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Resumen para el Primer Parcial  |  Sociedad y Estado (Cátedra: Giuliani - Mazzeo - 2017)  |  CBC  |  UBA

UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL (1850-1930)

Desde mediados del siglo 19 argentina comenzó a transitar un proceso de profundos y variados cambios. Durante esos años cobro forma su Estado, se consolido una economía capitalista agraria y se conformó una sociedad compleja y heterogénea.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El proceso de afirmación y expansión del capitalismo se inició en Inglaterra a fines del siglo 18 con la REVOLUCION INDUSTRIAL. Esta revolución marco una profunda ruptura con el pasado, un cambio drástico y fundamental en las formas y métodos de trabajo y en las relaciones que establecieron los hombres en el proceso de producción.

La necesidad de aumentar la oferta de productos y de elevar la productividad de los trabajadores llevo a reemplazar la producción artesanal por la organización fabril.

La necesidad de colocar una producción en constante crecimiento, de aprovisionarse de materias primas y de invertir la enorme masa de capitales que generaba la expansión de la industria textil, alentó innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones, dando lugar a una nueva revolución dentro de la revolución: el ferrocarril. Este permitió la expansión del empleo asalariado, el acortamiento de las distancias, el abaratamiento de los fletes y la integración del mercado nacional.

De este modo, el ferrocarril impulso el pasaje a una nueva fase de la revolución industrial.

La sociedad también se transformó profundamente. En el campo y en la ciudad, las formas tradicionales de relación social fueron reemplazadas progresivamente por nuevos vínculos que dieron lugar a la conformación de las dos clases básicas del capitalismo: la burguesía y el proletariado. También, nuevos principios surgen, como el utilitarismo, el individualismo y la fe en el progreso sin fin, se fueron constituyendo en hábitos mentales y en un nuevo credo moral.

La urbanización, las migraciones internacionales y el poblamiento de regiones casi desiertas del planeta fueron también rasgos distintivos del proceso desatado por la revolución industrial. La instalación de las industrias en las urbes y el avance del capitalismo en el agro, así como el crecimiento demográfico alentaron un intenso éxodo de las poblaciones del campo a las ciudades. La industria crecientemente mecanizada, no alcanzaba a emplear a toda la mano de obra que el campo expulsaba, por lo tanto, había gente que estaba desocupada.

Los trabajadores se vieron obligados a abandonar sus tradicionales modos de vida porque en las fábricas tuvieron que adaptarse a un ritmo de trabajo que ya no era marcado por la naturaleza, sino por la tiranía del reloj y por la maquina; también debieron soportar extensísimas jornadas de trabajo. Tuvieron, además, que acostumbrarse a vivir de un salario, descubrir el temor por el desempleo y habitar acinados barrios sucios y pobres.

Por todo esto los trabajadores comenzaron a participar en movimientos de protesta, así como a organizarse en sindicatos y partidos políticos para luchar por mejoras y aumentos salariales.

DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Inglaterra tenía desde el siglo 17 una posición hegemónica en el mercado mundial, la revolución fortaleció ese liderazgo internacional y bajo el impulso de su burguesía industrial, desde mediados del siglo 19, impuso en el mundo un nuevo ordenamiento económico, conocido con el nombre de división internacional del trabajo. De acuerdo con este sistema, cada país debía especializarse en la producción de los bienes que podía realizar con “ventajas comparativas”, para luego intercambiarlos en el mercado interno, ósea, cada país tenía que dedicarse a producir y vender aquello que hacía mejor y más barato: el resto debía adquirirlo en el mercado internacional. El librecambio constituía una herramienta fundamental para el funcionamiento de esta división de tareas a escala internacional. La burguesía industrial inglesa no solo lo impuso dentro de sus fronteras derribando las oposiciones de la hasta entonces protegida burguesía agraria, sino que también logro que otros países del occidente europeo lo adaptaran.

Este sistema tenía muchas ventajas para Inglaterra: la concentración dentro de sus fronteras de las actividades ligadas al progreso tecnológico, la aceleración del proceso de acumulación a través de la importación de alimentos y materias primas más baratas que las producidas localmente, etc.

Para los países de producción primaria, como argentina, este sistema implicaba serias limitaciones ya que los tornaría muy dependientes de la demanda y de las inversiones de los países industriales, quedarían relegados del desarrollo científico y tecnológico y organizarían toda su economía en torno a la producción de uno o de unos pocos productos primarios.

Dos grandes teóricos, como Adam Smith y David Ricardo, argumentaban a favor de la liberalización del comercio internacional. Según ellos y otros pensadores liberales, la apertura de las fronteras nacionales y la integración creciente de la economía mundial crearían la armonía internacional, la riqueza y la felicidad de todas las nacionales.

El ferrocarril no solo se extendió por gran Bretaña, sino que, en poco tiempo, conecto a toda Europa. El telégrafo se difundió desde mediados del siglo 19, revolucionando el campo de las informaciones y las comunicaciones. Las transformaciones en la navegación marítima produjeron un acortamiento temporal de los viajes, un aumento de los volúmenes de mercaderías transportadas, así como una disminución muy significativa en los costos de los fletes.

Los procesos de modernización que se operaban en los países del occidente europeo expulsaban grandes cantidades de trabajadores que eran a la vez atraídos por las posibilidades de empleo y ascenso social que parecían ofrecer “países nuevos”, como argentina, el sur de Brasil o EE.UU. Como resultado de la combinación de esos factores se produjeron grandes migraciones internacionales.

La alta concentración en la industria, en el comercio, en los transportes y en las act. Bancarias engendro los trusts y los oligopolios; el capital financiero se fusionó con el capital industrial e, impulsado por la liquidez generada en Europa por la terminación de la red ferroviaria, se lanzó hacia otros continentes para acrecentar sus beneficios, en un movimiento que Lenin denomino imperialismo.

Además, en el marco de transformaciones tan profundas, fueron agudizándose las rivalidades y tensiones entre las potencias industriales, alentadas sobre todo por la sobreoferta de bienes que producían la expansión de la industrialización a varios países del continente europeo, estados unidos y Japón. Como consecuencia de ello, muchos de estos países retornaron al proteccionismo, rechazaron el reparto internacional de tareas propuesto por Inglaterra y, reivindicando la independencia y el nacionalismo económico, se lanzaron a la conquista de mercados y al reparto del mundo.

El continente africano y gran parte de Asia y el pacífico fueron sometidos a la dominación colonial o semicolonial de los países industriales. Hacia 1914 casi el 85% de la superficie terrestre y el 70% de la población mundial estaba bajo control colonial de las grandes potencias. Solo el continente americano (con las excepciones de Canadá y algunas zonas del aribe) quedo fuera de este reparto territorial a escala planetaria. En américa latina la dominación económica por parte del mundo industrial se realizaba sin la necesidad de una conquista formal, con el acuerdo de los sectores dirigentes vernáculos.

DEL ABSOLUTISMO MONARQUICO AL ESTADO LIBERAL.

La generalización de la producción industrial transformo radicalmente el conjunto de relaciones económicas y sociales y el capitalismo se estableció como sistema productivo dominante que expandió su lógica a todo el planeta. Este modo productivo se organizó alrededor de instituciones tales como la propiedad privada, el trabajo asalariado, la producción para el mercado y una nueva organización jurídico política: el Estado nacional.

La construcción de esa nueva organización jurídico-política estuvo surcada de prolongados conflictos. Salvo en gran Bretaña y algunos otros países como Holanda y suiza, donde regían instituciones políticas liberales, en el resto de Europa reyes y nobles siguieron controlando el Estado, trabando las aspiraciones y necesidades de la burguesía. Ello lanzo a esta última, con un poder económico acrecentado por el desarrollo industrial, a la conquista del poder político.

En el largo periodo que se inició con la revolución francesa (1789) y culmino tras la primera guerra mundial (1914-1918), en un proceso complejo y violento, las burguesías protagonizaron revoluciones contra el absolutismo real y los privilegios de monarcas nobles y clérigos, que trababan su expansión y la del sistema capitalista en general.

LA CONSTRUCCION DEL ESTADO NACIONAL RGENTINO (1852-1880)

Luego de la revolución de mayo de 1810, los intentos de sustitución del poder colonial por un estado nacional bajo hegemonía porteña fracasaron. Los distintos gobiernos que se sucedieron durante la primera década revolucionaria no pudieron constituirse en la autoridad suprema de las poblaciones asentadas en el territorio del ex virreinato. En 1820 comenzó un nuevo ciclo caracterizado por el triunfo de las tendencias secesionistas, la dispersión del poder, las guerras civiles y la polarización política entre unitarios y federales.

Un nuevo intento de organización nacional se inició en 1852pero fracaso por las desinteligencias entre los sectores dominantes de buenos aires y entre ríos, las dos provincias que habían logrado mayor desarrollo económico social. El conflicto se resolvió en 1861 y, desde entonces, bajo la dirección de las elites porteñas, comenzó la construcción del estado nacional.

UN LARGO PERIODO DE FRAGMENTACION POLITICA Y ECONOMICA

A mediados del siglo 19 había un conjunto de provincias organizadas autónomamente, gobernadas por caudillos, unidas formalmente en una confederación y enfrentadas en luchas facciosas.

La economía, fundamentalmente ganadera, era rudimentaria, atrasada y marginal para el mercado mundial.

Uno de los obstáculos mayores para la construcción de una unidad política y de un estado nacional lo constituían los intereses de los sectores dominantes de buenos aires encarnados en la figura de su gobernador, juan manuel de rosas.

Rosas mantenía desde 1829 un poder omnímodo sobre buenos aires y había logrado extender su influencia sobre el resto de las provincias. Rosas se oponía a toda forma de unidad política. Temía que esa búsqueda condujera a la reaparición de los conflictos y luchas civiles que habían caracterizado las dos primeras décadas de vida independiente y que a la vez frenara la expansión que la economía bonaerense venia manifestando desde 1820. La oposición a la unidad, tanto de rosas como del sector terrateniente-saladerista que el representaba, respondía también al interés de mantener bajo la egida de buenos aires el monopolio portuario y de la aduana porteña, así como las riquezas y privilegios que de ello derivaban.

Pero esta política de rosas y de los grandes terratenientes bonaerenses comenzó a ser cuestionada por muchos sectores y sobre todo por intelectuales que, teniendo una conciencia clara sobre los cambios que estaban atravesando Europa y EE.UU., comenzaron a considerar que rosas era una traba para la modernización económica, la inserción de la región de la economía internacional y la institucionalización del orden. Es por eso que, desde fines de la década de 1840, se fue formando una amplia y compleja coalición antirrosista que incluía desde viejos unitarios y miembros de la generación del 37 (Gutiérrez, Alberdi, Echeverria y Sarmiento) hasta federales que no compartían el centralismo del federalismo rosista. A tal coalición se agregó en 1851, además de tropas brasileñas y de la banda orienta, una figura determinante: la del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo Jose de Urquiza.

Urquiza rompió su alianza con Rosas a raíz de las contradicciones que su provincia y, particularmente los terratenientes y saladeristas entrerrianos comenzaron a tener con las políticas exclusivistas de Buenos Aires. Hacia 1850, los pujantes ganaderos entrerrianos, con un líder progresista y activo, emprendieron el camino de la rebelión.

LA CONFORMACION DE DOS UNIDADES POLITICAS

En 1852, en la batalla de Caseros, Rosas fue vencido y su derrocamiento pareció dejar libre el camino para la construcción de un Estado nacional, es decir, un poder centralizado capaz de ejercer monopólicamente la violencia, el control político administrativo; apto para difundir los elementos simbólicos de la nacionalidad y para generar y garantizar las condiciones para el desarrollo de una economía capitalista integrada al mundo y concentrada en la agroexportación.

Para todos estos actores, la construcción del Estado era una condición indispensable para atraer los capitales y la mano de obra necesarios para expandir la ganadería, impulsar las actividades agrícolas y lograr una modernización de la infraestructura que permitiera incorporar más tierras a la producción e integrar los dispersos mercados regionales en un mercado nacional.

El estado debería además poner fin a la presencia indígena en la pampa y en vastos territorios de la Patagonia y el Chaco, una presencia inquietante que limitaba la ocupación productiva de tierras fértiles y creaba- por sus incursiones violentas- condiciones poco seguras para la producción. El país quedo dividido en dos unidades políticas: por un lado, Buenos Aires y, por el otro, la Confederación, en la cual confluían el resto de las provincias bajo el liderazgo de Justo Jose de Urquiza.

LA CONSTRUCCION DEL ESTADO NACIONAL

El estado es el poder supremo, es un orden jurídico que se impone al conjunto de la sociedad a partir de instituciones que vuelven viable ese orden.

Se consolida el estado cuando se conforma el ejército, se termina con la resistencia indígena y sobre todo con la resistencia de buenos aires. El ejército nacional se enfrenta al ejército de Bs As y vence el ejército Nacional.

La construcción es de arriba hacia abajo, ósea, la elite copia el modelo de estado de otros países, es un país construido por las elites.

Desde los últimos años del rosismo y sobre todo durante la década de 1850, se fueron gestando condiciones distintas a as prevalecientes desde 1810-1820. La creciente integración de Buenos Aires y el Litoral al mercado mundial (con la exportación de lanas, cueros y otros productos pecuarios), las posibilidades que creaba la apertura al mundo y el aumento de los lazos económicos entre las regiones, fueron creando un consenso antes inexistente sobre las necesidades de la unión.

Siguiendo los análisis de Oscar Oszlak podríamos decir que el proceso de construcción del Estado nacional se caracterizó por una gran complejidad y por la magnitud de los recursos violentos puestos en juego. Ello fue así por distintas razones:

. Por un lado, el extendido consenso existente entre los sectores dirigentes sobre la necesidad de organizar el país no se tradujo en la eliminación de sus enfrentamientos políticos. Sus luchas faccionistas solo declinaron en 1880, cuando lograron sellar un pacto de dominación estable.

. Por otra parte, la construcción del Estado nacional, es decir, la instancia suprema del poder en una sociedad, suponía expropiar a variados actores sociales de poderes y funciones que tradicionalmente ejercían. Las tareas de construir un ejército nacional y un aparato recaudador de alcances nacionales, de lograr el monopolio de la emisión monetaria o el establecimiento de una justicia en última instancia enfrentaron al naciente estado nacional con los gobiernos provinciales.

Las formas de consenso para la construcción fueron: represión, consenso y herramientas ideológicas. El objetivo fue construir un orden que asegurara un cumplimiento de leyes para la conformación del capitalismo, construir una Europa en argentina, excluyendo los nativos e indígenas.

La fuerza represiva del Ejercito nacional fue utilizada en principio contra algunos caudillos del Interior y del Litoral. Durante la década de 1860 y la siguiente, el ejército nacional en formación ahogo en sangre la resistencia de algunas provincias al proyecto de organización nacional. Es el caso de las sublevaciones de los caudillos Chacho Peñaloza en La Rioja, de Felipe Varela en la zona cuyana, La rioja y Catamarca, de Ricardo Lopez Jordán en Entre Ríos y de decenas de rebeliones más.

El instrumento represivo también fue ampliamente empleado contra los indígenas. Para la época en que se estaba construyendo el Estado nacional, casi la mitad del territorio sobre el que argentina reclamaba soberanía estaba en manos de los indígenas. En 1879 el Ejercito nacional emprendió la conquista de las tierras indias de la pampa y la Patagonia. En solo dos años salió victorioso, aprovechando las ventajas que le otorgaban la posesión de rifles de repetición, el ferrocarril y el telégrafo. La “conquista del desierto”, nombre dado a esta campaña por los vencedores, permitió el reparto de vastísimos territorios entre unos pocos y ricos terratenientes, provoco el exterminio de la mayor parte de la población indígena y condeno a la marginalidad a los sobrevivientes. Para la elite dirigente, el indígena -así como el gaucho- era un sujeto no integrable al nuevo orden que se pretendía construir.

Por medio de recursos ideológicos vehiculizados sobre todo a través del aparato educativo, el Estado trato asimismo de afianzar un sistema de creencias, valores y normas de conducta que, a la vez que creaba sentimientos de pertenencia a la nación, generaba consenso para el nuevo sistema de relaciones sociales y el esquema de dominación en vigencia. La “penetración ideológica” se operó sobre todo a partir de la década de 1880, cuando el Estado dirimió en su favor la lucha contra la Iglesia, y puso bajo su dirección el área educativa.

La acción de la escuela pública y luego la del servicio militar obligatorio fueron fundamentales en la creación de sentimientos de pertenencia a la nación y en la imposición de normas y valores que hicieran posible el acatamiento de la autoridad estatal.

UNA CONSTRUCCION PARTICULAR

El estado que se había consolidado en 1880, a diferencia de los arquetípicos casos inglés y francés, fue construido “de arriba hacia abajo”, siendo el artífice tanto de las clases y de la estructura social cuanto de la modernización económica.

Jorge Federico Sábato sostuvo que el Estado argentino fue más un elemento de un proyecto de sociedad futura que el producto de una sociedad existente. Wado Ansaldi caracterizo el proceso abierto con la Organización Nacional como una revolución pasiva. Sostuvo que, en este tipo de revoluciones, el tránsito hacia la modernidad se transitó “desde arriba” y, por lo tanto, fue elitista y antipopular. Daniel Garcia Delgado sostuvo que una característica central de la relación Estado y sociedad en Argentina es que el estado determino fuertemente a la sociedad, apareciendo como modernizador, revolucionario, transformador o garante de un orden represivo, pero en todos os casos con una gran influencia sobre la sociedad. Enzo Faltto sostuvo que, en América Latina, el Estado no es solo la expresión política de la sociedad y del poder en ella existente, sino que además organiza al conjunto de la sociedad.

LOS CAMBIOS EN EL ESTADO Y LA SOCIEDAD ARGENTINA (1880- 1930)

Entre 1880 y 1930, el Estado nacional se consolido y se transformó en garante del mantenimiento y reproducción de un régimen de acumulación capitalista basado en las actividades agrarias y en la complementación con las economías industriales.

Desde 1880, un sistema que otorgaba amplias libertades en el ámbito civil coexistió con un régimen político que limitaba a unos pocos del acceso a los más altos niveles de decisión del Estado. Esta particular combinatoria entre liberalismo económico y conservadurismo político hace que denominemos al periodo que se extiende 1880 y 1916 como el ciclo del liberalismo oligárquico.

Desde 1916, fruto de las luchas de los sectores sociales emergentes de la modernización capitalista, al lado de las libertades civiles comenzaron a regir las libertades políticas, inaugurándose otro periodo que concluyo en 1930: el ciclo del liberalismo democrático.

El régimen político oligárquico:

Recién hacia 1880, los sectores dominantes de distintas provincias, nucleados en el Partido Autonomista Nacional (PAN), sentaron las bases de la estabilización política al llegar a una serie de acuerdos básicos acerca de las formas de organización y distribución del poder y sobre las reglas de sucesión que regularían la elección de los gobernantes.

El general Julio Argentino Roca fue uno de los principales artífices de este acuerdo. Roca participo de todas las acciones (aplastamiento de insurrecciones provinciales, guerra del Paraguay y campañas contra los indígenas del sur) que contribuyeron a la consolidación del poder central. Ello le permitió establecer contactos políticos con los sectores dirigentes del interior del país. A fines de la década de 1870, gobernadores vinculados a Roca, como los de Cordoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán, organizaron una alianza que derivo en la consolidación del Partido Autonomista Nacional: el partido que monopolizo el poder hasta 1916. El PAN estaba conformado por un conjunto de figuras unidas por relaciones e intereses políticos y económicos. Roca desempeño en el PAN un fuerte liderazgo, definiendo la mayor parte de los conflictos e influyendo decisivamente en la elección de los candidatos. Fue presidente de la Republica entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904.

El pacto de dominación logrado en el 80 puso fin a los constantes episodios de insurrecciones y guerras civiles, permitió al estado desembarazarse de su matriz porteña y cristalizo en un tipo particular de régimen político que pervivió hasta 1916. Tal régimen puede ser definido como oligárquico porque el poder político fue monopolizado por un grupo minoritario, depositario y a la vez del poder económico y social.

En este régimen, los funcionarios salientes designaban a los entrantes, produciéndose un fenómeno de inversión del principio de la representación política, el ciudadano no elegía, elegían los gobiernos. Para monopolizar las vías de acceso al gobierno y al estado en general, el grupo que detentaba el poder construyo y puso en ejecución distintos mecanismos, como el fraude o la cooptación.

Orden y progreso

Una doctrina en auge en los países industriales y entre las elites de os países periféricos, el positivismo, permitía conciliar esos dos términos aparentemente contradictorios. Justamente el lema del positivismo, orden y progreso, expresaba el deseo de construir sociedades pujantes y dinámicas en el marco de un ordenamiento férreo desde el poder.

La utopía positivista de conformar sociedades ordenadas y previsibles se expresó además en la Argentina de los 80 en la idea de suprimir la política y reemplazarla por la “administración”. La elite dirigente asociaba la política al caudillismo, a los enfrentamientos violentos y a la eventual emergencia de grupos cuestionadores del poder detentado por las clases dominantes. La “administración”, en cambio, era considerada una actividad con rasgos científico, capaz de encauzar a las sociedades por la senda del progreso indefinido.

Además de la política, la herencia hispano-colonial y la religión católica eran- para los positivistas argentinos- símbolos de un pasado que trababa el proceso modernizador. Es por ello que apoyaron el laicismo, alentaron con la inmigración europea un trasplante cultural y vieron en la integración al mercado mundial y en la imitación de los países del Occidente europeo los caminos más adecuados para transitar de la barbarie a la civilización.

El estado y la modernización económica y social

Una vez alcanzados el monopolio estatal de la violencia y la estabilidad política, el “progreso” tomo un lugar prioritario dentro de las tareas a cumplir por el Estado nacional.

La integración de Argentina al mercado mundial como país agroexportador requería alcanzar el pleno despliegue de las fuerzas productivas.

En lo relacionado con el factor tierra, el Estado nacional logro el desplazamiento de la frontera productiva a través de la conquista de los territorios indígenas de la pampa, la Patagonia y el Chaco. La incorporación de tierras redundo así en la consolidación del poder económico, social y político de un grupo terrateniente ya arraigado.

Entre mediados del siglo 19 y 1930 más de seis millones de extranjeros ingresaron a nuestro país. Expulsados de sus lugares de origen por problemas fundamentalmente económicos, llegaron a argentina atraídos por las posibilidades de trabajo y con expectativas de rápido progreso. Aunque cerca de la mitad retorno a sus países de origen o busco otros destinos, hacia 1914, la proporción de extranjeros respecto de la población nativa registro en Argentina los índices más altos del mundo. El aporte de la inmigración europea constituye una de las causas fundamentales para entender el fuerte aumento de la población argentina en el periodo. El número de habitantes se incrementó cuatro veces en el corto lapso comprendido entre 1869 y 1914.

Entre 1860 y 1910, con el aporte del capital extranjero, se construyó una extensa red ferroviaria de casi 28.000 kilómetros de extensión. Comunicaba a distintas localidades del área pampeana y a las capitales de provincia con la ciudad de Buenos Aires, capital de la Republica y principal centro portuario, comercial y administrativo del país. Las líneas más rentables, las que recorrían las pampas, quedaron casi todas en poder de los británicos. Las restantes fueron fundamentalmente estatales, ya que el volumen comparativamente reducido de la actividad comercial las hacia poco atractivas para la inversión privada. El ferrocarril, extendido en forma radial, aseguro el enlace entre las áreas de producción agro ganadera y los mercados urbanos del litoral pampeano y del extranjero. Permitió, además, la llegada de mercaderías importadas a los más remotos lugares del país.

Los capitales extranjeros facilitaron también la extensión de la red telegráfica, la construcción de puertos y la instalación de servicios públicos en las principales ciudades del país.

La expansión de la economía agroexportadora

Desde mediados del siglo 19, los grupos dirigentes de argentina pusieron en marcha un modelo agroexportador, es decir, un régimen de acumulación basado en la producción de alimentos y materias primas para la exportación y en la importación de manufacturas, capitales y trabajadores.

Comenzó a implementarse hacia 1850, con la expansión de la ganadería ovina y la exportación de lana, para alcanzar su apogeo entre 1880 y 1914. Durante este último periodo, la incorporación masiva de tierras y de trabajadores, la modernización de las técnicas productivas y de la infraestructura de transportes y comunicaciones permitieron un gran crecimiento y diversificación de la economía argentina, basada ahora en el desarrollo agrícola y en la producción de carnes finas para la exportación.

La extraordinaria expansión de la agricultura se relaciona con cambios en las formas productivas inducidos por las necesidades de expansión de la ganadería.

El proceso de crecimiento y diversificación de las actividades agrarias se complementó con un fuerte proceso de urbanización. Fue este quizás uno de los fenómenos más paradójicos del periodo. En un país agroexportador, donde la inmigración se había convocado para poblar los campos “desiertos” la mayor parte de los extranjeros y de la población en general tendió a concentrarse en las urbes de Buenos Aires y el litoral.

El fenómeno puede explicarse por la confluencia de distintos factores. Por una parte, las formas predominantes de organización de la producción agropecuaria, centradas en la gran cantidad de habitantes en las zonas rurales. Por otra parte, las ciudades del este, y sobre todo Buenos Aires y Rosario, ofrecían mayores posibilidades de trabajo y de ascenso social que las brindadas por el campo. La población de la región pampeana creció en 1914 un 62%

Argentina logro además en esos años un importante desarrollo industrial. El crecimiento se dio con mayor fuerza en ramas vinculadas con las actividades de exportación, como los frigoríficos. Fuera de ellas la industria solo se desarrolló en los casos en que los costos internos eran lo suficientemente bajos como para afrontar con éxito la competencia de los artículos importados.

Los factores del desarrollo del modelo agroexportador

A principios del siglo 20, argentina era considerada el “granero del mundo”. El país ocupaba uno de los primeros lugares en las exportaciones mundiales de cereales, lino, lana y carne.

A diferencia del capitalismo británico que basaba la acumulación y reproducción ampliada del capital en la producción industrial, con relaciones capitalistas típicas entre capital y trabajo, el capitalismo argentino sentó sus bases en torno a la riqueza natural del suelo.

La gran fertilidad de la llanura pampeana permitió que argentina contara durante décadas con una fuente de ingresos extraordinarios.

¿Quiénes y cómo se apropiaron de esta riqueza, basada en la condición natural del suelo? En primer lugar, los dueños de las tierras pampeanas. El monopolio de estas tierras les brindaba la posibilidad de imponer condiciones a los arrendatarios y percibir una renta que era notablemente mayor- dada la extraordinaria fertilidad del suelo- que en otras partes de Argentina y del mundo.

Los capitalistas ingleses también estaban en una condición privilegiada: contaban con el monopolio del transporte- ferrocarriles y buques-, parte del aparato financiero y el control del comercio exterior, sin los cuales era imposible realizar las mercaderías en Europa. Estos dos grupos, los terratenientes pampeanos y los inversores ingleses, eran sobre todo los beneficiarios directos del modelo agroexportador y sobre ellos repasaría durante todo el periodo el poder político. En cuanto a los que efectuaban el trabajo productivo en el campo, los pequeños productores familiares y los peones rurales, eran los que menor capacidad poseían para apropiarse de la riqueza que de allí fluía.

En conclusión, fue la burguesía agraria local la que al detentar el control del principal recurso productivo de esta economía (la tierra) se apropió de una parte importante de la riqueza a partir de la percepción de renta

Los cambios sociales

La sociedad que fue configurándose en este proceso de fuertes cambios y de acentuado crecimiento económico barrio con casi todos los moldes y características de la sociedad preexistente.

La clase dominante, cuyo principal soporte de poder fue la propiedad de la tierra pampeana, presentaba una implantación económica multisectorial. Se caracterizo además por utilizar al Estado como fuente de oportunidades de diversos y lucrativos negocios, y por desarrollar comportamientos fuertemente especulativos.

Fundamentalmente en las ciudades, y también en las zonas agrarias más prosperas de acceso relativamente amplio a la propiedad de la tierra, se configuraron importantes sectores medios vinculados sobre todo a las actividades terciarias, y con un alto componente inmigratorio. Estos sectores fueron incrementando su nivel de consumo y educación y comenzaron a vincularse con organizaciones que reclamaban una ampliación del sistema político, es decir, con el partido socialista en la Capital, con el Partido Demócrata Progresista en Rosario y sur de Santa Fe, y sobre todo con la Unión Cívica Radical, a nivel nacional. También alcanzo una importante expansión la clase trabajadora (de composición predominantemente extranjera) gracias al desarrollo de las industrias alimentarias, los transportes, los pequeños talleres industriales y las actividades artesanales de servicios.

Esta sociedad compleja y móvil, conformada al calor de la expansión económica, presentaba nuevas líneas de conflictos. Como consecuencia de las malas condiciones de vida, de los bajos salarios, de las extensas jornadas laborales, y ante la falta de protección estatal frente a la desocupación, las enfermedades, los accidentes de trabajo y distintas formas de arbitrariedad patronal, comenzaron a aparecer crecientes signos de organización y movilización obrera. En este periodo, predominaron los sindicatos de oficio, dirigidos preponderantemente por corrientes anarquistas, que fueron las que a comienzos del siglo 20 vertebraron la primera central importante del proletariado argentino, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Por definición rechazaban la integración al sistema político y la organización partidaria tradicional, por más radical que fuera, y en algunos casos apelaron a la acción directa. El socialismo alcanzo influencia en sindicatos más especializados como la Fraternidad Ferroviaria, y en general entre obreros de mayor nivel de vida y educación. Su política fue, en lo predominante, de abierto reformismo, incluso en las condiciones de la “república restrictiva” del régimen oligárquico.

Una tercera corriente fue el sindicalismo revolucionario, también contrario a las prácticas parlamentarias, pero a su vez refractario a toda forma de organización extra sindical, y por lo tanto con una marcada tendencia a derivar en el economicismo.

El estado oligárquico y los nuevos desafíos, la cuestión social

Hacia principios del siglo 20 el problema del “orden” volvió a reabrirse. Solo que ahora se presentaba con un contenido renovado respecto de la etapa 1860-1880. Ya no se trataba de los levantamientos de los caudillos o de las incursiones indígenas. La amenaza al orden procedía de problemas como el crecimiento demográfico, la integración del inmigrante, la urbanización y la “cuestión social”, es decir, la alta conflictividad social y la emergencia del movimiento obrero.

En la década del 1900, se produjeron siete huelgas generales e importantes movilizaciones callejeras. El anarquismo, que hegemonizaba las luchas y la organización de los trabajadores, vivió en estos años su etapa de mayor esplendor.

El emotivo discurso anarquista prendió firmemente en la masa de trabajadores, en su mayoría extranjeros, analfabetos y escasamente integrados. Ello fue así porque supo expresar tanto el desarraigo de los trabajadores, así como ciertas tendencias que los volvían poco receptivos a la acción política parlamentaria preconizada por los socialistas, y muy propensos al enfrentamiento social violento.

Desde el Estado, la conflictividad obrera se relacionaba con la enorme incidencia que tenía la inmigración entre los trabajadores asalariados. Durante un tiempo, predomino una respuesta puramente represiva, registrándose algunos enfrentamientos resonantes y sangrientos y promulgándose normas destinadas a “eliminar” a los elementos perturbadores, sobre todo por via de la expulsión de los extranjeros. La Ley de Residencia de 1902 abría las puertas a la deportación de inmigrantes que fueran activistas gremiales y políticos. Fue consolidada, en 1910, con la ley de defensa social que reforzó el mecanismo de la deportación e inauguró un conjunto de figuras penales y sanciones aplicables a los luchadores sociales. Estableció la pena de muerte para quienes cometieran atentados en los que murieran personas y prodigo penas de prisión, incluso para actividades no violentas, como la asociación para propagar “ideas contrarias al orden social”

La cuestión nacional

Dado que la gran conflictividad social se consideraba muy relacionada con el problema de la inmigración, las estrategias estatales dirigidas al sometimiento de la clase obrera se articularon con otras políticas que perseguían la nacionalización e integración de los extranjeros y la imposición de una vision de la realidad, la de los sectores dominantes, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad.

Desde la escuela, el servicio militar obligatorio, la higiene publica y otras instituciones, el estado puso en juego mecanismos de control social, a través de los cuales intento socializar una forma de concebir y entender realidad que justificaba el orden y las jerarquías sociales vigentes y otorgaba legitimidad a la dominación. La escuela pública, y en particular la enseñanza primaria, fue pensada como un instrumento para la construcción de una identidad nacional que, fundada en una cultura y un pasado compartidos y en un destino grandioso y promisorio, contribuyera a velar las diferencias sociales y amortiguar los conflictos.

En el año 1884, por la ley 1420 de educación obligatoria, gratuita y laica, el poder ejecutivo nacional centralizo las decisiones educativas y expandió su control sobre cada distrito escolar y en definitiva sobre cada escuela, a través de un sistema burocrático verticalizado. El servicio militar obligatorio se convirtió efectivamente, como lo deseaba Ricchieri, en un factor de “ciudadanización” y a la vez de disciplina miento de las clases populares, que complemento la acción desarrollada por la escuela.

La expansión y consolidación del Estado oligárquico.

La “expropiación” por el estado de actividades antes impulsadas por entidades privadas o por los estados provinciales, sumadas a otras motivaciones como la búsqueda de espacios de poder y/o la posibilidad de ejercer clientelismo político a partir del empleo público, generaron una expansión sostenida del aparato estatal, que se reflejó, entre otras cosas, en un aumento significativo de su plantel de empleados.

A modo de balance o conclusión

La ampliación de políticas que favorecieron el desarrollo de una economía agroexportadora permitió un gran crecimiento del área pampeana, la conformación de una sociedad compleja con un ingreso per cápita muy elevado y de un sector urbano diversificado. Sin embargo, el despliegue del modelo agroexportador presento también una serie de problemas y limitaciones. Entre otras cosas:

. Alentó un desarrollo desigual de Argentina ya que el interior no se vio beneficiado del mismo modo que la región pampeana.

Muchas producciones regionales quebraron, sobre todo cuando debieron competir con las extranjeras que el ferrocarril transportaba. Como consecuencia de ello, la economía productiva se estancó y el empleo público paso a transformase en la principal fuente de subsistencia para sus habitantes, fortaleciendo los lazos de clientelismo político y las migraciones internas.

. El desarrollo económico desigual tuvo como consecuencia una concentración de la población en áreas más dinámicas. Ya en 1914, aproximadamente el 70% de la población estaba radicada en las provincias pampeanas.

. La concentración de la propiedad territorial alentó un proceso de alta urbanización que llevo a la conformación de metrópolis densamente pobladas, mientras la mayor parte del país permanecía “desierto”.

. La economía agroexportadora se caracterizó por una fuerte dependencia externa, al estar condicionada por variables que escapaban absolutamente a su control, como la posibilidad de colocar materias primas y alimentos en el mercado mundial y el flujo sostenido de capitales extranjeros.

El ciclo de liberalismo democrático (1916-1930)

En 1889, tras casi diez años de protagonismo excluyente del Partido Autonomista Nacional (PAN), estallo una crisis política protagonizada por un conjunto de sectores opositores que impugno la legitimidad y las modalidades del régimen oligárquico.

La crisis política fue precedida por una profunda crisis económica. Durante muchos años la economía argentina había crecido a buen ritmo dando lugar a pronunciados cambios sociales. Pero la prosperidad era frágil, ya que dependía en última instancia del aporte de capitales extranjeros y de la demanda externa de productos agropecuarios. Hacia 1889 esas debilidades salieron a la luz. El país estaba fuertemente endeudado; las importaciones crecían a un ritmo mayor que las exportaciones, los precios internacionales de los productos agropecuarios bajaban y el aporte de capitales extranjeros comenzó a decaer. La crisis de la balanza de pagos resultante derivo en una fuerte inflación y en una crisis financiera imparable que concluyo en 1890 en la declaración de la cesación de pagos.

La responsabilidad recayó sobre el gobierno de Miguel Juárez Celman, este pertenecía a una elite política, nucleada en torno al PAN, que desde hacía casi una década mantenía en sus manos los resortes fundamentales del poder gracias a una combinación de violencia, fraude y cooptación. Había accedido al gobierno en 1886, bendecido por su concuñado y gran elector, el general Julio Argentino Roca.

Pero, hacia mediados de 1889, todo comenzó a cambiar. El malestar por la situación económica alentó un movimiento opositor que no solo saco a relucir la impericia del gobierno en términos económicos, sino también su ilegitimidad de origen y su vinculación con corruptelas y negocios poco claros. También le fue cuestionada una voluntad modernizadora que, ostentada autoritariamente, arrasaba con convicciones de fuerte arraigo en vastos sectores de la sociedad. El movimiento opositor conformo la Unión Cívica (UC) y sus demandas, centralizadas fundamentalmente en un cambio ético y político, se canalizaron mediante la organización de os clubes políticos, actos cívicos y, finalmente, a través de una insurrección cívico-militar, la Revolución del Parque, que estallo el 26 de julio de 1890 con el objetivo de destituir al gobierno de Juárez Celman y reemplazarlo por otro, provisorio, que llamaría inmediatamente a elecciones limpias.

La UC no constituía un grupo homogéneo. Estaba conformada por distintos grupos: un núcleo central proveniente de la Unión Cívica de la Juventud, organizada en 1889 e integrada por jóvenes universitarios, hijos de familias patricias; un grupo liderado por Bartolomé Mitre, relacionado con los exportadores y comerciantes porteños, preocupados particularmente por la exclusión política a la que Juárez Celman los había condenado; estaban también los católicos irritados con Roca y con el Presidente de la Nación por las esferas de acción que, como en el caso de la educación o el matrimonio civil, el Estado hacia enajenado a la Iglesia; y finalmente, estaba Leandro N. Alem, líder de los sectores populares urbanos y de los propietarios rurales medios, que levantaba los contenidos tradicionales del viejo federalismo y buscaba una dignificación de la vida cívica nacional.

En este contexto, la revolución fue sofocada, pero el gobierno salió debilitado y el presidente tuvo que renunciar. Roca fue el gran triunfador: se deshizo de su pariente y aseguro la presidencia en el Ejecutivo de uno de sus amigos, el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien además de poner en orden las cuentas públicas y asegurar el pago de la deuda externa, intento captar a los sectores insurgentes. Su política de cooptación tuvo éxito con el mitarismo y con los sectores católicos, no así con Alem y sus seguidores, quienes en 1891 fundaron la Unión Cívica Radical (UCR).

La UCR, liderada hasta 1896 por Alem y luego por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, no acepto incorporarse al juego de cambiantes coaliciones y acuerdos que le propusieron Carlos Pellegrini y sus sucesores. Prefirió adoptar una postura intransigente y con el apoyo de sectores del Ejercito intento, en dos oportunidades, presionar y debilitar el “régimen” a través de levantamientos cívicos-militares.

Tras un periodo de relativo estancamiento y de diversas decisiones, Yrigoyen logro reorganizar los órganos partidarios y transformarse en la figura más importante de la oposición política. En estos años, bajo su dirección, el radicalismo dejo de ser el partido pequeño que congregaba a sectores de elite desplazados del poder, para crecer gracias al apoyo creciente de diversos sectores sociales: la burguesía media, los sectores medios, parte de los sectores populares y una ínfima fracción dela gran burguesía terrateniente.

El mejoramiento institucional a través de la promoción de un gobierno representativo, comenzó a aparecer como la via más adecuada para la solución de los problemas nacionales. La ampliación de la participación política permitiría canalizar las demandas de los nuevos grupos sociales dentro del sistema y alejar con ello la posibilidad de una revuelta armada que pusiera en peligro la continuidad del poder político y el control del aparato del estado por los sectores dominantes.

La ley de reforma electoral o Ley Sáenz Peña, que se sanciono en 1912, constituyo la respuesta central para estas renovadas preocupaciones. Estableció el voto secreto y obligatorio para todos los varones nativos mayores de dieciocho años, la utilización del padrón militar y la representación de las minorías, aunque no permitió el voto de los extranjeros ni de las mujeres. La ley fue pensada como un mecanismo de “saneamiento” del sistema político y de neutralización de las corrientes más revolucionarias (como el anarquismo), via integración de la oposición radical socialista.

Las primeras elecciones presidenciales celebradas bajo el imperio de esta nueva ley dieron en 1916 el triunfo a los radicales, iniciándose un nuevo ciclo histórico, el del ESTADO LIBERAL-DEMOCRATICO, que se prolongó hasta 1930.

Con la llegada de los radicales al gobierno, se habría producido lo que Alfredo Pucciarelli caracterizo como hegemonía compartida, es decir, una situación en la que las clases dominantes tradicionales, frente al riesgo de una crisis, ceden una porción de su poder, el relativo a la dirección política, pero continúan el ejercicio de su hegemonía económica, cultural e ideológica.

Una impresionante manifestación popular saludo el triunfo del radicalismo. Lo habían votado desde empleados, maestros, chacareros, comerciales y otros representantes de las clases medias urbanas y rurales hasta algunos terratenientes y ciertos grupos de obreros. Un conjunto social heterogéneo, sin duda, que representaba un corte vertical de la sociedad, unido por una sensibilidad nacionalista y republicana y por los deseos de ampliación del sistema político, moralización de la vida pública y una mejor distribución de la renta en el marco del modelo agroexportador.

Todos estos sectores subordinados se habían visto beneficiados por las oportunidades laborales y las posibilidades de ascenso social abiertas por el crecimiento y expansión de la economía agroexportadora. Por lo tanto, no cuestionaron el predominio económico de la clase dominante ni el modelo de acumulación vigente, aunque si su hegemonía política y la legitimidad de un régimen que se apoyaba en mecanismos de exclusión y que cerraba u obstruía ciertos canales de movilidad social fundamentalmente, la educación y el acceso a los cargos estatales.

El yrigoyenismo en el gobierno

Esto postulados reformistas que no implicaban modificaciones estructurales de la sociedad y la economía, cuando intentaron traducirse en políticas concretas encontraron generalmente la férrea oposición de los sectores dominantes. Esto se tornó particularmente manifiesto durante la primera y segunda presidencia de Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930)

Yrigoyen asumió el gobierno en 1916 en un momento de recesión económica, inflación, desequilibrios en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales. Todo ello era consecuencia del estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial que desestabilizo las corrientes internacionales de intercambio, provoco una reducción de la demanda de materias primas y la interrupción del flujo de inversiones extranjeras y de nuevos contingentes inmigratorios.

En este marco de dificultades, el gobierno radical tampoco gozaba de una gran solidez política: había logrado el acceso a la Presidencia, pero tenía minoría en ambas cámaras del Parlamento, la mayoría de las gobernaciones seguía en manos de los grupos tradicionales y, en el caso de la Justicia, sus jerarquías más notorias estaban emparentadas, por sangre y por ideología, a las familias que tradicionalmente habían detentado el poder en Argentina. El nuevo gobierno no contaba tampoco con el apoyo de la gran prensa, ni de los grandes empresarios y corporaciones. Mostraba, además, una gran heterogeneidad interna, que se traducía en una unidad partidaria frágil. No obstante, las dificultades señaladas, el gobierno de Yrigoyen intento dar respuestas a los problemas más acuciantes del momento, a saber:

. Asegurar mercados externos para los productos agrícolas y eliminar los abusos de las grandes compañías comercializadoras de cereales mediante la firma de tratados de comercio bilaterales, en los que el Estado argentino actuaría como vendedor único

. Facilitar la exportación de cereales a través de la creación de una marina mercante nacional que supliera la falta de bodegas producida por la guerra y tendiera a liberar a los productores rurales de la pesada intermediación de las compañías extranjeras de transporte marítimo.

. Favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores agrícolas a través de créditos hipotecarios, programas de colonización agrícola-ganadera y revisión de las concesiones de tierras fiscales.

. Desarrollar una política de autoabastecimiento enérgico, que reemplazara al carbón importado por el petróleo nacional y otras energías de origen hídrico.

. Construir nuevos puertos y ferrocarriles con el objetivo de descentralizar las actividades económicas y limitar la expansión futura de los intereses británicos.

. Controlar las cuentas de capital de las empresas ferroviarias para eliminar sus abusos en materia tarifaria.

La obstrucción ejercida por los terratenientes y los parlamentarios conservadores esterilizaron muchas de estas iniciativas y dificultaron la resolución de los problemas. Una de las consecuencias fue el estallido de graves conflictos agrarios a los que el gobierno respondió contradictoriamente, combinando represión con la sanción de medidas favorables a los intereses de los pequeños y medianos productores, como la Ley Contractual Agraria de 1921.

Pero donde el gobierno tuvo que enfrentar las situaciones más conflictivas fue en las grandes ciudades como Bs As, donde la industria comenzó a crecer desde 1917 alentada por la restricción de las importaciones. Entre los trabajadores el influjo del anarquismo se debilitaba y cobraba fuerza una línea sindical más reformista y negociadora, la corriente sindicalista.

El aumento del nivel de empleo y la nueva actitud del gobierno- protectora y paternalista- hacia estos sectores sindicales, alentó las luchas obreras por el mejoramiento de los salarios, estancados desde hacía tiempo y limados por la persistente inflación.

Las huelgas protagonizadas por los trabajadores, particularmente intensas entre 1917 y 1919, al tocar puntos neurálgicos de la economía agroexportadora, como puertos, frigoríficos o ferrocarriles, provocaron la contundente reacción de los sectores empresariales más poderosos, que temían que las huelgas fueran el preludio de una revolución social, semejante a la que recientemente había estallado en Rusia.

En enero de 1919, en la recordada Semana Trágica, el conflicto llego a su punto culminante. Los choques entre policías y trabajadores, iniciados en los barrios de Pompeya y Parque Patricios, se generalizaron a toda la ciudad de Bs As. A ello se sumó la acción de bandas paramilitares que, constituidas en especial por jóvenes de los sectores altos y adiestradas en el Centro Naval, focalizaron sus acciones contra judíos y catalanes, por identificarlos con los promotores de la revolución social. El gobierno de Yrigoyen perdió el control de la situación y vivió la más aguda crisis política de su mandato. Con el apoyo del Ejercito logro restablecer el orden, pero tuvo que adoptar severas medidas represivas contra los huelguistas.

El radicalismo satisfizo los reclamos de los estudiantes a través de la sanción de la Reforma Universitaria en 1918, que democratizo el gobierno de la Universidad.

Los tiempos de Alvear: prosperidad económica y ruptura del partido radical

El conflicto entre los yrigoyenistas y los sectores dominantes se atenuó bajo el gobierno que ejerció otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, entre 1922 y 1928. Durante esos años, se vivió un nuevo ciclo de acelerada expansión de la economía mundial capitalista. En argentina, el modelo agroexportador volvió a dar muestras de vitalidad y la industria, luego de unos años difíciles en la posguerra, creció favorecida por las inversiones norteamericanas y por el aumento de los aforos aduaneros aplicados por Alvear con fines fiscales.

Las históricas diferencias existentes dentro de la UCR entre un ala popular, liderada por Yrigoyen, y un sector aristocrático, encabezado por Alvear, estallaron en conflicto abierto en 1924 y llevaron a la división del partido en la UCR yrigoyenistas y la UCR antipersona lista. Yrigoyen era apoyado por los dirigentes menores del partido, por los caudillos del barrio y de comité que le brindaban una adhesión incondicional. La elite radical, que conformo el anti personalismo, sostenía que Yrigoyen dirigía el país y el partido con un excesivo personalismo y hacia un uso abusivo de las intervenciones federales y con el único objetivo de cambiar a su favor situaciones políticas provinciales. También le cuestionaban la expansión del gasto público sin contralor parlamentario.

A la mayoría de las antipersona listas no los guiaba, sin embargo, un apego principista a las normas republicanas, sino el afán de destruir dos de los pilares básicos sobre los que se asentaba el liderazgo de Yrigoyen en el partido: la intervención federal y el patronazgo.

Crisis económica y golpe de estado

La conspiración de los sectores más poderosos de la sociedad, expresados políticamente en los grupos conservadores, en los radicales antipersona listas y en los socialistas independientes y que encontraban eco en vastas fracciones del Ejercito, no se detuvo con el triunfo electoral del yrigoyenismo en 1928. Desde entonces, distintas soluciones se discutieron en el seno de estos grupos: desde una salida institucional forzando la renuncia del presidente hasta un golpe de Estado que quebrara el orden institucional. Finalmente se impulsó la segunda opción, encabezada por el general Félix Uriburu. La solución autoritaria aprovecho para imponerse el extendido malestar social provocando por las repercusiones locales de la crisis internacional de 1929, para las cuales el gobierno de Yrigoyen no encontró las respuestas adecuadas.

El golpe termino con la primera experiencia democrática de la historia argentina contemporánea y condujo a la restauración de un régimen político oligárquico. Las transformaciones no se limitaron al campo de lo político. El cambio de orientaciones de las economías industrializadas y de las relaciones económicas internacionales que tuvieron lugar durante los primeros años de la década de 1930, alentó en nuestro país la conformación de un nuevo régimen de acumulación y de una nueva estructuración social, el intervencionismo creciente del estado y cambios en el sistema de ideas dominante.

En síntesis, todos los planos de la realidad social sintieron el impacto del cambio y se transformaron en escenarios de importaciones rupturas, poniendo fin al ciclo del liberalismo, iniciado en Argentina allá por las décadas de 1860-1880.

Reflexión: el yrigoyenismo tuvo que afrontar una correlación de fuerzas políticas absolutamente desfavorables. Sus intentos de transformas al Estado en mediador de la conflictividad social fracasaron porque el radicalismo carecía de bases de sustentación sociopolítica como para enfrentar con éxito las presiones a las que era sometido por los grupos de poderes tradicionales.


 

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