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CELS/MDRI: RESUMEN EJECUTIVO Y CAPITULO 1-VIDAS ARRASADAS

Resumen Ejecutivo:

Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los acilos psiquiátricos argentinos documenta violaciones a los derechos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas. Mas de un 80% de estas personas son encerradas por mas de un año y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiatricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiatricas, el 75% de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1.000 camas o más.

Décadas de una política de intervenir en grandes instituciones que segregan personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.

La segregación de las personas en las instituciones psiquiatricas: La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiatricas argentinas contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, las personas pierden los lazos que las unen a sus familias, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial de las instituciones psiquiatricas y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.

Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per capita en el mundo. Amplios sectores de la población urbana financian individualmente su psicoterapia durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.

El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental (tales como el subsidio económico para la vivienda, rehabilitación psicosocial y apoyo de los pares) ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad.

Si bien existen algunos programas comunitarios que demuestran que en la Argentina se dispone de los recursos técnicos necesarios para reformar los servicios e integrar a las personas con discapacidades mentales en la comunidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta las entrevistas a funcionarios y profesionales así como el análisis de las políticas en salud mental efectivamente implementadas, las organizaciones firmantes pueden concluir que aun no existe una política general conducente a la integración comunitaria de las personas con discapacidades mentales. Por ejemplo, en la ciudad de Bs. As., las tres instituciones psiquiatricas más grandes absorben el 80% del presupuesto de salud mental.

Impacto de la Crisis económica: la crisis social y económica sufrida en Argentina en los últimos años, especialmente desde el 2001 provoco el incremento del numero de personas que requieren atención en el sistema publico de salud mental, y ocasiono mayor presión en un sistema ya de por si inadecuado. Las autoridades admiten que el 60 y 90% de las personas detenidas en las instituciones son “pacientes sociales” (no tienen familias que las contengan y que permanecen internadas como consecuencia de la ausencia de recursos). La mayoría de las personas institucionalizadas podrían ser dadas de alta si contaran con el apoyo de la comunidad necesario.

La detección arbitraria: Las leyes argentinas de internacional involuntaria no cumplen con los estándares internacionales que protegen a las personas de la detención arbitraria. En Argentina, las personas pueden ser encerradas de por vida sin recibir nunca una audiencia judicial.

El código civil argentino esta escrito en términos tan generales que permite la detección de cualquier persona que pueda llegar a “afectar la tranquilidad pública”. A los individuos internados en las instituciones psiquiatricas no se les garantizar el derecho de recibir asistencia jurídica o de presentar pruebas en su favor. Todas las personas están detenidas arbitrariamente.

Abusos al interior de las instituciones: Durante los últimos tres años los investigadores han documentado un importante número de abusos en las instituciones psiquiatricas argentinas. Pero aun no existen mecanismo suficientes de supervisión que aseguren el monitoreo efectivo de las condiciones de internacional y tratamiento en las instituciones, ni de la protección y cumplimiento de los derechos de las personas institucionalizadas. Entre las violaciones mas graves a los derechos humanos de las personas con discapacidades mentales constaron:

1. Muertes que no son investigadas: En el hospital Diego Alcorta de la provincia de Santiago del Estero, constan tres muertes por encierro en celdas de aislamiento que no fueron investigadas. En el Cabred de Buenos Aires dos fueron encontradas muertas en las afueras del manicomio. Las autoridades atribuyen las muertes a la “edad avanzada” de las personas internadas y no ofrecen mas explicación.

2. Privación de la libertad en celdas de aislamiento: Se pudieron observar hombres encerrados en celdas minúsculas y oscuras, que median un metro y medio por dos metros cuadrados y no tenían fuente de luz natural ni de ventilación.

No había inodoros y las personas tenían que defecar y orinar en pequeñas ollas en el piso. El único contacto con el mundo exterior era a través de una pequeña mirilla en la puerta.

3. Abusos físicos y sexuales: Las personas detenidas informaron a los investigadores que el personal de seguridad los había golpeado y ultrajado sexualmente. Se constato que varias personas detenidas tenían moretones en sus torsos y espalda, una tenía puntos de sutura en la cabeza. Abusos perpetrados por el personal y personas ajenas al nosocomio en el Moyano declaraban las mujeres.

4. Falta de atención medica: Los investigadores observaron una gran cantidad de personas detenidas con heridas abiertas, infectándose, o que carecían de dientes. Asimismo se constato que algunas personas tenían extremidades gangrenadas y en avanzado estado de descomposición.

5. Condiciones insalubres de alojamiento: Se observo que los baños estaban sumamente deteriorados: los inodoros rebalsaban de excrementos, los pisos estaban inundados de orina, las llaves de las canillas estaba sueltas y no salía agua de las duchas. El terreno de la institución estaba cubierto de excrementos y apestaba a orina y material fecal.

6. Ausencia de rehabilitación: La vasta mayoría de las personas institucionalizadas no recibe una rehabilitación adecuada. El principal problema que se pudo observar es la generalizada inactividad.

7. Tratamientos inadecuados: Funcionarios, trabajadores de la salud y personas internadas señalaron a los investigadores que los medicamentos psicofármaco lógicos son usados, con frecuencia, para castigar o sedar a los internos y no con propósitos terapéuticos.

8. Sobrepoblación: Es común que las instituciones estén sobrepoblados. En un 75, 40 y 30% en 2004, 2005 y 2006 respectivamente.

Esperanzas para la reforma: A pesar de todo en Argentina, existen las condiciones para llevar a cabo una reforma en los servicios de salud mental. La base altamente capacitada de profesionales de la salud mental enfocados a la atención individual, el cual reorientado, podría participar en la provisión de servicios ubicados en la comunidad.

Los abogados y profesionales de la salud mental de argentina han sido muchas veces impulsores de leyes, políticas y programas de atención profundamente innovadores. En el ámbito de la ciudad de buenos aires la Constitución de 1996, la Ley Básica de Salud nº 153 y la Ley de Salud Mental nº448 sostienen la desinsitucionalización progresiva y la creación de servicios integrados en la comunidad.

Algunas de las experiencias de reforma en los servicios de salud mental mas reconocidos del continente han sido implementadas en las provincias de Río Negro y San Luis.

Las autoridades de la ciudad de Bs. As. Informaron que se estaba utilizando un préstamo del banco Interamericano de desarrollo (BID) para restaurar la infraestructura edilicia de cuatro instituciones psiquiatricas de la ciudad. De acuerdo con estos funcionarios, el monto de los fondos gastados en este esfuerzo de reconstrucción es superior en un 60% al presupuesto anual de salud mental de toda la ciudad. En lugar de destinar la totalidad del préstamo a la reconstrucción de instalaciones de interacción, el financiamiento debía haber contemplado un plan de transición a un sistema de atención basado en la comunidad, tal y como lo requieren las leyes de la ciudad y los standards internacionales de derechos humanos.

Resumen de recomendaciones:  MDRI y CELS recomiendan que el Estado argentino tome acciones inmediatas apara terminar con las condiciones de detención que violan los derechos humanos de las personas allí internadas. El estado argentino debería:

*Erradicar los ambientes peligrosos, sucios e inhumanos en los cuales son forzados a vivir las personas institucionalizadas

*Garantizar alimentación, cuidado medico y personal adecuado y suficientes para proteger la salud y la seguridad de las personas institucionalizadas

*investigar las muertes recientes y establecer un protocolo que asegure que se investigara a profundidad cualquier muerte futura

*Eliminar el uso de las celdas de aislamiento a largo plazo y la privación sensorial al interior de estas celdas y asegurar que el uso de la reclusión involuntaria y las restricciones físicas se adecua estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos.

*Crear mecanismos de supervisión independientes que prevengan el abuso en las instituciones y que establezcan procedimientos que protejan a las personas institucionalizadas del abuso físico y sexual

*Adecuar el proceso de internación psiquiátrico a los estándares internacionales

*Adoptar leyes de salud mental en todo el país que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos

Metodología del Informe:

Antecedentes: Durante la mayor parte del siglo XX, Argentina ha sido uno de los países más prósperos de America Latina, con niveles de pobreza, desigualdad y desempleo relativamente bajos.

Sin embargo, durante el curso de las ultimas tres décadas, el país ha experimentado un marcado deterioro de las condiciones laborales y sociales. La desigualdad, la pobreza y el desempleo se han incrementado aun durante los periodos de crecimiento económico. Durante la década del 90 se desarrollaron una serie de transformaciones sociales y económicas de carácter estructural que implicaron un saldo negativo en la inserción laboral, la distribución de los ingresos y el porcentaje de la población en condiciones de pobreza.

La crisis económica y social que se profundizo durante los últimos años de la década de os 90 “exploto” en el mes de diciembre de 2001, cuando Argentina vivió una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia.

La pobreza non solo acentúa algunas de las consecuencias negativas de la discapacidad, es también un factor que lleva a incrementar las incidencias de discapacidad, en la medida en la que acceder a servicios de salud, educación y rehabilitación se vuelve mas difícil con el aumento de los índices de desempleo y pobreza.

Los servicios de salud en argentina: el sistema de salud de argentina es complejo, fragmentado y descentralizado. Cada una de las provincias del país tiene su propio ministerio o secretaria de salud, que controla la mayoría de las decisiones políticas en salud. La salud mental en Argentina es financiada principalmente a través de deducciones salariales. Para casi el 50% de la población las obras sociales sindicales financian la atención de la salud. Sin embargo desde la crisis económica el porcentaje de la población sin ninguna cobertura de se seguro de vida se ha incrementado.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 10% del presupuesto de salud sea asignado a la salud mental. Sin embargo por ejemplo en la provincia de Bs. As. Solamente el 2% en 2005 se asigna a salud mental y en 2007 el 4.2% se asigno.

Legislación sobre la salud mental: Argentina adopto el modelo federal de gobierno. La ley 25421 adoptada en 2001 determina que las personas tienen el derecho de recibir atención de salud mental dentro de los servicios de atención primarios y prevé que las personas con enfermedades mentales deben ser rehabilitadas y reinsertadas socialmente. Esta ley también creo el Programa de Asistencia Primaria en Salud mental. Sin embargo hasta la fecha de cierre del informe el gobierno federal no ha reglamentado la ley 25421 por lo que su cumplimiento es prácticamente nulo.

En la Ciudad de Bs. As. La ley básica de Salud nº 153 requiere que el gobierno de la ciudad impulse la desinsitucionalización progresiva. Para ello la ley ordena implementar modelos de atención alternativos en salud mental que se orienten a lograr la integración social, tales como casa de medio camino, talleres protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día.

En el año 2000 en cumplimiento con la ley 153 se probó la ley nº 448, que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud mental y hace un llamado a la desinsitucionalización y a la rehabilitación y reinmersión social de las personas institucionalizadas. Esta ley también define que el sistema de salud mental de la Ciudad de Bs. as. Se basara primordialmente en la prevención, promoción y protección de la salud mental. La ley 448 busca transformar el modelo asilar y promover comunitarios de salud mental.

A pesar de lo estipulado en la ley 25421, 153 y 448 el modelo de provisión de salud mental publico a nivela nacional y en la ciudad de Bs. As. Continua basándose casi exclusivamente en la atención institucional asilar.