Capítulo VII: El Proceso 1976-1983

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en jefe, integrada por Videla, Massera y Agosti, se hizo cargo del poder. "Proceso de Reorganización Nacional". Videla presidente.

 

El Estado terrorista:

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la acción de las organizaciones guerrilleras crearon las condiciones para la aceptación de un Golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La represión fue la acción sistemática del Estado .Se trató de una acción terrorista clandestina: secuestro, tortura, detención y ejecución. La tortura servía para lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones. Los sobrevivientes iniciaban una detención en alguno de los centros clandestinos de detención. No hubo muertos, sino "desaparecidos".

Con el argumento de enfrentar y destruir a las organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social, toda expresión de pensamiento crítico. Antes de emprender la transformacion de la sociedad, ésta debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra. Desaparecieron las instituciones de la republica, fue clausurada la expresión pública de opiniones, quedaron prohibidos los partidos y la actividad política, así como los sindicatos y censura  a los medios de prensa. Sólo quedó la voz del Estado.

El terror cubrió a toda la sociedad. Estado aterrorizador. Se impuso la cultura del miedo.

 

Achicar el Estado y silenciar a la sociedad:

El llamado "Proceso de Reorganización Nacional" supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión. y otro visible, sujeto a normas. Pero el Estado fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado.

La Iglesia modificó su comportamiento a medida que el régimen militar empezaba a dar muestras de debilidad. El documento "Iglesia y la comunidad nacional" de 1981 afirmó los principios republicanos, indicó la opción de la iglesia por la democracia, su apartamiento del régimen militar y su vinculación con los crecientes reclamos de la sociedad. 

Las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez más amplio de asociaciones defensoras de los derechos humanos. En 1981 la prohibición política terminó. Los partidos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia sometida a la tutela militar.

 

La guerra de Malvinas y la crisis del régimen militar:

Desde 1980, los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Designación de Viola. 1981 reemplazo por Galtieri. 

Galtieri se presentó como salvador del Proceso, el dirigente vigoroso capaz de conducirlo a un final victorioso. En 1982 concibió y lanzó el plan de ocupar las Islas Malvinas, que aparecían como la solución para los muchos problemas del gobierno. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar para recuperar las islas permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme.

El 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas. La sociedad se disponía avanzar, si era necesario, hacia una guerra. Si triunfaban, los militares habrían saldado sus deudas con la sociedad.

El gobierno militar no podía resignar lo que había proclamado como su objetivo fundamental. Solo así la operación podía ser presentada como victoria ante la sociedad y ante una multitud que se reuniría en la plaza. Cualquier otro resultado equivaldría a una derrota. Así, los gobernantes argentinos quedaron apresados por la movilización patriótica que habían lanzado.

Total manipulación de las informaciones que llegaban a un público dispuesto a creer que la Argentina estaba ganando la guerra. El 14 de junio se produjo la rendición. Los generales exigían a Galtieri la renuncia.

 

La vuelta a la democracia:

La derrota agudizó la crisis del régimen militar e hizo públicos los conflictos hasta entonces disimulados. Se culpó a la Junta Militar por la derrota, cuyos miembros fueron enjuiciados y condenados. En medio de un conflicto entre las 3 fuerzas, fue designado presidente el general Bignone.

Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones: la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, y una garantía de que no se investigarían los actos de corrupción ni las responsabilidades de la guerra. La propuesta de los militares fue rechazada por la opinión pública y los partidos, que convocaron a una marcha civil en defensa de la democracia.

Los militares debían enfrentarse con la evidencia de un fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda. Las organizaciones de derechos humanos instalaron la cuestión de los desaparecidos y el reclamo de justicia.

Los sindicalistas sacaron a la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica a favor de la democracia. Hubo un amplio deseo de participación en los partidos políticos y se animaron los comités.

Alfonsín criticó a los militares con mucha energía, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos. Hizo de la democracia su bandera.