Altillo.com > Exámenes > UBA - CBC > Sociología

Mabel Thwaites Rey – “Ajuste estructural y reforma del Estado en la Argentina de los ‘90”

Argentina en la senda del ajuste neoliberal
El ajuste estructural de inspiración neoliberal llevado a cabo en la Argentina por el gobierno justicialista a partir de mediados de 1989, consiste en una serie de procesos que han producido una transformación sustancial de la relación estado-sociedad vigente en el país durante medio siglo y un cambio profundo en la correlación de fuerzas sociales desfavorable a los sectores populares.

“Reforma del Estado”:
- política de privatizaciones.
- reorganización y ajuste de la administración central y las provinciales. (Reducción del rol del Estado y del gasto)
- flexibilización laboral.
- avances desreguladores y la apertura al mercado mundial.
- sistema provisional y estructura tributaria.
- subordinación de la moneda nacional al dólar a partir de la Ley de Convertibilidad (1992).

Objetivos de la “Reforma del Estado”:
- culminación de tendencias estructurales gestadas desde mediados de la década del ’70.
- cambio cualitativo en la relación del Estado Nacional con el Mercado Mundial.
- reducción del tamaño y la transformación de las funciones del Estado.
- instalación del mercado como el asignador principal de recursos.
- establecer las bases de un nuevo patrón de acumulación, funcional al capital transnacional.
- cambiar la correlación de fuerza entre el Estado y la clase trabajadora.

Presidencia de Carlos Menem
Proceso de ajuste del aparato estatal:
Se privatizaron : empresas de aeronavegación, teléfonos, generación y distribución de electricidad, distribución y transporte del gas, empresas petroquímicas, ferrocarriles, acerías, fábricas militares, empresas carboquímicas, YPF, Correo Argentino, y aeropuertos.

Algunos impactos de la política de reforma del Estado y privatizaciones
En Argentina, la decisión de privatizar y de eliminar personal del sector público, estuvo impulsada por la necesidad de reducir el déficit fiscal y hacer frente al endeudamiento externo e interno.
El objetivo de obtener recursos inmediatos para el fisco, achicar el déficit fiscal y afrontar la deuda externa, generó varias cuestiones a lo largo de todo el proceso reformador-privatizador.
En Argentina, se optó por empezar por los servicios públicos. A las empresas, se las dejó caer a límites extremos, en parte por la carencia de recursos públicos y en parte como estrategia de viabilización de la opción privatizadora.
El fortalecimiento de los sectores clave como seguridad, salud y educación, que sobrevendría a la retirada del Estado de las áreas productivas, fue una de las razones principales esgrimidas para justificar las privatizaciones.

Déficit fiscal, deuda externa y gasto público
El fisco dejó de destinar recursos a sostener el déficit de las empresas. El Estado obtuvo divisas en efectivo. En cuanto a lo obtenido en efectivo, no se pudo establecer su destino ni verificar que se hubieran utilizado para fines sociales, tales como la mejora de la educación y la salud, y de las retribuciones a los jubilados. El dinero en efectivo fue a parar a cuentas generales, se utilizó para gastos corrientes, ayudando a equilibrar el déficit presupuestario y para el pago de intereses de la deuda.
En 1992, Argentina ingresó al Plan Brady, que para el gobierno constituía el mecanismo más apropiado para superar la carga de la deuda. Esta decisión estratégica de ingresar al Brady, tuvo importantes consecuencias económicas a largo plazo, porque la deuda con la banca comercial, quedó renegociada a 30 años y respaldada por las garantías del Brady.
Éste Plan, no ha resuelto la cuestión de fondo, ya que fue diseñado para solucionar el problema de los acreedores y no para mejorarle la vida a los deudores. Con este plan la deuda se redujo sólo en U$S 2.300 millones. El ingreso al Brady abrió la posibilidad de resultar “confiables” para el mundo y recibir nuevos créditos.

Componentes que explican el crecimiento de la deuda:
- consolidación de todas las deudas que tenía el Estado.
- aumento del gasto público y del déficit fiscal.

Por otra parte, cambió significativamente la composición de la deuda externa entre la pública y la privada. Esta última aumentó como consecuencia de que las empresas tomaron préstamos del exterior para comprar los activos públicos. Su capacidad de compra no se basó en la inversión de recursos propios ya acumulados, sino en la toma de créditos en el mercado internacional.

Gasto público
Uno de los principales problemas de todo el período es la inflexibilidad a la baja del gasto público y la permanente evasión fiscal, lo que obliga a constantes ajustes y recortes indiscriminados y las sucesivas negociaciones con el FMI. El principal componente del gasto público es el Sistema de Seguridad Social (SSS). Así, en el período 1991-1994, mientras el gasto del Sector Público Nacional, respecto del gasto total, desciende del 27% en 1991, al 21% en 1994, las erogaciones al SSS aumentan del 24% al 31% en el mismo período. De allí que uno de los objetivos de la llamada “Segunda Reforma del Estado”, fuera la reducción de estas erogaciones, así como el reordenamiento y recorte de gastos de las provincias.
El acuerdo con el FMI en Agosto de 1997, encaminado a destrabar las negociaciones, impuso nuevos recortes del gasto público.

Privatizaciones y tarifas públicas
Durante la gestión estatal de los servicios, las tarifas estaban sujetas a determinaciones políticas; eran usadas como mecanismos de regulación inflacionaria o de redistribución de ingresos entre los sectores sociales. Se mantuvieron muy deprimidas hasta el momento de la privatización, elevándose antes de entregar las empresas a los privados; dichos casos fueron las privatizaciones de teléfonos, transporte aéreo, rutas concesionadas y ferrocarriles.

La cuestión de la regulación
Otro aspecto significativo del proceso privatizador es que no se garantizó que previamente quedara establecida una regulación efectiva, tanto en lo que respecta a los marcos regulatorios como a los entes. Porque la regulación, debía ser una actividad residual y mínima.
Mientras que el servicio telefónico, aerolíneas y el sector ferroviario fueron privatizados sin que existiera un marco regulatorio para la actividad, ni la conformación del Ente, las privatizaciones en el sector del gas y la electricidad fueron realizada una vez sancionados por ley los marcos, pero antes de constituirse los entes respectivos.
Otro aspecto relevante de los déficit regulatorios es la permanente negociación de los contratos de casi la totalidad de los servicios privatizados.

La concentración de la propiedad
La relativa concentración económica y el desbalance del poder social es otra cuestión que trae aparejado el proceso privatizador argentino.
Desinversión productiva, desindustrialización, pérdida del poder relativo de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales y de las instituciones estatales sostenedoras del “compromiso” estatal de socialización de la fuerza de trabajo.
La concentración económica tiene la característica de que varios de los grupos inicialmente se diversificaron en distintos rubros, integrándose en un amplio espectro de actividades de producción de bienes y servicios que les otorgó una capacidad de negociación adicional.
Este grado de concentración al interior de las empresas privatizadas y respecto al tipo y cantidad de actividades involucradas, redunde en la debilidad estatal para imponer reglas favorables al conjunto de la sociedad.
El poderío de los grupos más concentrados se ejemplifica también en la gran debilidad de la difusión de la propiedad accionaria a través del mercado de capitales, lo que oportunamente fue propagandizado como “capitalismo popular”. En la Ley de Reforma del Estado se estableció como requisito para la privatización, la reserva de un 10% del capital accionario en manos de los trabajadores.

El impacto sobre los trabajadores y la sociedad
El proceso de desmantelamiento del sector público empresario (vía privatizaciones) y de descentralización hacia las provincias de la infraestructura social del Estado Nacional, implicó una profunda “racionalización de personal” que ha significado una pérdida de capital humano y de “saber hacer” invalorables.
La racionalización del personal de las empresas públicas y en la administración central, implicó la drástica reducción de alrededor de 535.000 puestos de trabajo entre 1985 y 1989, pero esta cantidad creció aún más con los despidos de personal de las empresas ya privatizadas.
Se compensó a los empleados despedidos, a los que solo se indemnizó sin brindarles posibilidades de capacitación y reinserción laboral.
Hubo un aumento en los índices de desocupación en 1997 (16% en Mayo).
A partir de 1991, el mercado de trabajo comenzó un inexorable proceso de desregulación legal para favorecer a los empresarios y de desarticulación del viejo sistema de relaciones laborales protector. La flexibilización laboral no supuso una adaptación a las nuevas condiciones tecnológicas del trabajo, ni fue impuesta por mejoras organizacionales para aumentar la productividad laboral. La desocupación y la precarización laboral, constituyeron una respuesta disciplinadora muy fuerte del polo del capital.

Capital global y Estado Nacional
Las políticas de flexibilización laboral, de reforma del Estado y privatizaciones, significan un avance sobre las conquistas históricas de las clases subalternas que lograron cristalizar en instituciones estatales.