La irrupción piquetera

 

Genealogía

A fines de los noventa surgió en Argentina un amplio y heterogéneo movimiento de desocupados que logró convertirse en un actor central de la escena política y social por factores:

Mutaciones estructurales de las clases populares:

El proceso de empobrecimiento y vulnerabilidad arrancó en los años setenta, se continuó en los ochenta y se potenció en 1989 y 1991 con las políticas de apertura comercial y ajuste del Estado de Carlos Menem; y en 1995 con la acentuación de la recesión económica y el aumento del desempleo.

Frente a esto, la sociedad argentina no contaba con redes de contención ni con políticas estatales en materia de desocupación. Por otra parte, los sindicatos (CGT) optaron por readecuarse al nuevo contexto económico y social, negociando con el gobierno su supervivencia material y política.

Este proceso se dio de forma más acelerada en el interior del país donde a mediados de los noventa se realizaron numerosos cortes de ruta y “puebladas”. Aquí surgió la figura del “piquetero”, quien organiza y participa de los “piquetes”, los cortes de ruta.

A partir de 1997 estos repertorios de acción serían adoptados por organizaciones de desocupados del conurbano bonaerense.

 

Legado histórico organizacional:

Estos movimientos surgen de la existencia de una tradición sindical previa y de luchas sociales. Desde mediados de los noventa, sectores del movimiento obrero decidieron actuar por fuera de las estructuras sindicales tradicionales (CGT) y desarrollaron una política de apertura del problema de la desocupación en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

 

Con el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares surgieron asentamientos y ocupaciones ilegales de tierras; y el barrio se convirtió en el lugar por excelencia de interacción entre diferentes actores y organizaciones de base. Los sectores populares fueron desarrollando redes de supervivencia y consolidando un modelo de acción territorial. Esta militancia territorial fue cobrando mayor centralidad y cargándose de nuevas dimensiones. Es por esto que los nuevos movimientos de desocupados se caracterizaron por una heterogeneidad político-ideológica. Sin embargo esto no impidió la consolidación de un repertorio común de acciones y el desarrollo de una estrategia de cooperación.

 

Organizaciones en el conurbano bonaerense: Fue la acción colectiva con epicentro en algunas regiones del Gran Buenos Aires la que contribuyó de manera decisiva a la visibilidad del fenómeno, al desarrollo de organizaciones a escala nacional y a la producción de nuevos modelos de militancia asociados con el trabajo en los barrios.

Entre 1990 y 1995 algunos barrios en el oeste del conurbano bonaerense comenzaron a organizarse para reclamar por las tarifas de los servicios públicos privatizados. En 1996 arrancaron las primeras movilizaciones en demanda de ayuda alimentaria y ollas populares en La Matanza y poco después en Plaza de Mayo.

La marcha contra el hambre de septiembre de 1996 impulsó la creación de los primeros Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de carácter independiente o autónomo.

En 1997 algunas movilizaciones dieron lugar a debates acerca de las orientaciones estratégicas de las organizaciones de los desocupados: si debían articularse dentro de un movimiento multisectorial que incluyera a otros sectores afectados por el modelo neoliberal; o había que optar por una organización independiente de los sindicatos y partidos políticos con vistas a lograr luego una convergencia con el sector de los trabajadores ocupados.

 

 

La experiencia piquetera

La experiencia piquetera se caracterizaba por una heterogeneidad en sus bases sociales de tipo social, generacional y de género.

SOCIAL: los desocupados compartían experiencias y condiciones de vida pero provenían de trayectorias y recursos culturales y simbólicos diferentes. Además la situación de desempleo era reciente para algunos mientras que otros estaban en un contexto de precariedad e inestabilidad laboral.

DE GÉNERO: la desocupación afectó fuertemente los contornos tradicionales del mundo masculino lo cual tuvo como contrapartida un creciente protagonismo femenino. Una parte importante de los adherentes y militantes de las organizaciones piqueteras estaba formada por mujeres. Desde fines de los años ochenta, las mujeres de los sectores populares fueron asumiendo una gestión de tareas comunitarias, vinculadas con la organización de la reproducción y el consumo cotidiano (guarderías, comedores). En su mayoría no tenían una experiencia comunitaria ni laboral y eligieron dejar el ámbito doméstico y barrial y salir a cortar la ruta como último recurso.

La figura de madre en las protestas ilustraba el hambre y la situación de emergencia familiar y social que se estaba atravesando. Las mujeres se hicieron cargo de cuestiones de gestión comunitaria, administrativa y laboral de los emprendimientos piqueteros y se insertaron en las organizaciones como “cuadros medios” o como referentes regionales. Muy pocas se erigieron en dirigentes a nivel nacional, en parte por los rasgos patriarcales del mundo popular pero además por las diferencias en las trayectorias con los hombres, quienes tenían una experiencia sindical, vecinal o política previa.

GENERACIONAL: los jóvenes constituyeron una parte importante de las bases sociales del movimiento en expansión. Estaban en el centro de una triple exclusión: escaso contacto con las instituciones educativas, acoso y represión de las fuerzas de seguridad y carencia de experiencia laboral; por lo que las organizaciones piqueteras propusieron otros lugares de producción de la disciplina y la solidaridad. Por un lado, mediante el trabajo comunitario, orientado a la satisfacción de las necesidades inmediatas (huertas, comedores); y por el otro, mediante la experiencia asamblearia y la rotación de responsabilidades.

Las organizaciones piqueteras se fueron conformando como estructuras organizativas con diferentes niveles de participación: un núcleo en el que se hallaban los voceros o referentes; un primer círculo de militantes y cuadros intermedios (delegados barriales); una serie de anillos compuestos por militantes y simpatizantes con menos nivel de involucramiento y participación; y una vasta periferia constituida por familias que buscaban satisfacer necesidades elementales. El desafío de los movimientos era politizar esta amplia periferia.

En suma, las organizaciones de desocupados abrieron una brecha en el empobrecido mundo popular, por fuera del peronismo, tornando posible la emergencia de nuevas expresiones organizacionales, mediante la resignificación política de la militancia territorial. El surgimiento de nuevas organizaciones de tipo territorial puso en evidencia no sólo el deterioro de la relación entre el peronismo y el mundo popular, sino que abrió la posibilidad de una politización de lo social. Las bases sociales de estas organizaciones presentaban un carácter multiforme y heterogéneo en el que coexisten mujeres y jóvenes sin experiencia militante ni laboral; y un conjunto de militantes o activistas de larga trayectoria organizativa, barrial, sindical o partidaria.

 

Repertorios comunes de acción: más allá de sus diferencias, las organizaciones piqueteras compartían lenguajes de movilización y repertorios comunes de acción:

El piquete: desplazó a otras metodologías y emergió como la contracara de la crisis y el agotamiento de las mediaciones institucionales. Era la única herramienta eficaz de aquellos que no tenían el poder frente a los que sí lo tenían. Su objetivo era dar visibilidad a una situación de desamparo que, de otro modo, hubiera quedado encapsulada en el silencio y la indiferencia de los barrios. Las acciones de los piqueteros reconfiguraron al espacio público como un lugar de conflicto y de confrontación política y forjaron un nuevo lenguaje de movilización.

Funcionamiento asambleario: la dinámica asamblearia, en la cual se combinan democracia directa y democracia por consenso, remite al formato organizativo que adoptaron los diferentes levantamientos populares en los años noventa. Primero en el interior del país, luego en el conurbano bonaerense y por último en la ciudad de Buenos Aires.

Puebladas: desde el inicio de las movilizaciones en el interior del país, las puebladas, por su masividad, representaron una suerte de garantía para enfrentar las represiones que podían esperarse como respuesta a los cortes de ruta.

Planes sociales: para todas las organizaciones, los planes sociales representaban una condición de su posibilidad de existencia. Sin embargo, la cuestión reivindicativa y la relación con el Estado fue uno de los principales ejes del debate inicial entre las organizaciones. Los planes sociales (subsidios) fueron convirtiéndose en el centro de la negociación con las organizaciones para poner fin a los cortes de ruta.

En un principio, las posiciones acerca de si aceptar o no la política de planes sociales que proponía el gobierno eran divergentes. Por un lado, numerosos militantes sociales y políticos consideraban necesario asumir la cuestión reivindicativa en los términos del gobierno. Se embarcaron en una vocación por priorizar la problemática del hambre y más adelante, en una política de obtención de planes sociales.

Los planes sociales fueron recibidos como salarios y el desarrollo de huertas comunitarias y panaderías hizo posible construir microeconomías de subsistencia que permitieron hacer frente a las situaciones de hambre. Además, en la realización de emprendimientos y autogestión se abrió la posibilidad de pensarse como trabajadores y reencontrar la dignidad.

Por otro lado, los partidos de izquierda rechazaban lo que consideraban “la trampa asistencialista del Estado” planteando que la política compensatoria repercutiría negativamente sobre el salario de los trabajadores formales. Sin embargo, en los años siguientes, el agravamiento de la situación de exclusión y el ascenso del movimiento piquetero, persuadieron a gran parte de los partidos de izquierda de que lo mejor era intervenir en el proceso organizativo de los desocupados. Así, la dependencia respecto del Estado se fue convirtiendo en parte constitutiva del vínculo.

Modelo de acción territorial: era la contracara del modelo más tradicional, construido desde la exterioridad. Así, el “referente territorial” era del barrio, vivía en el barrio y solía ser un desocupado que compartía las mismas condiciones de vida y circunstancias de los vecinos. Bajo este modelo de acción territorial, algunas organizaciones pequeñas priorizaron una lógica de tipo comunitario-barrial y manteniendo una desvinculación total con las lógicas sindical y partidaria.

El movimiento fue expandiéndose con la llegada de cuadros partidarios que irían asumiendo una identidad “piquetera” a través del trabajo territorial, por lo que las organizaciones de desocupados eran subsidiarias de las orientaciones políticas.

Es necesario decir que todas las estructuras territoriales crecieron y se nutrieron mediante la incorporación de “cuadros” o “referentes” provenientes del peronismo tradicional. Pero estas lógicas de acción deben comprenderse en un marco mayor referido al momento o el ciclo de luchas en el cual emergieron.

 

 

 

 

Los momentos del movimiento piquetero

El movimiento piquetero nació entre 1996 y 1997 primero en las provincias y de modo casi simultáneo en el conurbano bonaerense, donde iría adquiriendo masividad y escala nacional. Entre 1999 y 2001 registra un crecimiento acelerado y a partir de 2002 ingresa en la ciudad de Buenos Aires, a los espacios tradicionales de política nacional para luego volver a recluirse en la periferia, en los barrios. Este movimiento evidencia las distancias socioculturales entre el conurbano bonaerense, que representaba a las nuevas “clases peligrosas”; y la ciudad.

 

De la etapa fundacional (1996-1998) a la centralidad política y social (1999-2001): en las relaciones entre los gobiernos y los movimientos piqueteros, se usaron diferentes estrategias que alternaban negociación y cooptación con represión. Los mecanismos de negociación fueron institucionalizándose mediante los planes sociales y la ayuda alimentaria y, a partir de 2003, mediante herramientas y subsidios para los proyectos productivos. Al mismo tiempo ocurría la judicialización del conflicto (procesamiento de dirigentes) y el endurecimiento del contexto represivo. Todos los gobiernos en algún momento se orientaron hacia el disciplinamiento del movimiento piquetero y poniendo una distinción entre una protesta “legítima” y una “ilegítima”.

La etapa fundacional de los movimientos piqueteros comienza con la primera ola de movilizaciones en Neuquén, Salta y Jujuy; y termina en 1998, cuando se conforman las dos grandes corrientes sindicales del movimiento piquetero en La Matanza: la FTV (Federación de Tierras y Viviendas) y la CCC (Corriente Clasista y Combativa).

La segunda etapa arranca en 1999 con el final del segundo gobierno de Carlos Menem y se cierra a fines de 2001, poco antes de la caída del gobierno de la Alianza, con la entrada de las masivas organizaciones piqueteras del conurbano bonaerense en la escena política nacional.

La estrategia del gobierno de la Alianza fue débil y heterogénea. El “eje matancero” afirmó su liderazgo y visibilidad por medio de varios cortes exitosos. El gobierno endureció la estrategia de represión, sobre todo en el interior del país, para desarticular a grupos más pequeños. Esto hizo que agrupaciones del conurbano bonaerense de la zona sur comenzaran a motorizar movilizaciones y planes de lucha para repudiar la represión. La opinión pública obligó al gobierno a retroceder y cambiar la estrategia.

Todas estas acciones mostraron la potencialidad que le movimiento piquetero tenía como actor político. En julio y septiembre de 2001 se realizaron dos asambleas nacionales piqueteras en La Matanza. Para las organizaciones, los encuentros fueron una oportunidad de dar cuenta del activo militante; pero para las corrientes masivas (FTV y CCC) representaban la posibilidad de unificar el movimiento detrás de sus liderazgos. Sin embargo, esta tentativa fracasó y puso de manifiesto las diferencias de las organizaciones en términos de expectativas y de objetivos.

En el comienzo del 2002 se liberó una enorme energía social contestataria tras el cacerolazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las agrupaciones piqueteras llegan al centro de la escena político-social en la ciudad de Buenos Aires con la consigna “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”. Se expandieron las asambleas barriales, se recuperaron fábricas y se multiplicaron los colectivos culturales.

 

Duhalde: planes e inflexión represiva (2002-2003): tanto la FTV como la CCC lograron institucionalizarse y consolidar sus estructuras de movilización. El Bloque Piquetero Nacional, conducido por el Polo Obrero, creció hasta alcanzar al bloque matancero en masividad y visibilidad. Distintos grupos de movilización crecieron y afianzaron lazos con sectores medios urbanos que se habían movilizado en diciembre de 2001.

El 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón se realizó un operativo represivo en el cual participó el conjunto de las fuerzas de seguridad bajo un mando único para enfrentar la protesta social. En esta represión fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Hubieron detenidos y heridos y el gobierno de Duhalde habló de una “conspiración piquetera” en las que los acusó de matarse entre sí pero las imágenes demostraron la culpabilidad de las fuerzas represivas. Amplios sectores de la sociedad se movilizaron en repudio a estos hechos y Duhalde llamó a elecciones anticipadas.

Esta situación constituyó un disparador para el ingreso de jóvenes militantes de las clases medias a las organizaciones piqueteras autónomas y se consolidó una nueva generación militante post 2001, articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos.

Además de la represión, el gobierno de Duhalde amplió la cantidad de planes sociales de 300.000 a casi 2.000.000. El objetivo del nuevo plan Jefas y Jefes de Hogar era paliar la situación de urgencia y necesidad social y contener el agravamiento del conflicto social. Esto expandía el volumen de adherentes dentro de las organizaciones piqueteras pero le otorgaba al peronismo una oportunidad de recomponer su relación con los sectores populares.

 

Kirchnerismo y reconfiguración del espacio piquetero (desde 2003): la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) aplicó estrategias para institucionalizar, integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, evitando la represión abierta y sistemática.

Ocurrió un realineamiento en el interior del espacio piquetero con la integración de corrientes afines al peronismo y con la oposición y movilización de las organizaciones ligadas a la izquierda partidaria. El gobierno de Kirchner consolidó una relación privilegiada con las organizaciones que optaron por institucionalizarse, otorgándoles recursos económicos y organizativos y nuevos planes sociales para la construcción de viviendas y el financiamiento de emprendimientos productivos. A partir de 2005 varios dirigentes piqueteros se incorporaron al gobierno en puestos ligados a acción social y comunitaria, a nivel nacional y provincial.

Organizaciones como Barrios de Pie ampliaron su campo de acción y abandonaron el piquete como estrategia de movilización. Otras como el Movimiento Evita se dedicaron a construir una identidad en torno “de la militancia social y el trabajo de organización realizado en los barrios”. Y el conjunto de agrupaciones afines al oficialismo adoptaría el nombre de “organizaciones sociales”.

La FTV sufrió varias rupturas y enfrentamientos con la CTA por un proyecto propio de su dirigente Luis D’Elía que fracasó por tener un estilo de liderazgo personalista.

El gobierno nacional promovió la institucionalización de algunos grupos pero también aplicó una estrategia de disciplinamiento y criminalización sobre las movilizaciones y estigmatización de la protesta. Las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda tendieron a impulsar la movilización callejera y la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, multiplicando los focos de conflicto. Como resultado se instaló un “consenso antipiquetero” sostenido y avalado por la opinión pública, que no sólo manifestaba un hartazgo hacia los cortes de calle sino también un rechazo radical a la figura del piquetero.

Todas las organizaciones piqueteras opositoras sufrieron procesos de fragmentación y se vieron obligadas a revisar sus estrategias de intervención en el espacio público. Apuntaron a ampliar la acción hacia otros espacios (estudiantil, cultural, campesino) incorporando otras problemáticas.

Las organizaciones oficialistas formaron parte de la estrategia de la “transversalidad” impulsada por fuera del Partido Justicialista, pero no pudieron gestar una épica militante alternativa y sólo tuvieron un papel periférico. Ante el rechazo y el estigma que afectó al conjunto de las fuerzas piqueteras en 2003 y 2004, éstas perdieron legitimidad como actor social que era visto como “clase peligrosa” o clientelismo de izquierda.

A partir de 2004 con el mejoramiento de la situación económica, los conflictos se desplazan de lo territorial a lo sindical. El gobierno se apoya en los sectores sindicales tradicionales (CGT) para ilustrar la “normalidad”.

Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se desactivó el Plan Jefas y Jefes de Hogar, cuyos beneficiarios fueron incorporados al mercado de trabajo o beneficiados por nuevos programas asistenciales en 2009 y 2010 como la Asignación Universal por Hijo y el Plan Argentina trabaja que incorporaba a desocupados en cooperativas de trabajo con un salario promedio diez veces más alto que el anterior. Las organizaciones de desocupados opositoras criticaron la discrecionalidad con que los planes eran otorgados y establecieron acampes en el centro de la ciudad. Sin embargo, el ciclo piquetero había llegado a su fin.

 

 

Conclusiones finales

La gestión de Néstor Kirchner fue la que logró cerrar la brecha disruptiva que los movimientos piqueteros había abierto en los sectores populares excluidos. No sólo habían menguado en número y habían iniciado un proceso de desmovilización, en parte habían sido integrados y otros, fuertemente deslegitimados. Las organizaciones piqueteras, debilitadas, retornaron al trabajo territorial en los barrios. La AUH terminó de recomponer la relación del peronismo con los grupos más excluidos.

Como consecuencia de este “cierre”, a partir de 2004 los piqueteros se convirtieron en blanco de las críticas al asistencialismo y el clientelismo. La reiteración del piquete y el acampe como metodología de acción condujo a la creación de dos estereotipos: el del “piquetero violento”, que reducía a la protesta a una acción “ilegal” e invisibilizaba el trabajo comunitario; y el de “piquetero plebeyo” aumentaba el temor a las llamadas “clases peligrosas” asociadas al conurbano bonaerense y el interior del país.

La instalación del consenso antipiquetero apuntó a distorsionar y a borrar la importancia de la experiencia piquetera. Se denegaron sus logros y su impronta como actor político pleno.

 

No debemos olvidar que la mayor experiencia de resistencia al neoliberalismo en nuestro país nació en los márgenes, en el extremo de la descolectivización masiva. Fueron los desocupados quienes gestaron nuevas formas de lucha y autoorganización territorial con una centralidad política que ningún movimiento social hoy existente posee. Los movimientos piqueteros han dejado una huella, una marca indeleble en la historia de las grandes luchas de los sectores populares de la Argentina contemporánea.