonismos de clase hayan desaparecido y toda la producción se concentre en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, en el sentido estricto del término, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra” (Manifiesto del Partido Comunista, 1848).

Para Marx, el capitalismo sucumbirá debido a sus contradicciones, por lo que la Revolución Socialista es inexorable. La tensión creciente del capitalismo lo conducirá a su autodestrucción.

Si la lucha de clases es el motor de la historia, la extinción de esa lucha significa el “fin de la historia”, en el doble sentido de culminación y de finalidad, con las siguientes características:

-Emancipación: La humanidad se liberará de todas las compulsiones naturales y sociales (económicas y políticas) y cada individuo se encontrará consigo mismo en sus obras, fruto de un trabajo libre y creativo.

-Universalidad: En una sociedad sin clases, la oposición entre los intereses individuales particulares y el interés de todos habrá desaparecido y cada individuo realizará en sí mismo la esencia universal de la humanidad (el “ser genérico”).

-Totalidad: Cada individuo podrá ejercitar plenamente sus potencialidades, de goce y de creación, tanto en la vida natural como en la vida cultural; los individuos ya no serán artificialmente especializados en el sistema de división del trabajo capitalista.

A propósito de la sociedad comunista, Marx asevera que en ella “cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca; la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo me dedique hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado y después de comer, si me place, dedicarme a la crítica, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico” (La Ideología Alemana).

Para Marx, el comunismo no negará la individualidad. Al contrario, el significado que otorga a la sociedad comunista permitirá la expansión de las capacidades y potencialidades de los sujetos.

“Diez tips sugeridos para una aproximación a la cuestión del control del Poder desde la sociología política y la ingeniería institucional”. Bercholc .

/La fragmentación del poder/.

En las sociedades modernas el poder tiene un alto nivel de fragmentación dado por la gran cantidad de agencias estatales que dictan normas de calidad jurídica inferior a la ley pero que inciden en la vida cotidiana de los individuos y que cuentan con un nivel de autonomía importante. En la Argentina un presidente designa miles de funcionarios destinados a rellenar los cargos burocráticos en las agencias estatales. Estos encuentran límites concretos al ejercicio del poder en los intrincados vericuetos de la burocracia.

La difusa delimitación de roles y funciones de los poderes del Estado .

Esto implica la superposición de estructuras burocráticas con poder normativo. Una organización estatal de poder necesita reflexionar sobre cómo organizar mejor el sistema normativo para adecuarlo a sus necesidades.

En los hechos, el poder ejecutivo produce muchos hechos normativos que rigen las más variadas acciones de los ciudadanos. El poder ejecutivo legisla, es decir, que dicta normas de todo tipo y en gran cantidad.

El poder judicial, asume un rol de control de la actividad política, control que asumido con intensidad y amplitud interpretativa se acerca peligrosamente a los difusos límites del legislador. Las declaraciones de inconstitucionalidad son el reflejo de este “activismo judicial”.

La burocratización del poder.

Existe una laberíntica superposición de estructuras que generan una complejidad normativa haciendo incomprensibles para el ciudadano común muchos procesos en la toma de decisiones.

La tecnocratizacion del poder .

El personal político cede espacios a expertos en áreas especializadas mediante una flexibilidad estratégica. La toma de decisiones resulta de un proceso ejecutivo y profesionalizado que se sitúa en el vértice de la organización. La tecnocracia es la que merece más idónea a efectos de la eficacia y aplicabilidad de la toma de decisiones. Ello debilita las posibilidades de control por parte de la ciudadanía.

Esto también alcanza al personal parlamentario. El ejercicio en el recinto ha pasado a ser un espectáculo anacrónico en el que, salvo excepciones, ni los propios legisladores prestan atención. Esto nos enfrenta con el problema de la escasa representación social parlamentaria.

Cooperación y diálogo institucional para el equilibrio de las relaciones interpoderes .

Deben ser reformuladas las clásicas ideas en torno a las relaciones interpoderes. La propia idea de interdependencia y división debe relativizarse por ineficaz, poco realística y de es escaza gobernanza que redunda en una menguada calidad institucional. EL concepto de /calidad institucional/ significa organización de gobierno sujeta a regulaciones y mecanismos formales, y también a aquellas regulaciones que han obtenido legitimidad de modo informal.

EL poder del Estado es solo uno, en todo caso dividido en tantas partes como sea menester. Ello implica novedades en los esquemas de pesos y contra pesos y el control de la gestión pública.

Las demandas sectoriales pueden ungirse en más o menos permanentes y por ende dejan de ser circunstanciales.

Un necesario rediseño institucional del esquema de división funcional del poder .

Debe ser revisada la ilusoria tripartita del poder del Estado. Una disfunción entre las demandas de la sociedad civil y los canales institucionalizados de representación genera la creación de canales no institucionalizados de participación y representación.

La organización funcional del poder requiere el rediseño de la ingeniería institucional.

Ejemplos de la reformulación en la división de poderes pueden ser la creación de un tribunal de control de constitucionalidad, un ministerio público con mayores competencias que puede ser un eficaz mecanismo de acceso a la justicia, mediador y negociador, un poder electoral con competencias para garantizar el proceso democrático, un poder ciudadano que se ocupe de promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y un poder financiero ciudadano para que la asignación de recursos sea parcialmente hecho por la ciudadanía.

La eficacia de la generación de vías institucionales de participación ciudadana a efectos del control del poder .

Se trata de procurar mecanismos eficientes para involucrar a los ciudadanos en las decisiones estatales. El involucramiento directo de los ciudadanos permite mejorar los niveles de consenso y legitimidad política institucional. A su vez, esto permite un acercamiento a modalidades de control de gestión.

El control del poder no institucionalizado .

El ejercicio del control de poder de modo eficaz implica ejercerlo también sobre los poderes políticos y económicos no institucionalizados. Las influencias de sectores que ejercen un poder factico relevante y que no están sujetos al control ciudadano. La mayor ductilidad de los sectores que por su naturaleza tienen mayores facilidades para identificar intereses comunes.

El control y la transparencia de la financiación de la actividad política .

Los mecanismos de control de la financiación de la actividad política resultan vitales para el control de poder. Así se provee a la democracia y a la igualdad de oportunidades la opacidad en este rubro, promueve la corrupción, los clientelismos, los fenómenos plutocráticos y otros desmadres para la calidad institucional y el control de la actividad política.

La territorialidad y descentralización del poder, dotación de recursos financieros .

En general se acepta que lo bueno de un proceso descentralizador es aquello que genera, por medio de una mayor participación ciudadana, una mayor cercanía de la población a los dirigentes que toman las decisiones con el incentivo de que las demandas lleguen más rápido en pos de superar la apatía ciudadana.

Estas políticas son consideradas un medio para mejorar el control de la gestión y el poder.

Esta cercanía puede tornarse contraproducente y complicar los niveles de legitimidad si las agencias no poseen los recursos necesarios para dar eficaz respuesta a las demandas que sin mediación llegan a las agencias y funcionarios estatales.

En clave “republicanista” este proceso es justificable en términos de transparencia de los actos de gobierno del poder central.

“Legitimidad”. Levy .

En el lenguaje ordinario, legitimidad tiene dos significados uno genérico (donde es casi sinónimo de justicia) y uno específico (donde el significado aparece más relacionado con el concepto de estado).

La legitimidad como atributo del estado consiste en la existencia de una parte relevante de la población de un grado de consenso sin que sea necesario, salvo casos excepcionales, el uso de la fuerza. Todo poder tratar de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión.

Los niveles del proceso de legitimación .

El proceso de legitimación no tiene como referencia al estado en su conjunto, sino sus diversos aspectos: la comunidad política, el régimen, el gobierno y, en caso de no tratarse de un estado independiente, la potencia a la que se encuentra subordinado. Es necesario examinar las características de estos elementos que constituyen el punto de referencia en la creencia de la legitimidad.

La comunidad política es el grupo social con base territorial que reúne a los individuos ligados por la división del trabajo político. La creencia en la legitimidad se configura predominantemente en términos de fidelidad a la comunidad política y de lealtad nacional.

El régimen es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y de los valores que animan la vida de estas instituciones. Los principios definen algunos tipos de instituciones. La característica fundamental de la adhesión al régimen consiste en el hecho de que los gobernantes y su política son aceptados en cuanto están legitimados los aspectos fundamentales del régimen. El fundamento de esta convergencia de intereses consiste en el hecho de que se adopta como plataforma común de lucha entre los grupos políticos.

El gobierno es el conjunto de funciones en que concreta el ejercicio del poder político. Normalmente, para que se califique a un poder como legítimo basta con que este último se haya formado en conformidad con las normas del régimen y que se respeten determinados valores fundamentales de la vida política. En todos los regímenes existe una dosis de personalización del poder que es esencial para distinguir el poder legal y el tradicional, del carismático, es que la legitimidad del primero se basa en la creencia en la legalidad de las normas del régimen estatuidas de modo racional u del derecho de mandar de los que detentan el poder basado en tales normas; la legitimidad del segundo se apoya en el respeto a las instituciones consagradas por la tradición y a la persona que detenta el poder; la legitimidad del tercero se funda en las cualidades del jefe. Este tipo de legitimidad tiene una existencia efímera porque no resuelve el problema del que depende la continuidad de las instituciones políticas.

Queda por examinar el caso del estado que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No se trata de un estado sino de un país ocupado, colonia, protectorado. Una comunidad que se halla en esas condiciones encuentra muchas dificultades para despertar la lealtad de los ciudadanos. En consecuencia, su lealtad debe basarse en el sistema hegemónico del que forma parte.

Legitimación e impugnación de la legitimidad .

Los diversos niveles del proceso de legitimidad definen elementos que representan el punto de referencia hacia el cual se orientan los individuos y los grupos en el contexto político. Si analizamos la acción de estos últimos, podemos descubrir dos tipos fundamentales de comportamiento. El fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias, su comportamiento se podrá definir como legitimación. En cambio si el estado es considerado como contradictorio con su sistema de creencias este comportamiento podrá definirse como impugnación de la legitimidad.

El comportamiento de legitimación no caracteriza solamente a las fuerzas. La aceptación de las “reglas del juego” no entraña solamente a la aceptación del gobierno y sus mandatos, sino también la legitima expectativa para la oposición de transformarse en gobierno. La diferencia entre oposición de gobierno e impugnación de la legitimidad corresponda a la que existe entre política reformista y política revolucionaria. El primer tipo tiende a innovaciones, mientras que el segundo está dirigido contra el orden constituido y tiene como objeto modificar sustancialmente algunos de sus aspectos fundamentales.

En este sector hay que distinguir dos actitudes, la de rebelión (que se limita a la simple negación, es incapaz de reconocer el movimiento histórico de la sociedad o de encontrar elementos de lucha concretos y termina siendo prisionera de una realidad que no logra cambiar) y la revolucionaria (lleva a cabo una negación determinada históricamente de la realidad social, su problema consiste en descubrir la lucha concreta; no tiene como objetivo cambiar la sociedad sino derribar instituciones políticas que impiden el desarrollo y crear otras nuevas).

Estructura política y social, creencias en la legitimidad e ideología .

El influjo de una comunidad política en la legitimación de cualquier estado no es equivalente. El pueblo no es una suma abstracta de individuos. Las relaciones sociales no subsisten entre individuos absolutamente autónomos sino entre individuos situados que ocupan un papel en la división social del trabajo. La misma y la lucha social y política que se deriva de aquella hacen que la sociedad no se considere nunca a través de representaciones conformes con la realidad sino con una imagen deformada de los intereses de los protagonistas de esa lucha cuya función consiste en legitimar el poder constituido.

Cada ideología para desarrollarse debe contener también elementos descriptivos que la hagan creíble, idónea para producir el consenso.

Cuando el poder es estable y es capaz de cumplir de manera sus funciones esenciales esto hace valer la justificación de su propia existencia, apelando a determinadas exigencias latentes en las masas, y con la potencia de su propia positividad se crea el consenso necesario.

En los periodos de estabilidad política el influjo sobre la formación de la conciencia social de los que la división del trabajo ha colocado en el vértice de la sociedad es decisiva, es capaz de condicionar en forma relevante el comportamiento de los que no ocupan papeles privilegiados. Por otra parte, el hombre ordinario se ve llevado a idealizar su pasividad y sus sacrificios en nombre de principios absolutos, capaces de hacer realidad el deseo u de convertir en verdad se esperanza.

Cuando el poder está en crisis entra también la crisis el concepto de legitimidad. Ocurre porque en las fases revolucionarias caen también los velos ideológicos que lo ocultaban a la población. La conciencia de las masas entra en contradicción con la estructura política; todos se vuelven políticamente activos porque las decisiones son simples y comprometen diletante al hombre ordinario. Estos fenómenos ocurren mientras no se haya formado otro poder y otro principio de legitimidad. La experiencia demuestra que todo tipo de estado le corresponde un tipo distinto de legitimidad.

El aspecto de valor de la legitimidad .

El consenso hacia el estado no ha sido forzado y manipulado. La legitimación se presenta como una necesidad. Muchas investigaciones han probado que el fenómeno de la manipulación del consenso existe también en los regímenes democráticos.

Si nos limitamos a definir como legitimo un estado del que se aceptan los valores y las estructuras fundamentales, esta formulación termina incluyendo lo opuesto a lo que entendemos como consenso: el consenso impuesto y el carácter ideológico de su contenido. La situación que designa el término consenso consiste en la aceptación del estado por parte de una fracción relevante de la población; el valor es el consenso libremente manifestado por una comunidad. El sentido de la palabra legitimidad no estático sino dinámico. En cualquier manifestación histórica de legitimidad brilla siempre la promesa de una sociedad justa que el consenso pueda manifestarse libremente sin interferencia del poder y de la manipulación y sin mistificaciones ideológicas. La desaparición tendencial del poder de las relaciones sociales y del elemento psicológico que está ligado a ellas: la ideología.

Ahora bien, el criterio que permite discriminar los diversos tipos de consenso parece consistir en el distinto grado de deformación ideológica a que está sometida la creencia en la legitimidad y en el distinto grado de manipulación correspondiente a que se sujeta dicha creencia.

Se trata en esencia de integrar en la definición el aspecto de valor, que es un elemento constitutivo del fenómeno. La legitimidad del estado es una situación que se realiza nunca en la historia, sino como aspiración, y que, por consiguiente, un estado será más o menos legitimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente.

“Legalidad”. Bobbio .

En el lenguaje político se entiende por legalidad un atributo y requisito del poder, por el cual se dice que un poder es legal cuando se ejerce en el ámbito o de acuerdo a las leyes establecidas. En el uso común se hace según la titularidad. Un poder legítimo es uno cuyo título está fundado jurídicamente, un poder legal es un poder que se ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario a un poder legítimo es el poder de hecho, lo contrario a un poder legal es el poder arbitrario.

Se entiende por principio de legalidad el principio por el cual se entiende que todos los organismos del Estado actúan en el ámbito de las leyes. Este principio excluye el ejercicio arbitrario.

El principio de legalidad se considera como uno de los puntos de apoyo del estado constitucional moderno, el llamado “estado de derecho”. Se remonta al ideal griego de isonomia, considerada como la esencia del buen gobierno. Del mismo modo que las leyes están por encima de los magistrados, estos están por encima del pueblo. Uno de los principios de la doctrina medieval del estado es la superioridad de la ley aun respecto de la voluntad del príncipe. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, uno de los términos recurrentes del pensamiento político es la contraposición entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. Donde gobiernan las leyes, es el reino de la justicia; mientras que donde lo hacen los hombres, es el reino del arbitrio.

La supremacía de la ley refleja la permanencia del principio de legalidad como idea regulatoria del buen gobierno.

M. Weber recurre a la contraposición del poder regido por las leyes y el poder personales: mientras que en el caso del poder tradicional se obedece a la persona del señor y en el caso del poder carismático a la del líder, en el poder legal el ciudadano obedece al “ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de las mismas”.

Se pueden distinguir tres significados de acuerdo con los diversos niveles en que se considere la relación entre la ley y el poder. El primer nivel es el de la relación entre la ley y la persona del príncipe (aquí el príncipe debe gobernar de acuerdo a la conformidad con las leyes que son superiores a él), el segundo nivel es el de la relación entre el príncipe y sus súbditos (aquí la idea del gobierno de las leyes está relacionada con la promulgación de las leyes) y el tercer nivel es el de los casos particulares (aquí el principio de legalidad consiste en exigir que los jueces decidan las controversias que se les someten de acuerdo con prescripciones establecidas en las normas legislativas, respetando la ley existente al momento del hecho). La importancia del principio de legalidad está en el hecho que asegura el valor de la certeza y el valor de la igualdad en cuya realización consiste la función del derecho.

“Crisis en el modelo de estratificación social, participación y representación política”. Bercholc .

La emergencia permanente del Estado democrático. Crisis en el modelo de estratificación social, participación y representación .

En Latinoamérica muchos Estados de la región se encuentran en situaciones de crisis que devienen en procesos de excepcionalidad institucional, jurídica y normativa.

El estado de emergencia se ha transformado en una constante y las normas de excepcionalidad se derivan a múltiples áreas normativas.

Hay efectos observables, en los clivajes referidos que merecen ser analizados con detenimiento antes de categorizarlos.

Nos hallamos ante suma emergencia y crisis coyuntural o nos enfrentamos a un proceso de desestructuración de un modelos político-institucional típico y a la emergencia de uno nuevo, que transforma en residual todo lo anterior.

Si se corroborara tal hipótesis, la emergencia no sería coyuntural sino que implicaría un cambio de paradigma, que en las actuales circunstancias se asemeja a un cambio de época.

Es que no hay clivaje que no esté hoy sujeto a las tensiones de la emergencia permanente, del cambio de paradigma.

Los conflictos sociales no son los que eran. Una nueva estratificación social irrumpe en la vida cotidiana. Es un conflicto de ciudadanos que se “desciudadanizan”, en tiempos en que se consagran bienes jurídicos tutelados de 3ra y 4ta generación.

El poder ejecutivo legisla a través de decretos de necesidad y urgencia que se transforman en moneda corriente y agencias estatales descentralizadas desarrollan una tarea normativa en expansión constante y de dificultosa comprensión para la mayoría de los ciudadanos.

El poder judicial adquiere un marcado activismo y protagonismo en todas sus instancias.

El poder legislativo, cede ante lo que se da en llamar el decisionismo estatal, la delegación de facultades y la democracia delegativa.

El monopolio del poder de represión del Estado, parece insuficiente en términos cuantitativos ante los nuevos conflictos de una sociedad de excluidos e incluidos.

Nuevos actores no institucionalizados ganan la calle en busca de dar respuestas que el Estado de derecho no puede dar. A su vez, las instituciones que deben servir de poleas de transmisión de demandas muestran su impotencia para canalizar y dar respuestas a las variadas, contradictorias y excluyentes demanda provenientes de un cuerpo social altamente fragmentado.

Paralelamente a estos focos de tensión, los cambios tecnológicos resultan de una magnitud excepcional, que rompen con las estructuras de codificación modernas, generando nuevas sintaxis y modelos comunicacionales de representación y construcción simbólica de la realidad y dificultades de comprensión de esos procesos de cambio, potenciando así la exclusión del sistema educativo y comunicacional.

Estas novedades exponen a las instituciones a nuevos desafíos. Las recurrentes emergencias generan constantes cambios, adaptaciones y reacomodamientos de los sistemas jurídicos a ese estado de cosas. Esas adaptaciones se llevan a cabo con poca prolijidad.

Cuando el funcionamiento del sistema político se desarrolla en un escenario complejo extendido temporalmente, habrá llegado la hora de examinar el problema de otro modo. Es posible que existan dificultades estructurales e intrínsecas que les impiden un funcionamiento eficaz.

Las delegaciones legislativas de emergencia devienen en fenómenos “decisionistas” de facultades hacia el Ejecutivo en detrimento del Legislativo. De algún modo, deben reflejarse como actos normativos jurídicamente válidos.

En el marco de la clásica división de poderes, los procesos delegativos tienden a que fluya al Ejecutivo, cuyo control queda en manos del Judicial vía el ejercicio de la facultad de control de constitucionalidad.

En este esquema, el Parlamento, queda vaciado de funciones específicas y solo tiende a legitimar el proceso de toma de decisiones delegado.

Dicho esquema se relaciona con la mimetización del Parlamento con las estrategias partidarias, más aun si el oficialismo tiene mayoría en una o ambas cámaras. El Parlamento tiende a transformarse en una institución donde son representados los partidos políticos, los legisladores deben alimentarse con las necesidades y líneas de acción partidarias.

Si el Parlamento delega al Ejecutivo la /producción legislativa/ y si la /acción de control/ se ve inhibida por su cooptación institucional, se dificulta encontrar canales viables para el desempeño eficiente y conducente de la institución.

La tarea de control queda así en manos del Poder Judicial, con la mera interposición de una demanda judicial sin otra mediación que la de un abogado que dirija la presentación.

Este proceso entre el Ejecutivo y el Judicial es lo que genera la mencionada “/judicialización de la política/” o la “/politización de la justicia/”.

Hablamos de doble vía porque esto es impulsado tanto por el Poder Judicial, como por el Ejecutivo; el primero por su tendencia a restringir su conducta de autolimitación y el segundo por requerir la legitimación judicial.

Así planteado, el debilitamiento del Parlamento y el reforzamiento de los controles judiciales, operan como una seria dificultad teórica para las doctrinas “democráticas parlamentaristas”.

Sobre la participación: estratificación social, expansión de la ciudadanía y nuevos modos participativos .

En un Estado democrático, la participación política de los ciudadanos requiere ser canalizada a través de partidos políticos que contengan y transmitan las demandas de la ciudadanía hacia las instituciones estatales.

El caso de la representación corporativa ha sido útil para la participación democrática, en particular ante el cambio de las características de los partidos políticos con su metamorfosis desde los partidos de masas hasta la versión mediática que predomina en la actualidad, de la mano de los cambios tecnológicos y comunicacionales, y su influencia en la modificación de las conductas y las pautas culturales, sociales, económicas y políticas de la población.

Las novedades en el modelo de estratificación social producen modificaciones en los modos de participación. La relación /incluidos-excluidos/ genera una nueva modalidad de diferenciación social en el esquema del sistema de dominación. Ahora el dualismo impone una estratificación exclusiva del sistema para aquellos individuos con escasa calificación laboral y pobre evolución educacional. Aquel que no tenga las capacidades y saberes adquiridos vera comprometida su inserción en el mercado laboral, cada vez más exigente con la formación de los trabajadores.

Los excluidos carecen de representación corporativa y los partidos políticos solo les ofrecen planes de asistencia social de corto plazo y meramente de subsistencia.

Así aparecen fenómenos de participación política no institucionalizada.

El proceso de desciudadanización es paralelo a un proceso de expansión de la ciudadanía a partir de la consagración de nuevos derechos, garantizados por los textos constitucionales, que general una proliferación de ONG’s especializadas en cuestiones diversas.

A veces partidos políticos mediatizados que asumen la comunicación política vía medios masivos de comunicación como una de sus tareas esenciales deben adquirir las formas comunicacionales de los /mass media/, simplificación y reduccionismo de una realidad compleja y contradictoria, y los mensajes ambiguos que, emitidos a un receptor masivo, impide a fines estratégicos, la asunción de compromisos explícitos y profundos en sus enunciados discursivos.

De ello resulta la participación popular que presenta una avalancha de demandas altamente fragmentadas, que no encuentran en los partidos políticos un canal institucionalizado eficaz para ser escuchados por el poder político.

Sobre la representación: límites y complejidades de la representación política .

La teoría de la representación se enfrenta a limitaciones y complejidades varias.

El modo de realización de la representación, su control, el ámbito de su realización, las características y/o dimensiones representables y el proceso de selección de los individuos que representaran a los titulares de la soberanía política implican distintos niveles de complejidad y dificultad para eficaz realización de la teoría.

La representación, la reproducción de un objeto a través de un signo, implica “/simulación/” que, además de reproducir, representar e imitar también puede significar, /fingir engañar, mentir/.

Los distintos signos que contribuyen a dar significación a un proceso representativo como medio para representar y reproducir objetos, ideas o sujetos colectivos, resultan el arte de la simulación, el medio por el cual, también se puede mentir, engañar, fingir o montar una estratagema.

Desde la existencia de sociedades masivas, con heterogeneidad de intereses que conviven en ella, se ha ido ampliando la necesidad de la representación política y social en el seno de las instituciones de gobierno.

Como materializar fiel y eficientemente la idea de que “/el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes…”/, según el art. 22 de la CN.

Además de la dificultad en el correlato de los intereses en conflicto en las sociedades modernas, los que se diriman políticamente, habrá que observar cómo se efectivizan los mandatos, el modo del ejercicio de la voluntad de los representados por parte de los representantes, y si aquellos cuentan con medios de control de los que hacen en su nombre.

En esa ardua cuestión, suelen distinguirse tres modelos de ejercicio en la representación política:

-Delegativa (el representante carece de margen de maniobra, de iniciática y de autonomía; debe respetar los deseos de los representados).

-Fiduciaria (lo que guía al representante es su interpretación del interés de los representados de acuerdo a su percepción; el representado delega la interpretación de sus intereses en el representante);
-Sociológica (se preocupa más por la fiel representación del conjunto social que de los individuos; un tipo eficaz de esta representación reproduce como un espejo las características del cuerpo social en la institución representativa).

Estos modelos son “tipos ideales” al estilo weberiano, pero sirven para elaborar hipótesis.

El déficit de las dimensiones representativas en el Parlamento .

Al déficit de representación en el Parlamente lo conforman dimensiones representativas deficitariamente reflejadas en el Parlamento.
-Escasa correlatividad entre los representantes y los representados como reflejo fiel del nivel socioeconómico, educativo, de género, cultural y profesional de la sociedad.

-La imagen del Parlamento, relacionada con el ejercicio del debate. Este tipo de representación simbólica confronta con la representación inicial que imponen como modelo de representación de la realidad los medio de comunicación audiovisuales.

-Escasa visibilidad y transparencia de quien es el representado.

-Escasa correlación entre el mandato obtenido y las decisiones efectivas que se asumen.

¿A quién representa el parlamento?

La escasa visibilidad y transparencia respecto de quien es el sujeto representado no llevan a una especie de “/nuevo mandato imperativo/” que le imponenen a los legisladores las cúpulas partidarias.

A partir de la influencia de las elites diligénciales de los partido, la vida parlamentaria no refleja la relación entre representante y representado. Ha aparecido el partido político, quien en realidad es el gran elector que selecciona a los candidatos en procesos poco transparentes y cupulares.

La tradición parlamentaria anglosajona relaciona al parlamentario con los intereses generales y en modo alguno con intereses locales o de bloque. Sin embargo, el peso e influencia de los partidos en el proceso de selección interno, da por tierra dicha ficción.

El Parlamento adopta criterios vinculados a la lógica de las mayorías electorales. Queda reflejada la dialéctica mayoría/minoría, en detrimento de la tradicional dualidad Gobierno/Parlamento.

La vida parlamentaria queda así reducida al acompañamiento que estará en condiciones de imponer el Gobierno a favor de su acción ejecutiva. Incluso obteniendo facultades delegadas excepcionales.

El Parlamento, cooptado su ámbito representacional por los partidos políticos, reflejara todas las disfunciones, crisis y transformaciones que aquejan a estos.

“Presidencialismo vs. Parlamentarismo”. Linz .

En los sistemas parlamentarias, la única institución con legitimidad democrática es el Parlamento, y el gobierno que deriva de su autoridad con la confianza o aprobación del Parlamento.

Dos cosas sobresalen en los sistemas presidenciales. Una es la clara legitimidad democrática del Presidente, en muchos casos con un fuerte componente plebiscitario aunque a veces basado en menos votos que muchos primeros ministros de sistemas parlamentarios con gabinete en minoría, débilmente legitimado por el electorado. Un sistema presidencialista, le da al Presidente los atributos del Jefe de Estado, representante de la nación y los poderes del Ejecutivo.

En un sistema presidencial, los legisladores tienen también legitimidad democrática y es posible que la mayoría de estos representen a opciones distintas a las del Presidente.

La segunda característica de los sistemas presidenciales es el hecho de que los Presidentes son electos por un periodo de tiempo, que en circunstancias normales no puede ser modificado, y a veces debido a cláusulas que prohíben la re-elección, no pueden ser prolongados. El proceso político se divide entonces en periodos discontinuos y rígidamente determinados sin posibilidad de reajustes periódicos en la medida en que los acontecimientos políticos, sociales y económicos lo requieran.

Por otro lado, las constituciones presidencialistas muestran una profunda desconfianza hacia la personalización del poder. Por lo tanto introducen muchos mecanismos para limitar el poder que puede convertirse en arbitrario. Si fuésemos a aceptar la tendencia Latina al personalismo en el carácter y la cultura política de la sociedad, cabría poca duda de que algunas de esas tendencias son reforzadas por el orden institucional.

/El proceso político en democracias presidencialistas y parlamentarias/.

Algunas de las disposiciones legales en las constituciones presidenciales y alguna de las reglas no escritas que diferencian ambos tipos de democracias. Debemos discutir otros temas, por ejemplo, como se estructura la competencia política en un sistema en el cual el Presidente ha de ser electo directamente por el pueblo, el estilo en el ejercicio de la autoridad y poder, las relaciones con el Presidente, la clase política y la sociedad, y la forma en que el poder será ejercido, y los modos de resolución de conflictos.

La sensación de tener un poder independiente, da al Presidente un sentido de misión a cumplir y de poder que contraste con el peso real del porcentaje que lo elegido.

Las elecciones presidenciales tienen la ventaja de permitir que el pueblo decida quien lo gobernara por un periodo de tiempo, en lugar de dejar esa decisión a los políticos. El Presidente tendría un mandato directo del pueblo. Si no se requiere un porcentaje mínimo, el elegido podría tener un porcentaje muy bajo y sería incapaz de sentir que tiene un apoyo plebiscitario popular. Normalmente los dos candidatos de los partidos mayoritarios se turnan en la primera o segunda vuelta. Una de las consecuencias de la confrontación entre dos candidatos viables, es que previo a la elección es probable que se formen coaliciones. En un sistema de partidos, estos pueden lograr una importancia desmedida respecto a su caudal de votos. Esto facilita diferenciar la influencia de los extremistas.

Se puede decir que la mayoría del electorado se encuentra al centro del espectro político y está de acuerdo con la exclusión de los extremos.

En una elección de una sola vuelta, ninguno de los candidatos más fuertes puede ignorar la mayoría necesaria.

/Estilo de hacer política en los regímenes presidencialistas/.

Alguna de las más importantes consecuencias de los regímenes Presidencialistas, surgen de la naturaleza del cargo: los poderes asociados a él y los límites que le imponen. La presidencia es por naturaleza bidimensional, pues el Presidente representa a toda la Nación y a una opción política.

Las dimensiones simbólicas son difícilmente reconciliables con su rol político luchando por implementar su plan de gobierno. No es siempre fácil ser el elegante orador y el demagogo. Un sistema presidencial en comparación con una monarquía parlamentaria, no permite la diferenciación de roles.

Un presidente no es como un Primer Ministro, quien como miembro del Parlamento todavía pertenece a un cuerpo mayor en el cual se tiene que lidiar como un igual. Un Presidente, por otro lado, dado su rol de Jefe de Estado no tiene que tener esas relaciones pues tiene la libertad de recibir o no a sus oponentes. Además, el oponente derrotado ocupa una posición ambigua pues al no tener puesto alguno y no ser parte del parlamento, no puede actuar con respecto al Presidente del mismo modo que lo hace el líder de la oposición parlamentaria en Westminster.

Dada la inevitable posición estructural, no es raro que el pueblo piense que tiene más poder de que tiene o debería tener. La interacción entre un Presidente popular y las masas puede generar un clima de tensión política y agitar a sus oponentes.

La elección libre por el Presidente con sus colaboradores, la opción de relevarlos cuando sus posturas le son indeseables, y la incapacidad de ellos de regresar al Parlamento con una base independiente de poder como representantes, para cuestionar allí y en reuniones partidarias la política del Primer Ministro, hace que hagan falta personas de carácter firme en el gabinete presidencial. Un Presidente puede proteger a sus ministros de la crítica, mucho más de lo que puede hacerlo un Primer Ministro, los cuales pueden ser censurados por el Parlamento.

/El problema de la continuidad y discontinuidad/.

Las ventajas del régimen presidencial es que asegura la estabilidad del Ejecutivo. La imagen de inestabilidad de un gobierno parlamentario, se puede ver en la 3ra o 4ta República francesa. En algunas comparaciones se olvida que las democracias parlamentarias han sido capaces de producir gobiernos estables. Se desconoce que el parlamentarismo permite sustituir al Primer Ministro. Puede ser remplazado por su partido o por una nueva alianza, sin que esto provoque una crisis institucional.

Excepto que la alineación interna del Parlamento haga imposible la formación de un gobierno, el mismo sería capaz de lograr un nuevo Primer Ministro. En casos de crisis más serias, la alternativa seria llamar a elecciones.

Los Presidentes son elegidos para el cargo por términos fijos, lo cual le da mayor rigidez al proceso político en caso de necesitar sustituirlo. Aunque existen los mecanismos para hacerlo sin violar la Constitución. Esta rigidez no permite vacíos de poder ni interrupciones, aunque nadie puede asegurar que los votantes han elegido a Vicepresidente para ocupar el cargo (por ejemplo, las protestas en Brasil frente al impeachment).

La renuncia bajo presión genera una crisis política mucho mayor. Es difícil imaginarse la sucesión siendo resuelta entre los líderes políticos sin llevar al pueblo el debate y sin usar la amenaza de instituciones no democráticas como un juicio o la intervención política de las FFAA. Los conflictos no pueden permanecer ocultos en los pasillos.

La democracia es por definición un gobierno temporal, en el cual el electorado puede hacer rendir cuentas a los miembros del gobierno. Es probablemente la garantía mayor contra la omnipotencia y el abuso del poder. Tiene también consecuencias, ya que ningún gobierno puede asegurar tener tiempo para implementar sus promesas; y todo gobernante democrático querría asegurarse la continuidad en un largo periodo de tiempo. La concentración de poder en el Presidente ha conducido a muchos regímenes a limitarlo a uno o dos mandatos.

/ ¿Si no lo hace el presidencialismo, el parlamentarismo garantizara la estabilidad democrática?/

Un Primer Ministro fuerte, que pueda garantizar un proceso de toma de decisiones responsable, fortalecer el papel de los partidos políticos mientras asegura las oportunidades para una competencia genuina, limita la fragmentación política, por mencionar solo algunas características deseables.

Un hibrido no es preferible al régimen parlamentario.

Todos los regímenes dependen de la disposición de la sociedad y de la contribución a su estabilidad de las instituciones y fuerzas sociales más importantes. Dependen también del consenso para legitimar a la autoridad por vía democrática. Todos los regímenes dependen de la capacidad de los líderes para gobernar. Depender de las cualidades de un líder político, puede significar grandes riesgos.

“Los procesos de Descentralización en sistemas políticos democráticos en vías de consolidación”. Bercholc .

¿Por qué y para que descentralizar?

Hay múltiples respuestas, como pueden ser la mayor legitimación al sistema político; mejorar la calidad de gestión proveyendo a la calidad institucional; lograr eficiencia en la toma de decisiones, en los procesos económicos y en la provisión de servicios públicos; desburocratizar; controlar al poder político.

Complejidades en la justificación teórica de la descentralización en articulación con la democracia.

El sustrato teórico es variado y presenta matices contradictorios.

El más utilizado es el argumento prodemocrático de la participación. También el de la transparencia y el control de gestión de cuño mas /republicanista/; la desburocratización y la eficiencia que parecen responder a criterios /sistémicos/ y el principio de /subsidiariedad/ que puede ser leído en clave neoliberal o democratista.

Uno de los fundamentos es el que rescata los beneficios que, para “democratizar la democracia”, traería la participación más directa y cercana a los ciudadanos. Es un debate crucial de la ciencia política que no está en absoluto saldado.

En general se acepta que lo intrínsecamente bueno de un proceso de este tipo es aquello que genera una mayor cercanía y aproximación de la población con los dirigentes que directamente toman las decisiones, en pos de superar la apatía ciudadana.

En este caso hay una comunicación fluida y una sensibilidad mayor porque el dirigente que convive con los ciudadanos comparte con estos el espacio público. Y ello resulta plausible en tanto dicho funcionario tenga los recursos necesarios para responder a las demandas.

Si se produce un eficiente funcionamiento del sistema que redunde en demandas ciudadanas genuinas y respuestas de las agencias congruentes, rápidas y satisfactorias en un nivel cuantitativo y cualitativo aceptable, se resolverían varios problemas relacionados a la legitimidad política.

El nivel de legitimidad sería adecuado desde la perspectiva de la demanda ciudadana por su correlación con las necesidades de los individuos.

Pero, debemos advertir que dicha cercanía puede tornarse contraproducente para la legitimidad, e incluso complicarla, si las agencias estatales no poseen los recursos necesarios para dar rápida, eficaz y satisfactoria respuesta a las demandas.

Estos diseños de control buscaban evitar que las presiones dadas por la cercanía entre demandantes y demandados generaran esa polea de transmisión de demandas con sanción de normas positivas. Esto nos lleva a un problema de gobernabilidad.

Podríamos decir que el problema no es la apatía o la escasa participación, sino que hay un problema en las poleas de transmisión de la democracia y esto lleva a la creación de mecanismos de participación informal.

Si justificamos desde una visión democratista la viabilidad de un proceso de descentralización, debemos afinar la idea respecto al tipo de democracia que pretendemos y a sus condiciones objetivas de posibilidad y de desarrollo eficaz. Más allá de gustos y preferencias en clave teórica, habrá que cuidar que la cercanía y participación no terminen complicando sistemas políticos que están sometidos a disfunciones en el proceso de la toma de decisiones tanto en las agencias estatales como en las organizaciones representativas.

Una de estas disfunciones es el denominado clientelismo/, atribuido a las estructuras excesivamente burocratizadas. Por eso es que se argumenta que la descentralización ayudaría a resolver esta problemática.

El cumulo de demandas sin los recursos para llevar a cabo políticas tendientes a satisfacerlas puede generar todo tipo de complicación y también la profundización de los problemas que genera el clientelismo.

Otra justificación seria la “republicanista”. SI observamos el origen del sistema de frenos y contrapesos y su relación con el control del poder político, su versión histórica más conocida es la consolidación del proceso constitucional de USA.

Con esta clave se puede justificar la plausibilidad de un proceso descentralizador del poder en términos de transparencia en los actos de gobierno, de control en el ejercicio del poder, de mayor limitación a partir del proceso de cesión de competencias y de fragmentación del poder central que se tornaría omnímodo y autocrático.

Saliendo de la matriz “democratista” de la participación y profundizando en mecanismos efectivos de transparencia y fragmentación del poder, deben desagregarle distintas áreas posibles que deberán mensurarse para efectuar análisis comparados realísticos sobre viabilidad y plausibilidad del proceso de descentralización. En este sentido, hay que distinguir en dos niveles: la /descentralización del poder/ y la /descentralización del proceso de toma de decisiones a nivel federal.

La tercera justificación es la /sistémica/. En estas teorías pueden encontrarse justificaciones importantes para sustentar un proceso de descentralización.

El proceso de desburocratización y la cercanía del individuo demandante respecto a la agencia estatal, está implicando un proceso de burocracia más simple que pueda dar respuestas más efectivas y rápidas.

Aquellos entes que deberían renunciar a poder político, que lo hagan voluntariamente; es esta una lección básica de ciencia política ya enunciada en la “ley de hierro de las oligarquías”. En su investigación sobre el Partido Socialdemócrata alemán, Mitchels sostuvo que todo proceso de organización conlleva un proceso de oligarquizacion y de burocratización, con la generación de intereses propios de organismos burocráticos, sean estos de cualquier nivel: estatal, subestatal, nacional, provincial o de organizaciones partidarias.

No deben sustentarse procesos de descentralización que contemplen voluntarismos inexistentes en el juego del poder, como ser una renuncia voluntaria o graciable del poder que se detenta y de los recursos financieros que dicho poder conlleva.

Un hipotético proceso de desburocratización llevado a cabo mediante la descentralización podría generar una superposición de estructuras burocráticas.

Los espacios económicos ampliados hacen menester el desarrollo de instituciones jurídico-políticas que responden a las necesidades del nuevo escenario comercial y financiero.

El entramado del orden jurídico global es sumamente complejo. La proliferación de organizaciones y normas no tiene una autoridad central superior y presenta las características de alta fragmentación y asimetría y existe además una suerte de superposición de funciones. Hay alrededor de 1850 organizaciones incluyendo a la ONU y sus agencias.

Se debe ser prudente ante el impulso de desburocratización, pues la proliferación de entes descentralizados está produciendo una evidente superposición de estructuras burocráticas y una abundancia normativa.

En el marco de criterios de racionalidad economicista el proceso de descentralización puede hacer más eficaz a los servicios públicos (educación, salud, policía, etc.).

Algunos ejemplos recientes presentan resultados dudosos respecto a la eficiencia que se esperaba en estos procesos.

La ley federal de educación diseño un sistema que la descentralizaba la conducción de la misma, prolongaba la obligatoriedad de la misma y le daba más libertad a las escuelas para que lleven a cabo su propio proyecto educativo. Esto significo que la financiación, administración y programación pasaran a manos de los gobiernos provinciales.

Por último, la justificación por aplicación del principio de subsidiariedad. Este principio pretende limitar la esfera de acción de los entes estatales sosteniendo que todo lo que puede ser bien y eficazmente hecho por los individuos, no debe ser intervenido por el Estado. El principio tiene por objeto garantizar que el proceso de toma de decisiones este lo más cercano posible al ciudadano.

Podrían rescatarse dos opciones de este principio; en clave conservadora, que persigue la eficiencia económica de sistemas descentralizados y la no intervención de esferas individuales; y en términos de la enunciación por parte de la UE, en la búsqueda de consenso y niveles de legitimidad funcionales para las instituciones supranacionales que podría enunciarse de esta manera.

/El sujeto colectivo social destinatario de la descentralización/.

Dependiendo de la justificación teórica en la que se sustente el discurso podremos identificar un tipo de sujeto colectivo social diferente para el que se está destinando los supuestos beneficios del proceso.

La justificación democratista estará más preocupada en la dimensión popular del sujeto.

La dimensión del sujeto colectivo ciudadanía entendido como titular de derecho y obligaciones, preocupado por el control de gestión, por la eficiencia de las agencias estatales, por la preservación de las esferas de acción individual, se asocian con los criterios más próximos a las justificaciones “republicanistas”.

La acepción del ciudadano activo e interesado en las políticas públicas, también guarda alguna relación con las construcciones tradicionales que la democracia he hecho del concepto de ciudadanía, entendido como un proceso racional de dialogo que como tal requiere de ciudadanos interesados, instruidos y participantes activos de la vida política y preocupados por el control de los actos de gobierno.

Las recientes construcciones en el derecho positivo de normas que protegen a los consumidores aliente la construcción de un nuevo sujeto colectivo social, el de los consumidores. Estos gozan de los derechos que les otorga su carácter de contratantes, en su carácter de usuarios, sin embargo esos derechos no van más allá de la exigencia y las garantías de una buena prestación. Este tipo de sujeto resulta consecuencia de los que hemos denominado justificación “sistémica”.

Estas categorías analíticas pueden presentar diversas combinaciones que como consecuencia genere sobrerrepresentación política en las demandas de algunos segmentos de la población general de un Estado y sub-representación en otros.

Por sobre-representación política debemos considerar los casos en que un mismo sector social o individuos detentan las calidades de /pueblo o ciudadano/ activo e interesado en la cosa pública y titular de derechos y obligaciones; /ciudadano/ preocupado por su esfera /individual/ de acción y /consumidor/ por tener la capacidad económica para serlo.

Por sub-representación debemos entender lo opuesto, aquellos individuos o segmentos sociales huérfanos de todo tipo de representación que dificultosamente pueden ser incluidos en algunas de las variables representativas propuestas.

La dimensión representacional no necesariamente va a ser suplida por un proceso de centralización. Está claro que depende de cual alcance democrático le otorguemos la descentralización.

/Descentralización y globalización/.

¿Cómo articular los procesos de descentralización con los procesos de integración supranacional y la globalización? Estos últimos se caracterizan por ser procesos de centralización política, de concentración económica y de homogeneización cultural.

De un proceso de descentralización se espera lo contrario: descentralización política, desconcentración económica, brindando recursos a los entes subástateles y respeto a las heterogeneidades y particularidades culturales.

En definitiva, los procesos de descentralización estarían en las antípodas conceptuales, teóricas y dinámicas de los procesos de globalización e integración.

La presión ejercida por la cesión de competencias hacia los órganos supranacionales y, por otro, la presión hacia debajo de los organismos subástateles, que son casi inacabables, porque en un nivel subestatal se hallan las provincias, como es el caso de los landers en Alemania o las comunidades autónomas en España. La cesión de competencias no es infinita y de algún modo se terminaría vaciando de competencias a algunas de estas estructuras burocráticas que se superponen.

La fuerza centrípeta de la supranacionalidad se vincula a necesidades económicas que persiguen la eficiencia y funcionalidad de los procesos económicos para lo cual resultan útiles los ámbitos de decisión centralizados que respondan a criterios de evaluación economicista y no político. La fuerte competencia comercial impulsa procesos de centralización en pos de la preservación de la competividad de las económicas nacionales en el marco de la globalización de los mercados.

La fuerza centrífuga de la descentralización por la que pugnan las regiones subástateles, busca la preservación de las identidades socioculturales y la participación democrática en el proceso de toma de decisiones.

Así se produce una fuga de potestades y de poder político para los estados nacionales por arriba y por abajo. A ello hay que sumarle las presiones comunales y municipales que presionan a su vez a las entidades subástateles por la importancia de las grandes ciudades en algunas regiones.

Ambos procesos resultan complejos en su articulación teórica y fáctica.

“La conformación del Federalismo Argentino: Esquema para su interpretación”. Barile .

/La ciudad como provincia/.

Pensar a la ciudad como provincia y pensar a una provincia como Nación, es comenzar a desandar el problema del Sistema Federal de Gobierno Argentino. En el periodo colonial, Buenos Aires fue la principal ciudad del virreinato y único puerto de comercio con la metrópoli. Este conjunto de relaciones permitió la conformación de un territorio interconectado a través de un conjunto de instituciones que podemos denominar Colonia. El mismo poseía un circuito comercial interno y externo, que relacionaba diferentes productos regionales, conformando un entramado institucional que aseguraba una forma de apropiación del excedente económico.

Con la ruptura de ese orden el entramado institucional dejo de tener sentido como ordenación del territorio que ocupaba la colonia. La única ordenación efectiva del territorio que siguió en pie fueron las ciudades pero sin una articulación coherente. Por esto, cuando se habla de federalismo, es incorrecto pensar en una provincia, sino en ciudades y su territorio aledaño.

Cuando se utiliza el término ciudad, retomamos la idea de Souza “ como espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder ”. Se considera importante entender que el territorio existente y el que se producirá al finalizar el proceso de institucionalización, es un territorio en construcción.

Para poder comprender la relación que existe entre dos ciudades, se considera indispensable introducir el término institución tal como lo define el Neo institucionalismo

Económico: “… reglas y normas, formales e informales que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles de una organización social .”. A la clásica definición le podemos agregar las apreciaciones de Manzanal, quien advierte “… estas instituciones se originan como proyecto simbólico de diferentes organizaciones para regular determinadas actividades y/o funciones y que como tales representan los intereses de sectores hegemónicos y/o dominantes de dichas organizaciones…” .

La ciudad funciona en el entramado de relaciones institucionales de la colonia como el núcleo que articula una serie de relaciones sociales, políticas y económicas. Por lo general estaban constituidas por un pequeño núcleo urbano y una extensión rural aledaña que dominaba. Al desaparecer el orden colonial, el núcleo de estas relaciones siguió existiendo. Si la ciudad articulaba un conjunto de relaciones sociales, podemos decir que también estaba inserta en un conjunto de relaciones que conformaban la producción de otro territorio (colonia). Al desaparecer este, lo que queda debe reconstruir esa institucionalidad necesaria para generar lo que posteriormente se organizó como República Argentina. Podemos decir que el periodo histórico que va desde 1810 a 1853, es la creación del mismo.

Sí bien se acepta que con la revolución de 1810 desaparece el orden colonial, no se puede asegurar lo mismo para todas sus instituciones. Deja de existir un factor de cohesión que organizaba y jerarquizaba los distintos territorios. En el momento de sancionarse la constitución de 1826, fueron consultadas 14 formaciones soberanas existentes en parte del territorio que ocupaba el virreinato del Rio de la Plata. Estas se fueron desmembrando del mismo desde la caída de la colonia, y se constituyeron en territorios soberanos.

Chiaramonte utiliza el término de “territorio autónomo” para referirse a las formaciones que resultaron de las fragmentaciones antes descriptas. Se considera más apropiado utilizar el término “territorio soberano”. Porque la acepción autonomía, se entiende como “Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios” . En ese momento no existía un Estado por lo tanto el uso jurídico del término sería incorrecto, por eso se opta por soberano. Segundo, también existe otra acepción de autonomía que contempla: “Condición de quien no depende de nadie”. Si el término se utiliza en esta segunda conceptualización, nos referimos a un uso general de la palabra autonomía. Se puede afirmar que un territorio soberano es autónomo políticamente, pero puede no serlo en sentido histórico- cultural.

Si la desaparición del orden colonial genera la fragmentación política, no generó la fragmentación económica. Las relaciones de este tipo que existieron en la colonia existían al amparo del monopolio comercial, que es lo que desaparece. La importancia de la ciudad puerto no termina, sino que se redefine. La trascendencia de lo que puede llegar a salir por el puerto como exportación será determinante en la nueva relación entre los territorios, principalmente de aquellos que tengan una ubicación geográfica próxima. Pero también será fundamental lo que entre por el mismo, dado que va a competir con las distintas producciones regionales.

Se considera que un SFG, no solo se debe discutir la forma de autonomía, sino principalmente en la viabilidad del territorio en su construcción. Está permitirá que ese territorio sea capaz de insertarse en el nuevo entramado de relaciones institucionales. La viabilidad de la parte permitirá construir la sustentabilidad del todo.

En toda construcción de territorio subsiste lo nuevo y lo viejo.

El sector dominante económicamente en la colonia, era el sector mercantil. La construcción territorial permitía que sea este sector el que se apropiaba del excedente. Su razón de ser era la de servir de enlace entre ciudades.

Entonces el capital comercial cumple las funciones de movilizar las producciones requeridas por el tráfico interregional y colocar las mercancías que recibe de otras regiones o de la metrópoli. Esta función solo se puede desarrollar al amparo del sistema de monopolio. Durante casi la primera mitad del siglo XIX, es el capital mercantil, el que ejerce ese monopolio, como así también en el rol financiero que cumplía su función era la de financiar la producción.

Con la ruptura del orden colonial el sector mercantil comienza a perder su lugar privilegiado. Poder político y poder económico se mezclan, se entrelazan sin importar la viabilidad de la localización del territorio. Esta alianza se genera a través de relaciones sociales. El particularismo regional o provincial surge cuando la estructura social y económica no permite al territorio desarrollarse por dentro del esquema que la estructura económica parece favorecer.

El periodo que va desde 1810 a 1853/60 es el periodo en el cual se desarrolla un nuevo entendimiento sobre las relaciones entre los estados, donde una clase social se puede transformar en clase dirigente y donde un sistema económico puede ser sustentable. Estas transformaciones fueron sujetas a una inercia centralizada, dado que el nuevo entramado institucional se basa en la primacía de un territorio y un estrato social que delineara el desarrollo argentino posterior.

/El sistema tributario/.

La producción mercantil cedió lugar a la producción agropecuaria destinada a la exportación como el sector dinámico de la economía del estado naciente. El estado que se crea entre 1853/60 tiene como principal problema la renta del puerto de la ciudad de Buenos Aires. La nacionalización del puerto daba viabilidad al nuevo estado, pero las provincias perdían su potencial de recaudación tributaria a través de sus propias aduanas interiores. La solución de este problema termina con la federalización de la aduana. La mayoría de las Provincias, pierden las aduanas interprovinciales. La relación del estado federal y la obtención de sus ingresos nos permitirá nominar lo que podemos llamar territorios viables e inviables en la nueva estructura institucional.

El nuevo territorio se constituyó sobre la base de un sector social. Este sector que podemos se beneficiaba directamente de actividades productivas y comerciales que generaban un excedente que permitía otras actividades internas. El estado federal se financiaba principalmente a través de la aduana. Las provincias obtuvieron la potestad de cobrar impuestos directos a las actividades productivas que se desarrollaban en ella. La constitución nacional plasma el reparto tributario entre la tributación directa como potestad provincial y la tributación indirecta como potestad nacional.

La apertura económica permitía mantener una fuente de tributación neutra. Los impuestos a la exportación perdieron peso relativo respecto de los impuestos a la importación. Esta apertura dejaba a la economía en un grado de vulnerabilidad hacia las coyunturas externas desfavorables, recurriendo a fuentes de obtención de recursos alternativas, como el financiamiento externo. Los recursos del estado provenían no de lo que se exportaba, sino por el contrario de lo que se importaba.

Si durante la Colonia el puerto fue una de las principales fuentes de ingresos. Luego de la caída de la misma, el puerto se había convertido en la mayor fuente de tributación de los estados que conformaban el virreinato del Rio de la Plata. En este escenario, a medida que crecía la importancia del puerto, descendía la autonomía de ciertos territorios provinciales. Sí este nuevo escenario se basaba en el libre comercio, y entraba en franca competencia con las producciones regionales, estas empezarían a desaparecer.

Desde la instauración del nuevo estado, las administraciones debieron dedicarse a crear el aparato administrativo-tributario del Estado. Uno de los principales problemas fue la desarticulación de las aduanas interprovinciales. La Nación debió viabilizar los presupuestos provinciales y el gobierno nacional debió subvencionar los mismos ya sea a través de aportes del tesoro o haciéndose cargo de servicios e infraestructura.

/Las provincias en la nueva estructura económica/.

La conformación territorial de la republica argentina, genera un estado que se puede erigir en el principal articulador de una serie de relaciones económicas, políticas y sociales. Esto se produce condicionado a un esquema que va a limitar su autonomía fiscal. Esto se logra debido al manteniendo de una política tributaria que no afecta al sector que se apropia del excedente agropecuario, sin autonomía fiscal respecto de dicho sector. Cuando existía un déficit presupuestario, el estado los cubría con endeudamiento externo. Todo esto condicionado a su vez por la coyuntura nivel internacional, la cual puede afectar el flujo de recursos ordinarios que necesita el estado para subsistir como tal.

Los distintos territorios que conformaron el nuevo estado, se vieron sujetos a esta lógica de integración. Para la mayoría de los territorios que integraban el Virreinato les fue muy difícil insertarse en el nuevo entramado institucional. Primero, porque la articulación entre ellos se asentaba en un proteccionismo sobre las producciones regionales. Con la independencia, el librecambio destruye muchas de estas economías. Segundo, la nueva forma de integración solo podía ser viable para aquellos territorios que participaran del comercio agroexportador. Aquí se ubican principalmente las provincias mediterráneas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Estas por su localización y ventajas comparativas podían participar del comercio agroexportador.

Se considera que el problema del SFG, no son las provincias del litoral. Sino aquellas que no pudieron integrarse al nuevo esquema de desarrollo que se estaba gestando en el siglo XIX. Las provincias ubicadas en el segundo grupo que no consiguen abastecer el mercado creado por la economía agroexportadora.

El esquema tributario provincial estaba dominado por dos tributos principales. Por un lado la patente, impuesto directo a actividades lucrativas. Y la contribución directa que afectaba al capital raíz.

Se puede concluir, desde un neo-institucionalismo crítico. Que el proceso de institucionalización del Sistema Federal de Gobierno Argentino, se realizó bajo las siguientes condiciones:

-La destrucción del orden institucional colonial, deja un puñado de territorios, con un núcleo de relaciones políticas, sociales y económicas, que no tienen correlato con la realidad.

-Los particularismos provinciales, resistencia de esas relaciones políticas, sociales y económicas que tienen una existencia real y que empiezan a chocar con nuevas relaciones del mismo orden que surgen como correlato del libre comercio internacional y la nueva forma de inserción capitalista del territorio a nivel mundial.

-Proceso de institucionalización que abarca un periodo de tiempo que se extiende desde 1810 a 1853/60. Y finaliza con la sanción de una Constitución que establece las distintas prerrogativas de los diferentes estados que integran el SFG.

-Este SFG, compuesto por territorios que por su localización y ventajas comparativas podrán ser considerados autónomos y sustentables en un sentido relativo estará sujeta a las distintas coyunturas de crisis del mismo sistema.

-Territorios carentes de autonomía e inviables, son aquellos que no pudieron, mantener su estructura productiva ya sea porque no pudieron resistir los embates del libre comercio o porque no fueron alcanzados por el eslabonamiento indirecto de la inserción del territorio al sistema capitalista mundial.

“Niveles de Legitimación y expansión de la Democracia en Argentina”. Bercholc .

/Una advertencia crucial/.

Una advertencia inicial es que la posibilidad de extensión de la legitimidad democrática estará vinculada a la percepción de los individuos de su utilidad práctica; a la capacidad que la democracia logre para resolver los problemas cotidianos que deben afrontar los individuos comunes. Esta percepción permite un análisis más rico respecto de su posibilidad de expansión y consolidación y deja confluir dos preguntas que han dividido las aguas en los debates teóricas, quien y como se denomina.

El paso de una /legitimidad tradicional/ a una /legitimidad racional, legal, burocrática/ requirió las percepción por los individuos-ciudadanos de la ciencia, como modo de conocimiento racional que además, es capaz de entregar respuestas practicas a sus problemas cotidianos. La democracia como modo de organización social sustentado en una legitimidad racional-legal no puede escapar a esa matriz; dicho de otro modo, la consolidación y expansión de la democracia, la superación de sus desajustes semióticos, se relacionara dramáticamente con su capacidad para resolver los problemas de los individuos.

/Análisis por niveles conceptuales/.

*Estado:* Es una organización institucional-jurídico-política que monopoliza el uso de la fuerza y que estructura a la sociedad. Esto lo hará de cuerdo a una forma de dominación típica. Dada su definición genérica, este tendrá características diversas que responderán a la estratificación social y a las instituciones que se originen.

*Régimen político*: Se entiende por régimen político al modo, el método, para la legalidad, el dictado, de las normas jurídicas y la modificación de estas; así como para el reclutamiento, selección y remoción del personal político que ocupa los roles en la administración estatal, para tomar decisiones políticas y para el control de legalidad de esas decisiones.

Esta categoría está comprendida en la de Estado por lo que siempre el Régimen Político será del Estado.

La categoría Régimen Político goza de un importante grado de legitimidad; que por definición habrá democracia aun como exigencia y umbral mínimo, cualquiera sea la perspectiva teórica que se utilice y ello sin perjuicio de las posibilidades de expansión y profundización de la democracia que ofrece el actual Régimen Político argentino.

*Gobierno:* Personal político que ocupa y desempeña los roles en la administración del Estado. Es la categoría que menos dificultades de legitimidad presenta, pero también la más inestable en cuanto a sus grados de consenso. En cada decisión política, podrá haber caídas o picos de legitimidad. Esta, estará directamente vinculada a su capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Un Gobierno con escaso apoyo popular podrá ser reemplazado en las elecciones siguientes y aun se le podrá llamar la atención en las municipales, provinciales o legislativas. Va de suyo que gozara de legitimidad de origen o genética.

La ciudadanía debe prestar consenso a la categoría Régimen Político, la que garantiza la posibilidad de relevo del elenco gubernamental con escaso apoyo y consenso.

El Régimen Político, está funcionando en nuestro país desde 1983 con continuidad institucional.

En 2001, el sistema dio respuestas a la crisis dentro de una aceptable performance institucional.

Es posible que las práctica de un Gobierno elegido democráticamente no sean muy democráticas; siempre y cuando esas prácticas no arrasen con el nivel del Régimen, esta garantizara el recambio del personal político y el resguardo del sistema.

*Clase política:* Son los individuos y organización dedicadas a la política, opinando, militando, participando en campañas, etc. que se desarrollen dentro de una organización que puja por el poder.

Los partidos políticos son el ejemplo de organización alrededor de la cual se nuclea la Clase Política; en algunos casos las ONGs pueden ser consideradas como parte de este grupo también.

En este nivel están las mayores contradicciones y dificultades a resolver dado el creciente desprestigio y falta de credibilidad.

Al problema se lo denomina en teoría como “/crisis de la representación/” y tiene varios ingredientes (poca correlatividad entre representantes y representados; escasa visibilidad y transparencia respecto de actitudes y decisiones políticas; escaso compromiso entre el mandato obtenido en campaña y el desempeño en funciones) que provocan un sentimiento de enajenación de alienación de la sociedad con lo público teniendo como consecuencia la apatía por la política y el desinterés por la cosa pública.

También hay otras cuestiones, mas vinculadas a los cultural-tecnológico-comunicacional, la nueva característica de los partidos “atrapa todo”, el desplazamiento de los “lugares” de la política a los espacios mediáticos, la profesionalización de los partidos que los burocratiza alejándolos aún más de la ciudadanía, la representación de la realidad simplificada que hacen los medios e impide la comprensión de los problemas complejos, el vacío de representatividad que generan los medio y, finalmente, la simulación del ejercicio de la soberanía popular delegada a los representantes.

*Sociedad:* Son las relaciones entre individuos y los grupos de los que forman parte y las clases sociales. Este nivel requiere del umbral mínimo de la legitimidad en el nivel Régimen, lo que se llama consenso político, pero este prestado exige la contraprestación corporizada de soluciones concretas a las demandas vinculadas a los problemas sociales.

La exclusión social deja a gran cantidad de individuos fuera del circuito productivo, que no impide su clasificación como excluidos socialmente.

El individuo sin estabilidad laboral sufre un “/proceso de desciudadanizacion/”. Su marginalidad lo deja fuera de los canones de la ciudadanía. El debilitamiento de la versión económica del Estado de Bienestar a través de las recetas keynesianas le impide el goce de los logros jurídico-político-institucionales del estado de bienestar.

Habrá que focalizar en el consenso social, así como observar los procesos culturales, que devengaran en un reclamo de mayor participación e interés por la cosa pública o de menor participación.

Las tendencias que se observen en este nivel presentaran nuevas tensiones y problemas a la democracia.

La manera en que se puede expandir la democracia en este nivel es con más democracia.

/Nuevas tensiones, nuevas dicotomías de legitimidad/.

Se ha dicho que durante 50 años existieron en el país ejes de legitimidad contradictorias.

La experiencia de años de crisis de legitimidad y de ejemplos contradictorios de consenso resultan de relativa validez y aplicación a los fines de la consolidación y expansión de la democracia en la actualidad.

Los desafíos resultan enormes y novedosos, por lo que las experiencias pasadas deben ser observadas con prudencia.

Algunos de estos ejes de contradicción emergentes pueden ser Estado nacional/Estado supranacional; Soberanía nacional/Soberanía compartida; Centralización política/Descentralización política y así la lista puede continuar.

Igualmente, hay razones para la satisfacción como pueden ser la relativa y apacible consolidación y legitimación del Régimen así como ciertas posibilidades expansión en algunos niveles.

/La democracia, ¿se puede democratizar?/

El nivel /régimen político/ goza de apacible grado de legitimidad prestado por la /sociedad/ capaz de resolver crisis de consenso y aun practicas poco democráticas en el nivel /gobierno/, y ello a persa de dificultades y enigmas a nivel /Estado/, y de la crisis de legitimidad observable en el nivel /clase política/.

También se infiere de lo expuesto que un interrogante respecto a la advertencia crucial que efectué y la utilidad práctica del Régimen.

La pregunta sobre la posibilidad de expansión democrática en los niveles analizados puede tratarse de una cuestión de construcción de dicha expansión, lo cual indicaría que la matriz democrática representativa, liberal, formal y política lo permite.

Conocida es la posición asumida por Bobbio; él se refiere a lo que denomina “las promesas incumplidas de la democracia”: a) La tecnocracia (la aparición de técnicos en relación a la cada vez mayor complejidad a resolver); b) La burocracia (multiplicada por la necesidad de crear aparatos destinados a atender los requerimientos de la sociedad); c) La oligarquizacion (tanto de los partidos políticos como de la representación de intereses ante la imposibilidad de generar la prometido voluntad general); d) Las demandas crecientes (la imposibilidad de dar respuestas al aluvión de demandas de todo tipo y, en general, siendo estas contradictorias con la legitimidad); e) La información y la cultura de masas a través de los medios de comunicación masivos (generando sujetos pasivos y que consumen información masiva desconceptualizada y descontextualizada que impide la formación de individuos activos).

Este catálogo de falsas promesas de la democracia, son consecuencia de la sociedad moderna, sus problemas pueden ser intrínsecos de la democracia representativa y solo pueden ser resueltos con /más democracia/.

“Estado de Bienestar”. Pellicani .

/La revolución industrial y la cuestión obrera/.

El pasó de un redito per-cápita de subsistencia a uno en continua expansión, el progreso científico y tecnológico la organización racional del trabajo y la expansión demográfica han representado discontinuidades en desarrollo económico de Occidente. Estas han producido lo que Polanyi ha llamado “gran transformación” (la transición de la sociedad tradicional de base agrícola a la moderna sociedad industrial). El avance del industrialismo ha erosionado conjuntos de vínculos sociales, políticos y económicos; la gran transformación ha generado un proceso de movilidad social que ha sido también un radical proceso de desarraigo.

El mercado autorregulado es inhumano, para él no existen hombres sino mercancías. La comunidad es sustituida por la sociedad (es decir, por un sistema de relaciones puramente contractuales). Los trabajadores comprometidos en el ciclo manufacturero fueron considerados fuerza productiva. Nació, de esta forma, el “proletariado interno” de la civilización capitalista-burguesa; una masa de individuos despersonalizados. Las raíces de la cuestión obrera se encuentran en el sentido de abandono que advierten los trabajadores comprometidos en el ciclo productivo del /factory system/ más que en la penosidad del trabajo o los bajos salarios. La nueva clase dominante, se desinteresa de la dirección política de las clases subalternas. Y exige que el estado no corrija las leyes del mercado puesto que ve en cualquier intervención dictada por consideraciones extraeconómicas un atentado a la “natural armonía” que se determina a través del libre juego de la oferte y la demanda. El estado burgués es uno que protege al mercado (y garantiza que las normas para su funcionamiento no sean violadas). Los costos de esta transformación no son percibidos por el o son vistos como naturales. En el seno de la sociedad capitalista el surco entre las clases integradas y las masas proletarias se hace cada vez más agudo al punto de preceder a una escisión vertical en el cuerpo social. No es causal que tanto Marx como Disraeli vean la crisis de civilización como el encuentro entre dos ciudades recíprocamente repulsivas.

/la revolución de las expectativas crecientes/.

Es un hecho que la condición obrera fue vivida por los trabajadores como una intolerable degradación de la vida humana. Dos fenómenos concordaron para eso: el aislamiento moral del proletariado y una transformación de la mentalidad determinada por la difusión del credo democrático e igualitario. Un papel decisivo fue desempeñado por la revolución francesa. Las clases inferiores en el s. XIX comenzaron a reinterpretar su condición existencial a la luz de los nuevos valores proclamados y reclamaron la reorganización de la sociedad. Se sentían excluidos de la ciudad y por ello pretendían el pleno derecho de ciudadanía política y moral. Apremiaron a toda la sociedad para obtener un status igual al de los otros grupos que articulan la comunidad nacional. La protesta obrera nace del resentimiento colectivo contra la sociedad burguesa. El fenómeno es contagioso.

/Del mercado autorregulado al control social de la economía/.

La sociedad europea del s. XIX está caracterizada por un conflicto fundamental: por una parte existe una institución que trata de conquistar la plena autonomía de cualquier instancia no estrictamente económica; por la otra un valor, que se difunde en todos los ambientes sociales y que adquiere cada vez más vigor hasta hacerse una fuerza histórica. Ahora, el mercado y el principio de igualdad tienen exigencias incompatibles entre sí, puesto que el primero exige la no intervención estatal, mientras que el segundo postula que el Estado debe asumir la carga de eliminar los obstáculos que objetivamente impiden a los ciudadanos menos pudientes gozar de los derechos políticos y sociales formalmente reconocidos. Las luchas de la clase obrera y las alternativas políticas proyectadas por los pensadores socialistas tienen eso en común: quieren abolir el mercado o someterlo al control colectivo. La abolición del mismo implica la creación de un sistema distinto: la economía colectivista; el simple control significa el fin del /laissez faire/ y la creacion de una economía mixta. En Europa occidental no es la solución radical la que prevalece, sino la moderada, la solución del control social del mercado (el cual no es abolido sino socializado). De tal modo se verifica el pasaje del capitalismo individual al organizado. EL estado ya no se limita a desempeñar las funciones de guardián de la propiedad privada, sino que se hace interprete de valores que el mercado es incapaz de registrar.

Además de la acción de los partidos socialistas, dos fenómenos facilitan el pasaje del estado liberal al asistencial: el crecimiento de la riqueza y la “revolución keynesiana”. El primero ha primero ha permitido extender las ventajas materiales del industrialismo a categorías sociales cada vez más amplias.

La revolución keynesiana, ha conducido a la liquidación de la política del /laissez faire/ y al nacimiento de una nueva política económica basada esencial mente en la intervención estatal. A el concierne la tarea de ejercer una función directiva sobre la propensión al consumo a través del instrumento fiscal, la socialización de las inversiones y la política del pleno empleo. En este sistema, la iniciativa privada ya no es considerada el motor del progreso, puesto que el equilibrio del sistema puede ser garantizado solo por una política orgánica de intervención es estatales dirigidas a conjurar las crisis cíclicas. La obra de Keynes es considerada hoy como la plataforma científica sobre la que se apoya el moderno estado de bienestar.

/La política del estado de bienestar/.

El capitalismo individualista entra en crisis por dos razones principales: su organiza incapacidad de evitar las crisis económicas y por su insensibilidad frente a las exigencias de las clases sometidas. Para eliminar estos defectos estructurales del capitalismo la cultura occidental no ha encontrado otra solución que recurrir a la intervención estatal. De tal manera se ha verificado espontáneamente el choque entre la economía keynesiana y la política socializadora de los partidos socialdemócratas europeos.

El moderno estado asistencial brota del compromiso político entre los principios del mercado y las exigencias de justicia social avanzadas del movimiento obrero europeo. El encuentro entre los libréales y los socialistas en nuestro siglo se ha realizado a través de una mezcla de principios que parecían mutuamente excluyentes. El ala social-demócrata del movimiento obrero ha renunciado a la supresión del mercado, pero al mismo tiempo ha logrado permanecer la idea de regular la distribución de la riqueza según criterios no estrictamente económicos. De tal modo, el capitalismo ha sido socializado.

/problemas y perspectivas/ El /Walfare State/ puede ser concebido como la resultante de na verdadera revolución cultural, de un profundo cambio de las actitudes y las orientaciones ético-políticas de la opinión publica occidental que se ha manifestado de manera significativa después de la Gran Depresión. Solo después de la segunda guerra mundial. Los principios del estado de bienestar se afirman de manera casi irresistible gracias a la programación económica.

Sin embargo, la acción del estado de bienestar es duramente atacada. Para la izquierda la política del /welfare state/ es una racionalización del sistema capitalista y un modo para consolidar el dominio de la burguesía; mientras que para los liberales, el estado asistencial correo en sus raíces las estructuras y valores de una sociedad libre desarrollando una peligrosa tendencia hacia la burocratización de la vida colectiva y hacia la reglamentación estatista. Según estos críticos, toda intervención estatal es una amenaza a la libertad individual. Además el estado asistentencial reduce la eficiencia del sistema y frena la expansión económica.

A estas críticas, los partidarios del welfare state responden recordando que la solución colectivista impulsada por los marxistas hasta ahora ha llevado al dominio burocrático y totalitario y que la economía del laissez faire ya ha cumplido su ciclo.

“Elementos para una teoría de los estados supranacionales. La dinámica política y económica de la globalización”. Bercholc .

La globalización como proceso histórico .

La tan mentada globalización es un proceso que algunos autores dan por iniciado con la conquista de América y la ocupación europea del Nuevo Mundo en los s. XV u XVI.

La razón de Estado que impulso Maquiavelo en “El Príncipe” están determinadas por la necesidad de centralización política del Estado italiano, para dar una respuesta eficaz al proceso centralizador.

Marx y Engels describieron al proceso de la globalización como la necesidad de la burguesía de abrir el mercado global. Además, agregan que esta, la burguesía, convirtió la producción y el consumo de cada país en algo cosmopolita, remplazando el antiguo aislamiento por el comercio universal y la independencia de las naciones unas con otras.

Como se ve, el proceso de globalización dista de ser un nuevo fenómeno. Los economistas han identificado la segunda mitad del s. XIX como el inicio d este proceso, que se vio interrumpido por la Gran Depresión, aunque se renovó en el periodo de posguerra, produciendo un incremento sostenido de los flujos internacionales de bienes, capitales y personas. La década del noventa se caracterizó por la fuerza de las actividades globalizadoras y de regionalización.

La última etapa del proceso globalizador se inició después de la Segunda Guerra Mundial y presenta una novedad en perspectiva política y sociológica. La globalización no se sustenta ahora únicamente en términos de posesión y conquistas de territorios (como si podría pasar en la época de la conquista americana), sino que se apoya en las técnicas de comunicación y el poder de los medios masivos para imponer su lógica estructural y su lenguaje técnico especifico, lo cual produce repercusiones políticas, sociales y culturales.

La /homogeneización cultural/, implica también la extensión de pautas de producción y consumo de bienes materiales de forma homogénea y unidimensional.

La producción masiva de bienes necesitaba de cada vez mayor cantidad de mercados donde colocar los excedentes.

Las estrategias para ganar mercados y obtener más y mejores materias primas fueron variando de acuerdo al desarrollo tecnológico alcanzado y disponible.

La masificación de la sociedad está íntimamente relacionada con el modo de producción capitalista y la producción masiva de bienes.

Los procesos de integración de las sociedades nacionales, respondieron a la necesidad de competir por los mercados y ampliarlos.

Los flujos migratorios y su importancia para el proceso de homogeneización cultural .

Desde el eje de la /homogeneización cultural/, los flujos migratorios implicaron un modo de exportar pautas culturales y ganar mercados a fin de colocar los excedentes producidos por la revolución industrial y la producción masiva de bienes.

La “interdependencia entre los estados nacionales del mundo” ha ido en aumento.

Concentración económica y crisis de gobernabilidad de los Estados Nacionales. Las dimensiones económicas de la globalización .

El desarrollo financiero mundial ha creado grandes oportunidades de creación y desarrollo de negocios globales. Pero ha dejado en claro una debilidad institucional por la escasez de instituciones supranacionales que ejerzan tareas de control y dirección política.

En este contexto, se observa un gran incremento del comercio internacional. La participación de empresas del mundo desarrollado en el comercio internacional tampoco es un hecho nuevo; el fenómeno adquirió mayor relevancia después de la segunda guerra mundial.

La revolución tecnológica ha facilitado la internacionalización de los mercados económico-financiero, la ampliación de los espacios económicos que tienden a debilitar y soslayar las fronteras políticas y a superar por resultarle anacrónicos y disfuncionales a los institutos y agencias de los estados nacionales.

Las entidades económicas han invertido la relación y tienden a prescindir de los estados nacionales, desde que cuentan con mayor poder económico y político que los mismos. Dirigen sus estrategias desentendiéndose de cuestiones y necesidades políticas que pueden ser de interés de las instituciones estatales.

Estos indicadores de concentración económica refuerzan la descripción de una de las características salientes del proceso de globalización y su tendencia a transformar el mundo en un gran mercado, donde las organizaciones económicas se imponen a las organización políticas y en el que la cultura resulta ser un producto industrial más.

Los estrados resultan un estorbo para las necesidades financieras del capitalismo posindustrial.

Las cuestiones apuntadas hacen complejo el análisis de los procesos actuales pues se articulan en la base del conflicto.

Este proceso de centralización política, concentración económica y homogeneización cultura, convive con fuertes tradiciones centrifugas y de tradicionalizacion de conductas.

La tensiones entre efectos centrípetos y efectos centrífugos, se refleja en los contradictorias datos sobre la expansión de las multinacionales y los contemporáneamente muestra el aumento cuantitativo de los estados nacionales.

Esta concentración de intereses genera nuevos desafíos y respuestas estratégicas de las fuerzas más concentradas y hegemónicas.

/Globalización y hegemonía a través del comercio/.

En USA existen posiciones que impulsan la reformulación de las alianzas militares tradicionales por procesos de expansión. Esta estrategia, propone un cambio en la dinámica y lógica de las tradicionales alianzas militares estratégicas del país (que pasa de un concepto defensivo a uno expansivo a través de alianzas comerciales y económicas).

USA es el motor de la globalización, dado que se ve a sí mismo como el único país con intereses globales, y en espacial porque tiene el denominado dominio de los “espacios comunes globales”. Estos espacios, son aquello que no pertenecen a ningún país en particular, pero que posibilita a quien tenga sobre ellos dominio proyectar un poder sobre el resto de los países del mundo.

Esta nueva forma de dominación, no se apoya tanto en alianzas militares sino en desarrollos tecnológicos.

La UE presenta en su pilar de defensa, seguridad y política exterior el menor desarrollo comunitario centralizado.

/La dinámica política de los procesos de integración económica/.

La integración regional se mide de acuerdo con el alcance y la profundidad de sus compromisos.

Los niveles utilizados son: i) simple área de libre comercio de bienes; ii) área de libre comercio de “segunda generación” (que libera los servicios relacionados de un modo más directo con políticas internas); iii) una unión aduanera en la que el área de libre comercio acuerda un arancel externo común y la distribución de ingresos arancelarios; iv) un mercado común que libera los factores de producción; v) una unión monetaria que crea una moneda y banco central común; vi) una comunidad o unión económica que abarca acuerdos colectivos en la mayoría de las áreas fundamentales de la actividad económica; vii) una unión política que involucre instituciones jurídicas, políticas de defensa y seguridad común, poder judicial y texto constituyente que simplifique las superposiciones normativas e institucionales.

Este proceso de globalización tuvo su auge en los ‘90s. A finales de esta década, dos terceras partes del comercio de mercancías en Europa se hacía entre países europeos.

Las fuerzas de la globalización pueden parecer contradictorias a simple vista, pero cada vez más se interpretan como fuerzas complementarias en el desarrollo de los mercados, en el que la regionalización serie el paso previo a una mayor centralización. Ambos procesos están impulsados por los mismos factores. Los avances tecnológicos en el transporte, las comunicaciones, la información y otras esferas han ampliado el alcance mundial de la actividad de los mercados.

En este entramado se habla de nuevo regionalismo en contraposición al viejo de la década del ’60. El /viejo regionalismo/ tenía como características la sustitución de importaciones, barreras proteccionistas, acuerdos superficiales SUR-SUR, falta de mecanismos coercitivos que obliguen al cumplimiento de acuerdos y pocos incentivos de cooperación regional. En cambio el /nuevo regionalismo/ se caracteriza por la liberalización del comercio y reformas estructurales, regionalismo abierto sin proteccionismos, acuerdos de integración plena, acuerdos NORTE-SUR, reglas claras y exigibles de solución de controversias vía la OMC y la cooperación e incentivos en cuestiones de seguridad, políticas e infraestructura.

Las vías y canales políticos plausibles deben ser la OMC y los cuerdos regionales, en complementación con los acuerdos más amplios. Ninguna de estas vías es excluyente y todas pueden ser funcionales a los objetivos de lograr procesos de integración profunda.

Las iniciativas regionales que surgieron han sido caracterizadas como el “nuevo regionalismo”. Este es una parte del cambio de políticas hacia economías más abiertas.

Si bien la profundidad de los compromisos políticos permiten saber el nivel de integración, esto puede resultar insuficiente a fin de incrementar los flujos económicos entre estados nacionales.

No se puede solo considerar que con solo remover reglas jurídicas se podrá impulsar los flujos de capital. Estos requerirán de incentivos de tipo económico, así como de normas que los incentiven, aunque estas deben tener una sofisticación y complejidad mayor que el simple levantamiento de restricciones.

El marco jurídico deberá proveer a la tarea mucho más compleja de conseguir la armonización normativa entre los países que desarrollan el proceso de integración para el flujo de capital.

Tres tipos de reglas jurídicas como instrumentos efectivos sirven de incentivos para el incremento de relaciones económicas entre estados: i) las reglas de acceso al mercado; ii) las reglas de no discriminación; iii) reglas de derecho uniforme.

La institucionalización de la concentración económica.

Con la ONU, también se crearon en el plano económico tres instituciones, el FMI, la OIC y el BM.

El fortalecimiento del multilateralismo tuvo dos grandes excepciones. La primera fue la conformación de bloques regionales; y la segunda fue el recurso de proteccionismo generalizado en el mundo en desarrollo. Para las naciones recién independizadas, esto fue una expresión de autonomía. En América Latina la profundización de intervencionismo fue más bien la expresión de lo que se visualizaba como un éxito. Las primeras etapas de la sustitución de importaciones lograron que los países tengan un acelerado crecimiento económico.

En el Acuerdo de Marrakech gran parte de los países reconoció la importancia de un buen funcionamiento de las relaciones económicas internacionales y la OMC ha contribuido a crear un marco de reglas comerciales más estables y predecibles.

Centralización política. Superposición de estructuras burocratica-juridico-politicas en distintos niveles estatales.

Los espacios económicos hacen menester el desarrollo de instituciones que responden a las necesidades del nuevo escenario comercial y financiero.

El entramado del orden jurídico global es sumamente complejo.

La creación de normas jurídicas homogéneas dio paso a la creación de instituciones supranacionales que imponen a los estados miembros pautas normativas que deben observar so pena de su inadmisibilidad en el espacio institucional supranacional. EL proceso más avanzado se ha desarrollado en Europa con la UE.

Allí hay órganos que ejercen funciones que les son competentes según el Derecho Comunitario. Se reformula así el concepto de soberanía que ahora pasa a ser compartida y delegada en órganos supranacionales.

Paralelamente a esto, se produce una presión propia a todo estado nacional por parte de los estado miembros (provincias, comunidades, etc.) hacia los órganos centrales.

En esta tensión, los estados nacionales son reacios a delegar la función ejecutiva y prefieren desempeñarla como órganos indirecto de los institutos supranacionales.

En Europa el proceso de institucionalización de la UE solo encubre el fortalecimiento de los estados nacionales en detrimento de los reclamos autonómicos de las regiones.

Tensiones e implicancias entre el proceso de supranacionalidad y las posibilidades de expansión y legitimación democráticas. El “déficit democrático” .

Las debilidades de los estados para la toma de decisiones estratégicas requieren la limitación de la participación soberana en el proceso “fino” de toma de decisiones, lo que se denomina déficit democrático de la globalización.

Son manifiestas las tensiones e implicancias entre el proceso de integración regional e institucionalización de estados supranacionales, y el desarrollo y consolidación de la democracia.

Las posibilidades de expansión de la democracia se articulan con la viabilidad de un proceso de descentralización política.

Los procesos de integración económica y constitución de estados supranacionales, tienen como características salientes: i) la centralización política, ii) la concentración económica y iii) la homogeneización cultural.

El problema de la expansión de la Democracia en el marco de la globalización se enfrenta con su capacidad de dar respuestas al cumulo de demandas que se amontonan en el escenario de exclusión social y “desciudadanizacion”.

Esencial resulta el impulso que a tal proceso del Estado a través de su estructura institucional.

La manera en la que el Estado podría proveer a la democratización, sería a través de un proceso de descentralización administrativa y en la toma de decisiones que facilite la participación ciudadana.

Hemos visto que, el proceso, requiere de uno de centralización de política en la toma de decisiones y de limitación.

Las tenciones a favor de la regionalización impulsan la descentralización política que acerca las instituciones a la ciudadanía en pos de salvaguardar su participación y la identidad sociocultural.

Surge como hipótesis que, en el actual marco de integración económica, las chances de expansión y mejora en la legitimidad democrática, deberían articularse con el proceso de descentralización que impulsan los reclamos de las autonomías regionales subestatales.

La supranacionalidad implica déficit democrático, que tiende a combatir la oligarquizacion que genera la centralización supranacional. La superposición de estructuras burocráticas presiona al Estado nacional produciendo su crisis y trayendo como consecuencia un reforzamiento de la ajenidad de los ciudadanos respecto a las cuestiones públicas.

La profundización del proceso de supranacionalidad requerirá de niveles de legitimidad que deben superar los referidos déficits democráticos. Para ello, la regionalización a través de la profundización de las autonomías subestatales, puede resguardar espacios de participación democrática para la ciudadanía.

La regionalización puede ser plausible y articulable con las necesidades económicas de la centralización. La descentralización política, puede ser también eficiente en términos de racionalidad económica.

Algunos autores sostienen que no es posible ni necesaria una traslación mecánica de las necesidades deslegitimación democrática. Al menos no entendida cola legitimación como búsqueda y obtención de consensos. Los organismos se legitiman a través del derecho, no en el consenso, entendiendo que puede existir otra legitimación basada en el respeto del derecho de la eficiencia económica.

Esta idea no implica que derecho y que criterio debe respetarse. EN todo caso es una legitimación solo a nivel régimen, lo que implica un nivel inicial menester en la escala de obtención de legitimidad democrática.

En todo caso, esta en discusión el proceso de supranacionalidad a pesar de su marcha avasalladora.

/la globalización y su modelo de estratificación social/.

La concentración económica y un mercado global sumamente competitivo requieren elevadas exigencias de educación y conocimiento.

La estratificación social actual difiere del proceso de diferenciación clasicista de la modernidad. En la sociedad moderna la estratificación por clases sociales facilitaba la inserción de los trabajadores en gremios y en órganos de representación.

El proceso de estratificación actual no es el clasista, sino que proviene de los status ocupacionales. Las disponibilidades tecnológicas tienden a que se prescinda de una mano de obra de baja calificación y por la cada vez más eficiente relación entre costo de producción y productos terminados.

Este proceso, margina a aquellos no acceden a los beneficios sociales de los que en teoría debieran gozar,

No conformando fuerza de trabajo visible, los excluidos se encuentran fuera del juego político de demandas y respuestas del sistema actual.

Sin embargo, no se debe perder de vista la evolución de nuevos procesos de participación política por vías no tradicionales o lo que algunos llaman procesos de “ciudadanía global” que suele manifestarse por medio de movimientos globalifóbicos en las cumbres de líderes.

Ello en el marco de un proceso que debilita a los sistemas de protección, se debilitan las instituciones del estado de bienestar.

La heterogeneidad y lo contradictorio de los intereses sectoriales de esa ciudadanía global, plantea serias dudas respecto a su condición objetiva de posibilidad para transformase en un interlocutor político valido a efecto de mediar en el proceso de toma de decisiones en las instituciones supranacionales.

La globalización se ha convertido en un fenómeno que está condenado a una interminable controversia, blanco de pasiones hostiles y, en ocasiones, violentas protestas.

La teoría y la experiencia muestran que los procesos de integración, pueden generar beneficios netos, pero que estos no se distribuyen de forma equitativa, tal cual había ocurrido con todas las fases de evolución del capitalismo.

Un inventario de elementos para una teoría de los estados supranacionales.

Elementos que deben considerarse para elaborar una necesaria explicación de los estados supranacionales como estructura que articula las sociedades:
a) La globalización debe ser analizada y considerada como un proceso histórico de concentración económica y centralización política.

b) La crisis del Estado nacional es una consecuencia lógica del actual estadio del desarrollo del capitalismo para el cual las fronteras de las naciones son disfuncionales. El Estado nacional sufre la perdida de competencias por la vía centrípeta de la conformación de las instituciones del Estado supranacional y por la vía centrifuga de los estados regionales.

c) las razones de los espacios económicos ampliados son de absoluta necesidad de eficiencia y competitividad.

d) los fundamentos ideológicos de los estados supranacionales son los que responden a criterios de racionalidad “economicista”, operativa, eficientista, que sirven de justificación para una estructura de poder “tecnocrática”.

e) se genera un nuevo modelo de estratificación social por status ocupacionales, relacionado con las capacidades adquiridas en los procesos educativos, para dar respuestas a las demandas de un mercado laboral complejo y competitivo que requerirá de especializados y sofisticados conocimientos.

f) los efectos centrípetos observables como consecuencia del proceso de globalización, de concentración económica, centralización política y homogeneización cultural, coexisten con efectos centrífugos de signo opuesto como racismos, xenofobias, separatismos, etc.

g) las tensiones e implicancias entre el proceso de supranacionalidad y el desarrollo y consolidación de la democracia y las posibilidades de expansión y legitimación democráticas en el marco de la globalización, se deben considerar observando la contradicción entre los efectos centrípetos y efectos centrífugos ya referidos.