DANIEL JAMES

En su discurso de asunción de 1955, tras la jura como nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi anuncio que en la Argentina pos peronista no habría “ni vencedores ni vencidos”, su intención era tranquilizar a las masas de trabajadores peronistas preocupados por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas con Perón.

El presidente dentro del gobierno provisional estaba dispuesto a admitir que los peronistas siguieran controlando los sindicatos. Su única salvedad era que debía tratarse de un peronismo purificado de los vicios que lo habían corrompido y conducido a la derrota, el peronismo representaba un baluarte contra el comunismo.

Luis Cerruti Costa, el ministro de trabajo adopto en consecuencia una política de avenencia con la conducción gremial peronista. La CGT (confederación general de trabajo) quedo en manos de esta, lo mismo que en un inicio mucho de los grandes sindicatos.

El intento de Lonardi de llevar a la práctica esta política fracasaría y sería reemplazado por su vicepresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del campo militar antiperonista. Varias razones explicaban este fracaso, la posición de Lonardi era minoritaria entre los militares y las fuerzas cívicas que habrían llevado a cabo la Revolución Liberadora, les preocupaba en especial la autoridad peronista sobre la clase trabajadora, grupos armados de antiperonistas se habían apoderado de muchos sindicatos en las semanas siguientes al golpe, estos grupos eran conocidos como “comandos civiles” y estaban compuestos principalmente por activistas socialistas y radicales que habían desempeñado un destacado papel en la rebelión contra Perón.

La conducción peronista de la CGT (confederación general de trabajo) encabezada por Andrés Framini y Luis Natalini comenzó a dudar cada vez más en la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas del gobierno provisional no tenían la autoridad suficiente dentro de la policía o las fuerzas armadas para impedir los ataques antiperonistas y la toma de locales u oponerse al arresto de una creciente cantidad de funcionarios sindicales peronistas de nivel medio.

Las bases gremiales peronistas, en un principio aturdidas por el golpe contra Perón habían demostrado en los dos meses siguientes una creciente disposición a resistir y preservar algo que sentían estar perdiendo, gran parte de esa resistencia dejo a un lado a la conducción sindical se produjeron huelgas espontaneas en gran escala, como protesta por la situación nacional en general y los ataques antiperonistas contra los sindicatos en particular, esto alarmo y fortaleció a las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles e hizo aun mas difícil para Lonardi dar el tipo de concesiones que podrían haber tranquilizado a las bases peronistas.

La CGT (confederación general de trabajo) convoco a un paro general para el 14 de noviembre con el fin de protestar contra la asunción del nuevo régimen, las nuevas autoridades reprimieron eficazmente la medida y el 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT (confederación general de trabajo) y todos sus sindicatos miembros y detuvo a muchos dirigentes.

Lonardi, en consecuencia, puso de relieve la existencia de una conducción sindical peronista, al mismo tiempo la clase obrera peronista había comenzado a exhibir una firme voluntad de defender sus sindicatos.

El nuevo gobierno de Aramburu y el vicealmirante Rojas se dispuso a abordar la resistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina, el peronismo era una aberración.

Las autoridades intentaron proscribir a toda una generación de funcionario s gremiales peronistas. El decreto 7.107 excluyo de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y 1955 y quedaron proscriptas todas las actividades peronistas. Esta ofensiva peronista se extendió a la base fabril, inmediatamente después de la intervención de la CGT (confederación general de trabajo) en 1955.

A principios de 1956 la situación sindical había cambiado rotundamente la CGT (confederación general de trabajo) estaba a cargo de un interventor militar, el capital Patrón Laplasette que asistido por un consejo asesor de figuras antiperonistas de la época anterior a 1945. A demás de la detención de miles de funcionarios justicialistas y de la proscripción de carios millares de ex activistas, se habían designado interventores militares y antiperonistas en todos los sindicatos. El sueño del gobierno militar era la elección de dirigentes gremiales verdaderamente “democráticos”.

El sueño se demostraría irrealizable, hacia 1957 al reconocer que no se había logrado borrar la influencia peronista.

La industria argentina se caracterizaba por una situación que daba a las comisiones internas control del proceso productivo, este era el legado del movimiento sindical dentro del peronismo y se había incorporado entre 1946 y 1948, este poder de la base fabril impedía la implementación de nuevos ordenamientos laborales. El intento del nuevo gobierno choco con una resistencia de los trabajadores de una cultura fabril especifica durante la era peronista.

Para defenderse del ataque contra los sindicatos fabriles, los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontanea peronista en comités de base extraoficiales y con una diversidad de formas de accionar que iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores, esta lucha confirmo la denominación peronista de la clase obrera. Cuando el gobierno convoco a elecciones para reconstituir las comisiones internas a fines de 1956, en la mayoría de los casos fueron elegidos delegados peronistas, ni socialistas ni comunistas pudieron desafiar eficazmente esa fidelidad.

Las luchas defensivas de 1956 y 1957 pusieron en primer plano una nueva camada de dirigentes gremiales más jóvenes, dos serian los principales desafíos que estos dirigentes enfrentarían en 1057 y 1958. El primero era negociar eficazmente con la patronal y las autoridades nacionales, para lograr expandir y consolidar los espacios institucionales que se les concedían a regañadientes. Hacia fines de 1956 varios sindicatos volvían a estar a cargo de gremialistas peronistas luego de celebrar elecciones, otros se le sumarian en 1957. Alguno de los gremios normalizados, tanto peronistas como no peronistas, formaron la Comisión Intersindical a principios de 1957. Este organismo convocaría a varias huelgas en el transcurso de ese mismo año. Más adelante, siempre en 1957, el interventor militar de la CGT llamo a un congreso normalizador y otros antiperonistas controlaban sindicatos como los de empleados de comercio, bancarios, personal civil de la nación y empleados municipales. Cuando estos gremios se vieron en minoría, abandonaron el congreso y constituyeron los 32 Gremios Democráticos. Los restantes sindicatos peronistas en su mayoría, formaron entonces las 62 organizaciones.

El término “resistencia” significaba algo más que la defensa de las condiciones y la organiacion dentro de las fábricas, la resistencia fabril estaba estrechamente asociada a la resistencia en otros terrenos. La protesta individual a través del sabotaje personal y las actividades clandestinas mas organizadas, hasta el intento de levantamientos militares.

El punto focal de esta tensión se centro en las elecciones presidenciales convocadas para febrero de 1958.

Arturo Frondizi había cortejado abiertamente al peronismo para obtener su voto. Para los dirigentes sindicales peronistas a apoyar su candidatura era una opinión con muchos atractivos. Frondizi había prometido la reconstitución de la CGT (confederación general de trabajo), había impulsado la convocatoria de elecciones colectivas basadas en sindicatos nacionales centralizadas de acuerdo con la estructura existente durante el régimen de perón. El contraste con el gobierno militar parecía evidente, este último había emitido el decreto 9.270 que garantizaba la representación de la minorías en la conducción sindical y el reconocimiento de varios sindicatos con iguales derechos de negociación en una misma rama industrial y había prohibido toda actividad gremial que se definiera como política.

El gobierno de Arturo Frondizzi disfruto de una tregua inestable con los sindicatos durante sus primeros ocho meses en el poder. Alentados por la nueva situación institucional representada por un presidente que debía ese cargo a sus votos, los trabajadores peronistas lanzaron una cantidad creciente de huelgas. Solo en la Capital Federal, en 1958 se perdieron más de seis millones de horas de trabajo a causa de esas medidas de fuerza.

Frondizi cumplió una de sus principales promesas de campaña y sanciono la ley 14.455 de asociaciones profesionales, que en muchos aspectos se basaba en el Código del Trabajo Peronista, esta ley permitía el reconocimiento de una sola entidad negociadora en cualquier rama industrial y de ese modo daba por terminado el intento del régimen de Aramburu de implementar una negociación con varios sindicatos por rama. La nueva ley también abolía la representación de las minorías en la conducción sindical. Se restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato, también se autorizaba a las empleadores a retener la cuota gremial de sus trabajadores por cuenta y orden de los sindicatos. Las elecciones realizadas en muchos sindicatos de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley dieron por resultado el triunfo de las listas peronistas. Para terminar Frondizi prometía el restablecimiento de la CGT (confederación general de trabajo) una vez que se completara el proceso electoral. La promesa de estabilidad en el frente laborar que parecían brindar esos primeros meses se disipo rápidamente, en enero de 1959 Frondizi luego de las negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de emergencia, anuncio un plan de estabilización que reducía de manera drástica las protecciones arancelarias, devaluaba el peso, aumentaba la mayoría de los precios controlados y prometía un virtual congelamiento salarial, parte del acuerdo también implicaba la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. La respuesta del movimiento obrero a estas medidas iba a conducirlo a una seria de encaminadas acciones defensivas en el transcurso de 1959 y 1969, la primera de ellas fue la ocupación del mencionado frigorífico por su personal para protestar contra el decreto de privatización, tanto los sindicatos peronistas como los no peronistas se encontraban en una situación desventajosa al enfrentarse con un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas y dispuesto a usar el poder del estado para sostener su política económica. Muchos gremios volvieron a ser intervenidos durante 1959, con la aguda recesión provocada por el plan de estabilización la posición negociadora de los sindicatos había quedado muy debilitada, en 1960 y 1961 la cantidad de huelgas declino drásticamente.

Los sindicatos peronistas experimentaron estos acontecimientos como una traición, “la traición de Frondizi”. Frondizi pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en el gobierno tratando de convencer a los dirigentes gremiales peronistas de su buena fe y su compromiso permanente con las ideas de desarrollo “nacional y popular”.

El atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras, existía, por cierto un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había a demás muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente.

Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes cooperaran con otros “factores de poder” como la iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntalo las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores.

La solución que proponían los duros para contrarrestar esta amenaza era una insistencia en las virtudes subjetivas de la dureza, la intransigencia, la lealtad y la fidelidad a quienes habían luchado y sufrido sobre todo a perón.

El periodo posterior a 1959 se caracterizo por el crecimiento de cierta desmovilización, muchos activistas estaban desocupados e incluidos en listas negras, otros simplemente habían abandonado la actividad gremial. Quienes persistían comprobaban a menudo que sus sindicatos eran lugares crecientemente hostiles, el fraude electoral era cada vez más frecuente.

Los convenios firmados en 1969 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas, los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu, este proceso se funda en cierto grado de corrupción personal.

En una carta a Perón, John William Cooke comentaba “de ahora en adelante habrá más represión, mas cárcel, mas cachiporrazos, pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno, el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración practica”

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir, los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión, el plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyo eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos, a demás de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961.

El presidente también tomo algunas medidas para cumplir su antigua promesa de devolver la CGT (confederación general de trabajo), en 1961 las 62 organizaciones aceptaron compartir el poder con los no peronistas en una comisión de veinte miembros encargada de convocar un congreso reorganizador.

El pragmatismo institucional presentaba sus propios desafíos a los dirigentes sindicales. El papel cumplido por los sindicatos peronistas empezaba a mostrar numerosas facetas. Por un lado, era evidente que los gremios tenían que representar las necesidades institucionales de sus organizaciones y los intereses económicos de sus afiliados, esto implicaba negociar con la patronal, el estado y los sindicatos no peronistas. Al mismo tiempo los gremios se habían convertido en la principal expresión del peronismo en la Argentina y como tales, tenían a su cargo la negociación de las demandas del movimiento con otros actores del sistema político institucional. La proscripción legal del justicialismo político no hacía sino reforzar esta tendencia. Por último, los dirigentes sindicales debían negociar dentro del peronismo con otros sectores del movimiento. Luego de 1960, esto significaba esencialmente dos cosas, por una parte tratar con el conjunto de partidos neoperonistas que habían surgido con la intención de reclamar el legado político asociado al voto peronista, también significaba tratar con las diversas figuras políticas y organismos oficiales designados por Perón en diferentes momentos para hablar en su nombre y representar las necesidades políticas del movimiento.

Dentro de la dirigencia sindical prevalecía la idea de que el peronismo debía intentar presentar sus propios candidatos en vez de seguir recurriendo a la táctica del voto en blanco de elecciones anteriores. Las figuras del justicialismo político esperaban convencer a los sindicatos y a perón de la necesidad de dar los votos a partidos peronistas, el líder de los trabajadores textiles, Andrés Framini iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una campaña electoral exitosa apoyada en los sindicatos confirmaría a estos como un sector con poder de negociación dentro de la política argentina y los mostraría hasta cierto punto independientes de su control, los sindicatos debían ser consientes de las posibles consecuencias negativas de su intervención directa en esa campaña, el propio Frondizi apostaba sin duda a limitar el éxito de cualquier participación peronista, esto dejaría a los sindicatos con pocas alternativas, salvo seguir adaptándose a los movimientos del presidente.

En rigor, contaba con esta amenaza implícita para convencer a los gremios de que no presentaran a sus candidatos, los sindicatos también debían comprender lo que podrían perder si su participación electoral provocaba una respuesta militar.

En las bases peronistas había asimismo un profundo deseo por votar candidatos justicialistas como un modo de protestar contra el gobierno frondizista, el resultado de los comicios fue una resonante victoria peronista, sus candidatos ganaron 8 de las 14 gobernaciones en juego, incluida la de la provincia de Buenos Aires, Frondizi anulo de inmediato las elecciones e intervino esas provincias pero esto no fue suficiente para salvar su presidencia.

El líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante dentro del peronismo sindical fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país, había sido en gran medida responsable de la organización de esa campaña, la victoria e esa campaña había sido posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y otros sindicatos peronistas, en la prensa y el movimiento sindical comenzaban a utilizar con creciente frecuencia el término “vandorismo”.

Augusto Vandor llego a simbolizar el proceso de integración del aparato sindical al sistema político institucional Argentino, el vandorismo implicaba el uso del poder y la representatividad que los sindicatos debían a su posición de fuerza dominante dentro del peronismo a fin de negociar con otros “factores de poder”.

Esta representación contribuyo a fortalecer la percepción de los sindicatos peronistas como una parte fundamental del sistema social y político.

La Ley Laboral autorizaba a las federaciones a imponer estatutos que disciplinaban severamente a los sindicatos afiliados y limitaban su capacidad de actuar de manera independiente de la federación. Así, la Ley de Asociaciones Profesionales no solo garantizaba a las dirigencias gremiales el derecho a negociar sin temer la competencia de sindicales rivales, sino que también sentaba las bases de una estructura sindical que contribuía en mucho a asegurar el control centralizado dentro de un sindicato.

Las finanzas gremiales tenían dos cuotas fuertes esenciales: la cuota sindical y la cuota asistencial. Significaba que en los grandes sindicatos industriales de empleados administrativos la cuota del afiliado metalúrgico de Córdoba, el trabajador de la carne de Rosario o el ferroviario de Tucumán eran deducidas por sus empleadores y depositada directamente en la cuenta bancaria del sindicato central de Buenos Aires.

El valor total de los bienes de los sindicatos ascendía ese mismo año en 1965 q 4.201 billones de pesos, esas enormes sumas se asociaban por supuesto al gangsterismo y a la corrupción cada vez más identificados con el sindicalismo peronista. La prensa oficialista y los grupos opuestos a Vandor dentro de los sindicatos ponían en circulación muchas historias sobre ese desvió de esos fondos en beneficio de determinados dirigentes. Sin embargo, era el hecho de que con ese dinero se solventaba toda gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados.

La lista mayoritaria asumía el completo control del sindicato, una vez elegido un grupo era extremadamente difícil desalojarlo. Vandor y los otros líderes sindicales, tanto peronistas como no peronistas utilizaron este sistema para convertirse en decisivos interlocutores sociales y políticos dentro de la sociedad argentina. En enero de 1963 se reconstituyo formalmente la CGT (confederación general de trabajo). Las 62 organizaciones tenían una clara mayoría frente a los sindicatos no peronistas, controlaban todos los sindicatos industriales salvo uno de los comités gremiales de la central obrera. Había 1962 los 32 gremios democráticos de fuerte militancia antiperonista prácticamente habían desaparecido. La mayoría de los sindicatos de los grandes sindicatos de empleados administrativos que habían sido el núcleo de los 32 gremios democráticos se definía ahora como independiente.

Vandor insistió con éxito en que miembros de esta tendencia en los puestos clave de secretario del interior y de asuntos gremiales.

El secretario general elegido con la bendición de Vandor fue el líder de los trabajadores del vestido, José Alonso. La nueva confederación afirmaba tener alrededor de 2.567.000 afiliados.

Con la recién recuperada CGT (confederación general de trabajo) el funcionamiento y su base de poder en las 62 organizaciones ahora consolidada, la conducción sindical peronista lanzo una campaña para buscar soluciones a las penurias económicas y sociales de sus afiliados. El gobierno había implementado un plan de estabilización similar al de Frondizi, con parecidos resultados para la clase obrera: una pronunciada recesión, alto desempleo (sobre todo en industrias tradicionales como la textil y metalúrgica) e inflación en aumento. La primera etapa de aquella campaña culmino con el lanzamiento del llamado Plan de Lucha.

La primera fase de este plan termino en mayo de 1963 con una semana de protesta contra la política económica del gobierno de Guido. Se realizaron debates y reuniones públicas con representantes de los estudiantes universitarios, las federaciones patronales y la iglesia, en los cuales se discutían las políticas económicas sociales y culturales, la semana culmino con un paro general de 24 hs.

Con la mejora de la situación económica en 1963 y principios de 1964, la CGT (confederación general de trabajo) intensifico su campaña para recuperar el terreno perdido. Sus intentos de presionar al gobierno radical de Arturo Illia, que había sucedido a Guido en julio de 1963 condujeron a la implementación de la segunda fase del Plan de Lucha en mayo y junio de 1964.

El principal arquitecto de este plan fue Vandor y la industria metalúrgica encabezo el número de ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y llevadas a la práctica bajo firme control del aparato sindical, estas medidas fueron una impresionante muestra de organización y disciplina. A lo largo de cinco semanas la CGT (confederación general de trabajo) afirmo haber ocupado más de once mil plantas.

Se crearon un departamento estadístico y una comisión de asistencia jurídica, se restablecieron los lazos con los sindicatos extranjero y organizaciones internacionales. Durante la secretaria general de Alonso, la CGT (confederación general de trabajo) cultivo asiduamente la imagen de una central obrera avanzada y con capacidad técnica, que podía discutir científica y responsablemente el futuro de la nación.

La legislación laboral argentina otorgaba al gobierno el control de la mayoría de los asuntos internos de un sindicato, la capacidad misma de este de negociar con la patronal dependía de que consiguiera y mantuviera la personería gremial. La Ley Laboral se ocupaba de todos los aspectos del funcionamiento sindical desde la realización de elecciones hasta la contabilidad de los recursos económicos, regulaba la frecuencia de las asambleas generales y determinaba cuales eran los requisitos para ser delegado.

Dada la vasta gama de actividades gremiales cubiertas por las regulaciones laborales, el Ministerio de Trabajo siempre podía encontrar infracciones cometidas por los sindicatos. En última instancia, ese ministro tenia la facultad de designar a un interventor que se hiciera cargo del funcionamiento cotidiano de un sindicato o cancelar una personería gremial, las consecuencias de estas medidas eran calamitosas desde el punto de vista sindical, sin personería no era posible cobrar las cuotas, lo cual tenía un efecto inmediato sobre los servicios sociales y las tareas administrativas básicas del sindicato y amenazaba todo el sistema clientelista y de empleo.

El hecho de que una parte tan grande del funcionamiento sindical normal estuviera sujeta a esa estrecha supervisión potencial del gobierno de turno implica una inevitable “politización” de los asuntos gremiales en argentina, sin embargo, ello no implicaba simplemente la vulnerabilidad de los sindicatos.

En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia promulgo el decreto 969 modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. La disposición representaba un ataque en toda la línea contra las facultades de la dirigencia sindical ya que imponía reglas exigentes en beneficio de la democracia interna debilitaba la capacidad financiera de las centrales gremiales y también restringida el uso de sus fondos para lo que llamaba propósitos abiertamente políticos.

Los sindicatos peronistas también cumplían una función. Esto implicaba su participación en lo que se ha llamado el “doble juego”, consiste en representar a sus afiliados en la lucha por las demandas económicas y el movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas, este doble juego había sido claramente visible en las elecciones de marzo de 1962.

Entre 1962 y 1966 Perón realzaría esfuerzos sistemáticos por imponer en la Argentina una multitud de instituciones políticas peronistas que le responderían directamente y limitaran la autonomía política del sector gremial.

Se ha dicho que el proyecto vandorista implicaba la construcción de un partido obrero. Esto significaba la constitución de un partido político basado en los sindicatos según el modelo de los partidos laboristas y sociales demócratas europeos, ese proyecto podía reivindicar ciertas raíces históricas dentro del peronismo.

Para Vandor, el problema fundamental en juego no era una cuestión filosófica sobre la representación laboral, sino antes bien, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Si en sus relaciones con el estado y otros “factores de poder” los sindicatos tenían que afirmar su derecho a actuar más allá de la esfera estrictamente económica de las negociaciones colectivas.

También significaba una demanda al menos implícita de independencia relativa con respecto al mismo Perón.

En una conferencia de las 62 Organizaciones celebrada en Avellaneda en octubre de 19665, los delegados vandoristas reafirmaron su “voluntad de promover la institucionalización del movimiento”, esto implicaría la creación de un partido político legal organizado de abajo hacia arriba “de una manera limpia e internamente democrática”, era evidente que en un partido cuyos dirigentes fueran elegidos en un congreso nacional el papel de Perón seria limitado, dado que las decisiones políticas capitales dejarían inevitablemente de estar en sus manos.

Vandor era un astuto jugador del doble juego, en las elecciones de marzo de 1965, utilizando formulas partidarias neoperonistas, el sector sindical llevo al peronismo a una notable victoria.

Paulino Miembro, un dirigente de la UOM (unión obrera metalúrgica) y estrecho allegado de Vandor, encabezó el bloque peronista en el congreso. Vandor tenía la capacidad de movilizar a la clase obrera en nombre de Perón, era un arma importante que podía emplear para presionar al gobierno de turno con el fin de obtener beneficios económicos concretos. Las ocupaciones fabriles en 1964, por ejemplo, respondieron a una genuina demanda de soluciones económicas pero también pretendían demostrar a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder correspondiente de los sindicatos. Las fuerzas armadas se convencerían así de la necesidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia gremial en caso de que planificaran un golpe, o bien de dejar a un lado sus objeciones a la participación electoral peronista, con el argumento de que la intervención en el proceso político disiparía el poder social militante desplegado en las ocupaciones de fabrica.

El célebre pragmatismo de Vandor implicaba una actitud oportunista cuando se trataba de tácticas y formas políticas. La lógica les indicaba la preferencia por la política electoral, por mucho que denotara la ilegitimidad de la política partidaria tradicional en la Argentina. El poder provenía de su aptitud de movilizar a sus afiliados, la vigencia de un sistema electoral les daba el mayor campo de acción para ejercer presiones y negociar.

El uso de la “camiseta” peronista les daba un margen considerable de maniobra y cierta independencia en sus tratos con Perón y los gobiernos, pero no era equivalente a negociar políticamente desde una posición de fuerza sindical autónoma. Dentro del sector sindical siempre había rivales que él podría movilizar para contrarrestar a Vandor, como lo hizo a fines de 1965 cuando Alonso y otros leales se separaron de este y fundaron una entidad rival y las 62 Organizaciones de pie junto a Perón.

El triunfo del candidato de Perón sobre el vandorista oficialmente designado, Alberto Ser García, mostro los límites de la independencia del poder político sindical y su imposibilidad de crear un partido basado en los sindicatos que relegara a Perón al papel de una mera figura decorativa.

El mundo del activismo peronista, tanto sindical como político era entre los duros como entre los vandoristas, un territorio abrumadoramente masculino, a pesar de que las actitudes concernientes a los papeles apropiados para las mujeres en la cultura general comenzaba a cambiar en la década del 60’, el activismo gremial siguió teniendo un fuerte contenido de genero y se definía en términos de códigos masculinos de fuerza.

La imagen del vandorismo que se difundió en la década del 60’ tenía dos componentes conexos, uno se basaba claramente en el estilo represivo de gobierno interno de la conducción gremial. El otro se centraba en el proyecto integracionista de esta dirigencia para forjarse un espacio como agentes de poder del peronismo dentro de un status quo que en última instancia excluía a la persona de Perón.

En una situación económica que luego de 1955 fue testigo de frecuentes ataques contra los salarios y la conducción sindical eran muy conscientes de la necesidad de ser vistos como adversarios de la patronal y el estado.

En un comienzo la conducción sindical había recibido con muchas esperanzas el nuevo régimen del general Juan Carlos Ongania. El apoyo mayoritario que dieron al golpe de junio se basaba en una profunda antipatía hacia el gobierno de Illia, que se consideraban ilegitimo y hostil a sus necesidades.

Simpatizaban con figuras militares como Ongania que aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones requeridas por los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con muchas de las figuras que estaban detrás del golpe en los meses previos a su ejecución junto con el peso de la presencia gremial en la sociedad argentina parecían asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas.

El régimen militar hizo dos cosas que socavaron el poder de la jerarquía sindical, en primer lugar, suspendió toda actividad y organización políticas, de este modo esperaba abolir el complejo sistema de negociaciones políticas a través de las cuales los grupos sociales antagónicos intentaban lograr que el estado satisficieran las demandas de sus integrantes.

Al mismo tiempo, el nuevo régimen impuso férreos controles a los incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas habituales. También se propuso erradicar las aéreas introductivas de la economía, ante todo en distintos ámbitos del sector público y de las economías regionales subsidiadas.

La CGT (confederación general de trabajo) convoco a regañadientes a un par de veinticuatro horas en mayo de 1967 para protestar contra los planes económicos del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena. Frente a esta catástrofe la central obrera procuro reanudar las conversaciones con las autoridades, la respuesta fue el silencio.

Los sindicatos pertenecientes a este grupo (portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior) tomaron la ofensiva en el congreso convocado para normalizar la CGT (confederación general de trabajo) en marzo de 1986.

Este congreso eligió como secretario general a Raimundo Ongaro, el carismático líder de los trabajadores gráficos en contra del candidato vandorista, cuando los vandoristas se retiraron y constituyeron su propia central obrera, la CGT (confederación general de trabajo) de Ongaro comenzó a conocerse como la CGT (comisión general de trabajo) de Paseo Colon o la CGT (comisión general de trabajo) de los argentinos. Esta organización se convirtió en un punto focal de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del régimen a la vez que brindaba un centro organizativo a muchos duros marginados por Vandor en años anteriores.

Estos nuevos actores se concentraban principalmente en los sectores industriales más recientes establecidos durante el gobierno de Frondizi, sobre todo la fabricación de vehículos, la siderurgia y la petroquímica. Frondizi había permitido el establecimiento de sindicatos por empresa en mucha de estas industrias, así sucedía, por ejemplo, en las plantas de autos móviles de Fiat en Córdoba y en la nueva industria petroquímica, la representación gremial se otorgaba a los sindicatos nacionales más débiles ya existentes, en la industria automotriz por ejemplo, los derechos de organización fueron concedidos al Sindicado de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en contra de las pretensiones de la UOM (unión obrera metalúrgica).

La descentralización de las negociaciones colectivas y los sindicatos por empresa contribuyeron a producir una mano de obra totalmente dócil, esto significo la ausencia de representación de los sindicatos nacionales principalmente peronistas. El gobierno de Illia había respondido con hostilidad gremial peronista mediante una política laboral cuya intención era alentar una mayor autonomía sindical.

Tanto en los sindicatos de empresa como en las seccionales de los sindicatos nacionales que se rebelaban contra los dirigentes de estos, tal como ocurría en las seccionales cordobesas de SMATA (sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor) y Luz y Fuerza, las oposiciones locales se beneficiaban con la considerable autonomía financiera y organizacional que les otorgaba la legislación laboral.

La posición laboral que floreció luego de 1969 quedo esencialmente confinada al interior del país, sus representantes más conocidos tal vez fueran los dos sindicatos de las plantas de Fiat en Córdoba y SITRAC (sindicato de trabajadores de Concord) y SITRAM (sindicato de trabajadores de materfer). Recurrían con frecuencia a la acción directa y a otras formas no convencionales de movilización sindical.

El clasismo, tal la denominación habitual de este movimiento opositor, implicaba para sus seguidores una identificación del movimiento obrero con la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista.

En años posteriores al Cordobazo, las fuerzas armadas trataron de cerrar la caja de pandora de la insurgencia social y política desatada por el levantamiento cordobés. La incapacidad del presidente Ongania y de su sucesor, el general Livingston para cumplir esta tarea les costaría su desplazamiento del sillón de Rivadavia. Desde 1971 con la conducción del nuevo presidente, el general Alejandro Lanusse, los militares se dispusieron a preparar el terreno para un retorno ordenado al régimen civil.

El alto mando de las fuerzas armadas también se propuso incluir al peronismo. La solución política que imaginaba implicaba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares en comicios prometidos para 1973 las autoridades militares suponían que tanto el radicalismo como significativos sectores del peronismo lo aceptarían como un costo necesario de la transición hacia la democracia.

Este escenario militar demostró falta de realismo por muchas razones. La principal fue la astuta contra estrategia de Perón, que se mostró capaz de mecanizar en beneficio de sus propias necesidades la crisis cívica y social que seguía desgarrando a la sociedad Argentina. La movilización masiva de la juventud de la clase media y la capacidad en rápido crecimiento de los grupos guerrilleros para llevar a cabo acciones sumamente eficaces fueron utilizadas por Perón para hostigar el régimen y dar lustre a su imagen como la única fuerza capaz de restablecer el orden social y controlar la amenaza planteada por una juventud y una protesta obrera radicalizadas.

La crisis de credibilidad sindical provocada por el régimen de Ongania no podía superarse simplemente por medio de una proclamación gubernamental.

El gobierno no está dispuesto a conceder las negociaciones colectivas que habían dado los dirigentes gremiales las herramientas para reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y embarcar a sus sindicatos en el camino del compromiso y la alianza imaginados por el Gran Acuerdo Nacional. Si bien eran capaces de mantener el control del aparato gremial con sede en Buenos Aires, ya no podían movilizar y conducir a sus afinados como lo habían hecho durante el apogeo del vandorismo.

Los líderes gremiales eran cocientes de que cualquier apertura política fortalecería la posición de Perón y debilitaría la suya propia. Esto era especialmente cierto en un contexto que prometía la legalización política formal del justicialismo e incluso posible retorno de Perón. Los sucesores de Vandor, conducidos por el nuevo secretario general de la CGT (comisión general de trabajo), José Rucci, apoyado por su compañero metalúrgico y dirigente de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, adoptaron una actitud de completo estancamiento de las tácticas políticas de Perón. Su principal interés consistía en afirmar sus pretensiones de compartir el botín ofrecido por el resurgimiento político de Perón.

La sensación de vulnerabilidad de la dirigencia sindical se debía a si inquietud por la influencia de las nuevas fuerzas del movimiento. A partir del asesinado de Vandor en junio de 1969 la guerrilla peronista inicio una campaña de eliminación selectica de líderes gremiales. La juventud de clase media que ingresaba en tropel al peronismo durante esos años señalaba la burocracia sindical como el principal obstáculo a la concreción de las metas de esa corriente política como movimiento de liberación nacional.

El nacionalismo reformista que identificaban con el peronismo y el pragmatismo y compromiso que había llegado a implicar luego de 1955 sufrían hoy un asalto con características de cruzada moral emprendido por advenedizos sin antigüedad en el movimiento.

Durante esos años Perón hizo poco por mitigar los temores de la conducción sindical. En ese carácter, la juventud era una importante herramienta de negociación de Perón. A lo largo de 1972 hubo en los comentarios públicos de Perón un elogio constante a los “muchachos” y una crítica a la burocracia sindical. A medida que se acercaban las elecciones de 1973, los sindicatos adquirían creciente conciencia del menos pero que ahora tenían en el movimiento. No había una sola figura gremial que fuera candidato a gobernador.

Los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que significaron el retorno del peronismo al poder, fueron vistos con escaso entusiasmo por la conducción gremial de movimiento. Tras dieciocho años de compromiso formal con la recuperación del poder, la realidad que enfrentaban cuando Héctor Campora junto como presidente el 25 de mayo ofrecía poco margen para el optimismo.