Resumen del resumen en recontra pocas palabras: 2do parcial : resumen del resumen



UNIDAD 6 - SIGLO XXI y la pobreza

Cifra 14

Durante 1976 y 2001 se produjo un agotamiento del patrón de acumulación de capital, provocando en 2002 un colapso económico, social y político.
En 1998 la economía argentina entró en una declinación que culminó en 2001 en la implosión de la convertibilidad y con el agotamiento del patrón de acumulación de capital impuesto por la última dictadura y que continuó su desarrollo durante los gobiernos posteriores, generando un endeudamiento externo y fuga de capitales insostenibles.
-Esta crisis implicó una debacle en las condiciones de vida de los sectores populares y profundizó la desocupación, pobreza e indigencia. La deuda externa se incrementó luego de la cesación de pagos debido a las medidas aplicadas en la crisis.
La profunda crisis del sistema político se unió con el colapso social, situación que se agravó a partir de la masacre del Puente Pueyrredón, obligando al gobierno de Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales. Surgió un gobierno débil de legitimidad política con el 22% de los votos, detrás de Menem con un 24% quien se bajó en el balotaje. Este nuevo gobierno inició un gobierno de recomposición económica, social y reconfiguración política que culminó en la instauración de un régimen “nac&pop”.
El estudio de los gobiernos K indica que las dos etapas tuvieron un contexto internacional contrapuesto y diverso contenido político.
1er etapa: carácter primordialmente “nacional”. El núcleo de la cuestión de esa etapa fue interrumpir la subordinación nacional a los intereses de los organismos internacionales como el FMI y el BM.
Otra de las cuestiones de esta primera etapa fue redefinir la forma de hegemonía que habían desplegado los sectores dominantes durante los gobiernos constitucionales que sucedieron a la última dictadura militar, dando como resultado un giro copernicano hacia una hegemonía política que otorgue beneficios a sectores sociales subalternos.
Aparte de las modificaciones en las políticas económicas (restitución de paritarias, salario mínimo vital y móvil, modificaciones en el sistema jubilatoria e incremento en la ocupación), también se dieron reivindicaciones a sectores populares como la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, juicio contra los represores de la dictadura, remoción de cúpulas militares, restablecimiento de la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil.
Con la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación,se produjo un cambio en la naturaleza política del gobierno. Este cambio se originó en la determinación de la presidenta para evitar que los sectores dominantes subordinen al gobierno a sus propios intereses. La Resolución Nº 125, que trata sobre las retenciones móviles, fue el motivo circunstancial que desencadenó este enfrentamiento, de índole político primordialmente antes que económico. La base social para esta confrontación se encontró en el sector tradicional de la oligarquía agropecuaria: el agro pampeano.

El Kirchnerismo buscó su consolidación a través de la hegemonía clásica, enfrentándose a los grupos económicos locales al mismo tiempo que a los acreedores externos y capital extranjero.

El conflicto de las retenciones móviles tuvo un contenido primordialmente político, ya que se puso en disputa la recuperación de la hegemonía y definición de un nuevo patrón de acumulación de capital que los reconociera como núcleo central.
El desenlace de este conflicto trajo la consolidación de una hegemonía clásica por parte del 2do gobierno kirchnerista. El cierre de este ciclo coloca a esta fracción en una situación compleja porque no detenta ni el predominio económico ni la hegemonía política (vital para recuperar su liderazgo). No obstante, el último año se fue consolidando una alianza de partidos de derecha que se manifiestan como la representación del “círculo rojo”.
Esta situación abre un nuevo interrogante en la reconfiguración de la hegemonía por parte de esta fracción del capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente basado en la producción agroindustrial bajo el paradigma sojero, un nuevo ciclo de endeudamiento externo a partir de pagarle a los fondos buitre y devaluación de la moneda con el efecto negativo sobre salarios, ocupación y redistribución de ingresos.
EL gobierno al mismo que tiempo que intensificó el tutelaje Estatal de los sectores populares (a través de medidas como estatización de fondos jubilatorios, AUH, estatización de YPF y ferrocarriles, reforma del BC), redoblaba sus esfuerzos para disciplinar a las diferentes fracciones del capital dominante.
A partir del primer gobierno kirchnerista se inició una década de crecimiento, que si bien tuvo altibajos en las tasas anuales de crecimiento, siempre fueron positivas. El punto de inflexión en ese crecimiento fue la crisis internacional desatada en el 2008 en USA, con posteriores repercusiones en Europa y Brasil (principal socio comercial de Arg).

La mejoría que se registró en los niveles de pobreza, indigencia y desocupación se replicó en términos de los salarios y la participación de los asalariados en el ingreso.
El salario promedio de la economía argentina creció significativamente. Pero aún así el mercado de trabajo exhibe un grado de heterogeneidad entre los asalariados registrados y los no registrados, entre las que se encuentran las diferencias salariales, carencia de derechos laborales, sindicales y menos cobertura de salud, a favor de los registrados.

La cantidad de trabajadores no registrados se redujo durante este período pero desde 2008 la caída de los asalariados no registrados fue menor debido a la crisis internacional. Los valores pasaron del 49,2% al estancamiento del 34%.
A lo largo de esta década mejoró el nivel de ocupación y el salario real (31%) y también se registró un incremento de la participación de los asalariados en el ingreso. Existió una recuperación de la participación de los trabajadores hasta 2009 (40, 4%) pero a partir de ese momento se estancó en torno del 39/40% del ingreso nacional.
Si bien crecían la ocupación y los salarios, el ritmo de la concentración económica durante los gobiernos neoliberales permitió que los sectores oligárquicos pudieran neutralizar los efectos de la política económica mediante la imposición de un proceso inflacionario

Durante el proceso de sustitución de importaciones en el siglo pasado, la balanza comercial positiva fue una preocupación importante en la política económica. Esto se debía a que se necesitaban divisas para garantizar las importaciones necesarias para el crecimiento económico. En ese momento, la producción industrial era la actividad dinámica pero importadora, mientras que la actividad agropecuaria generaba divisas a través de las exportaciones.

Después de la interrupción del modelo de sustitución de importaciones y la
instauración de la "valorización financiera" entre 1976 y 2001, el enfoque cambió hacia la obtención de divisas para hacer frente a los pagos de la deuda externa, ya que la economía experimentó un proceso de desindustrialización y el comercio exterior se volvió deficitario.

Después de la crisis económica de 2001, durante aproximadamente una década, la escasez de divisas no fue una preocupación central debido a los términos favorables de intercambio y un superávit comercial holgado. Sin embargo, en la segunda etapa posterior a la crisis, las exportaciones se desaceleraron debido a factores como la recesión en los países centrales, el estancamiento del comercio con Brasil y la sequía que afectó al sector agropecuario. Aunque las importaciones también se redujeron debido a la disminución de la actividad interna y una mayor intervención estatal, en los años de crecimiento las importaciones superaron a las exportaciones debido al alto nivel de consumo interno.

Estas tendencias comenzaron a erosionar el superávit de la balanza comercial, que había sido la principal fuente de divisas en la última década. La caída del superávit se debió a factores como la limitada sustitución de importaciones industriales y la estrategia del sector privado en el campo de los hidrocarburos, que generan déficits significativos en esos sectores. Otros sectores que contribuyeron a la caída del intercambio comercial fueron los bienes de capital, el sector automotriz, el complejo electrónico de Tierra del Fuego y el sector energético.

Estos desequilibrios comerciales resultaron en un deterioro progresivo del intercambio en los últimos años. Sectores como el energético, la industria automotriz, el complejo de Tierra del Fuego y los bienes de capital registraron déficits crecientes en su balanza comercial. En 2013, la suma de los déficits de estos sectores resultó en una salida neta de divisas de casi 25.000 millones de dólares, en comparación con los apenas 355 millones de dólares en 2006.

Esta falta de divisas también se debió a factores como el pago de deuda externa, la fuga de capitales, el giro de utilidades de las filiales extranjeras y el déficit en la cuenta de turismo. Estas presiones sobre las reservas del Banco Central llevaron a que el flujo de divisas no fuera suficiente para cubrir la creciente demanda de la economía argentina.

El panorama económico se vuelve más crítico al considerar el grado de concentración de las exportaciones en Argentina. Las 200 empresas con mayores ventas del país registraron grandes superávits comerciales, incluso en períodos como 2008, 2010 y 2011, que sumaron alrededor de 31 mil millones de dólares entre 2008 y 2012. Mientras tanto, el resto de la economía operaba con déficits acentuados, alrededor de 18 mil millones de dólares.

Esta concentración de poder económico permitió a este pequeño grupo de grandes agentes tener un control aún mayor sobre un recurso clave como las divisas, lo cual es crítico para una economía como la de Argentina con características estructurales específicas. Esto refuerza su capacidad de veto sobre la formulación de políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la política cambiaria y comercial.

Existen varios métodos para estimar la fuga de capitales en Argentina, cada uno con ventajas y desventajas. Uno de ellos es el "método de stocks", que se basa en la información proporcionada por el INDEC sobre los activos declarados y estimados que los residentes locales tienen en el extranjero, como propiedades inmobiliarias, inversiones directas, inversiones en cartera, etc.
Otra aproximación es el "método residual de balanza de pagos", que considera todas las divisas que ingresan al país pero no se convierten en reservas del Banco Central. Este método refleja la salida de capitales locales cuando es positivo, o la repatriación de capitales cuando es negativo.
En la última década, se ha incorporado un nuevo método llamado "método del balance cambiario", que utiliza las estadísticas del mercado único y libre de cambios proporcionadas por el Banco Central. Este método analiza todas las transferencias operadas en el mercado formal de divisas y calcula la formación de activos externos del sector privado no financiero.
Los resultados obtenidos a través de estos métodos muestran una persistente fuga de capitales en Argentina, incluso después de la disolución de la valorización financiera. Durante el período de 2002-2013, se estima que la fuga de capitales alcanzó los 142.569 millones de dólares según el método residual, 115.630 millones según el método de stocks y 93.689 millones de dólares utilizando el método del balance cambiario. Es importante destacar el alto monto de la fuga de capitales durante los gobiernos kirchneristas, a pesar de la recuperación económica del país en ese período.

Estos flujos de capital fuera del país están estrechamente relacionados con la alta concentración y extranjerización de la cúpula empresarial argentina. También se observa una falta de inversión de las ganancias obtenidas por las grandes corporaciones del país, lo cual contribuye a la fuga de capitales. Además, la fuga de capitales está relacionada con la escasa sustitución de importaciones industriales y las crecientes compras energéticas del exterior, ya que se necesita capital para llevar a cabo una modificación de la estructura productiva.

La fuga de capitales en Argentina es un fenómeno estructural que afecta significativamente la escasez de divisas en la economía. Está asociada con la concentración del poder económico, la falta de reinversión de las ganancias y la internacionalización financiera de la burguesía local.

IDEAS CLAVES:

Crecimiento económico: Se destacó un repunte en la inversión, el consumo interno y las exportaciones, impulsado en parte por altos precios internacionales de los productos básicos que Argentina exportaba, como la soja.
Política industrial y proteccionismo: Durante este período, se implementaron políticas orientadas a fomentar la producción y la industria nacional. Se aplicaron medidas proteccionistas para limitar las importaciones y se otorgaron incentivos fiscales y crediticios a sectores estratégicos de la economía.
Control de cambios y restricciones a la inversión extranjera: Se establecieron restricciones en el mercado de cambios para controlar la salida de divisas y se impusieron barreras para la inversión extranjera directa en ciertos sectores de la economía.
Políticas sociales y redistribución de ingresos: se implementaron programas de inclusión social y expansión de la protección social, como la Asignación Universal por Hijo y planes de vivienda. Se promovieron políticas de redistribución de ingresos para reducir la pobreza y la desigualdad.

CIFRA 15 - Alianza Cambiemos

Según la teoría económica y política, cada patrón de acumulación de capital está dirigido por un bloque de poder que ejerce la hegemonía y controla el Estado. Este bloque está compuesto por diferentes fracciones del capital que tienen intereses y contradicciones internas. A veces, cuando los sectores dominantes pierden la conducción ideológica, recurren a la coerción y dictaduras para mantener el control. Otra forma de hegemonía es el ejercicio del control ideológico y político con concesiones marginales para garantizar la "gobernabilidad". También está el transformismo, estrategia en la que se integran movimientos populares sin otorgarles soluciones ni concesiones. Los intelectuales orgánicos desempeñan un papel crucial en estos bloques de poder, y su importancia radica en la lucha social que impulsa las transformaciones históricas. La problemática de la hegemonía está relacionada con el control del Estado por parte de la fracción dominante del capital a través de los intelectuales orgánicos. En la sociedad capitalista, el Estado garantiza las relaciones de producción capitalistas y mantiene cierta autonomía respecto a los trabajadores y los capitalistas. Los movimientos nacionales y populares también están involucrados en esta problemática, ya que no cuestionan todas las formas de dominación, sino la explotación ejercida por un bloque de poder específico y el tipo de Estado que lo acompaña. En resumen, los conceptos de bloque de poder, hegemonía e intelectuales orgánicos son relevantes para comprender los procesos transformadores o neoliberales en la sociedad actual.

En las últimas décadas en Argentina, los sectores dominantes se encontraban en un dilema debido a la ausencia de un partido político propio que les permitiera imponer sus intereses a los sectores populares. La experiencia de la última dictadura militar bloqueó esa posibilidad, y recurrir a los partidos tradicionales no era una solución óptima, ya que estos interferían con sus directivas y propuestas. Sin embargo, durante el período de valorización financiera (1976-2001) y los gobiernos constitucionales que le siguieron, se introdujo un proceso de transformismo, similar al propuesto por A. Gramsci, en el cual los propios sectores dominantes, específicamente los grupos económicos locales, ejercieron la hegemonía al cooptar al partido político de gobierno, a miembros de partidos opositores y a diversas organizaciones de la sociedad civil. Estos grupos económicos tenían una amplia inserción en el sistema político y la sociedad civil debido a su control sobre múltiples empresas oligopólicas y a su influencia en diversas actividades económicas. Esto les permitió subordinar de manera generalizada pero desigual a varios ámbitos de la sociedad política y civil.

Durante el período de valorización financiera en Argentina, se formó un nuevo "bloque de poder" conformado por la alianza entre la oligarquía terrateniente diversificada hacia la industria y el capital financiero internacional. Esta alianza fue beneficiaria del proceso, pero la fracción interna de la oligarquía fue la que lideró las transformaciones económicas y sociales, ejerciendo la hegemonía política y controlando el Estado. Durante la dictadura militar, se implementaron iniciativas estratégicas para formar intelectuales orgánicos que garantizaran la implementación del patrón de acumulación basado en la valorización financiera y aseguraran la influencia a largo plazo sobre la sociedad y los sectores populares.

Se crearon instituciones como la Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), financiadas por grupos económicos locales y extranjeros, con el objetivo de generar intelectuales afines a los intereses de los sectores dominantes. Estas instituciones recibieron apoyo financiero de numerosas empresas, muchas de las cuales estaban entre las más grandes del país y pertenecían a diversas fracciones del capital. Durante los gobiernos posteriores a la dictadura, se continuó promoviendo la creación de universidades privadas con el mismo propósito de formar intelectuales para los sectores dominantes.

Algunas de estas universidades privadas incluyen la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Austral, que recibieron apoyo de grupos económicos y se inspiraron en modelos educativos internacionales. Estas instituciones jugaron un papel importante en la formación de élites dirigentes y en la promoción de los intereses de los sectores dominantes en la sociedad argentina.

Se observa que la mayoría de los funcionarios del gobierno obtuvieron sus títulos de grado en universidades públicas (64.4%), mientras que el resto proviene de instituciones privadas (35.6%). Sin embargo, se destaca que la proporción de egresados de universidades públicas en la población universitaria argentina es más alta que en los funcionarios del gobierno.

Dentro de las universidades públicas, la Universidad de Buenos Aires es la más destacada, ya que el 70.1% de los funcionarios que estudiaron en instituciones públicas obtuvieron sus títulos de grado allí. En cuanto a las universidades privadas, la Universidad Católica Argentina es la que tiene más representación, seguida por la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés y la Universidad Austral.

En cuanto a los estudios de postgrado (maestrías y doctorados), se observa una inversión en la importancia de las instituciones educativas. Las universidades extranjeras ocupan el primer lugar en títulos de postgrado (48%), seguidas por las universidades privadas (33.3%) y las universidades públicas (19%). Esto indica una disminución de la incidencia de la educación pública en los estudios de postgrado.

En términos generales, se puede concluir que la formación universitaria de los funcionarios refleja las transformaciones que ha experimentado la educación universitaria en Argentina en las últimas décadas, con un aumento de la educación privada y la presencia de títulos de universidades extranjeras en los estudios de postgrado. Esto muestra la importancia de la educación privada y su vínculo con los sectores dominantes en el gobierno actual.
La incidencia de las universidades privadas en la formación de funcionarios puede reflejar la identidad social e ideológica de los sectores dominantes.

El núcleo central de funcionarios está conformado por "cuadros" políticos provenientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidos de representantes de otras fuerzas políticas que se unieron a la alianza de gobierno. Esto revela la presencia de diversas expresiones políticas en el gobierno actual.

En cuanto a los funcionarios que representan directamente a las fracciones del capital, se observa que la mayoría proviene de bancos transnacionales y empresas extranjeras. Estos representantes constituyen el sector hegemónico del bloque de poder. En contraste, la representación de los grupos económicos locales es escasa.

Por otro lado, existe una presencia de funcionarios provenientes de instituciones auxiliares de los sectores dominantes, como cámaras empresariales, fundaciones, consultoras, estudios jurídicos y financieras. Estos funcionarios representan una parte significativa del bloque de poder y compensan parcialmente la falta de representación de la producción industrial y agropecuaria.

En conclusión, el análisis de la procedencia laboral de los funcionarios gubernamentales permite comprender la composición del bloque de poder actual. Se destaca la influencia de los bancos transnacionales y empresas extranjeras, mientras que los grupos económicos locales tienen una presencia limitada. Además, se observa la importancia de las instituciones auxiliares en la estructura de gobierno.

GAMALLO

La paradoja Argentina:

En el periodo posterior al gobierno militar en Argentina, la población era de alrededor de 28 millones, con la mayoría viviendo en áreas urbanas. Hubo mejoras en la esperanza de vida, la educación y la atención médica. El sistema educativo se expandió y se logró la paridad de género. El sistema de salud incluyó más tratamientos médicos y prácticas aceptables en los seguros de salud. Se implementaron programas de transferencia de ingresos y se amplió la cobertura previsional para los adultos mayores.
Sin embargo, estos logros no se distribuyeron de manera uniforme en todo el país ni entre los diferentes estratos sociales. La desigualdad persistió en términos de distribución de población y riqueza. Además, hubo problemas en la calidad de la educación, la atención médica y la vivienda. La precariedad laboral y el empobrecimiento fueron desafíos importantes, especialmente para los jóvenes. También se observó una polarización social en los ingresos y la calidad de vida.
A lo largo del periodo, hubo problemas en la recolección y difusión de estadísticas públicas, lo que generó críticas. El gasto público social aumentó significativamente como porcentaje del PBI, pero persisten los desafíos en términos de pobreza, acceso a servicios básicos y condiciones de vida.
En resumen, aunque hubo avances en áreas como la educación y la atención médica, Argentina enfrentó desafíos persistentes en términos de desigualdad, pobreza, precariedad laboral y acceso a servicios básicos.

La decadencia económica

Durante el período analizado, Argentina experimentó un desempeño económico decepcionante y un aumento constante del gasto público social (GPS). Esta expansión del GPS coincidió con un aumento en la incidencia de la pobreza y la desigualdad en el país. A lo largo de este lapso, Argentina sufrió numerosas recesiones y crisis de deuda externa. Solo hubo dos períodos sostenidos de crecimiento económico, uno entre 1990 y 1994 debido al Plan de Convertibilidad, y otro entre 2003 y 2007 debido a factores favorables como una capacidad ociosa elevada, tipo de cambio real alto y mejoramiento de los términos de intercambio.
Durante el quinquenio de mayor expansión económica (2003-2007), se observó una mejora significativa en el empleo, una disminución del desempleo y un aumento de la población económicamente activa con empleo. Sin embargo, desde entonces, la creación de empleo formal en el sector privado se ha estancado y el PBI per cápita apenas ha variado desde 2008.
A lo largo de los años, los gobiernos democráticos lograron aumentar la recaudación fiscal, pero el sector público mostró persistentes desequilibrios financieros y fiscales. La estabilidad de los precios fue irregular, con episodios de hiperinflación, alta inflación y cambios en la denominación de la moneda.
La expansión del estado social en Argentina durante la democracia es considerada una paradoja debido al decepcionante desempeño económico del país. Esta singularidad argentina se debe a la recursividad de la política social, que puede tanto reducir como reproducir las desigualdades sociales. A pesar del aumento del gasto social y la ampliación de los servicios estatales, una proporción importante de la sociedad argentina ha experimentado persistentes desventajas. El estudio busca profundizar en el componente estatal del régimen de bienestar y analizar las restricciones y oportunidades del régimen de acumulación económica para comprender esta paradoja.

El mercado formal de trabajo.
La década de los setenta marcó una serie de transformaciones que fueron definidas por autores como Ulrich Beck, Anthony Giddens y Peter Wagner como la transición de la "primera" a la "segunda" modernidad, también conocida como modernidad reflexiva. Esta transición se caracteriza por la crisis de la sociedad salarial y de los factores que la sustentaban, como la creencia en el progreso y en un futuro mejor a través del crecimiento económico, así como la existencia de sociedades nacionales con pleno empleo masculino.
Durante este período, se observa un debilitamiento de las condiciones que solían organizar la vida social, como la estabilidad laboral, la seguridad profesional y la homogeneidad de las ocupaciones. En su lugar, surgieron fenómenos como la transformación de la figura del asalariado formal, la expansión del desempleo masivo y duradero, la consolidación de formas precarias de empleo y la pauperización de amplios sectores de la sociedad.
La segmentación del mercado laboral en estratos diferentes se convirtió en una característica importante de este período. Se distinguieron un segmento primario, con empleos regulados, estables, formales y protegidos; un segmento secundario, con empleos extralegales, mayor rotación y sin protección social; y un segmento terciario, con empleos de indigencia, inestables y con bajos ingresos.
Estos cambios en el mercado de trabajo tuvieron un impacto significativo en la vida de las personas. El trabajo dejó de ser solo una fuente de ingresos, sino que también se convirtió en una fuente de identidad y reconocimiento social. Sin embargo, la inseguridad laboral y social contemporánea ha debilitado estos elementos y ha generado un sentimiento de pérdida de confianza en sí mismos y de inutilidad en muchos individuos.
En resumen, las transformaciones ocurridas desde los años setenta, según los autores mencionados, marcaron la transición de la primera a la segunda modernidad. Estas transformaciones se caracterizan por la crisis de la sociedad salarial y la aparición de nuevas formas de empleo precario. Esto ha llevado a una segmentación del mercado laboral y a una mayor inseguridad social.

ANTICIPAR RESULTADOS.

El estado social como una construcción analítica que se distingue de otras esferas de la actividad e institucionalidad estatal. Se menciona que la institucionalidad estatal alberga los comportamientos estratégicos de los hacedores de políticas públicas, que ejercen poder sobre la sociedad, el mercado y otros actores. Se presentan diferentes modelos de solidaridad que han dado forma a las garantías de los derechos sociales, como el planteamiento residual, el corporativista y el universalista.

El texto menciona que el estado social en Argentina ha sido configurado a lo largo de la historia en diferentes momentos y ha sido objeto de reformas con distintos niveles de alcance e intensidad. Se destaca la interacción entre las orientaciones políticas de los gobiernos y las características sectoriales de los estudios de caso realizados. Se resalta la singularidad de cada caso, pero también se busca encontrar características comunes y establecer continuidades y rupturas entre ellos.

En cuanto a las reformas sociales en Argentina, se menciona el mantenimiento de los principios de los sistemas contributivos, lo que ha llevado a una creciente falta de cobertura. También se han implementado medidas subsidiarias y de excepción, como la creación de la Asignación Universal por Hijo y la moratoria previsional. En el ámbito de la educación, se destaca la expansión de la cobertura en la educación básica y superior, aunque también se mencionan problemas de equidad y diferenciación.

Además, se habla de la asistencialización focalizada en programas alimentarios y transferencias de ingreso, así como en políticas de regularización dominial y mejoramiento barrial, aunque con alcances limitados. Se menciona la insuficiencia y falta de recursos en el sector de la vivienda.

El período estudiado se estructura en cuatro momentos: de "reparación", "arquitectónico", "de acelerada expansión" y "de austeridad".

El “momento de reparación”

Durante el gobierno de Alfonsín en Argentina, se priorizó una transición democrática no negociada con las autoridades militares. Sin embargo, su gestión se vio condicionada por problemas como la deuda externa, el déficit fiscal y la inflación. Se implementaron medidas reparatorias, como la Ley de Locaciones Urbanas para abordar la crisis de desalojos, y el Programa Alimentario Nacional (PAN) para atender la situación alimentaria. También se realizaron aperturas en el ámbito educativo, eliminando barreras de acceso a la educación superior y promoviendo cambios en los sistemas educativos autoritarios. Por otro lado, se intentó crear un seguro nacional de salud, pero enfrentó oposición sindical. Durante este periodo se creó el Ministerio de Salud y Acción Social, con diversas secretarías relacionadas con el desarrollo humano, la vivienda y el bienestar social. Además, se produjo una separación entre la gestión de los asuntos de seguridad social contributiva y los asuntos sociales.

El “momento arquitectónico”

Durante las dos presidencias de Menem, su administración recibió apoyo legislativo y de los ejecutivos provinciales. Llevó a cabo una reforma estructural orientada hacia la "modernización" del Estado, que implicó la venta y/o concesión de empresas estatales y la desregulación de actividades públicas. Esto resultó en una disminución significativa del gasto estatal en servicios económicos y en un aumento en los precios de los servicios domiciliarios para los hogares.

Durante ese período, se realizaron reformas legales importantes en educación, seguridad social y asistencia familiar, y se descentralizaron los servicios de educación y salud. Se crearon instituciones como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), encargada de la administración del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), que posteriormente amplió sus funciones más allá de la seguridad social. También se crearon instituciones en el sector de la salud, como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En el ámbito educativo, se establecieron instituciones como el Sistema Nacional de Información Educativa, el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (SINEC), la Red Federal de Formación Docente Continua (REDFIED) y el Programa de Estudio de Costos del Sistema Educativo.

En 1994, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), que absorbió funciones de la cartera de Salud y otros organismos relacionados con políticas sociales. En 1997 se creó el Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP SA) y el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO).
Durante el breve gobierno de De la Rúa, se creó el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que continuó con los modos de gobierno asistencial de la pobreza. Se realizaron intentos de ampliar los programas de transferencia de ingresos, pero sin mucho éxito.

En resumen, durante el gobierno de Menem se llevaron a cabo reformas estructurales que implican la venta de empresas estatales, la descentralización de servicios y la creación de nuevas instituciones en áreas como seguridad social, salud, educación y desarrollo social. Estas reformas tuvieron impactos significativos en la economía y en la prestación de servicios públicos.

El “momento de acelerada expansión”

Durante la administración de Duhalde en 2002, se intensificó la asistencia social en respuesta a la crisis económica y se inició la expansión de las transferencias de ingresos. Durante el período kirchnerista, se promovió la retórica de los derechos y la inclusión social, y se implementaron diversas reformas legales, como la reforma educativa y la reforma previsional. Se amplió la cobertura de los regímenes de protección social y se introdujeron medidas excepcionales, como la moratoria previsional y la asignación universal por hijo (AUH). También se crearon seguros públicos de salud y se mejoró la cobertura de las obras sociales. Se produjo una expansión significativa de las transferencias a las edades centrales de la población, lo que permitió la distribución arbitraria en el ámbito territorial y las interacciones con actores sociales y estatales subnacionales. Se crearon varias universidades nacionales y se implementaron políticas habitacionales que lograron un récord de producción y mejora de viviendas, aunque resultaron insuficientes para abordar el déficit habitacional en su totalidad. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se observaron importantes modificaciones en el Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo una expansión presupuestaria y un enfoque en la economía social y la territorialización. Hubo una acelerada expansión del gasto público social, especialmente en el gasto previsional, que aumentó significativamente como porcentaje del PBI.

El “momento de austeridad”

Durante la presidencia de Macri, el discurso sobre los derechos perdió fuerza y se enfatizó el emprendedurismo y la meritocracia. El gasto público social (GPS) no experimentó cambios significativos y, de hecho, aumentó su participación relativa a nivel nacional debido a las políticas de reducción del déficit fiscal, especialmente en el gasto en servicios económicos como los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Esto tuvo un impacto negativo en la economía doméstica, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2017, el GPS per cápita alcanzó su valor más alto durante todo el período. El régimen de asignaciones familiares (AAFF) se extendió para incluir a los trabajadores independientes. El Ministerio de Desarrollo Social retomó la política de regularización de la propiedad en los barrios populares. En septiembre de 2018, debido al deterioro de las condiciones macroeconómicas y sociales y como parte de medidas para contener el gasto estatal, se reorganizó la administración nacional y se creó el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que agrupó las áreas de salud, desarrollo social y seguridad social contributiva en una estructura similar a la de los años sesenta. Este ministerio se convirtió en el de mayor asignación de recursos del Gobierno nacional. Se impulsó la "financiarización de la política asistencial" a través del programa de Créditos ANSES, que otorgaba préstamos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) vinculados al consumo. Se estimaba que se habían otorgado 4.5 millones de préstamos a beneficiarios de la AUH para finales de 2019. El lanzamiento de créditos hipotecarios resultó ser un fracaso en el ámbito habitacional. También se realizaron cambios legales relevantes, como la creación de un beneficio previsional no contributivo (PUAM), la regulación de la regularización de la propiedad en los barrios populares y la Ley de Emergencia Social, que estableció el Salario Social Complementario (SSC).
La santa federación y la “nostalgia centralista”

El proceso de provincialización y descentralización en Argentina durante los años noventa, que continuó las iniciadas en los años setenta por el gobierno militar, fue la mayor transformación institucional del estado social en democracia. Esta descentralización implicó la transferencia de competencias en áreas como la gestión escolar, atención sanitaria, vivienda y programas sociales a nivel provincial. Aunque hubo intentos de recentralización en la posconvertibilidad, la arquitectura institucional descentralizada se mantuvo en disputa.
Argentina es una federación políticamente descentralizada, con Gobiernos provinciales autónomos pero económicamente dependientes debido a la centralización de los ingresos tributarios. A pesar de esto, los Gobiernos provinciales tienen capacidad política y autonomía para negociar con el gobierno central. La reforma constitucional de 1994 ratificó el proceso de descentralización y fortaleció el federalismo de concertación, aunque se mantuvo cierto centralismo en diversos temas.
La distribución de responsabilidades entre el poder central y las provincias en la provisión de bienes y servicios sociales se encuentra delimitada en la Constitución Nacional. Los Gobiernos provinciales se hacen cargo de la mayor parte del gasto estatal en educación, atención sanitaria, infraestructura social básica y programas compensatorios, entre otros. Sin embargo, la distribución de los recursos coparticipados ha sido fuente de conflictos y pactos fiscales renovados en numerosas ocasiones.
El sistema educativo argentino ha experimentado transferencias de responsabilidades a nivel provincial, aunque las capacidades de gestión de las provincias eran precarias y desiguales al momento de la descentralización. La creación de programas específicos y el fortalecimiento del Consejo Federal de Educación buscaban establecer una coordinación entre la gestión provincial y nacional, pero esto ha sido oscilante.
En el sector sanitario, la provincialización de efectores hospitalarios ha generado subsistemas públicos de salud fragmentados y desiguales. Existen múltiples fuentes de aseguramiento en el subsector de la seguridad social, lo que dificulta la coordinación entre las dependencias provinciales y las funciones generales de atención a la salud. El Consejo Federal de Salud no ha cumplido su función de coordinación federal.
En resumen, la descentralización en Argentina ha implicado la transferencia de competencias a nivel provincial en áreas como la educación, atención sanitaria y programas sociales. Sin embargo, persisten desafíos en la coordinación entre los niveles de gobierno y la distribución equitativa de recursos, lo que ha generado conflictos políticos y fiscales.

“Nostalgia contributiva” y estratificación de la cobertura

La expansión de la cobertura social se produjo de manera estratificada, lo que significa que diferentes sectores de la población tenían acceso a diferentes niveles de beneficios.
La orientación universalista de las políticas sociales estuvo ausente en las reformas recientes, lo que llevó a un enfoque particularista en la ampliación de la cobertura. Esto se debió en parte a la falta de apoyo social y liderazgo político para promover políticas sociales universalistas.

Existieron dos grandes transformaciones institucionales en la política social argentina: la creación del sistema previsional de capitalización individual en 1993 y su reversión en 2008, y la ampliación de las transferencias no contributivas. Estas transformaciones afectaron la capacidad protectora de los sistemas de protección social y generaron estratificación en los beneficios.
Además, se resalta la heterogeneidad estructural de la sociedad argentina y cómo esto se refleja en las burocracias estatales y en la diferenciación entre poblaciones "contribuyentes" y "no contribuyentes". Las transferencias a las edades centrales de la población se han desarrollado de manera diferente a las transferencias a los menores y mayores de edad.

En general, el resumen enfatiza la falta de universalismo en los sistemas de protección social argentinos y cómo esto ha llevado a una estratificación de los beneficios. También se mencionan las limitaciones de las transferencias de ingresos a las personas en edades centrales para compensar el déficit de ingresos laborales.

Mercantilización y estratificación educativa

El incremento de establecimientos, cobertura territorial y matrícula estudiantil fue resultado de una política de Estado permanente, influenciada por las capacidades fiscales y la prioridad asignada por los ejecutivos provinciales a la educación básica.
la ampliación de la cobertura en educación inicial y secundaria se dio principalmente en los grupos sociales de menores ingresos, con un aumento significativo en la escolarización a los cinco años y el acceso a la educación secundaria. También se observó un aumento en el porcentaje de la población mayor de 24 años con educación secundaria completa. Sin embargo, sigue existiendo la escolarización de niños y jóvenes en situaciones precarias de vida y la heterogeneidad en la calidad e intensidad educativa, así como la predominancia de jornadas escolares simples en la educación primaria.

Existe la tendencia de la mercantilización "pasiva" de la educación obligatoria, donde las subvenciones a las escuelas privadas se orientaron principalmente a la oferta escolar y se ampliaron en términos de porcentajes, cargos y número de escuelas. Aunque se distingue entre escuelas de gestión "estatal" y "privada", la educación obligatoria se considera "pública" independientemente de los agentes e instituciones que la impartan.

También se señalan los conflictos con las organizaciones sindicales de la educación básica, que incluyen dificultades de diálogo, protestas y disputas en torno a la paritaria nacional, así como largos períodos de paro en diversas provincias. Se menciona que en gran parte del período, la expansión del sistema educativo se financió a expensas del salario docente, aunque este recuperó algo de valor a partir de los años noventa y especialmente desde 2004.

En cuanto a la educación superior, se destaca su notable expansión en términos de población estudiantil, con un incremento relativo de mujeres, estudiantes mayores de 25 años y estudiantes de ingresos más bajos. Se menciona la presencia de una mayor cantidad de instituciones universitarias y no universitarias con diferentes características y una distribución territorial amplia. Se subraya que la creación de nuevas universidades nacionales ha seguido una lógica de oportunidad política coyuntural, impulsada por promotores locales y legislativos influyentes, incluso sin planificación previa ni intervención del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación.

La crisis habitacional

La cuestión habitacional es la mayor deuda social en Argentina, con escasa relevancia en la agenda política. La expansión de la pobreza afectó especialmente las condiciones de vivienda, con la proliferación de barrios precarios. Se implementaron políticas focalizadas de regularización dominial y mejoramiento barrial, pero con alcance limitado. Las organizaciones populares jugaron un papel importante en la política habitacional, pero no se logró revertir el déficit habitacional de manera significativa. La política federal de vivienda marcó un punto de inflexión, pero no pudo cubrir todas las necesidades habitacionales, y se evidenciaron limitaciones en la producción de viviendas y en la planificación urbana.

Una agenda legislativa desbalanceada

El proceso de recuperación del estado de derecho en Argentina en 1983 coincidió con una mayor adopción de normas jurídicas convencionales. Durante el retorno a la democracia, se ratificaron numerosos pactos y tratados internacionales, y la reforma de la Constitución Nacional en 1994 incorporó declaraciones, convenciones y pactos internacionales con rango constitucional y jurídico supremo. Esto llevó a una ampliación de los derechos civiles en áreas sociales, como la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y la identidad de género.
En cuanto a la agenda legislativa, hubo un despliegue desigual en diferentes sectores. Aunque el Poder Legislativo tuvo un papel destacado en temas educativos, previsionales y laborales, hubo una falta de intervención en programas de lucha contra la pobreza. En el campo de la salud, se intentó crear un Seguro Nacional de Salud, pero su implementación se vio obstaculizada y se optó por aprobar legislación particularista para abordar enfermedades específicas.
En el ámbito alimentario, se promovió la emergencia alimentaria y se establecieron programas de asistencia. En educación, se sancionaron leyes que extendieron la obligatoriedad escolar y reestructuraron el sistema educativo. En educación superior, se promovieron leyes que facilitaron el ingreso a universidades e institutos sin restricciones y se consagró la gratuidad.
En el régimen previsional, se llevaron a cabo reformas en diferentes momentos, incluyendo la capitalización individual, la reconfiguración del balance público-privado, la creación de beneficios no contributivos y la resolución de conflictos judiciales.
En resumen, hubo una intensa actividad legislativa en Argentina durante el período democrático, con avances en derechos civiles, educación, salud y seguridad alimentaria, aunque con desigualdades en su implementación y falta de acción en algunos ámbitos.

La “emergencia”: justificación y lugar común

El concepto de "emergencia" se refiere a situaciones imprevistas y peligrosas que requieren una acción inmediata. En Argentina, se ha utilizado repetidamente como argumento para intervenir estatalmente y se ha convertido en un estilo recurrente de gestión social. Las respuestas del Estado a menudo se han centrado en acciones puntuales para abordar los síntomas, en lugar de abordar las causas subyacentes, lo que ha llevado a que las medidas de emergencia se vuelvan permanentes. Desde 1984, se han implementado programas y leyes de emergencia en diversos ámbitos, como alimentación, previsión, empleo y vivienda. Sin embargo, el abuso de esta etiqueta ha llevado a la postergación de reformas estructurales necesarias.


Unidad 7 - Pibes chorros

Los limites del desempleo estructural como disciplinador social - Mazzeo

Desde la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se implementaron políticas que desvalorizan el trabajo y favorecieron al capital. La política económica de la dictadura buscaba consolidar un nuevo bloque dominante y desestructurar el mundo de los trabajadores. Los gobiernos democráticos neoliberales continuaron con la supresión de regulaciones y la privatización de empresas públicas, debilitando al pueblo y consolidando a los grupos dominantes. El desempleo estructural y la exclusión social llevaron al surgimiento de movimientos de trabajadores desocupados, que cuestionaron el trabajo abstracto y enajenado y buscaron formas de organización alternativas. Estos movimientos desafían el sistema y plantean nuevas perspectivas para la organización de los trabajadores ocupados. Sin embargo, la exclusión y la desestructuración social dificultan la resistencia y la organización de los sectores más vulnerables. A pesar de esto, los marginados pueden encontrar formas de respuesta organizada desde su posición de exclusión. La desestructuración del mundo de los trabajadores y las políticas de desigualdad fueron concebidas como garantías para mantener el orden. Algunos intelectuales de izquierda habían reflexionado previamente sobre la importancia de estar al margen del sistema para desarrollar necesidades capaces de sostener una sociedad libre. En la actualidad, cada vez más personas quedan al margen del sistema y la desocupación se convierte en una condición generalizada.

Territorio piquetero

El territorio ha sido utilizado en diversos sentidos, como dominio, suelo, horizonte, geopolítica, región, paisaje, entre otros. También el territorio puede ser visto como una metáfora espacial o geográfica, aunque algunos consideran que el uso de metáforas espaciales no es científico.
En el territorio se articulan relaciones sociales y se gestiona el poder, y se mencionan las diferentes formas de territorialidad, incluyendo la territorialidad neoliberal y la territorialidad de los movimientos sociales.

Lo territorial aparece vinculado a un concepto de descentralización, lo cual nos remite a formas de organización político-territoriales y económico territoriales. La descentralización tiene como objetivo aliviar al Estado y garantizar la gobernabilidad local, sin alterar la cultura clientelista.

El territorio ha sido utilizado en diversos contextos y ha sido objeto de discusión y reinterpretación. Algunos lo ven como una metáfora geográfica o espacial, mientras que otros lo consideran un concepto ontológico y humano.

El territorio es considerado una metáfora geográfica o espacial en este contexto. Algunos críticos argumentan que el uso de metáforas espaciales puede atentar contra la objetividad científica de ciertos discursos.

Para pensadores como Martín Heidegger y Maurice Merleau-Ponty, el territorio adquiere un carácter anti geométrico y cualitativo. Se concibe como un espacio humano compuesto por sitios, direcciones y relaciones, en contraposición a líneas, planos y volúmenes.

El territorio se relaciona con el concepto de descentralización, tanto en su aspecto político como económico. La descentralización puede aliviar al Estado y promover la gobernabilidad local, pero también puede generar distancia respecto a los problemas nacionales.

Desde perspectivas alternativas, se propone una resignificación de lo local, especialmente identificando al municipio como un espacio administrativo con potencial para desarrollar gestiones progresistas y participativas. Esto puede ser funcional a las necesidades de algunos intendentes o líderes locales.

Para los pueblos originarios, el territorio es concebido como elemento esencial de su cultura y espacio de realización comunitaria. A lo largo de la historia, los territorios han sido la base de la resistencia y reconstrucción de los vínculos comunitarios en contextos hostiles.

El territorio se vincula con la articulación de relaciones sociales y la gestión del poder. Se menciona que la territorialidad es un fenómeno social, económico, jurídico, ideológico y político. En el capitalismo posindustrial, se observa una tendencia a maximizar las superficies privadas y fragmentar el espacio, lo cual tiene implicaciones en las relaciones sociales.

Se describe la territorialidad neoliberal, la cual se articula con la economía global y puede generar tanto geografías de centralismo como de marginalidad. En las zonas periféricas, esta territorialidad se asocia con formas de dominación, subordinación y control social, así como con resistencia y reconstrucción del tejido social.

La disputa por el territorio implica la disputa en torno a determinadas formas de relaciones sociales, cosmovisiones y racionalidades opuestas. Esta disputa puede manifestarse en enfrentamientos entre normas comunitarias y normas estatales, así como en diferentes formas de trabajo, jerarquía, autonomía, etc.
Se destaca la importancia del cuerpo en la lucha política y se menciona que el piquete (manifestación de protesta y bloqueo de calles) puede ser entendido como una herramienta que recupera la centralidad del cuerpo en la política.

Los punteros han descrito al territorio como un espacio de aprendizaje. El territorio es el punto de articulación con otros sectores, es el espacio en el que se define la unidad política de los trabajadores.

La mujer juega un papel clave en la articulación del micro cosmos reproductivo social con lo político. Como consecuencia de un mandato cultural, el peso de las mujeres es determinante en las actividades cotidianas auto reproductivas. La mujer es la que garantiza los objetivos relacionados con la supervivencia política y social, por lo tanto es la que impulsa las instancias de formación y prácticas asamblearias.
El piquete es una crono tecnología de resistencia. Es una de las formas de detener el tiempo de rotación, un palo en la rueda del capital.

El piquete es una metodología de acción directa vinculada a las realidades impuestas por un modelo de acumulación que favoreció la desterritorialización del capital. El piquete es la representación de la apropiación y el control real de otro territorio. Es también la exhibición pública de una potencialidad. Es una instancia donde tiene lugar la democracia directa y participativa.

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PIBES CHORROS - Daniel Miguez

El delito es un problema significativo en la sociedad argentina. Las causas de este fenómeno deben buscarse en la asociación entre el delito, desempleo, desigualdad y pobreza.
Dentro de la sociedad no hay consensos claros acerca de cómo se relacionan estos fenómenos. Muchas veces hay cuestiones ideológicas involucradas en el debate. Desde una perspectiva humanística se trata de desvincular la pobreza del delito, teniendo como objetivo evitar que los pobres sean estigmatizados. Desde un ángulo opuesto, se suele sostener el mismo argumento pero con el objetivo de fomentar que la delincuencia no tiene causas sociales, sino que son perversidades morales del delincuente, y de esta manera justificar el castigo y las políticas de “mano dura”.
Max Weber apuntó que lo que sucede en el ámbito social, las relaciones son casi siempre probabilísticas, mientras que en las ciencias naturales el determinismo manda. Las relaciones entre causa y efecto actúan de otro modo para lo social: la existencia de una causa HACE PROBABLE pero no determina que el efecto realmente ocurra, por lo que se nos hace bastante dificultoso determinar cuándo ocurriría una cosa y cuándo otra.
Un problema adicional es que rara vez se puede decir que dada una causa exista una probabilidad de que el efecto se produzca. La probabilidad puede ser mayor o menor pero nunca se sabrá con exactitud. Este principio se aplica a las relaciones entre pobreza, desigualdad, desempleo y delito. Todos estos factores pueden incrementar la probabilidad de inseguridad, pero no la determina, principalmente si consideramos el problema al nivel de los individuos. — Nadie puede asegurar que el individuo en estado de miseria cometerá delitos.
La relación entre pobreza y delito es probabilística, pero no está claro cómo ambos factores se asocian entre sí. Existe una diferencia entre las EXPECTATIVAS que genera la sociedad y las POSIBILIDADES reales de alcanzarlas la que predispone a las personas a transgredir la ley. En países como el nuestro se promueven metas comunes de consumo y bienes para el conjunto de la población, a diferencia de países tradicionalmente pobres. En nuestro caso, los sectores que sufren restricciones crecientes y sin posibilidades reales de alcanzar esas metas, recurren muchas veces a la transgresión como manera transitoria de alcanzar lo que no se puede obtener por los canales convencionales. Así, el delito puede transformarse en un problema social.
El desempleo actuaría como 3er componente de la ecuación: El empleo define un ámbito de pertenencia social, de manera que el hecho de ser DESEMPLEADOS nos ubica en un lugar de NO pertenencia, nos coloca fuera de uno de los ámbitos principales de integración social: significa de alguna manera NO SER. (una especie de muerte social). Además, el empleo actúa como regulador social: se establecen proyectos de vida, rutinas cotidianas, maneras de usar el tiempo y espacio.
Perder la condición de empleado genera una distancia entre lo que se aspira a ser y tener y eso que las condiciones reales nos permiten, y por este motivo no es difícil de entender que un desempleado recurra al delito como vía de escape, pero no basta para entender el fenómeno en profundidad.
La relación entre desocupación y delincuencia no es mecánico y esto es así porque esta relación no está regida por la necesidad económica sino por la degradación de valores. Lo que sí sucede es que los adultos afectados por el desempleo permanente o por la falta de estabilidad laboral van perdiendo progresivamente la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores vinculados al trabajo, la educación y la familia.
Algunos sociólogos afirman que el desempleo produce un clima anómico, una pérdida de los estímulos que habitualmente organizan la vida de las personas. En este contexto es posible que algunos grupos, especialmente los jóvenes, construyan un sistema de valores alternativos a los vigentes vinculados con la transgresión y el delito.
En una sociedad patriarcal como la nuestra donde el varón actúa como el principal sostén de la familia, resulta conflictivo que el “jefe de hogar” no pueda actuar como proveedor. Estas dificultades se incrementan si hay fenómenos de alcoholismo, crisis vinculares, disolución de lazos de contención. De manera que el trabajo, la educación, la familia e incluso la casa dejan de ser instituciones y ámbitos que ordenan la vida de las nuevas generaciones.
Para los hijos de los marginados, la calle, el grupo de pares o el tiempo libre sin ocupación se vuelven referentes. Ante la falta de proyectos a largo plazo la violencia empieza a ser vista como una expresión de coraje, destreza física. Se vive un inmediatismo (una necesidad del disfrute repentino e ilimitado en tiempo y espacio).
La criminalidad se agrega a estas actividades, como acción esporádica y aventurera pero también como fuente de ingresos alternativa y canal expresivo del resentimiento.
En determinadas condiciones el empobrecimiento, la desigualdad, la desocupación pueden volverse factores de que el delito se transforme en un problema social.

El proceso de convertirse en un "pibe chorro" no es algo con lo que se nace, sino que se desarrolla a través de la interacción entre los individuos y las condiciones sociales en las que se desarrollan.

Este proceso es más o menos generalizable, lo que significa que cada individuo dentro de un determinado orden social es el resultado de complejos fenómenos que ocurren entre el contexto social y las posibilidades reales que tiene como individuo.

Importantes sociólogos como Pierre Bourdieu o Norbert Elias han sostenido este principio básico, mostrando cómo cada orden económico y social establece condiciones que influyen en las formas de pensar, sentir, conocer y creer de los miembros de una sociedad.

La experiencia social de los jóvenes que se convierten en "pibes chorros" se ha desarrollado a partir de procesos de pauperización y marginación que ocurrieron a partir de la década de 1980 en Argentina, incrementando durante los 90. Durante esta época, las condiciones sociales de los sectores populares experimentaron cambios notorios, con un aumento de la pobreza estructural y una creciente precarización del mercado laboral.

Estas condiciones han llevado a que varias generaciones de jóvenes no hayan tenido acceso a empleo estable ni expectativas reales de progreso y ascenso social, lo que ha generado frustración y descontento.

El desempleo y la falta de oportunidades han afectado no solo a las economías familiares, sino también a los roles tradicionales dentro de la estructura familiar, generando crisis en las estructuras familiares y un cambio en las dinámicas de socialización. El rol principal del varón como proveedor se fue perdiendo como resultado de una informalización del empleo, y es así como mujeres y niños ocuparon esa función, sustituyendo al jefe de familia.

El empobrecimiento económico y los cambios en las estructuras familiares han contribuido al surgimiento de familias monoparentales encabezadas por madres solas y a la disolución de vínculos estables, afectando el primer núcleo afectivo de integración social para las nuevas generaciones. Fue durante estos procesos que crecieron la mayor parte de quienes son definidos como “pibes chorros”.
La situación se hace más abrumadora en los 90, mientras algunos sectores seguían cayendo otros accedían a formas de confort cada vez más inabordables para quienes quedaban fuera del mercado laboral. Por lo tanto, quienes llegaron a convertirse en “pibes chorros” en la década de los 90 tienen como rasgo compartido el haber sufrido privaciones y desestructuración durante su infancia.

En resumen, el proceso de convertirse en un "pibe chorro" es el resultado de condiciones sociales desfavorables, como la pobreza, la falta de oportunidades laborales y los cambios en las estructuras familiares. Estos factores influyen en las formas de pensar, sentir, actuar y percibir el mundo de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley.

La desestructuración del mundo laboral y familiar tiene un impacto en la vida de los jóvenes. Cuando éstos carecen de referencias familiares y laborales, el barrio y la calle se convierten en espacios centrales donde buscan pertenencia social. En estos entornos, establecen vínculos significativos y desarrollan sistemas de valores y actitudes relacionados con la transgresión y el delito.

Muchos de estos jóvenes no logran identificar claramente la profesión o el empleo de sus padres, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral. Aunque algunos han tenido experiencias laborales, estas no les brindan una visión positiva del trabajo. Asimismo, se menciona que la escuela también es vista como un lugar ajeno y frustrante, donde se experimenta fracaso y estigmatización.

A pesar de estas percepciones negativas, los "pibes chorros” aún tienen deseos de adaptarse e integrarse en la sociedad. Mantienen ambigüedad respecto al trabajo y la escuela, reconociendo su importancia pero también experimentando frustración. La influencia de la familia es mencionada como un factor relevante en la trayectoria de estos jóvenes, a veces favoreciendo su ingreso al mundo del delito, asumiendo la participación como natural, y otras veces motivándolos a abandonarlo.

El asesinato surge espontaneamente de un contexto en el que la violencia fisica, y dentro de ella la muerte violenta, es casi con suceso cotidiano.

Estos jóvenes viven en una situación de fluidez entre “dos mundos”: el de los valores convencionales de la sociedad y el de los códigos del mundo delictivo, lo cual explica su comportamiento ambiguo y contradicciones, sin tomar un camino del todo definido. La falta de estructuras familiares sólidas y la influencia del grupo de pares también influyen en su camino hacia el delito.


QUE SON LAS EMPRESAS RECUPERADAS? - Ruggeri

Cap. 11 - La política.

Toda manifestación de lucha social tiene un correlato político. En el caso de las empresas recuperadas, los trabajadores necesitan apelar a mecanismos de presión política sobre el Estado para asegurar condiciones mínimas de funcionamiento y facilidades legales.

Las empresas recuperadas se enfrentan a complejas causas judiciales y buscan leyes de expropiación como opción jurídica. Para lograr sus objetivos, se organizan en movimientos, asociaciones o federaciones que les permiten ser reconocidos y tener representación política.

La situación política en Argentina influye en el proceso de las empresas recuperadas. Los vaivenes políticos, los reacomodamientos partidarios y la asunción del gobierno de Néstor Kirchner generan esperanzas y desconfianzas en distintos sectores de los trabajadores.

Los movimientos de empresas recuperadas surgen como una necesidad de suplir carencias y se agrupan para tener representación frente a los poderes públicos y desarrollar lazos de solidaridad entre ellos. Estos movimientos han sido fundamentales en la consolidación del proceso de las empresas recuperadas.

Los movimientos tienen limitaciones en su capacidad de acompañar los procesos más allá de la ocupación inicial. Además, la existencia de distintas organizaciones de empresas recuperadas, con fricciones y conflictos internos, ha llevado a la fragmentación y falta de consolidación de un movimiento unificado.

Algunas organizaciones de empresas recuperadas en Argentina son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Estas organizaciones tienen diferencias en términos de estrategia y liderazgo.

Los movimientos de empresas recuperadas han tenido importancia en momentos conflictivos de ocupación, en la presión sobre el poder político y en la vinculación con otras organizaciones sociales y políticas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA, DESIGUALDAD Y GÉNERO EN ARGENTINA

Un breve recorrido sobre la educación secundaria argentina
La educación secundaria en Argentina se expandió a mediados del siglo XIX sin una legislación integral que le otorgara organicidad.
Se organizaron diversas modalidades de educación secundaria, como bachiller, normal, comercial y técnica.
Hubo numerosas propuestas de reformas por parte de educadores y políticos, pero ninguna alcanzó consenso hasta la Ley Federal de Educación de 1993.
La Ley Federal estableció una transformación integral del sistema educativo y la extensión de la obligatoriedad escolar.
Se implementó un esquema de ciclos y niveles con una Educación General Básica (EGB) de nueve años (obligatorio) y un nivel polimodal de tres años, extensivos.
La implementación de la Ley Federal llevó a una dispersión y fragmentación significativa de la oferta educativa, con numerosos modelos de organización institucional y dificultades de articulación.
El debate sobre la identidad y calidad de la educación secundaria se intensificó, así como la idea de que debería ser obligatoria para todos los jóvenes.
En 2006 se promovió la Ley de Educación Nacional para homogeneizar el sistema educativo y establecer la obligatoriedad de la educación secundaria.
La implementación de la Ley de Educación Nacional generó desafíos en términos de organización, orientaciones, infraestructura y plazas escolares, que aún están en proceso de definición.

Evolución cuantitativa y modalidades de egreso
El proceso de expansión de la educación secundaria en Argentina comenzó en el siglo XX y ha estado relacionado con diferentes modelos socioeconómicos en el país. Inicialmente, la educación secundaria estaba destinada a élites y tenía una modalidad selectiva. A partir de mediados de los años cuarenta, con la industrialización y la democratización, se produjo un crecimiento sostenido de la matrícula, especialmente en la modalidad técnica y luego en la modalidad comercial.

Durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, hubo un estancamiento en el crecimiento de la educación secundaria debido a las políticas represivas y la retracción de la actividad pública. Sin embargo, después de la transición democrática, la matrícula comenzó a aumentar nuevamente, lo que se ha denominado como el proceso de "masificación de la educación secundaria". Esto se debe a la menor selectividad y a las dificultades de empleo que enfrentaban los jóvenes, lo que los llevó a buscar mayores certificaciones educativas.

En la década de los noventa, el crecimiento de la matrícula continuó, especialmente en el nivel de educación secundaria básica. Sin embargo, a partir de 2003, se produjo un descenso en la matrícula, lo cual sorprendió a los investigadores que esperaban un crecimiento continuo en el contexto de la recuperación económica. Se plantean dos hipótesis para explicar este cambio de tendencia: la crisis económica de principios de los 2000 y la recuperación económica que podría haber competido con la escolarización de los jóvenes.
En cuanto a las modalidades de egreso, la Ley Federal de Educación de los años noventa provocó una diversificación y fragmentación de la educación secundaria.

Actualmente, coexisten diferentes tipos de organización del conocimiento escolar y los estudiantes obtienen certificados secundarios con distintas denominaciones según el establecimiento y la jurisdicción educativa. Las orientaciones más comunes se relacionan con las humanidades, las ciencias sociales y la comercialización, mientras que las orientaciones técnicas o en ciencias exactas y naturales son menos frecuentes.

En resumen, la educación secundaria en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo del tiempo, influido por factores socioeconómicos y cambios en las políticas educativas. Ha habido una ampliación de la matrícula, aunque también se han presentado desafíos en términos de diversificación y fragmentación de la oferta educativa.

Educación secundaria y género

En Argentina, la educación secundaria experimentó un mayor crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, después de que la educación primaria se volvió obligatoria en la década de 1960. El acceso y la finalización de la educación secundaria han sido diferentes para hombres y mujeres. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres tienden a completar la educación secundaria en mayor medida que los hombres.

Se utiliza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para analizar el acceso a la educación secundaria de hombres y mujeres de distintas generaciones. Según la información obtenida, la equiparación en las oportunidades de acceso al diploma secundario entre hombres y mujeres se produjo en la generación nacida entre 1942 y 1951, es decir, en la cohorte que tenía entre 55 y 64 años en 2006.

A partir de los años cincuenta, la brecha de acceso se fue ampliando a favor de las mujeres, y en la actualidad, la mayor distancia en la obtención del diploma secundario a favor de las mujeres se encuentra en la cohorte de jóvenes de 19 a 24 años, con una diferencia de 10 puntos porcentuales.

Se analiza también el acceso a los diplomas secundarios según el nivel socioeconómico. Hasta la década de 1940, el acceso a los diplomas secundarios era privilegio de hombres de mayores ingresos, y las mujeres tenían una proporción mucho menor de acceso en todos los grupos sociales. Sin embargo, la paridad en el acceso se alcanzó en la generación nacida entre 1942 y 1951. A partir de entonces, se observó una democratización en el acceso a la educación secundaria en los distintos sectores sociales y grupos de edad.

Sin embargo, todavía persisten desigualdades en el acceso a la educación secundaria según el nivel socioeconómico. Actualmente, los sectores de menores ingresos tienen un acceso inferior al 50% de los jóvenes de 19 a 24 años.

Además, la brecha en la obtención de diplomas entre hombres y mujeres jóvenes es más pronunciada en los sectores sociales de menores ingresos. Esto plantea la necesidad de repensar las opciones y posibilidades de educación y empleo para hombres y mujeres jóvenes. Algunas investigaciones han señalado una mayor predisposición de los hombres jóvenes a ingresar al trabajo a edades más tempranas.

Educación secundaria y actividad laboral

A pesar de los avances en la educación en Argentina, existe una brecha social pronunciada, ya que los jóvenes de hogares de menores ingresos tienen menos acceso a la educación secundaria.
El abandono escolar se ve influenciado por diversos factores, como oportunidades laborales, eventos inesperados a nivel personal y necesidades económicas. El estudio presenta las diferentes combinaciones de actividades educativas y laborales que realizan los jóvenes, incluyendo estudiar como actividad principal, estudiar y buscar trabajo, estudiar y trabajar, trabajar como actividad principal, y no estudiar ni trabajar.
La mayoría de los jóvenes tienen la escolaridad como actividad principal, pero también se observa la persistencia de estudiantes que trabajan, jóvenes que trabajan sin asistir a la educación secundaria, y aquellos que ni estudian ni trabajan.
Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes se encuentran en situaciones que los alejan de la escolaridad como actividad principal, lo que los coloca en un terreno de vulnerabilidad.
Se destacan las diferencias de género en estas situaciones. Mientras las mujeres que no asisten a la educación tienden a permanecer inactivas y se dedican a las actividades domésticas familiares, los hombres se vinculan más tempranamente con el trabajo. La participación en la educación como actividad principal es más pronunciada entre los jóvenes de familias con mayores recursos económicos, lo que genera una fuerte brecha entre los distintos sectores sociales. La inactividad y la vulnerabilidad son más comunes entre las mujeres jóvenes de hogares de menores recursos, lo que perpetúa su situación de desventaja.
En resumen, el abandono escolar temprano y la baja participación en el mercado laboral generan dificultades para los jóvenes, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, al limitar sus oportunidades de ingresos y perpetuar su desventaja social.

Actividades extra-escolares y educación secundaria
Este texto describe un estudio que analiza la relación entre educación y trabajo entre los jóvenes en edad de asistir a la educación secundaria en Argentina. Se investigó cómo el trabajo se entrelaza con el ámbito escolar a través de la participación de los estudiantes en actividades laborales o domésticas.
Se utilizó un cuestionario para recopilar información sobre las actividades realizadas por los estudiantes fuera del horario escolar, incluyendo trabajos domésticos, trabajo fuera del hogar y participación en tareas productivas familiares. Los resultados revelaron que todos los estudiantes realizaban alguna actividad extraescolar, pero existían diferencias significativas entre los jóvenes de diferentes sectores sociales.

Se establecieron cinco categorías para medir la intensidad de las tareas realizadas:
Actividad laboral intensa
Actividad laboral moderada
Actividad doméstica intensa
Actividad doméstica moderada
Sin ocupaciones laborales y/o domésticas

Los resultados mostraron que los estudiantes de estratos bajos tenían una mayor carga de tareas extraescolares en comparación con los de estratos medios y altos, quienes parecían estar liberados de estas responsabilidades.

Se observaron notables diferencias de género. Las mujeres realizaban actividades domésticas en proporciones similares, pero la intensidad de estas tareas era mayor entre las jóvenes de hogares de bajos ingresos. Esto se relaciona con el papel diferencial de las mujeres en la estrategia reproductiva familiar en los distintos grupos sociales.

En cuanto a la participación laboral, los hombres seguían la lógica de la estructura social, con una mayor intensidad en los sectores de bajos ingresos. Entre las mujeres, la participación laboral también aumentaba a medida que se descendía en la estructura social, pero había una proporción significativa de jóvenes de sectores altos sin ocupaciones laborales ni domésticas.

En resumen, se evidencia la dinámica de desigualdad en la distribución de las cargas extraescolares entre los estudiantes de distintos sectores sociales, así como las diferencias de género en la participación laboral y las tareas domésticas.

LA UNIVERSIDAD EN EL TERRITORIO. - RINESI

Rinesi se pregunta sobre el sujeto de derecho a la Universidad, el cual postula que es el ciudadano que aspira a cursar sus estudios en una universidad que le pertenece, que forma parte de la cosa pública, de los bienes colectivos de toda la nación, del patrimonio común de todo el pueblo. No podemos entender este derecho sólo como el derecho a ENTRAR sino también a ESTUDIAR en condiciones adecuadas, a APRENDER y a RECIBIRSE en un plazo razonable. La Universidad tiene LA OBLIGACIÓN de garantizar esto a sus estudiantes.

La pregunta es si esos estudiantes son los únicos sujetos de ese derecho. La respuesta es que no. Los estudiantes universitarios, o los ciudadanos que aspiran a convertirse en estudiantes universitarios tienen el derecho a la universidad, pero no se agota con la idea de un derecho individual sino que debe ser pensado como un derecho COLECTIVO, cuyo sujeto es EL PUEBLO que sostiene a esa Universidad y que debe recibir los beneficios de la existencia de esa universidad y su trabajo independientemente si ésta le pertenece, si elige enviar a sus hijos o no.

Es necesario reconocer que durante los últimos años han existido cambios importantes en la naturaleza de nuestro sistema universitario nacional: uno es la composición social del estudiantado (se comenzaron a incorporar contingentes de estudiantes de sectores medios-bajos y bajos que nunca antes pudieron acceder), y otro es el tipo de relación que las universidades sostienen en su territorio.

Derivas de la extensión universitaria

Las universidades ya no son instituciones dedicadas a distribuir privilegios entre los privilegiados: hoy los hijos de los sectores populares a menudo ingresan porque tienen más posibilidades de terminar la secundaria, porque sus familias tienen la OBLIGACIÓN que ellos terminen y porque tienen la posibilidad (antes negada) de tener una universidad pública, gratuita a pocos kilómetros, y porque hoy tienen la posibilidad de asistir a esa universidad como un derecho que los asiste y que pueden exigir.

Uno de sus desafíos es enseñarles, que aprendan y puedan recibirse a los estudiantes de los sectores populares, ya que las Universidades fracasan mucho más con los hijos de estos sectores que con los sectores medios y altos, que son los profesionales que produce hoy en día.

Una universidad solo puede ser considerada buena o excelente si lo es para TODOS, ya que dentro coinciden estudiantes con experiencias educativas más facilitadoras y otros de estratos sociales menos favorecidos. Por lo tanto, la calidad de una institución no puede medirse por la calidad de sus egresados sino por la magnitud de la diferencia entre las competencias, habilidades, destrezas de sus egresados y las de sus ingresantes.

El mayor desafío de las universidades es para con los sectores populares, no solo en su ingreso sino en su permanencia y egreso ya que tienen una probabilidad estadística mucho mayor que la de sus compañeros de otros estratos sociales de ser repelidos por una institución que no está pensada para ellos y que todavía no termina de entender que el garantizarles su derecho es su obligación.

Se debe abrir diálogo con los habitantes de Los Barrios para aprender Cuáles son los problemas que esos habitantes consideran más relevantes y tienen la necesidad de enfrentar y resolver y organizar en función de esos problemas las líneas de investigación o de trabajo.

La decisión de organizar a partir de estos problemas las líneas de investigación suele producir el interesante resultado de obligar a formar equipos inter o multi o trans o post disciplinarios cuyo mismo funcionamiento y cuyas discusiones son ocasión de aprendizajes importantes e interesantes para la propia universidad.

El derecho a la universidad, entonces, va más allá de los estudiantes y se refiere al derecho del pueblo a beneficiarse de la labor de las instituciones universitarias, incluyendo la investigación. Propone que una forma de ejercer este derecho colectivo a la universidad es a través de la colaboración entre las organizaciones populares y los equipos universitarios en la agenda de investigación.

Sin embargo, esta colaboración no es automática ni fácil, ya que existen barreras como la incapacidad de las formas tradicionales de organización universitaria, la influencia de las disciplinas y la valoración de la independencia académica. Por lo tanto, es necesario un diálogo entre las organizaciones populares y los equipos universitarios para establecer formas de colaboración en la resolución de los problemas sociales.

El Estado desempeña un papel importante al promover, facilitar y financiar esta colaboración entre las organizaciones populares y las universidades, lo que ha permitido que ocurra con mayor frecuencia en la actualidad

No se debe asumir que todas las investigaciones realizadas por una universidad deben ser definidas a través de mecanismos de consulta popular o por solicitud de organizaciones sociales o políticas del área donde se encuentra la universidad. Esto podría limitar los esfuerzos teóricos de los equipos universitarios a investigaciones aplicadas y utilitarias, enfocadas únicamente en obtener resultados prácticos.

Esta orientación hacia investigaciones utilitarias podría ser perjudicial para el desarrollo del conocimiento y para el espíritu libre de la universidad. La universidad debe garantizar el derecho efectivo que tiene el pueblo a ella, pero no necesariamente a través de la restricción de las investigaciones hacia intereses inmediatos y prácticos.

El derecho a una institución universitaria no puede limitarse únicamente a resolver problemas prácticos planteados por el pueblo a través de sus organizaciones. La función de la universidad es más amplia y compleja, especialmente en el campo de la producción de conocimiento.

Es importante realizar investigaciones sobre asuntos que no son identificados como prioritarios por las organizaciones populares o mecanismos de consulta, pero que son fundamentales para alimentar la función de enseñanza y promover el desarrollo del conocimiento y la ciencia.

Además, los desarrollos teóricos puros son indispensables para el futuro y que la investigación aplicada se sustenta en la investigación pura. Es importante mantener una disposición reflexiva en el trabajo, estudio e investigación universitaria, cuestionando fundamentos y buscando nuevas estrategias. A la vez que es necesario orientar la mirada hacia lugares no propuestos ni invitados, pero que no estar a la altura de esta misión sería un detrimento para las universidades.

Universidades situadas

Otra cosa que cambió debido a la naturaleza de el sistema universitario nacional es el tipo de relación que se establece entre las universidades y el medio geografico, politico, social y cultural en el que desarrolla su tarea: Su TERRITORIO.

A lo largo de los últimos años, las universidades han desarrollado vínculos más estrechos con sus territorios, organizaciones políticas y estructuras de gobierno locales. Esto se debe a dos razones principales. En primer lugar, muchas veces estas fuerzas vivas fueron promotoras de la creación de las universidades y han mantenido una relación cercana con ellas. En segundo lugar, las universidades más jóvenes suelen tener un territorio más limitado en comparación con las universidades más antiguas. El aumento en el número de instituciones universitarias y su distribución en todo el país ha llevado a que cada universidad nueva tenga un ámbito de acción más acotado, centrado en su provincia, región o municipio.⁰

Las universidades han establecido vínculos más estrechos con su territorio y las organizaciones sociales y políticas que lo conforman. El territorio de una universidad no es un dato predefinido, sino que se construye a través de las relaciones de la universidad con otras instituciones y los impulsos internos de la vida universitaria.

Esto ha generado una relación distinta entre las universidades y la comunidad, donde la comunidad no es solo receptora pasiva de conocimientos, sino que debe participar activamente en un diálogo simétrico y participativo con la universidad. El estado debe promover el trabajo de las universidades con las organizaciones sociales y culturales de su territorio, así como con los actores del mundo de la producción, fomentando el aprendizaje mutuo. Las universidades han implementado dispositivos institucionales, como representantes de la comunidad en los consejos superiores y consejos asesores, para garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones universitarias. En este contexto, las universidades pueden enriquecer su perspectiva y responsabilidades al considerar al pueblo como parte de la comunidad universitaria, que discute colectivamente los desafíos actuales.

EDUCACION POPULAR EN LOS TERRITORIOS - CENDALLI Y COHEN

El FINES y los territorios incómodos.

El programa de educación popular "Fines" fue implementado por el estado con el objetivo de brindar acceso a la educación a aquellos que habían sido excluidos por el neoliberalismo. Se enfocó en acercarse al territorio y trabajar con las comunidades locales, utilizando diferentes espacios como escuelas, organizaciones sociales y casas particulares. El programa buscó garantizar el derecho a la educación para todos y todas, valorizando la igualdad de oportunidades. Se reconoció que muchos jóvenes y adultos que retomaban sus estudios traían consigo experiencias y saberes acumulados, y se buscó integrarlos en el proceso educativo. El programa también buscó fomentar la participación de la comunidad y fortalecer las instituciones locales. Se reconoció que la exclusión educativa estaba relacionada con políticas neoliberales que afectaron a las familias y generaron falta de oportunidades. El programa buscó superar estereotipos y prejuicios, y se consideró el aula como un espacio de construcción de sentido y diálogo. Se destacó la importancia de los referentes territoriales como mediadores y catalizadores de la participación popular. El programa se vio como un remedio estructural para reparar las deficiencias del sistema educativo y desafiar las causas atribuidas a la disfuncionalidad en la educación. Se enfatizó la recuperación de la palabra como herramienta de transmisión de saberes y construcción de sentido.

El rol del docente trabajador y militante.

El programa de educación popular Fines busca recuperar utopías y cambiar nuestra mirada sobre la educación. Muchas mujeres, encuentran en el programa la oportunidad de finalizar sus estudios y superar preconceptos negativos sobre su capacidad. Recuperar la voz y compartir experiencias y saberes es crucial en el recorrido escolar. La construcción de vínculos entre compañeros también es importante, pero es necesario reflexionar sobre cómo miramos a los estudiantes y evitar infantilizarlos. La crisis generada por la dictadura militar y la ideología neoliberal ha interrumpido la transmisión de saberes en la educación, el trabajo y la salud, y la educación popular ha sufrido las consecuencias. Se entiende la educación popular como una instancia superadora y participativa, donde se consideran las relaciones históricas, económicas, culturales, políticas y sociales. Los interlocutores en el programa nos invitan a cuestionar cómo, qué y para qué enseñamos y aprendemos, y se destaca la importancia del conocimiento en la huella pedagógica.

Los docentes en el programa rescatan la alegría como categoría política y creen que la transformación viene a través del vínculo entre los estudiantes y los docentes. Cada persona recorre su búsqueda educativa en su propio tiempo y con distintas expectativas. El desafío es recuperar la sustancia de la educación popular como contenido, método y teoría, desafiando las estructuras de poder y las críticas mediáticas. El objetivo es acompañar al adulto en su proceso educativo sin estigmatizarlo y formar pueblos desde la alegría y la esperanza.

Las estigmatizaciones: Los silencios del proyecto neoliberal y la recuperación de las voces y los saberes populares desde el FinEs para la inclusión en los ámbitos universitarios.

Desde el primer gobierno peronista hasta 1975, Argentina experimentó prosperidad y un impulso redistributivo que mejoró las condiciones de vida. La educación pública fue fundamental en este proceso de movilidad social ascendente. Sin embargo, la dictadura militar a partir de 1976 impuso un plan de ajuste que afectó también a la educación. Durante la década de los 90, la escuela pública se convirtió en un lugar donde los niños de bajos recursos solo buscaban satisfacer necesidades básicas, mientras que los privilegiados asistían a escuelas privadas. La pobreza se convirtió en una marca de calidad y la desintegración social predominó en esa década perdida.
La desintegración social lleva a procesos de estigmatización, donde cada individuo participa en roles de normalidad y estigmatización en algún momento de su vida. La educación de los sectores pobres empeoró, con dificultades crecientes para acceder a ella, la repetición escolar como algo natural y la deserción escolar como un fracaso personal. El programa Fines busca romper con esta lógica y reconstruir otros sentidos.
Sin embargo, surge un desafío al intentar incorporar a los sectores populares a la universidad. Aunque la universidad está presente en los territorios y recibe a jóvenes y adultos de sectores populares, los títulos siguen siendo obtenidos principalmente por jóvenes de clases medias y altas que ya estaban en la universidad. La extensión universitaria ya no es suficiente, ya que los sectores populares han ingresado a las instituciones, pero el desafío es reducir el fracaso académico y formar parte de su vida y referencias.
En resumen, el programa Fines busca reconstruir la educación popular y romper con la desintegración social y la estigmatización en la educación. Sin embargo, el desafío continúa en la inclusión de los sectores populares en la universidad y reducir el fracaso académico.

Reflexiones sobre las potencialidades en los ámbitos universitarios

Las potencialidades de superar la estigmatización y etiquetado de los saberes populares en la educación se han demostrado a través del programa Fines. Este programa ha mostrado que es posible una educación diferente, más allá de las teorías. El rol del Estado ha sido fundamental para su desarrollo, cumpliendo con la ley 26,206. Fines ha llevado a revisar la práctica docente y la mirada hacia los estudiantes, visibilizando a aquellos que no eran tenidos en cuenta.

La educación sigue siendo una forma de ascenso social y la formación universitaria debe fomentar profesionales comprometidos. La calidad de la formación académica es crucial para este compromiso. La educación popular es una práctica política que busca superar la subordinación y educa hacia la autonomía. No hay educación neutral.

Reflexionar sobre nuestras prácticas docentes implica mirar más ampliamente y establecer un diálogo con los saberes de los demás, construyendo conocimientos de forma colectiva. Debemos romper la lógica neoliberal de la educación, que busca formar profesionales útiles al mercado y sin compromiso con los sectores populares.

El desafío actual es formarnos como profesionales comprometidos y garantizar la inclusión, permanencia y graduación de los sectores populares en la universidad. La universidad debe ser un derecho universal y nuestro compromiso real es cumplir esa promesa.

LA JUVENTUD ES MÁS QUE UNA PALABRA .- Margulis y Urrestip
La indeterminación del espacio de la juventud.

En resumen, la edad y el sexo son elementos fundamentales en la organización de la actividad social. Sin embargo, en nuestra sociedad, los conceptos utilizados para clasificar la edad son cada vez más ambiguos y difíciles de definir. La infancia, la juventud y la vejez son categorías imprecisas con límites borrosos, lo cual se debe en parte al debilitamiento de antiguos rituales de transición y a la creciente heterogeneidad económica, social y cultural.

Aunque la categoría de juventud es significativa y ampliamente utilizada en el análisis sociológico, su uso puede llevar a confusiones y ambigüedades. Es necesario considerar la multiplicidad de situaciones sociales en las que los jóvenes se desenvuelven y los marcos sociales históricamente desarrollados que condicionan las diferentes formas de ser joven.

El tema se vuelve más complejo cuando la juventud se convierte en un producto. Se asocia con un valor simbólico relacionado principalmente con características estéticas valoradas por la cultura dominante, lo que permite la comercialización de estos atributos y la proliferación de mercancías que influyen directa o indirectamente en los discursos sociales que se refieren e identifican con la juventud.

La juventud es signo, pero no solo signo.

La juventud depende de una moratoria, un período de posibilidades y tolerancia social que ciertos sectores sociales pueden ofrecer a sus jóvenes, permitiéndoles postergar responsabilidades y dedicarse al estudio y la capacitación. Sin embargo, se reconoce que esta condición de juventud no se presenta de la misma manera para todos los jóvenes.

La juventud no solo tiene una dimensión simbólica, sino que también debe ser analizada desde perspectivas materiales, históricas y políticas. Existe una desigualdad social implícita en la noción de moratoria, y no se debería caer en el uso automático de categorías etarias que no tienen en cuenta las diferentes condiciones en las que se encuentran los jóvenes dependiendo de su sector social.

Los jóvenes de sectores medios y altos tienen más oportunidades de postergar responsabilidades, casarse y tener hijos, lo que les brinda un período de menor exigencia y un contexto social que les permite disfrutar de los signos sociales asociados a la juventud. Estos signos suelen ser estilizados y presentados como deseables ante la sociedad, y pueden convertirse en objetos de estética y mercantilización.

En contraste, los jóvenes de sectores populares tienen limitadas oportunidades de acceder a la moratoria social que define la juventud en su forma descrita. Estos jóvenes suelen ingresar tempranamente al mundo laboral, enfrentan trabajos más duros y menos atractivos, contraen obligaciones familiares a una edad temprana y carecen de tiempo y recursos para vivir un período de despreocupación y ligereza. Aunque el desempleo y la crisis pueden proporcionarles tiempo libre, este tiempo no se vive de manera festiva como en los sectores medios y altos, sino que está cargado de frustración y sufrimiento.

De las generaciones de realidad a la realidad de las generaciones.

La juventud es una condición influenciada tanto por la cultura como por la edad. Se menciona que la edad no solo se refiere a características biológicas, sino también a fenómenos culturales y cambios generacionales.

Cada generación se socializa en una época particular y experimenta cambios culturales acelerados. Cada generación incorpora nuevos códigos, destrezas, lenguajes y formas de percibir el mundo. Estas diferencias generacionales pueden generar dificultades de comunicación y desencuentros.

Ser joven no solo depende de la edad biológica o del sector social al que se pertenece, sino también de la generación a la que se pertenece. Ser parte de una generación más joven implica diferencias en términos de memoria y experiencias vividas. Los jóvenes tienen un sentido de novedad y libertad, desligados de los recuerdos y las inseguridades de las generaciones anteriores. Además, se menciona que los jóvenes suelen sentirse distantes de la muerte, la vejez y la enfermedad, en parte debido a la convivencia con generaciones mayores que afrontarán estos procesos antes.

La juventud se vive en relación con la presencia de generaciones anteriores y se ratifica a través de la mirada de los demás en el ámbito social y familiar. A medida que pasa el tiempo y desaparecen las generaciones anteriores, la sensación de invulnerabilidad disminuye y la muerte se vuelve más cercana.

De la moratoria social a la moratoria vital.

El texto propone recuperar aspectos olvidados en la literatura reciente sobre la juventud. Uno de estos aspectos es la "moratoria vital", que se refiere al excedente temporal y energético que poseen los jóvenes en comparación con los no jóvenes. Los jóvenes tienen la promesa y la esperanza de un futuro abierto, mientras que los no jóvenes tienen una prudencia basada en la experiencia acumulada pero también en la sensación de que el tiempo se está agotando.

La juventud se caracteriza por tener un excedente temporal, un crédito o plus, que disminuye con el paso del tiempo. Este excedente temporal es independiente de consideraciones de clase o género y es lo que define la condición de juventud en el presente. Sin embargo, la forma en que se vive la juventud puede variar según la clase social y las luchas por definir su estética y representación.

El texto también destaca la importancia de la dimensión sociocultural en la definición de la juventud. La juventud se expresa a través de signos y símbolos culturales, que se articulan con la función vital y cronológica del cuerpo. Ambos aspectos están integrados y no existen por separado.

Se critica a la literatura que restringe la condición de juventud a los sectores medios y altos, centrándose únicamente en los elementos de la moratoria social y dejando de lado la base factual y energética común a todas las clases. Esta crítica se extiende también a los enfoques estadísticos y culturalistas que generalizan sobre la juventud sin tener en cuenta las diferencias sociales.

El texto propone una re categorización que destaque las diferencias sociales en la distribución de los signos de juventud. Además de las categorías generacionales (jóvenes, adultos y viejos), se considera importante analizar los signos complementarios que circulan de manera restringida en los sectores populares y se promocionan en las clases medias y altas.

Se advierte sobre la tentación de asumir que los modelos dominantes son los únicos válidos y que los sectores populares carecen de propiedades que definen la juventud. Se cuestiona la precisión de los enfoques estadísticos y se resalta la importancia del elemento subjetivo y la identidad colectiva en la comprensión de la juventud.

En conclusión, se enfatiza la necesidad de considerar tanto la moratoria vital como la moratoria social, así como las diferencias sociales y culturales, para evitar caer en prejuicios y estereotipos en el estudio de la juventud.

La memoria social incorporada.

La experiencia social vivida no es igual para alguien de veinte años que para alguien de cuarenta, ya que se han socializado en mundos de vida diferentes, con distintos códigos y pertenecientes a diferentes culturas. Esta dimensión cultural y objetiva divide al mundo social en distintas categorías. La estructura social se constituye en el plano de la temporalidad, con diferentes tradiciones, eventos y circunstancias históricas que influyen en la socialización de los individuos.

Los "habitus" también son habitus generacionales, lo que implica un condicionamiento estructural histórico. No es posible separar las estructuras sociales de la experiencia temporal de los sujetos que las llevan a cabo, ya que los actores se socializan en diferentes circunstancias históricas independientemente de su posición en el espacio social. Las diferencias generacionales y el contexto histórico en el que se han socializado son determinantes en la experiencia social.

La generación no se refiere únicamente a la coincidencia en la fecha de nacimiento, sino a la hermandad y la experiencia compartida frente a los estímulos de una época. La generación está ligada a la historia y al momento histórico en el que se ha socializado. Las diferencias generacionales conforman la memoria social y condicionan las identificaciones individuales. La memoria de lo que fue antes y las expectativas de lo que aún no ha sucedido influyen en el sentido que se le otorga a los acontecimientos presentes.

Juventud: ¿una categoría unisex?

La juventud está influenciada por el género y el cuerpo procesado por la sociedad y la cultura. Para las mujeres, existe un reloj biológico más insistente que marca los límites de la juventud en relación con la seducción, la belleza, la maternidad y el sexo. La maternidad impone una urgencia y presión diferentes a las mujeres, lo cual afecta tanto al cuerpo como a la condición sociocultural de la juventud. El tiempo para ser madre se agota y esto influye en la disponibilidad de crédito social y vital que tienen las mujeres en comparación con los hombres.
 

 

La juventud también varía según el género en términos de crédito social y vital. Los hombres, especialmente aquellos de clase alta, tienen una mayor probabilidad de disponer de tiempo excedente y una moratoria social y vital más amplia, mientras que para las mujeres, especialmente las de sectores populares, esa probabilidad se reduce significativamente debido a la prioridad de su papel como madres. Sin embargo, la época actual ha abierto otras perspectivas para las mujeres de clases medias y altas, que pueden considerar alternativas a la maternidad, como carreras profesionales, artísticas e intelectuales.

Es importante tener en cuenta que la condición de juventud no se limita a los estereotipos mediáticos y no se puede atribuir exclusivamente a hombres y mujeres de clase media o alta. Las familias de clase popular también están compuestas por la coexistencia de varias generaciones, y la interacción con generaciones mayores en la convivencia diaria en la familia, el barrio y la comunidad desempeña un papel importante en la definición de la juventud. Además, la memoria, experiencia, sensibilidad, gustos y códigos de cada generación también diferencian a los jóvenes de las generaciones anteriores, incluso en las clases populares, a pesar de tener menos beneficios atribuidos a la moratoria social.

Conclusión. La juventud es más que una palabra.

La juventud no se limita a los atributos "juveniles" de una clase social, sino que presenta diferentes modalidades determinadas por variables como la edad, generación, crédito vital, clase social, marco institucional y género. La distribución de los recursos de la moratoria social no es simétrica entre los diferentes sectores sociales, lo que significa que el período juvenil tiende a ser más corto en sectores populares y más largo en clases medias y altas. Además, ser joven es más probable para los hombres que para las mujeres, debido a las diferentes urgencias impuestas por la maternidad en la inversión del crédito social disponible.

La condición de juventud también se ve influenciada por la fecha de nacimiento y el entorno social en el que los individuos se socializan, lo que vincula la cronología con la historia. La juventud se despliega en diversas modalidades culturales que se desarrollan a través de la interacción de las probabilidades parciales determinadas por la clase, el género, la edad, la memoria incorporada y las instituciones.

La moratoria social es más accesible para los miembros de ciertos grupos etarios, principalmente para las clases medias y altas y para los hombres en comparación con las mujeres. Sin embargo, otras variables también influyen en la condición de juventud, y aunque las clases sociales menos privilegiadas pueden tener un acceso limitado a la juventud masificada por los medios de comunicación y a los privilegios asociados, aún tienen jóvenes que son considerados como tales en el marco de su entorno social e instituciones a las que pertenecen.

La juventud se articula social y culturalmente en función de la edad, generación, clase social de origen, género y ubicación en la familia. La familia desempeña un papel fundamental en la definición y representación de la condición de joven, ya que es en ese ámbito donde interactúan y coexisten las distintas generaciones. Además, las instituciones sociales como la escuela, el trabajo, las instituciones religiosas, los partidos políticos, los clubes y asociaciones también desempeñan un papel importante en la definición de la juventud, ya que siguen un orden relacionado con los diferentes segmentos de edad y establecen reglas, roles y normas específicas.

En resumen, se enfatiza la importancia de considerar la "materialidad" e "historicidad" en el uso sociológico del concepto de juventud, tomando en cuenta la moratoria social, la moratoria vital, la memoria social incorporada, la condición de género y el papel de las instituciones en la definición y representación de la juventud.

HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA - Cendalli

Hasta mediados del siglo XX, la función principal del Estado era asegurar la fuerza física nacional y garantizar la capacidad de trabajo y producción de los individuos. Sin embargo, a partir de esa época, el derecho del hombre a mantener su cuerpo en buena salud se convirtió en un objetivo de la acción estatal.

En Argentina, durante el período de consolidación del Estado Nación y el Modelo Agroexportador como modelo de acumulación capitalista (1880-1930), la burguesía capitalista se preocupaba principalmente por prevenir la introducción de enfermedades del exterior a través de los inmigrantes. Se estableció un modelo higienista que tenía como objetivo asegurar que la población inmigrante estuviera sana, trabajara sin descanso y no enfermara al resto de la población.

El control del cuerpo de la población se convirtió en una prioridad para garantizar trabajadores sanos y se implementaron políticas de salud centradas en el control de las enfermedades. Sin embargo, estas políticas estaban más orientadas a mejorar la fuerza de trabajo y el comercio internacional que al bienestar de los individuos. La medicina se convirtió en un monopolio que utilizaba los avances científicos en beneficio de la industria en lugar de las personas.

A medida que avanzaba el capitalismo, aumentaba la dependencia de la atención médica y se producía una creciente medicalización de la vida. Esto generaba un enriquecimiento de médicos, banqueros, inversionistas y grandes capitalistas en tecnología médica. Sin embargo, se prestaba poca atención a la medicina preventiva, las políticas ambientales o las mejoras en la calidad de vida de la población.

A mediados de la década de 1940, durante el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, se priorizó la intervención estatal y se estableció un modelo de Estado de bienestar. Se implementaron políticas públicas en el área de la salud que buscaban la integración social, económica y política de los trabajadores. Se crearon instituciones como la Secretaría de Salud Pública y se promovió la universalidad y gratuidad de la atención médica.

Desafíos para la construcción de la Identidad Argentina y la “vida digna”

El texto plantea la importancia de analizar las acciones de los gobiernos en relación con la salud y la enfermedad de la población, así como las resistencias a estas políticas y las posibilidades futuras para asegurar una vida digna. Se destaca que la salud no debe ser considerada como un fin en sí mismo, sino como una condición para una vida plena. Sin embargo, la salud se ha convertido en un "bien de mercado", especialmente en la industria farmacéutica, donde los medicamentos se intercambian como cualquier otro bien. La falta de acceso a medicamentos se percibe como una injusticia social.

La salud está vinculada a la pobreza, la vulnerabilidad y la pauperización, y que factores estructurales como la educación, el trabajo digno, la vivienda y otros también influyen en la salud. Sin embargo, en la actualidad, se prioriza el lucro de los capitalistas privados, en particular los comerciantes farmacéuticos, sobre el acceso de la población a los medicamentos necesarios.

Se critica el enfoque de la medicina contemporánea, que se ha alejado de la relación médico-paciente y se ha centrado en la tecnología y la medicamentación, sin tener en cuenta la discriminación por sexo, edad o situación económica. Se destaca el papel de los medios de comunicación en la construcción de la subjetividad y en la promoción de la salud mercantil, individualista y consumista. Se propone una oferta televisiva y de redes sociales más comprometida y con un mayor control de los mensajes perjudiciales para la salud.

Se plantea la necesidad de formar médicos y profesionales de la salud comprometidos con la salud pública y la medicina social. Se menciona la historia de la salud en relación con el capitalismo liberal y se critica el discurso neoliberal que ha promovido la idea de que la salud es solo para aquellos que pueden pagarla, mientras se excluye a los sectores vulnerables.

En conclusión, se destaca la dificultad de reconstruir un modelo nacional de salud solidario en el contexto neoliberal actual. Se enfatiza la importancia de que el Estado garantice el derecho a la salud y se plantea la necesidad de incluir la salud pública en los debates políticos, académicos y pedagógicos. Se argumenta que la salud es fundamental para el bienestar y la felicidad de las personas y que debería ser prioridad en los proyectos nacionales.

¿QUÉ HACER EN SALUD? - Escudero

Argentina, al igual que otros países, tiene un proyecto de país y políticas públicas que están condicionadas por el contexto global. La autonomía del estado se ve reducida debido a la dependencia superior que tienen los Estados Nación en relación con la globalización y el capitalismo financiero, representados por corporaciones capitalistas y organismos internacionales como el FMI y el BM.

Estas intromisiones tienen consecuencias importantes que afectan la vida de las personas. Por ejemplo, el aumento del poder de los fabricantes de medicamentos, agroquímicos y alimentos genéticamente modificados conlleva un aumento en los costos de salud y alimentación, empoderando a las corporaciones y reduciendo el poder de las instituciones legislativas y jurídicas.

Existen dos connotaciones de la palabra "salud": la individual y la colectiva. La visión individual se refiere a situaciones individuales y está asociada al bienestar individual. En cambio, la salud colectiva se relaciona con fenómenos universales que afectan a una población, como la expectativa de vida, tasas de mortalidad o enfermedad, y comportamiento colectivo de enfermedades. Para comprender la salud colectiva, se requiere el enfoque de disciplinas como la epidemiología, demografía, estadística, economía y sociología.

En el contexto mundial actual, la salud se ha convertido en un área privilegiada para las corporaciones y el capital financiero, ya que está asociada a la vida y la muerte. Las corporaciones controlan los medios de comunicación y promueven elementos rentables de la salud capitalista, desestabilizan medidas políticas de salud promovidas por gobiernos populares, construyen enfermedades mediáticas nuevas y ocultan epidemias que son embarazosas para el poder.

Se proponen diversas acciones para abordar la salud colectiva, como aprovechar las contradicciones en el sector de medicamentos para reducir gastos y favorecer la fabricación pública, intervenir en el sector privado exponiendo información financiera y bancaria, desarrollar un tratamiento periodístico sobre problemas de salud mundial y aumentar las instancias mediáticas no mercantiles, sancionar a profesionales que prioricen medicamentos que benefician a la industria en lugar de los esenciales, y combatir los paraísos fiscales y los fondos buitres que pueden afectar la salud colectiva nacional.

En resumen, se plantea la necesidad de abordar la salud colectiva desde una perspectiva crítica y enfrentar los intereses corporativos que priorizan el lucro por encima del bienestar de la población.

Medios de comunicación y salud Construir una democracia saludable - Ordoñez y Saíz

En resumen, los medios de comunicación masivos tienen un impacto significativo en la sociedad, la cultura, la economía, la subjetividad colectiva y la salud. Su presencia constante y coherente les otorga un poder similar al modelo médico hegemónico. Los medios de comunicación imponen medicamentos, enfermedades y tratamientos, manipulan la opinión pública sobre las necesidades de salud e incluso fabrican epidemias. Esta relación entre los medios y el mercado genera ganancias enormes pero aleja a la población de la salud.

La industria farmacéutica ha logrado instalar la idea de que todo tiene una solución farmacológica, respaldada por argumentos "científicos" promovidos por los laboratorios y el marketing farmacéutico. Los medios de comunicación son fundamentales en la difusión de este pensamiento mágico, promoviendo el consumo de medicamentos mediante publicidad que exagera beneficios y oculta consecuencias. Como resultado, se ha medicalizado la vida cotidiana, normalizando el consumo excesivo de medicamentos.

Un ejemplo de este exceso es la alta cantidad de publicidades de medicamentos en la televisión que presentan objeciones por exagerar resultados o prometer beneficios inmediatos. En países con regulaciones laxas como Argentina, estas objeciones son frecuentes.

En conclusión, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la promoción de la medicalización y el consumo excesivo de medicamentos, generando ganancias para la industria farmacéutica pero alejando a las personas de una visión más integral y equilibrada de la salud.

Alimentar la enfermedad

Los medios de comunicación tienen un gran impacto en la sociedad, la cultura, la economía y la salud. Transmiten cultura e imponen hábitos y valores que generan mercados, incluso a expensas de la salud de los consumidores. La industria alimentaria promueve productos poco saludables, ricos en grasas y azúcares, mediante publicidad dirigida principalmente a niños. Esto ha llevado a la obesidad infantil y a enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Los medios también pueden distorsionar la realidad y controlar la opinión pública, como se vio en la pandemia de gripe A, donde se generó pánico y se impulsó la venta masiva de vacunas y antivirales. La nueva Ley de Medios ha permitido visibilizar la hegemonía de los medios y la falta de libertad de expresión, pero aún falta mucho por hacer. Se necesita promover el pensamiento crítico y generar contenidos saludables que rompan con el modelo médico y comunicacional hegemónico. También se requiere un marco legal sólido para controlar la veracidad de la publicidad de alimentos y medicamentos. Los medios públicos pueden desempeñar un papel importante en la construcción de una comunicación saludable y en la promoción de valores que impulsen la inclusión social. Es necesario debatir y trabajar colectivamente para lograr una comunicación saludable y democrática.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS - Escudero

El estado entre los dos paradigmas.

Hay dos maneras de ver el acceso a los medicamentos: Como bien de consumo o como bien social. Estas dos maneras se corresponden con dos paradigmas que han estado circulando por mucho tiempo. Por un lado, aquel paradigma restrictivo de la población a la salud que deja que todo esté sujeto a las leyes del mercado, sin intervención estatal, permitiendo que cualquier empresa pueda producir lo que pueda esperando que el interjuego entre oferta y demanda regule los precios.
Del otro lado, se encuentra el paradigma que se está poniendo en práctica desde 2003, en el cual el Estado regula e interviene para asegurar el acceso de cada ciudadano al tratamiento que necesite.
Al someter los medicamentos al mercado no se tiene en cuenta que muchas drogas tienen un solo producto que ejerce el monopolio de la provisión. A la ausencia de competencia, se le suma que el público que consume esa medicación queda cautivo al no existir alternativas.
Por otro lado está el problema de las drogas huérfanas, aquellas que se utilizan para tratar enfermedades “de poco interés” para el marcado (chagas, lepra, tuberculosis, etc) que constituyen un problema sanitario para sectores marginados por ser pobres y carecer de cobertura.
Actualmente Argentina tiene un 33% de su gasto de salud dedicado a medicación. Pero si contamos los millones que se van al sistema lucrativo, podemos dar cuenta de que un 50% del gasto anual de salud en Argentina está mal direccionado. Hay que tomar decisiones encaminadas a redistribuir el gasto. Para lograrlo hay que enfrentarse a intereses muy fuertes, que hoy manejan esos millones de pesos mal ubicados: la industria farmacéutica y las corporaciones médicas que compran este modelo y se benefician de él.
La eficiencia en el gasto en beneficio del pueblo es la responsabilidad del Estado. Cuando se deja todo en manos del mercado, el precio es decidido por las empresas, dejando al Estado como rehén de un poder mayor por lo que, ante la emergencia de la necesidad de un bien para el cuidado de la salud, el Estado podría estar dispuesto a pagar cualquier precio.

Resistencias.

Hoy en dia existe una industria muy fuerte y concentrada. Las manos que toman las decisiones son pocas y muchas transnacionales: muchos laboratorios están en manos de grandes grupos que también son propietarios de bancos y otras empresas.
Dentro del paradigma intervencionista y garante de la salud como derecho, una de las obligaciones del Estado es intervenir incluso en un campo que hoy está aceptado como solamente perteneciente a la ciencia: la definición de qué medicamento es bueno y cual no. Actualmente esto se encuentra “regulado” por la ciencia y la bioetica pero si desmenuzamos el funcionamiento del sistema nos damos cuenta que la realidad es distinta: Los laboratorios son los que definen qué cantidad de pacientes tienen que tener un estudio para ser científicamente válido. A su vez, los niveles de evidencia son modificados por las sociedades científicas presionadas por la industria farmacéutica. Entonces, si una empresa no tiene la cantidad de dinero necesario para financiar un estudio de 4 años, no existe chance de que pueda competir con uno de los laboratorios gigantes, que a su vez son poderes concentrados: son también un conglomerado de intereses económicos.

También hay que enfrentar aspectos contraproducentes dentro de las propias instituciones. En ANMAT varios aspectos remiten al decreto del año 1992 donde se favorece a los laboratorios multinacionales. En consecuencia lo que sucede es que la industria nacional, para adaptarse a esas necesidades, se dedica a hacer copias de productos que tiene la industria multinacional, porque es lo que más rapido puede probar. Esto nos aleja de la posibilidad de generar una verdadera competitividad.

Otra función activa del Estado debe ser la regulación de los medicamentos que entran al país. Es obligación del Estado manifestar si un medicamento no es el mismo, no es posible la transacción y que se debe regular. Pero es en ese momento que se interpone la presión mediática, generando la necesidad y transmitiendo la inquietud a los familiares y a las personas que conviven con alguna enfermedad, presionando sobre las sociedades científicas para que presionen sobre el Estado. Es entonces cuando la figura de un Estado interviniente tiene que hacerse con fuerza porque de otro modo esa presión puede ser suficiente para ceder y terminar aprobando un producto que no cuenta con las garantías necesarias de calidad, seguridad y eficacia.

Producción: Una herramienta emancipatoria.

Además de regular la actividad de la industria privada, el Estado interviene produciendo, como sucede con los medicamentos baratos que los laboratorios no producen por su bajo costo pero que aun así son necesarios. En línea con esto fue creada la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Su función es organizar la actividad de ciertos actores que, por tener dependencia provincial y por la fragmentación del sistema de salud, y a pesar de los grandes esfuerzos de producción, hasta ahora avanzaron en paralelo sin coordinación.
Así, varios laboratorios en distintos lugares del país producen el mismo medicamento y queda pendiente la producción de otras drogas necesarias para abastecer al sistema de salud.
La producción pública tuvo otro efecto de enorme importancia: Sirvió para conocer la estructura de costos de un laboratorio. Uno de los grandes poderes que tiene la industria farmacéutica es el de mantener oculto el costo de los medicamentos. Si el Estado conoce los costos, puede estimar cuales son los márgenes de ganancia que tiene una industria y se puede establecer un precio lógico.
El potencial de los laboratorios de producción pública crece de manera exponencial cuando, al asociarse con universidades, el CONICET, y otros organismos del Estado pueden dedicarse a la investigación y desarrollo de nuevos principios activos.
Es necesario generar una asociación entre el conocimiento, la investigación científica, las universidades y la industria farmacéutica. El Estado en el paradigma intervencionista-regulatorio no puede escapar a su obligación como garante de salud.

Consecuencias del ajuste en la alimentación - Aguirre.

El texto habla sobre la comida como un hecho social y cómo la forma en que comemos está influenciada por las relaciones sociales, la producción de alimentos, los derechos de propiedad, la tecnología y la cultura. En Argentina, diferentes programas de ajuste económico y la convertibilidad entre 1991 y 2001 generaron consecuencias duraderas. Esto llevó a cambios en la forma en que se percibe el hambre y en los cuerpos de las personas, con la coexistencia de malnutrición y sobrepeso.

En los años 90, la apertura económica y la internacionalización del mercado agroalimentario en Argentina llevaron a un cambio en los patrones alimentarios y a una mayor producción de forraje en lugar de alimentos para consumo humano. La sojización se convirtió en un ejemplo de esta reestructuración, con el aumento del cultivo de soja y la utilización de tecnología y agroquímicos. Sin embargo, esto condujo a la pérdida de diversidad en la producción y puso en peligro la autonomía alimentaria y la diversidad ecológica.

La privatización y la desregulación en la cadena agroalimentaria llevaron a la concentración del capital y a un aumento en la rentabilidad de los eslabones más fuertes de la cadena, lo que afectó el tipo de cultivo, los insumos y la distribución. Además, la desregulación contribuyó a la falta de garantía del abastecimiento de alimentos básicos.

El texto también menciona la polarización social y la aparición de una "comida de pobres" y una "comida de ricos", que reflejan la división en el consumo de alimentos según la posición socioeconómica. También se destaca la influencia de las representaciones sociales en la elección de alimentos, donde los alimentos asociados con los sectores dominantes se consideran legítimos, mientras que los alimentos de los pobres son estigmatizados.

La extranjerización de la industria alimentaria y la estandarización de los productos han llevado a una homogeneización de la dieta global y a la pérdida de identidad culinaria. La publicidad y la segmentación del mercado también desempeñan un papel importante en la elección de alimentos, especialmente en relación con los niños.

En general, el modelo agroalimentario en Argentina ha generado impactos sociales y ambientales negativos, como la polarización social, la pérdida de diversidad y la dependencia de la importación de alimentos. También ha habido un cambio en los patrones de consumo y en la forma en que se percibe y se elige la comida.

ANÁLISIS DE LAS POLITICAS PUBLICAS. - TAMAYO

Las políticas públicas son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones (e in-acciones) que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que se consideran prioritarios. Los problemas no “están”, sino se construyen, como situación deseable a modificar. Para ello, lo define, lo conceptualiza, lo intenta abordar, y propone en consecuencia, una serie de soluciones. Por lo que debemos analizar si los gobiernos realizan adecuadamente estos pasos, que tienen un carácter cíclico:

Fases de una política pública:
1- Identificación y definición del problema.
2- Formulación de alternativas.
3- Adopción de alternativas.
4- Implantación de la alternativa seleccionada.
5- Evaluación de los resultados obtenidos.

La identificación de las fases mencionadas ayudan a pensar en cómo desarrollar un análisis de las mismas. El principal “nudo crítico” refiere a la EVALUACIÓN. Porque se entiende (y pretende) que los procesos de evaluación generen una retroalimentación en el diseño de la misma. Es pensar las políticas como proceso. La evaluación nos da información importante acerca de si es coherente la definición de problema, selección de la alternativa, implementación de la política, relación con los resultados esperados, etc. Sin embargo, muchas veces, las evaluaciones no impactan en repensar la política pública, que continúa sin cambios.

Evaluar es la mejor forma de “acercarse” a una política pública, repensar las preguntas, la génesis de la misma, las formas de construcción de problema, las categorías utilizadas para explicarla. como así también entender los procesos de selección de respuesta, las formas de implementación y las consecuencias de ello. Todo lo expuesto anteriormente, no se encuentra de manera “pura” en el Estado y en la sociedad, uno como analista, debe identificarlo, ordenarlo, conceptualizar, buscar la información y datos disponibles, etc.


¿Hacia dónde va la Asignación Universal por Hijo en el actual régimen neoliberal?

Sobre el neoliberalismo:
Las políticas sociales no pueden analizarse de forma aislada del contexto político y económico de un país. Estas políticas son parte de un conjunto de políticas públicas de cada gobierno y representan intervenciones sociales institucionales que reflejan supuestos, percepciones y visiones sobre la pobreza, los derechos y el papel del Estado en la asistencia social. Estas políticas sociales también construyen diferentes significados para los beneficiarios, los agentes estatales involucrados en su implementación y la sociedad en general.

En este sentido, las políticas sociales forman parte de un modelo de sociedad. No se trata solo del contexto en el que se implementan estas políticas o de contextualizarlas en un escenario económico y social, sino que son parte de un conjunto con una clara orientación y forman un modelo, aunque con matices y énfasis variables dependiendo del momento histórico y el gobierno en el poder.

Cuando hablamos de neoliberalismo, nos referimos a tres principios ordenadores centrales: el máximo crecimiento económico de libre mercado y lucro del capital privado, la reducción del costo de la fuerza laboral y la disminución del gasto público en lo social. Estos principios se traducen en decisiones políticas y políticas de Estado, y están respaldados por definiciones y supuestos sobre los derechos sociales, la desigualdad social, la distribución de la riqueza, el trabajo y el papel del Estado en estas dimensiones de la vida social.

El neoliberalismo busca borrar la distinción entre lo público y lo privado, y se extiende a todos los aspectos de la vida, configurando el modo de ser de los individuos. Se convierte en un sentido común alternativo y sustitutivo al Estado de Bienestar, estableciéndose como una fuerza ideológica a nivel global con un poder político considerable y en constante dinamismo.

La AUH: nuevas normativas, nuevos discursos

En la actual gestión de gobierno nacional, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ha experimentado varias modificaciones. Algunas de estas modificaciones incluyen:

1. Incorporación de los hijos de trabajadores monotributistas como destinatarios de la AUH mediante el Decreto 593/16.
2. Compatibilidad entre la AUH y distintos programas sociales locales, establecida por el Decreto 593/16.
3. Devolución del IVA a los destinatarios de la AUH, también establecido por el Decreto 593/16.
4. Acreditación de pagos únicos o extraordinarios mediante el Decreto 591/16.
5. Incrementos anuales en marzo y septiembre, según la Resolución 33/17.
6. Incorporación de los destinatarios de la AUH al Programa Argenta, que les permite obtener créditos a través de ANSES, mediante el Decreto 155-E-17.
7. Modificación del cálculo para la actualización de la AUH a través de la Ley de Reforma Previsional Nº 27426/17.

Estas modificaciones han ampliado la cobertura de la AUH, pero también han introducido nuevas connotaciones y cambios en las condiciones y montos de los beneficios. Por ejemplo, la extensión de la AUH a los trabajadores monotributistas implica que no se les exigen las mismas condicionalidades en materia de salud y educación, y los montos percibidos pueden ser inferiores. Además, se han introducido cambios en las Asignaciones Familiares de los trabajadores registrados, como el aumento del piso de ingresos para acceder a ellas y la eliminación del plus por zona desfavorable.

Estas modificaciones han sido criticadas por su carácter regresivo y su impacto en los ingresos de los beneficiarios. Algunas de las medidas, como la reforma en la movilidad jubilatoria y la reducción de la cobertura de las asignaciones, parecen responder a las exigencias establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un préstamo al país.

Además, se ha introducido la intervención del Banco Mundial a través de un préstamo de 600 millones de dólares, con el objetivo de ampliar la cobertura de la AUH y mejorar la registración de los beneficiarios.

En resumen, las modificaciones en la AUH durante la actual gestión de gobierno han ampliado la cobertura, pero también han introducido cambios en las condiciones y montos de los beneficios, con un carácter regresivo y en línea con las exigencias del FMI y el Banco Mundial.

El sentido actual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) parece haber cambiado, ya que se plantea que ya no es una política que busca universalizar un derecho, sino que se la percibe como una política de asistencia para los sectores más afectados por las medidas económicas neoliberales impulsadas por el gobierno actual. Aunque los análisis realizados no son concluyentes debido a la dinámica cambiante de la realidad social y las políticas implementadas, estos indicios apuntan a una ruptura en la lógica original de la AUH, donde se la concebía como un derecho.

Es importante tener en cuenta que cualquier análisis de la AUH, al igual que cualquier otra política social, no puede separarse de los principios que rigen el modelo social, político y económico en el que se implementa, en este caso, un modelo neoliberal propuesto por el gobierno actual.

En este contexto, se plantea que el neoliberalismo ha introducido una lógica de rendimiento y autovaloración donde el sujeto se convierte en una voluntad de acumulación de valor. En el neoliberalismo, los individuos no solo venden su fuerza de trabajo como mercancía, sino que también se comprometen con un "capital humano" y un "espíritu empresarial" que los lleva a comportarse como una empresa en sí mismos.

Por lo tanto, comprender y resistir al neoliberalismo implica comprender cómo ha impactado en nuestra forma de ver, pensar y actuar en la sociedad. Ha permeado en nuestras relaciones cotidianas, nuestras formas de consumo, nuestros gustos y, por lo tanto, en nuestra forma de definir y valorar las políticas sociales, incluida la AUH.

En resumen, la intervención social en la actualidad no solo está determinada por restricciones presupuestarias y ajustes estructurales, sino también por el trabajo simbólico sistemático de funcionarios estatales, gobernantes, medios de comunicación y redes sociales. Estos actores nos indican constantemente que hoy en día la obligación fundamental del individuo no es cumplir con sus deberes ciudadanos de dependencia mutua con los demás, sino la obligación de autorrealizarse.

Los sentidos de la regulación social: control y protección Las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo

El autor Merklen describe dos tipos de políticas: las políticas de protección social y las políticas de individuación. Las políticas de protección social brindan seguridad y protección a todos los ciudadanos a través de derechos sociales universales. Estas políticas se basan en la integración del individuo en colectivos y regulaciones sociales.

En cambio, las políticas de individuación buscan transformar a cada individuo de acuerdo con valores como la autonomía, la responsabilidad y la activación. Estas políticas implican una intervención sobre el individuo en lugar de enfocarse en la socialización o la integración.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) puede ser considerada tanto una política de protección social como una política de individuación. Desde el punto de vista normativo, se puede encuadrar dentro de las políticas de protección social, ya que extiende un derecho social a un grupo específico de la población.

Sin embargo, al dirigirse a trabajadores desocupados e informales y tener condicionalidades educativas y de salud diferenciadas, la AUH adquiere características de una política de individuación. Esto implica una tensión en la implementación de la AUH, y es importante analizar cómo esta tensión se manifiesta desde la perspectiva de los actores involucrados en su implementación.

La tensión control/disciplinamiento-sostén/protección en la práctica de las condicionalidades de la AUH Las condicionalidades como control y disciplinamiento

El texto menciona que los beneficiarios de programas sociales consideran que las condicionalidades son necesarias para asegurar que algunos padres cumplan con sus obligaciones hacia sus hijos. Por otro lado, los agentes del Estado valoran las condicionalidades como una forma de control y disciplinamiento de los beneficiarios.

En las percepciones de los agentes, se destaca la idea de "disciplinamiento" a través de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Existe un control de la vida familiar de los beneficiarios y una intervención en las decisiones familiares, incluso con formas de intimidación y amenaza. Este control se basa en un modelo tutelar que busca imponer normas morales y controlar diferentes aspectos de la familia.

La lógica de disciplinamiento también está presente en el diseño de la política social, como la retención de parte del beneficio aplicada en la AUH. Esto implica que no basta con pertenecer a una condición social determinada, sino que también se deben cumplir ciertas conductas. Se espera que los beneficiarios demuestren permanentemente su disposición para trabajar, participar en actividades comunitarias y cumplir con prácticas relacionadas con la educación y la salud de sus hijos.

Sin embargo, existen críticas que plantean que estas condicionalidades refuerzan la dependencia y la falta de autonomía de los beneficiarios, además de cargar sobre ellos los déficits generados por la exclusión. Esta mirada hacia las condicionalidades está relacionada con la percepción social de los beneficiarios de programas sociales y con la actitud colectiva hacia las personas en situación de pobreza.

En resumen, las condicionalidades en la AUH tienen una función de control y disciplinamiento de los beneficiarios, buscando cambiar actitudes y conductas. Esto se vincula con la teoría del capital humano, donde se condiciona la transferencia de ingresos para fomentar inversiones en capital humano dentro de los hogares. El control de cumplimiento de las condicionalidades recae en los agentes del Estado, generando tensiones debido a la responsabilidad de certificar el cumplimiento y la posibilidad de afectar la subsistencia de las familias beneficiarias.
“El control que no controla”

Tanto los agentes del Estado como los beneficiarios admiten que la asistencia escolar y el cuidado de la salud eran prácticas instaladas antes de la implementación de la AUH, lo cual plantea interrogantes sobre la necesidad y eficacia del control impuesto por las condicionalidades. Además, se menciona que la condicionalidad en la educación no mejora necesariamente la asistencia escolar o el rendimiento, según los agentes entrevistados.

Se plantea la pregunta de quiénes se benefician y quiénes se ven obstaculizados por este control, así como cuál es su funcionalidad. El autor sugiere que las respuestas no se limitan a la AUH en sí misma ni a las justificaciones y objetivos de las condicionalidades, sino que están vinculadas a una visión histórica de la pobreza y la asistencia, así como a la relación asistencial construida entre los necesitados y la sociedad representada por los agentes del Estado.

Se menciona que los beneficiarios de la AUH son incluidos en ciertas categorías que justifican una intervención específica más allá de sus acciones en la vida cotidiana. Esto se relaciona con la expectativa de ciertos comportamientos y actitudes por parte de los beneficiarios, que van más allá del cumplimiento de las prácticas de salud y educación.

Desde una perspectiva relacional de la asistencia, se plantean dos posibles respuestas sobre el sentido del control: una lógica meritocrática y una idea de moralización como supuesto de promoción social. La primera se refiere a la adquisición de valores y actitudes, mientras que la segunda implica un cambio de conductas como componente correctivo de la intervención.

El fragmento sugiere que estas respuestas están centradas en las significaciones de los agentes del Estado, pero también menciona que los beneficiarios reinterpretan estas expectativas en términos de reconocimiento. El control impuesto por las condicionalidades constriñe y habilita a la vez, tanto a nivel de los efectores como en la demanda desde el reconocimiento de derechos.

La lógica “meritocrática” en torno a la asistencia

Tanto los agentes del Estado como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consideran que el cumplimiento de las condicionalidades en salud y educación es una forma de reciprocidad frente a la ayuda recibida. Para los beneficiarios, cumplir con estas obligaciones significa devolver algo al Estado y demostrar sus capacidades, evitando así una dependencia unilateral. Esta reciprocidad se basa en la idea de merecimiento del beneficio, donde se espera que los beneficiarios demuestren que merecen recibir la ayuda a través de su cumplimiento de las condicionalidades. En este sentido, la reciprocidad se convierte en un intercambio simbólico y material que implica el cumplimiento de ciertas conductas a cambio del beneficio. Además, tanto los agentes del Estado como los beneficiarios tienen percepciones meritocráticas, donde se valora el trabajo como fuente legítima de ingresos y se considera que la asistencia debe ser transitoria y excepcional. Estas percepciones están influenciadas por las políticas del Estado y la cultura del trabajo en la sociedad. En resumen, la relación entre los beneficiarios y el Estado en el cumplimiento de las condicionalidades de la AUH se entiende como un intercambio recíproco donde se intercambian tanto aspectos materiales como simbólicos.

La mirada “moralizante” de la asistencia: las condicionalidades como “promoción social”

Desde la perspectiva de los agentes del Estado, la condicionalidad se utiliza como una pauta o norma que guía a los beneficiarios para que se ocupen de la salud y educación de sus hijos. Para ellos, el aspecto positivo de las condicionalidades es el control del cumplimiento de las obligaciones parentales y no la garantía de los derechos de los hijos por parte del Estado.

En el contexto de la asistencia social, la condicionalidad implica un proceso de intercambio y reciprocidad entre quienes otorgan el beneficio y quienes deben cumplir con ciertas acciones que se suponen implican un cambio de conducta. Se parte del supuesto de que en los sectores sociales en situación de pobreza, estas conductas esperadas no son habituales. Esto plantea la pregunta de si el establecimiento de condicionalidades para "cambiar la conducta" de ciertos sectores sociales puede considerarse como una forma de promoción social, interviniendo sobre la pobreza y los pobres como población con características negativas a ser "corregidas".

Los agentes del Estado perciben la condicionalidad como una forma de adiestramiento y adoctrinamiento de valores y actitudes relacionadas con el trabajo, el sacrificio y la responsabilidad, tanto para los niños y adolescentes como para los padres. Aunque las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH) están relacionadas con el acceso a derechos sociales como la salud y la educación, los agentes del Estado las destacan como obligaciones de los padres que implican cambios de conducta.

En el caso de la AUH, se combinan componentes asistenciales y de promoción, enmarcándose dentro de lo que se describe como Modelo de Asistencia y Promoción. El Estado incorpora un componente "correctivo" en términos de promoción social al establecer condicionalidades que requieren cambios de conducta por parte de los beneficiarios. Esto se refleja en la retención del 20% del ingreso de la AUH hasta la comprobación del cumplimiento de las condicionalidades, lo que se percibe como un aspecto punitivo y moralizante de la política.

Sin embargo, la mirada crítica hacia la promoción social atada a la asistencia no implica descartar intervenciones sociales destinadas a promover prácticas asociadas al cuidado de la salud o al desarrollo de capacidades educativas. Lo que se rechaza es enfocarse en "características a ser corregidas" o en la falta de valores y conductas adecuadas atribuidas a los sectores pobres. No se debe restringir el acceso a los beneficios otorgados por las políticas sociales.

Surgen interrogantes sobre el propósito final del establecimiento de condicionalidades para "cambiar la conducta" de ciertos sectores sociales y cuál es el interés social detrás de este cambio. Si consideramos el planteo de Simmel sobre los fundamentos de la asistencia, podría argumentarse que el objetivo es mantener el "statu quo" porque el punto de partida no es el derecho del receptor, sino el deber del proveedor y el sentido que este último otorga a la asistencia, es decir, la prosperidad del conjunto social.

Las condicionalidades como protección

En cuanto a la percepción de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre las condicionalidades, surgen interrogantes acerca de cómo experimentan ese "control". Se plantea si podrían verlo como formas de protección social, como instituciones que promueven el vínculo social o como formas de integración social.

Aunque los beneficiarios no utilizan estos términos directamente, consideran la salud y la educación como valores socialmente apreciados, lo cual se refleja en las entrevistas. Para ellos, las condicionalidades representan derechos reconocidos por la sociedad en general y pueden ser vistas como una forma de integración social, de pertenencia al conjunto social. Esto se relaciona con el concepto de "vínculo de ciudadanía" de Paugam, que implica pertenecer a una nación que reconoce derechos y deberes para todos sus miembros.

Además, los beneficiarios podrían estar de acuerdo con las condicionalidades porque consideran que el ejercicio de la ciudadanía implica tanto derechos como obligaciones. De esta manera, ven las condicionalidades como una forma de integración social, ya que se trata de obligaciones que todos los padres tienen respecto a derechos universales.

Por otro lado, los beneficiarios no reclaman igualdad en relación a las condicionalidades diferenciadas para los trabajadores asalariados que reciben asignaciones familiares. Esto podría deberse a que perciben las condicionalidades como una "protección extra", una mayor presencia del Estado a través de instituciones de salud y educación que se rigen por el principio de igualdad y están vinculadas a derechos sociales universales. Según Dubet, las clases populares están ligadas a las instituciones porque les brindan protección y seguridad, generando desigualdades que son percibidas como más o menos justas debido a los valores y normas que las respaldan.

¿Esta valoración de las condicionalidades como sostén e integración podría explicar por qué los beneficiarios no cuestionan el trato diferenciado? También es posible que, debido a esta valoración, denuncien a padres que no cumplen con las condicionalidades.

Aunque la AUH se define como una política centrada en el individuo, las percepciones de los beneficiarios la asocian con la lógica de los programas sociales. Se plantea la hipótesis de que estos programas representan un tipo de "lazo social institucional" que ha estado presente durante décadas y que, de alguna manera, los integra o incluye. Esto no niega el debilitamiento de los lazos sociales institucionales debido a la modernización excluyente, pero desde la perspectiva de los beneficiarios, la AUH representa un cambio significativo al permitirles acceder a bienes a los que de otra manera no podrían acceder, o facilitar el ejercicio de derechos como la salud y la educación.

En resumen, la condicionalidad no puede interpretarse únicamente desde una perspectiva de disciplina o control, ya que implica tanto imposición como habilitación, limitación y posibilidad, como señala Merklen. Es importante problematizar las respuestas dicotómicas sobre las condicionalidades en las políticas sociales, ya que en la práctica se generan tensiones y surgen interrogantes sobre cómo los actores procesan estos mecanismos de regulación social: como formas de control, protección o ambas.