Bonvecchi y Zelaznik – Presidencialismo y Parlamentarismo

Se analiza la relación entre los recursos del poder Ejecutivo y el funcionamiento del régimen presidencial. Se estudia como el uso de esos recursos afecta el régimen político. Se desarrolla el argumento de que el poder Ejecutivo tiene los recursos para gobernar unilateralmente pero el uso efectivo de estos, puede ser o no ser dependiendo de la distribución del poder en el partido y su composición.

Recursos de gobierno del poder ejecutivo

La argentina es un régimen presidencialista. Se alberga en la división entre legislativo y ejecutivo la posibilidad de bloqueos en la toma de decisiones. Sin embargo, se confiere al presidente herramientas para evitar estos problemas.

Recursos institucionales

Gabinete: El presidente puede designar y remover ministros. La excepción es el jefe de gabinete, que puede ser removido por el voto de las cámaras. El presidente también puede establecer la estructura del ministerio y sus carteras. Muy frecuentemente se usan para pagar deudas políticas, dando cargos a miembros de otros partidos.

Poder de veto: Sirve para evitar cualquier cambio del status quo siempre y cuando no haya una oposición que reúna dos tercios o más del congreso (cosa que rara vez ocurre). Existe la posibilidad de veto parcial, que solo impide la promulgación de una parte de la ley en cuestión.

Poder de decreto: Permite al ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo en una situación de “necesidad y urgencia”. Puede ser detenido si se oponen ambas cámaras del congreso. Este fue un recurso que varió en la frecuencia de su uso. Desde 1853 hasta 1989, solo se hicieron uso de 35 (10 por Alfonsín). Desde la asunción de Menem hasta la reforma constitucional, se usaron 166 veces. En 1994, se agregaron a la constitución, y se los limitó aunque no de manera muy efectiva. A partir del 2006, los decretos deben ser propuestos al congreso por 10 días y considerados por una comisión bicameral por otros 10 días. El presidente no puede vetar la oposición al decreto, debe contar con el apoyo de por lo menos la mayoría de una cámara.

 

Recursos partidarios

Se relacionan con el contingente legislativo del partido del presidente, la cohesión de los partidos políticos, y la posición ideológica relativa del partido del presidente en relación con los otros partidos. Estas se relacionan con la fragmentación, institucionalización y polarización.

Contingente legislativo: Cantidad de bancas en el congreso. Poseer una mayoría permite que se impulse la agenda de gobierno. En Argentina, los presidentes raramente obtienen mayorías en ambas cámaras. La mayoría de presidencias se pueden ver en 2 casos: presidentes cuasi-mayoritarios, o mayoritarios unicameralmente; opuestos a presidentes mayoritarios, que fueron pocos.

Cohesión de los partidos: La consistencia de apoyo que pueden otorgar. No será igualmente efectiva una mayoría partidaria de un partido unificado que de un partido faccionalizado. Un partido menos nacionalizado tendrá líderes territoriales menos interesados en formar políticas de alcance nacional que el de un partido más nacionalizado.

 

Recursos fiscales

El Poder Ejecutivo tiene a disposición, como recurso, una serie de transferencias intergubernamentales. El valor de estas depende de dos cosas: La discrecionalidad que la transferencia le confiere para manejar los fondos; y el valor político para los gobernadores provinciales, que prefieren un formato que les garantice fondos antes que discrecionalidad. El valor de cada una de estas se define por sus dos discrecionalidades. La discrecionalidad presidencial se define en alta, media o baja dependiendo de si controla cinco, tres o dos de las dimensiones de su formato constitucional. La discrecionalidad gubernamental se define igualmente en base al control del Ejecutivo provincial sobre las cuatro dimensiones. Son un complejo grupo de recursos que varían en su discrecionalidad y por tanto en su valor político, pero que a fin de cuentas sirven para obtener la cooperación de los gobiernos provinciales y los representantes de las provincias en el congreso. Un gobierno con un alto grado de integración utiliza transferencias de baja discrecionalidad, porque le importa más la seguridad de la recepción que la discrecionalidad del presidente.

Asimismo posee el poder de modificación presupuestaria. El Ejecutivo puede cambiar el destino de las partidas presupuestarias, subejecutuarlas o no ejecutarlas sin consentimiento del congreso. Este recurso se usa generalmente en combinación con la subestimación o sobrestimación de los ingresos tributarios. El presidente las utiliza como medio de negociación con los legisladores y gobernadores. Siempre y cuando se cuente con una mayoría unicameral, este recurso será una eficaz herramienta de negociación para construir coaliciones o mantener disciplina. Si los partidos del congreso presentan un alto nivel de integración, los legisladores tienen incentivos para decidir una distribución universalista. Si el gobierno no tiene mayoría, podría bloquear la aprobación del presupuesto, por lo cual se mantendría el presupuesto del período pasado (el cual el Ejecutivo puede modificar unilateralmente).

Los recursos de gobierno y el régimen presidencial

Los recursos representan una herramienta del Poder Ejecutivo, sin embargo, el uso de estos no es siempre posible ni tiene la misma eficacia. A más proporción favorable al presidente de distribución partidaria, mayor será su poder de impulsar su agenda; el caso será lo contrario a mayor integración del partido de gobierno. Los recursos fiscales solo pueden utilizarse cuando se halle actores partidarios con incentivos compatibles y los fondos se encuentren disponibles.

Uso y eficacia de los recursos institucionales

Gabinete: La designación de ministros puede indicar una forma de organizar el ejercicio de poder, establecer vínculos con ciertos sectores, o para marcar una dirección de la agenda legislativa. En Argentina se ven dos patrones. Se designan según un criterio partidista, o son elegidos a partir de miembros, afiliados o simpatizantes del partido del presidente. En general, la gran mayoría de ministros son miembros de un partido político y los que no, son generalmente asignados ministerios como los de economía o producción. En casos como el de Alfonsín, los ministros fueron seleccionados del partido presidencial, y en casos como en el de Kirchner, fueron funcionarios de las distintas facciones de la coalición.

La productividad y el éxito legislativo de los presidentes: Tiene mucho peso en cuanto a producción de leyes. El 45% de las leyes sancionadas entre 1983 y 2009 tuvo como origen el Poder Ejecutivo. Además, tiene la capacidad de emitir DNU y decretos delegados. En cuanto a los tipos de leyes, el 75% de las leyes de políticas públicas fueron introducidas por los legisladores, y las que conciernen a temas “menores” (defensa, relaciones internacionales) fueron todas presentadas por el presidente. En otras áreas estuvieron más balanceados: política impositiva, legislación penal, institucional, economía y producción, entre otras.

Vetos: El presidente ha hecho uso de este poder para detener proyectos que le eran contrarios. En gran mayoría para proyectos iniciados en el legislativo, y en menor medida para “limpiar” proyectos del ejecutivo modificados por el Congreso. En general, se hace uso extenso del veto, y la cantidad de insistencias exitosas por parte del Congreso es muy baja, lo que demuestra el poder de los DNU para bloquear la intención del congreso.

DNU: Si bien diseñados para situaciones excepcionales, se han transformado en una herramienta común del presidente para promover un proyecto de carácter legislativo sin pasar por el Congreso y modificar el status quo instantáneamente. La contingencia legislativa no afecta la regularidad del uso de los DNU. La emisión de DNU opuesta a la vía legislativa fue variando en proporción dependiendo de la presidencia (Duhalde fue el que más utilizó decretos, Alfonsín y F. de Kirchner los que menos).

Uso y eficacia de los recursos fiscales

Todos los presidentes utilizaron transferencias para pagar el apoyo a iniciativas de contenido fiscal. Sin embargo, no todos de la misma manera. En general, la concesión de transferencias de mayor discrecionalidad sucedieron en períodos en que los presidentes se encontraron en situaciones minoritarias en el Congreso o cuando cayó su nivel de integración, y viceversa. Un mayor uso de transferencias indica un mayor porcentaje de leyes aprobadas. El resultado del uso de estos recursos ha sido la concentración de la autoridad fiscal en el Poder Ejecutivo. Esto está evidenciado por la cantidad de leyes que permiten al presidente realizar distintas tareas fiscales, como sentar las bases y tasas de los impuestos, modificar la asignación de partidas presupuestarias o ampliar y disminuir el presupuesto. Estas concesiones generaron distintos niveles de centralización (limitada si tiene trabas en forma de reglas o controles institucionales o de mayor centralización si no las tiene).

La creciente proposición de leyes que aumentan la centralización fiscal se corresponde con el creciente uso de transferencias intergubernamentales de discrecionalidad alta o media. Esto ocurre del 1998 al 2005, y a partir de la segunda mitad del 2000 se cambió a una tendencia por leyes descentralizadoras. Menem pudo centralizar con transferencias de discrecionalidad baja porque tenía contingencia en las cámaras, mientras que los presidentes siguientes tendieron a utilizar las transferencias para una combinación de mayor y menor centralización.

Conclusiones

El régimen político argentino se encuentra atravesado por dos tensiones esenciales.

Por un lado, la tensión entre recursos de gobierno y condiciones para su uso: se le confieren poderes para gobernar unilateralmente al Presidente, pero esto depende del poder partidario. Esto se ve en el análisis de la utilización de los vetos y los DNU, que son utilizados por los presidentes para lidiar con oposiciones partidarias.

Por otro lado, la tensión entre el uso de estos recursos y sus consecuencias en el régimen político: por medio de los recursos, el Presidente puede disciplinar legisladores y gobernadoras así como centralizar la autoridad fiscal, pero esto puede alterar el equilibrio de los actores políticos y motivarlos a movilizarse contra el Presidente. Esto se ve en la producción de legislación fiscal, donde al usar transferencias de mayor discrecionalidad, se aumenta la centralización fiscal. Sin embargo, esto ha variado con la integración de los partidos políticos. Ha sido menor cuando fue mayor la integración, y viceversa.

De Luca – La Política en Tiempos de los Kirchner

Si bien la figura del presidente es muy predominante en el ejecutivo, cumplen un rol muy importante los ministros. El presidente ha hecho uso de estos para llevar a cabo políticas y también para forjar alianzas. Esto significa que grandes decisiones pueden ser tomadas por funcionarios no electos por el pueblo.

Factores y criterios en el nombramiento de ministros

Tres factores:

El modo en que llega a la posición, y las características del partido que ha obtenido la victoria.

Formación, experiencia y trayectoria política del presidente.

Los objetivos del mandato, los recursos disponibles para llevarlo a cabo, y el contexto.

Gabinete de Alfonsín: Larga trayectoria en la UCR, lo que llevó a un fuerte criterio de presencia partidaria y gran peso de los “equilibrios internos”. Todo su gabinete fue parte de la UCR. El criterio de la posición alcanzada en el partido también se aplicó.

Gabinete de de la Rúa: Su principal determinante fue el reconocimiento de la Alianza. Se mantuvo un equilibrio entre miembros de la UCR y el FREPASO. También el criterio de la compensación: se le asignó un ministerio a la candidata derrotada Graciela Fernández Meijide; mientras que otros dirigentes radicales con ambiciones presidenciales recibieron un gabinete y la jefatura.

Gabinete de Menem: PJ poco institucionalizado, por lo que estuvo abierto a figuras fuera del partido. Tres de sus ocho ministros no eran peronistas, uno solo recientemente, y dos de estos cuatro tenían una ideología contraria al justicialismo. Ambos estaban muy relacionados con organizaciones empresariales. Ninguno de los ministros peronistas eran de gran peso, y la mayoría de estos debían su vinculación con el PJ a su relación con Menem.

Gabinete de N. Kirchner: Su llegada al poder fue similar a la de Menem. Sin embargo, contrastó en la composición de su gabinete. Su integración se marcó por tres factores: la coalición que lo llevo al poder, la estrecha proyección nacional de su liderazgo y la búsqueda de ampliar la base electoral de la coalición. Cuatro gabinetes fueron al círculo íntimo de Kirchner, cuatro a funcionarios de Duhalde (3 miembros del PJ), y tres a peronistas que apoyaron tempranamente a Kirchner. Ningún puesto fue a representantes del norte, ni de zonas pobladas como Santa Fe o Córdoba.

Gabinete de CFK: La mayoría de los ministros de la gestión anterior continuaron con su cargo, cambiaron de cartera, o ascendieron de grado.

La relación del presidente con sus ministros y el funcionamiento del gabinete

Se puede comparar la manera en que los presidentes hicieron funcionar su gabinete, para lo cual inciden los mismos factores que corresponden a su composición.

Gabinete de Alfonsín: Relación radial, en el que todos los ministros estaban en una “posición equidistante” del presidente, y el trato era personal. En vez de tener reuniones de todos los ministros, predominaron las reuniones uno a uno entre presidente y ministro. Las reuniones individuales fueron acompañadas por cónclaves paralelos. Fue como un “gabinete paralelo” que permitió la colaboración con dirigentes políticos sin la necesidad de que estos formen parte del gobierno. Muchos ministros se enteraban de políticas con los anuncios de estas.

Gabinete de Menem: Relación piramidal, con posiciones jerárquicas móviles. Hubo reuniones de gabinete muy frecuentes, a menudo con presencia de muchos funcionarios que excedían el personal de los gabinetes. Eran de carácter informativo más que deliberativo. Luego, en 1996 las limito a solo los ministros y el secretario general.

Gabinete de de la Rúa: No delegó decisiones a subordinados. Hizo uso de un estilo de organización ordenada en torno a círculos concéntricos. Sus consultores más cercanos no eran los ministros ni dirigentes políticos, sino parientes, amigos, miembros de segundo rango del partido (como su hijo). Este tipo de toma de decisiones contrastó con los criterios de composición del gabinete, por lo que resultó un obstáculo para el funcionamiento de La Alianza.

Gabinetes de los Kirchner: La toma de decisiones se concentró en la cima del PE, habiendo una gran intervención presidencial en las áreas de gobierno. También, un reducido grupo de confianza, compuesto por la pareja presidencial, y a veces el secretario Zannini y el jefe de gabinete Alberto Fernández. Todas las decisiones de cualquier importancia debían tener la aprobación del presidente. Mantuvieron una relación radial con sus ministros, entablando relaciones bilaterales eliminando la idea de trabajo en equipo, sin reuniones de gabinete. Los actos de gobierno eran anunciados sorpresivamente y antes de eso manejados con gran confidencialidad. Muchos de los ministros no sabían de las políticas a tomar hasta poco antes del anuncio.

Cambios de ministros y estabilidad del gabinete

En las decisiones que implican cambios de gabinete, inciden los mismos factores que en las dos cuestiones precedentes.

Menem, de la Rúa y Alfonsín: El cambio en sus gabinetes reflejó, o escenarios críticos; o virajes en la orientación del gobierno o nuevas alianzas políticas. Asimismo, sus gabinetes se caracterizaron por estar reducidos a un número selecto de personas, que se desempeñaron en más de una función.

Kirchner: Relativa estabilidad. Mantuvieron a sus ministros incluso en situaciones críticas. Sus cambios ministeriales generalmente fueron dados por la competencia a cargos electivos.

De presidentes con superministros a la hiperconcentración ejecutiva

Durante este período, los ministros de economía sobresalían de resto y hasta tomaban un rol de representante del rumbo político: el ministro de economía Grinspun, con el plan “Austral”, ministro de Alfonsín; Cavallo con el plan de convertibilidad, en época de Menem. Desde la salida de Lavagna en 2005, ningún otro ministro ha tomado un rol tan predominante. Kirchner se desempeñó, luego de la salida de este, como “su propio ministro de economía”. Sus facultades fueron recortadas de una manera u otra (transferidas a otras competencias) y creció la influencia de otros actores de segunda línea.

El jefe de gabinete de ministros: una herramienta más a disposición del presidente

Su incorporación en la constitución del ’94 fue vista como una manera de desconcentrar las tareas del presidente y dividir el ejecutivo. Sin embargo, se convirtió en una herramienta más del presidente para controlar a su equipo de gobierno.

Menem: Funcionarios de confianza del presidente

De la Rúa: En un principio ocupado por un político con perfil propio, pero rápidamente cambiado por un hombre con trayectoria técnica (volvió a funcionar como un recurso presidencial).

Kirchner: Funcionaba como un vocero del presidente.

Conclusiones

El JGM es un recurso de gestión a disposición del presidente. No fue una innovación eficaz para balancear los poderes del presidente ni para desconcentrar sus tareas.

Concentración del poder ejecutivo en tiempos de los Kirchner. No utilizaron el gabinete inaugural para incorporar alianzas. Se promovió una relación radial, la ausencia de reuniones de gabinete, y el celo a las filtraciones. La inexistencia de un ministro de economía prominente (más bien el funcionamiento de N. K. como su propio ministro). Los relevos de ministros no correspondieron a alianzas políticas ni cambios en la dirección del estado.

Gargarella – La Política en Tiempos de los Kirchner

Se concentra en dos hechos: Los cambios introducidos a la Corte Suprema al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, y la reforma del Consejo de la Magistratura. Se analizan ya que: Son cambios ineludibles en cuanto a la relación entre el PE y la justicia; la importancia de estos trasciende el hecho mismo; y son notorios por ser aparentemente contradictorios, ya que los cambios a la Corte parecen una autolimitación por parte del ejecutivo, mientras que la reforma al Consejo de la Magistratura indica una intención de mayor control sobre el judicial.

Cambiar la composición de la Corte

Néstor Kirchner impulsó la designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema y nuevas políticas para la renovación de los jueces del tribunal, aparentemente preocupada por la transparencia en los procesos, la diversidad de su composición, así como removió los miembros más controversiales del órgano. El resultado fue una integración mucho más atractiva que la predecesora. Este acto se usa como defensa de los que acusan a la administración de anticonstitucional. Se pueden leer como la expresión de una lógica política habitual en la historia argentina, en la que luego de un período conservador, se impulsan medidas liberales con el apoyo popular pero que no se terminan efectuando por presión de grupos conservadores.

Esta etapa inicial liberal le ganó mucha popularidad, pero entonces Kirchner tuvo que decidir entre radicalizar la apuesta ciudadana, o tomar la postura más sólida de una alianza con los grupos conservadores establecidos, que fue lo que hizo. Este giro conservador encuentra correlación con su relación más tensa con la justicia en general y particularmente, su relación con la Corte. Múltiples veces el oficialismo se negó a aceptar decisiones de la Corte Suprema que consideraba contrarias a su agenda de gobierno:

Se negó a reponer al procurador de Santa Cruz, removido por el gobierno indebidamente.

Se negó a acatar la decisión de la corte suprema de defender la agremiación de los trabajadores y declarar inconstitucional la exclusividad de los sindicatos con personería gremial.

Rechazó la condena de la Corte de la política discrecional en términos de distribución de las pautas oficiales para la publicidad.

No hizo su parte en la ordenanza de la Corte en lo relativo al pago de las jubilaciones ni lo referido a la contaminación del Riachuelo.

La Reforma del Consejo de la Magistratura

El Kirchnerismo modificó mediante la ley 26.080 la composición del Consejo. Una ley previa había establecido seguir lo dictaminado por la constitución, es decir, una composición equilibrada entre los órganos resultado de las elecciones, los jueces de todas las instancias, y los abogados de la matricula federal. La ley del Kirchnerismo modificó el equilibrio, reduciendo el número de miembros de 20 a 13, e instaurando en efecto 5 miembros del oficialismo. La ley fue pasada sin discusión alguna en un contexto de mayoría oficialista en el Congreso.

En la modificación el Kirchnerismo demostró una actitud muy clara ante la democracia:

No se interesó en argumentos contrarios

No se interesó en abrir un debate

Refutó la más mínima modificación

No se abrió a cambiar de posición

No le preocupó refutar a sus contrarios ni justificar su actitud

En otras situaciones, impondría su mayoría en el congreso sin interesarse por las opiniones opositoras en lo más mínimo, y al perder la mayoría, se manejaría por medio de decretos.

Conclusiones

Las iniciativas de tipo liberal en nuestro país son de carácter efímero, y solo se logra la estabilidad por medio de la sobre-presencia de actores conservadores establecidos.

Se evidencian los rasgos definitorios de la estrecha visión de democracia con la que aparece vinculado el Kirchnerismo.

Ambos están relacionados: partiendo de una visión débil de la democracia, una desconfianza de la posibilidad de estabilidad basada en el apoyo popular, solo cabe aliarse con los poderes establecidos.

Gervasoni – La Política en Tiempos de los Kirchner

Durante el gobierno de los Kirchner, los gobiernos subnacionales (provinciales) se han expresado a favor del presidente, incluso los gobernadores de otros partidos, como la URC. Mientras que con Menem la relación era menos estrecha, los Kirchner apuntaron al control de la arena provincial y el apoyo nacional. Este centralismo político vino acompañado de un centralismo fiscal.

Canales de comunicación nacional-subnacional:

La mayoría de presidentes, vicepresidentes y candidatos presidenciales son o fueron gobernadores.

Los senadores y diputados nacionales son elegidos en distritos provinciales, y la composición de estas listas está en manos de los líderes partidarios provinciales.

La aprobación de políticas nacionales depende del apoyo de los gobernadores.

El presidente y el congreso tienen la posibilidad de remover gobernadores provinciales vía intervención federal.

Continuidades:

Federalismo fiscal: se toman recursos de algunas provincias, como Buenos Aires, y se distribuyen a provincias menos ricas, como Santa Cruz o Formosa, generando ‘emiratos provinciales’ que viven de las rentas.

La continuidad en provincias de oficialismos sospechosamente hegemónicos y poco democráticos, en buena medida explicados por las rentas previamente mencionadas.

Sobre-representación de provincias pequeñas en el Senado y la C. de Diputados.

Estas continuidades se ven ilustradas por el ascenso de Menem y Kirchner de la gobernación de una provincia menor a la presidencia. Ambos usaron sus ventajas fiscales y políticas para lanzarse a la presidencia.

Cambios:

En cuanto al federalismo fiscal, el gobierno nacional aumenta su participación en el gasto público así como intensifica la condicionalidad política de las transferencias a las provincias.

Consecuentemente, hay una mayor subordinación de las provincias al gobierno nacional, o más bien un mayor entusiasmo de los gobernadores con el gobierno de los Kirchner.

Desnacionalización del sistema partidario (a costa de la UCR), lo que explica el entusiasmo de los gobernadores radicales con un presidente peronista.

Federalismo fiscal, rentismo subnacional y “emiratos provinciales”

El gasto público se reparte en partes iguales entre gobierno nacional y subnacional. Sin embargo, la mayoría de la recaudación la realiza el nacional. Esto significa que las provincias se financian mediante transferencias del gobierno. Hay grandes diferencias entre la cantidad de dinero transferido a las provincias. Algunas, como Santa Cruz, llegan a recibir hasta 7 veces más por habitante que Buenos Aires. En general, una provincia con pocos habitantes, recibe más dinero por persona, sin importar si se trata de provincias ricas o pobres. Esto resulta en provincias de poco peso económico con gobiernos muy ricos, en los que gran parte de la población es empleada y depende de las rentas fiscales del gobierno provincial. Se los compara con países como Qatar o Kuwait debido a que no dependen económicamente de sus recaudaciones fiscales, sino de las rentas externas (Formosa de la coparticipación fiscal y Qatar de las regalías petroleras).

Provincias híbridas: donde el autoritarismo eclipsa la democracia

Al igual que en los estados de Medio Oriente, las provincias rentísticas tienen una democracia precaria. Estudios han encontrado una relación entre el nivel de democratización y la cantidad de transferencias federales per cápita. Desde 1983, en provincias como La Rioja o Santa Cruz, los mismos partidos han ganado 7 elecciones a gobernador.

A estos se los llama regímenes híbridos: Instancias en las que se combina autoritarismo y democracia. Son democracias en el sentido de que existen las instituciones características de la democracia, como elecciones multipartidistas, poder judicial independiente, representación de minorías en legislaturas; no son democráticos ya que los sistemas electorales están fuertemente sesgados, los medios de comunicación están sesgados, la independencia judicial no es real. Un estudio realizado por Gervasoni ilustra los niveles de democratización en función de la independencia judicial y ventajas económicas y mediáticas, revelando lo poco democráticas que son estas provincias.

Desproporcionalidad: de como Alberdi y Bignone ayudaron a Menem y Kirchner.

Hay una extrema sobre-representación de las provincias pequeñas en el Senado: las 12 provincias menos pobladas (13% de la población) tiene el mismo poder que las 12 más pobladas (87% de la población). En la Cámara de Diputados, ocurre lo mismo. Esto se debe a una ley que garantiza un piso de diputados a las provincias, modificada en 1983 por el general Bignone aumentando el mínimo de 4 a 5. Resulta fácil para el Nacional “comprar” apoyo (legislativo o electoral) mediante concesiones (de financiamiento o saldo de deudas) que no representan una parte significativa de sus recursos, pero que son de alto valor para las provincias pequeñas, que entregan a cambio un porcentaje electoral valioso. Estos “distritos de bajo mantenimiento” generan gobernadores que, armados con altas rentas del federalismo fiscal, hegemonía regional y recursos legislativos, se pueden lanzar a la presidencia, como Kirchner o Menem.

Centralización fiscal: sobre como algunas provincias financian “la caja”

El Kirchnerismo acentuó la recaudación fiscal de manera cuantitativa y cualitativa: cuantitativamente, por el ingreso por retenciones a exportaciones, con alícuotas crecientes y con un alto precio de la soja. Cualitativamente, fue el mayor uso discrecional y político del federalismo fiscal. Los gobernadores debían, para mantener el apoyo fiscal, no tomar un rol opositor al gobierno y unirse al Kirchnerismo (ya sea por el PJ o transversalidad). Las retenciones a las exportaciones (no coparticipables) también redujeron el ingreso por impuesto a las ganancias (coparticipable), con lo cual la balanza se inclinó hacia el agrandamiento del Tesoro Nacional. Esto, junto con el mencionado uso discrecional y político del federalismo fiscal, hizo que los gobernadores apoyen en masa al Kirchnerismo.

Centralización política: de por qué todos los gobernadores radicales son K

Los gobernadores mostraron una fuerte sintonía política pública con los Kirchner. Esto se debe a que los gobernadores son políticamente estratégicos y el alineamiento con Buenos Aires parecía condición necesaria para la supervivencia en cuanto el Kirchnerismo se mantuvo fuerte en el poder. Los gobernadores afirmaban que no era posible llevar adelante un proyecto provincial exitoso sin el apoyo del gobierno nacional.

La subordinación de los gobernadores aun de aquellos de partidos opositores y de las provincias más poderosas es la consecuencia de la centralización política y fiscal.

Territorialización recargada: Kirchnerismo en Buenos Aires, peronismo en Córdoba, Socialismo en Santa Fe y macrismo en la Capital Federal.

Desde el Kirchnerismo, el proceso de desnacionalización, en el que la UCR antes vista como la alternativa principal al PJ ha perdido su prestigio, se ha profundizado y la emergencia de partidos locales en algunas provincias u otras alternativas como el socialismo de Santa Fe o el macrismo de Capital Federal ha ocurrido.

Conclusión: la “debilidad institucional”, también a nivel subnacional

El federalismo y la política provincial sufren de debilidad institucional: el sistema de federalismo fiscal es inequitativo, carece de normas estables o claras de distribución, y es “laberíntico” en el sentido de que tiene reglas complejas de coparticipación. En algunas provincias los regímenes son poco democráticos. Las provincias pequeñas, de predominio rentístico e hibrido, están sobre-representadas en el Congreso nacional.

 

Lodola – La Política en Tiempos de los Kirchner

La relación entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes se vio afectada por tres factores: las instituciones fiscales, la política tributaria y la política financiera.

Instituciones fiscales

Si bien se introdujeron escasas modificaciones a las instituciones fiscales, estas tendieron a beneficiar al gobierno nacional a costa de las provincias y los municipios. Se analizan un intento fallido de reforma del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La reforma del régimen de CFI debería ser impulsada debido a un acuerdo con el FMI, pero no se llevó a cabo debido a varias razones: la reforma debía ser consensuada con los gobernadores y las legislaturas provinciales, cosa difícil de obtener (ninguna provincia quiere recibir menos). Se discutía, entonces, no la masa coparticipable, sino cómo repartir el excedente de recaudación. Asimismo estaba presente el conflicto entre Kirchner y Duhalde por el liderazgo del PJ (algunos gobernadores miraban con recelo el armado “transversal” y amenazaban con oponerse a la reforma).

Entonces, se avanzó con lo siguiente establecido por el FMI: la responsabilidad fiscal (importante ya que garantizaba que no se desviaban fondos destinados a pagar la deuda). El objetivo de la LRF era controlar la expansión del gasto público. La tasa de aumento del gasto (Nacional y provincial) no puede ser mayor que la tasa de aumento del PBI. Estos criterios reducen la capacidad de los gobernadores para definir prioridades de gasto y limita el uso de los recursos públicos para financiar gastos corrientes; y refuerzan la autoridad del gobierno central, facultándolo a hacer acuerdos bilaterales con gobernadores (para renegociar el acceso a financiamiento), excluyendo a las provincias no cumplidoras de recibir asistencia financiera, y confiriendo poder de veto al nacional en el órgano que dictamina sanciones por el no cumplimiento de la LRF.

Política Tributaria

No introdujeron cambios significativos en materia impositiva, aunque fue activo en conceder excepciones a ciertos sectores. Centralizó la recolección de impuestos no (o escasamente) coparticipables, notablemente, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

La ley de Competitividad que implementó el impuesto al cheque disponía que el total de la recaudación estuviese apuntado al mantenimiento del crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía, pero fue modificado en 2006 para que el 70% de lo recaudado fuese al gobierno nacional y el resto a las provincias.

Las retenciones estaban excluidas del reparto a las provincias. En el medio del conflicto con el campo, el gobierno intento dirigir los fondos obtenidos con retenciones móviles superiores al 35% a construir centros de salud, viviendas populares, etc., pero no fue bien recibido. El gobierno emitió un decreto para crear el Fondo Federal Solidario. Se estableció que el 30% de los ingresos por exportación de soja irían a las provincias adheridas al fondo para financiar obras de infraestructura. Además, cada provincia recibiría un porcentaje con arreglo a la CFI. El 30% de lo recibido también tendría que ser distribuido con los municipios. La creación del fondo atendía los reclamos de algunos gobernadores que adherían a la postura del campo al tiempo que fomentaba el encolumnamiento político de los intendentes.

Estos recursos extraordinarios sirvieron para: sumar apoyos políticos a nivel municipal, sorteando a los gobernadores podían oponerse, y ganando apoyo en los conglomerados urbanos a través de la infraestructura. En el período Kirchnerista se vio entonces un fenomenal aumento del flujo de inversión en los municipios, yendo la mayoría de estos a Buenos Aires, lo que muestra que se usó este dinero para disciplinar caudillos peronistas del conurbano.

Política financiera

El gobierno de Menem implementó una serie de medidas para contener el endeudamiento y el gasto provincial, consistente en la privatización de los bancos provinciales y el traspaso de las cajas previsionales a la Nación. En consecuencia, las provincias comenzaron a financiarse con préstamos de la banca privada o en menor medida prestamos con los OIC y títulos públicos. Esto resultó en un aumento amplio anual de la deuda provincial.

Con el gobierno de Duhalde comenzó el programa de reestructuración voluntaria de la deuda pública provincial a través de Programas de Asistencia Financiera (PFO), acuerdos en donde una provincia accede al financiamiento de la Nación para cubrir su déficit financiero. Este proceso de reestructuración permitió que las jurisdicciones regularizaran sus obligaciones y mejorarán el perfil de los vencimientos.

El refinanciamiento de la deuda por parte de la Nación fue un instrumento utilizado por el kirchnerismo para el alineamiento político. Las administraciones kirchneristas aprovecharon el dominio financiero de la Nación para ejercer presión política en los gobernadores para conseguir la reelección. El gobierno contó con la autoridad para decidir cuánto, cuándo y a quién se les asignaban los fondos. El Kirchnerismo pudo garantizar el apoyo de las provincias a través de su solvencia fiscal (la provs perdieron capacidad de ahorro) y la necesidad de financiamiento de la Nación.

En 2010 se anunció el Plan Federal de Desendeudamiento de las Provincias (PFDP) que representa para las provincias participantes una quita de la deuda que mantienen con la Nación y un significativo ahorro por diferimiento de plazos y reducción de las tasas de interes. La pérdida de ingresos para la Nación es menor que la coparticipación del impuesto al cheque.

Conclusiones

En el segundo mandato de Cristi el gob no podrá negociar con las provs desde el mismo lugar de superioridad debido a que no pueden ejercer presión para la rereelecion. Esto traerá algunas pérdidas para el estado de la Nación.

La estrategia kirchnerista depende completamente del ciclo económico. Si disminuye el crecimiento y cae la recaudación, la capacidad redistributiva del gob se verá afectada.

 

 

Malamud – La Política en Tiempos de los Kirchner

La herramienta institucional plural que quiso construir Néstor Kirchner, la Concertación Plural, cesó de ser luego de cumplir su función, que era garantizar la reelección Kirchnerista.

La persistencia de los actores

A partir de 1945, la escena política se dividió en peronismo, encarnado en el PJ, y no peronismo, cuyo principal representante fue la UCR. En elecciones libres, siempre ganó el peronismo hasta el ’70, y luego del ’83, ambos partidos tuvieron presidencias hasta la crisis del 2001, en la que ambos partidos sufrían divisiones y crisis. Luego de esto, sin embargo, el peronismo ha dominado el escenario político, y el radicalismo se mantiene como segunda fuerza a nivel parlamentario, municipal y provincial.

La persistencia del radicalismo se explica por tres razones:

Gobierna insatisfactoriamente, pero es competitivo en la arena electoral: si bien han ganado siete elecciones en el siglo XX, no ha mostrado un interés por la administración eficiente, no ha concluido sus últimos cinco mandatos.

Tiene arraigo territorial, pero solo se puede conducir desde Buenos Aires: siempre obtiene mejores resultados en el Interior que en Buenos Aires, sin embargo, sus liderazgos nacionales han provenido de Buenos Aires, ciudad o provincia.

La única manera de renovar el liderazgo, es la muerte del líder: nunca en su historia el radicalismo ha reemplazado el liderazgo nacional mediante el método de elecciones internas.

Estas características son antitéticas del peronismo:

Aprendió a durar en el gobierno: luego de tres períodos interrumpidos, ha concluido cuatro términos.

Gobiernan desde el centro, pero la proveniencia del centro no es requisito (ejemplo: Menem o Kirchner).

Para conquistar el poder partidario, se llega por la competencia electoral. El peronismo ha tenido cuatro líderes distintos en solo 30 años.

Su flexibilidad adaptativa es evidente en sus procesos de nominación de candidatos. Llama la atención que se pueda presentar más de un candidato a la presidencia, sin ningún “costo de reingreso”. Este es uno de los mecanismos para la elección de líder además de las internas o los acuerdos de cúpula. Asimismo, se le suma otro, que es el de manipular las reglas electorales, en beneficio de ciertos candidatos. En resumen existen cuatro formas: formal desde adentro (internas), informal desde adentro (acuerdo de cúpula), informal desde afuera (división del partido) y formal dese afuera (manipulación de reglas electorales). Consecuencia de esto fue que a partir de los ’90, se haya posibilitado la candidatura de extrapartidarios y el viraje programático en los gobiernos de Menem y Kirchner.

La persistencia sistemática

¿Por qué no surgió una tercera fuerza? Además de errores estratégicos, hay impedimentos institucionales: El sistema electoral limita la representación de las minorías debido a la pequeña magnitud de los distritos electorales, y la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas, con sociedades más tradicionalistas. Asimismo, la renovación por mitades de la Cámara de Diputados hace que no refleje los resultados de la última elección, sino de las dos últimas, minimizando el impacto de una elección favorable a un partido nuevo y poco establecido.

Delamata – Amanecer y progreso de un repertorio social activista de derechos bajo la democracia recuperada

La lucha e interacción de movimientos y grupos sociales con el Estado en demanda de hacer efectivos distintos derechos se ha expandido en los últimos años. Este retoma una trayectoria iniciada en la transición democrática. Los derechos humanos garantizaron que los actores sociales pudieran utilizar el discurso legal para impulsar sus causas.

Procesos

La invocación de derechos e internacionalismo jurídico dieron impulso a un reclamo colectivo de derechos. La importación de los derechos humanos se estableció como un límite de la acción estatal y social contenciosa. Permitiría incorporar nuevos reclamos y representaciones como derechos exigibles. Un ejemplo de este tipo de movimiento “expansivo” fue el caso del movimiento de mujeres. Con asiento en la noción de igualdad de trato o antidiscriminatoria, se proporcionaron nuevos pisos legales de equiparación civil y política entre las mujeres y los varones.

La reforma constitucional de 1994 profundizó este giro, incorporando nuevos derechos y tratados internacionales, con la posibilidad de presentar reclamos colectivos por vía judicial. Estas cláusulas sin embargo no fueron guía de la política pública ni marco de acción para el movimiento social. Las reformas constitucionales se mantuvieron ajenas a la protesta social, en un momento en que parecía que se atentaba contra la idea misma de derechos sociales. Se expandieron las organizaciones dedicadas a la defensa y el litigio de derechos en rigor con la reforma.

Repertorios, patrones

La dinámica de creación de los derechos contrastó con la de Brasil. Como consecuencia del modo en que movimientos sociales y derechos se combinaron, dando entidad a distintos arreglos institucionales, éstos imantaron el desarrollo posterior de relaciones entre sociedad y Estado, en la práctica de dar vida a los derechos. En Argentina, el aprendizaje del uso del derecho para peticionar, la conformación de una comunidad socio-legal activista en derechos humanos y la renovación de la estructura normativa estatal, cimentó un cambio de comportamiento en la lucha política. En Brasil surgieron canales de interacción entre el estado y la sociedad, como los consejos sectoriales federales, y en Uruguay se expandió el uso de los plebiscitos.

Efectos, impactos

No todas las acciones que buscan dar existencia legal y social a los derechos cumplen. Pueden no estar aplicados bien o no ser obligatorios. No obstante, esta forma de intervención ha tenido otras consecuencias: alterando la relación entre derechos y política; e impulsando una renovación de la narrativa democrático-comunitaria.

Gargarella – 30 años de derechos humanos en la Argentina (1983-2013)

Tres cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Argentina en los últimos 30 años:

Como volvieron a ocupar un lugar central en la vida pública

Los juicios contra los militares

Recorrido y evolución de los derechos civiles, políticos y sociales (últimos 30 años)

 

Derechos fundamentales versus poder político

Luego de la dictadura, se afirmó una idea robusta de derechos humanos firmando tratados internacionales e incorporándolos a la constitución. Esto significaba modificar la estructura históricamente establecida en el derecho argentino. Se comenzaron a reconocer las obligaciones jurídicas en relación con los derechos humanos, que estaban colocados en un lugar prioritario, culminando con su inclusión en la constitución del ’94. Simbólicamente, implicó dejar atrás una actitud de menosprecio hacia ellos, y políticamente significó alinearse con el mundo occidental.

Una de las consecuencias de esto fue que se pasó a concentrarse mucho más en los derechos humanos en contraposición con su posición anterior de menosprecio, dejando de lado la organización de la estructura del poder. Surgen estados con constituciones modernas en cuanto a los derechos, y anticuadas en cuanto a la configuración del poder. Reafirmaron la autoridad de poderes ejecutivos todopoderosos. El resultado sería estados que afirmaban en su constitución una obligación, por ejemplo, con los pueblos indígenas, y luego no la cumplían.

Derechos humanos y justicia transicional

El procedimiento de los juicios a los militares fue altamente irregular. Movilizaciones populares; la intención del gobierno de comenzar los juicios; las obstaculizaciones impuestas al proceso; ampliación de la política de indultos; nuevas movilizaciones; tendencias políticas en contra de las políticas del perdón. El problema reside en que el gobierno se mostró muy sensible a presiones sectoriales, más que a las manifestaciones populares colectivas.

También se debe mencionar la manera en la que se construyó una respuesta para los crímenes: Si se debía dejar la decisión en manos de la democracia o de la justicia. En Argentina, gran parte de la población respaldó las decisiones del juez Cavallo de ir en contra de la amnistía impuesta en 1987.

Derechos humanos, más allá de la justicia transicional

Definitivamente, los derechos fueron puestos al servicio de las decisiones políticas del momento. Solo se fortalecieron y crecieron si hubo los recursos necesarios. Como balance hay que destacar igual que se puso un acento grande en recuperar los derechos perdidos en el régimen anterior. En los ’90, se sacrificaron algunos derechos constitucionales, como los de los trabajadores. Luego de la crisis del 2001, los derechos se expandieron de nuevo y tomaron un tinte social.

Nota: revisar con la guía de lectura

Caminotti – La representación política de las mujeres en el período democrático

Los derechos, libertades y posibilidades de participación son parte clave de la democracia, ya que permiten afectar las decisiones políticas. Sin embargo, existen barreras de discriminación, como la de género.

En el caso de la Argentina, el congreso ha avanzado mucho en esta cuestión, siendo uno de los que tiene mayor porcentaje de representación femenina. Esto abrió el debate y la posibilidad de nuevos proyectos de derechos humanos y nuevas perspectivas en la agenda nacional. El uso de mecanismos efectivos, como la ley de cupos, abrió oportunidades. Sin embargo, todavía falta representación en los cargos gubernamentales.

Las dos caras de la representación de las mujeres: estar y actuar

¿Por qué es importante? Un argumento sería que atenta contra la representación política. Desde una perspectiva sustantiva, concentrada en la actuación de los representantes, lo importante debería ser la responsabilidad de los funcionarios, no su género. Desde una perspectiva descriptiva, que se concentra en el reflejo del representante de una parte de la población, el aspecto más relevante de una institución legislativa sería su composición social. Las experiencias de los representantes importan ya que brindan una perspectiva que sino no sería tomada en cuenta.

La representación descriptiva: cuotas de género y acceso a las cámaras legislativas

Con Alfonsín, el mayor avance tuvo su lugar en reformas de la legislación civil y familiar. En el ’91, se implementaron cuotas electorales para incluir mujeres como candidatas en los partidos políticos, y fue determinante para ampliar la participación femenina en el Congreso. En la reforma del ’94 se incorporó el principio de igualdad real de oportunidades que permitió al congreso impulsar acciones de regulación de los partidos y el régimen electoral. El resultado fue un gran aumento de la representación femenina en ámbitos como la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, la mayoría de las cabezas de las listas nacionales siguen siendo hombres, y también la participación se limitó a un ámbito legislativo y no tanto a otros como las gobernaciones e intendencias.

La representación sustantiva: avances y desafíos para el logro de una plena igualdad

Al posibilitar una representación efectiva mediante el cupo, esto generó un aumento en la representación sustantiva, facilitando perspectivas más diversas y maneras para lidiar con ciertos problemas relacionados con miradas y preocupaciones de la experiencia social de las mujeres. La mayoría de las propuestas relacionadas con temas como la violencia de género o el aborto fueron presentadas por funcionarias. Asimismo fueron clave para la aprobación de numerosas leyes, como la ley de Cupo Sindical Femenino o la ley de Salud Sexual y Procreación Saludable. Aun así, temáticas como la del aborto todavía se encuentran atrasadas. Asimismo, algunas comisiones consideradas “femeninas” gozan menos jerarquía que las “tradicionales”, como las de Economía o Industria.

DiMarco – Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista

1 Introducción

El pueblo feminista es la cadena de equivalencias que permitió la emergencia de un pueblo que supera al feminismo pero del cual es un punto nodal. Antagoniza con el catolicismo. Se aludirá al integrismo católico y a su relación con los derechos de la mujer, teniendo en cuenta la influencia de la Iglesia en la sociedad argentina. Su discurso sobre la sexualidad se ve contestado por el feminismo.

2 El movimiento de mujeres

En la década de los ’80, Latinoamérica se caracterizó por gobiernos militares y por la lucha por derechos humanos por distintos grupos, como los indígenas o las mujeres. Estos movimientos trajeron a la arena pública los derechos de las mujeres denunciando la violencia de género, la falta de políticas de salud reproductiva, la discriminación laboral, etc. El movimiento se caracterizó en tres vertientes:

la participación en los movimientos de derechos humanos

las acciones colectivas de las mujeres de los sectores populares

las mujeres del movimiento feminista (sectores medios)

Comienza a instalarse el debate en los ’80 para desnaturalizar la subordinación, el acoso y la violencia. Consecuentemente, se comenzaron a demandar derechos, impulsados por conferencias como las de las Naciones Unidas, y se inició el proceso de adopción de distintas posturas favorables. El siguiente paulatino aumento de la representación femenina es resultado de la incorporación de estas corrientes y de los esfuerzos de las activistas. Gran parte de las asociaciones de mujeres surgieron en los ’90, más tarde que en otros países como México o Brasil.

3 El feminismo popular

La emergencia de un feminismo popular surge de la participación de las mujeres en diferentes espacios de lucha, como los Encuentros Nacionales de Mujeres. Estos encuentros fueron creciendo en magnitud. A partir de 1997 se le sumaron las mujeres de organizaciones de trabajadores desocupados. Aquí aparecen las influencias contrarias como los sectores reaccionarios o la Iglesia que buscan obstaculizar el discurso de cosas como el aborto, la anticoncepción, o la oposición a la estructura patriarcal y familiar. En 2003 comienzan el énfasis en los derechos sexuales, notablemente, el pañuelo verde.

La base de la radicalización de la lucha por el aborto es el intento de la Iglesia de interferir con los grupos. Este reclamo, junto con los vinculados a la violencia de género y el reclamo del trabajo digno, son los principales de las feministas populares. Luego surge la demanda por la legalización del aborto y que sea gratuito, así como de la educación sexual.

La hegemonía del catolicismo integral

El catolicismo integral encuentra su arraigamiento en los años ’30, a partir de los golpes de Estado, que impulsaron un proyecto de catolización. Este movimiento católico integral identifica lo “católico” con lo “nacional”, razón por la cual toma presencia en el ámbito estatal y la sociedad civil. Desde ese momento hasta la actualidad el catolicismo ha tenido presencia en la sociedad argentina y sus aspectos. Este catolicismo está caracterizado por dos ejes:

El discurso sobre la sexualidad

El discurso sobre el trabajo

Y asimismo está conformado por un modo de llevarlo a cabo: un orden asentado en las FF. AA. y las fuerzas conservadoras, los sindicatos y distintas áreas del Poder Ejecutivo con las que influencian políticas educativas y de salud. Sus bases están en el patriarcado (sexualidad como actividad de procrear, maternidad como identidad femenina, etc.). Con el gobierno de Menem se tomó una postura conservadora.

El feminismo y la cuestión del aborto

En 1988, diferentes grupos de mujeres fundaron la Comisión por el Derecho al Aborto, dedicada a la discusión y difusión de temáticas de salud sexual, principalmente, la promoción de la legalización del aborto. Impusieron la consigan “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esta, junto con muchas otras asociaciones de mujeres, se unieron para oponerse a una clausula propuesta para la reforma constitucional que garantizaba el derecho a la vida a partir de la concepción. Los movimientos de mujeres y los grupos feministas se articularon en una estrategia (que incluyó medios de comunicación, profesionales médicos, actividades callejeras, el recientemente adquirido poder de legisladoras) para vencer a los sectores reaccionarios conservadores. Faltaba la articulación con las mujeres populares.

El cambio de escenario

Luego de los sucesos del 2001, las organizaciones propiciaron la formación de la Asamblea por el Derecho al Aborto, incorporando las demandas como la de educación sexual o anticoncepción. En el ENM de 2003 se comenzaron a discutir cómo llevar a cabo la legalización y desarticular a la oposición católica. Este fue un punto de inflexión en el sentido en que: 1) El feminismo se articulaba con las mujeres de sectores populares y 2) Pasó a una fase propositiva. Era considerado un bueno momento debido a la plataforma generada por las luchas anteriores. Los fundamentos de las demandas refieren a cuestiones de democracia y de derechos humanos de las mujeres, y se basan en el reconocimiento de que son las mujeres pobres quienes sufren por la práctica del aborto clandestino.

La contraofensiva católica

Ante esta situación, la Iglesia tomó una postura defensora del patriarcado e influyó en la política. Postulándose como fundamental eje de la sociedad debido a su trabajo de ayuda con los pobres en un contexto de desaparición del Estado de Bienestar para justificarse. Denunciando la situación de pobreza y trabajando en gran proximidad con el estado lograron que se adopten las posturas del Vaticano en relación con la sexualidad.

En 2006 se estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, condenado por la Iglesia.

En 2007 atacaron una presentación para la Atención de los Abortos no Punibles.

El gobernador de La Pampa vetó una ley que regulaba los abortos no punibles.

La Iglesia ejerció presiones para evitar un proyecto de promoción de operaciones anticonceptivas gratis en los hospitales.

En 2008 la Comisión Episcopal de Educación Católica se negó a aprobar el programa de educación sexual impuesto.

(Incompleto)

Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya – Introducción al Análisis de Políticas Públicas

Introducción

Las políticas públicas no son objeto de elección de un planificador social que busca maximizar el bienestar de la población, sino más bien consecuencia de un proceso de que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan.

Los estudios que abordan estos temas en América Latina pueden considerarse según su enfoque. Uno de estos son los que corresponden al análisis de la economía política, concentrándose en la influencia que ejercieron factores externos y grupos de interés. La mayoría de estos producidos en la década del 60 y el 70. Paralelamente, otro grupo se ocupó de análisis sectoriales de las políticas públicas. Gran parte de estos, consideran a las políticas como unidades discretas que pueden ser estudiadas prescindiendo del contexto, es decir, fuera de su razón de adopción o consecuencias. El énfasis estuvo puesto en la conceptualización y medición de “impactos” de políticas estatales sectoriales. Para otros autores, el énfasis debería ser las instituciones políticas. Ponen el prisma sobre la habilidad de los actores políticos para lograr resultados cooperativos y mantenerlos en el tiempo.

Políticas Públicas en Argentina

Se analiza la manera en que interactúan las fuerzas de cambio y la inercia de la continuidad. El análisis de estos cambios se ha dado por dos explicaciones antagónicas:

Una que pone el énfasis en variables político-institucionales. En este, las políticas públicas se caracterizan por ser inestables y volátiles.

Otra que centra su atención en determinantes de tipo burocrático-estatal. Estas consideran lo que sucede al interior del Estado como instancia previa a la implementación de las políticas. La estabilidad o inestabilidad de estas dependen de lo que determina el ritmo de los ciclos políticos.

Los ciclos de la política argentina: del capitalismo oligárquico a la recuperación del Estado

Capitalismo Oligárquico (1860-1914)

La política en este período tuvo dos dimensiones: El bloqueo de la participación a sectores subalternos, y la participación de las clases propietarias. Este mecanismo permitió mantener el orden generando y garantizando las relaciones sociales, y también fue el núcleo articulador que permitió que las clases altas se quedasen con una parte importante del excedente de ingresos.

Las políticas públicas se caracterizaron por:

Políticas generadoras del mercado de trabajo y disciplinamiento de la mano de obra

Aparición de seguros sociales de carácter mutualistas, cada vez más regulados por el estado

Secularización de la educación básica con imperativos de homogeneización sociocultural y adecuación a las necesidades productivas

Políticas dirigidas a la generación de infraestructura social básica

Secularización parcial de dispositivos asistenciales

Se ve la fractura de este modelo con la sanción de la Ley Saenz Peña y con los sucesivos gobiernos radicales de 1916 hasta 1930. La descomposición de este modelo se dio por demandas que cuestionaban los mecanismos oligárquicos de dominación de las arenas políticas. Asimismo, las políticas públicas dejaron paulatinamente de representar solo los intereses burgueses y comenzaron a portar intereses más generales. El estado de los capitalistas se transformó en un estado capitalista.

Estado Social (1930-~1970)

Proceso de gran transformación dado por la imposibilidad del régimen oligárquico de incorporar actores sociales emergentes. Las políticas públicas se caracterizaron por la combinación entre seguridad social y mecanismos de asistencia pública dirigidos a los sectores más pobres que no formaban parte de las prácticas productivas.

Las políticas públicas se caracterizaron por:

Garantizar pleno empleo y generalización de las relaciones salariales

Se regularon los contratos de empleo

Generalización del sistema de seguros sociales

Expansión de la educación pública (media y superior)

Creación de una red de salud pública estatal

Regularización de servicios de infraestructura social

Políticas asistenciales a sectores pobres (absorberlos al mercado de trabajo).

Económicamente, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se caracterizó por políticas dirigidas al fortalecimiento de la oferta, es decir, a partir de un conjunto de programas y agencias, la producción y financiamiento fueron llevados a cargo por el Estado. Este modelo presentaba grandes pérdidas para ciertos sectores. Las crecientes preocupaciones por el avance de los grupos sociales sumados al deterioro de los recursos del Estado; culminaron en un proceso marcado por inestabilidad política (golpes de estado), económica (inflación), y uso de la violencia.

Proceso de Desestatización (~1970-2001)

Este modelo con el Estado como centro de la organización societal colapsó debido a conflictos distributivos, enfrentamientos políticos-ideológicos y crisis financieras. Surgió una visión antiestatista que justificaba el malestar económico con el ISI; así como proponía que la causa de los conflictos sociales era las disputas sectoriales en torno a la regulación estatal de la distribución de ingresos.

La política económica consistió en:

reforma macroeconómica, control del gasto público, liberalización financiera

reforma del sector externo, liberalización de importaciones, eliminación de subsidios a empresas estatales

promoción del desarrollo de empresas privadas, privatizaciones, desregulación, atracción de inversores

En las políticas públicas se caracterizó por:

Desregulación y del mercado laboral (tendencia a reducción de costo de mano de obra).

Remercantilización parcial de coberturas por riesgo de vida

Revisión de competencias públicas de educación, tendiendo a la privatización de la enseñanza

Revisión de competencias públicas de salud, tendiendo a la descentralización y autarquización en un momento de aumento de la demanda

Ídem infraestructura social básica

Ídem servicios públicos

Ídem programas sociales.

Focalización en pobreza como mecanismo de asignación del gasto público

Aparición de modalidades de reinserción tutelada al mercado de trabajo

Se trató de un corrimiento del estado, un descentramiento de la política a favor de las relaciones mercantiles. Resultó en una distribución más inequitativa de los ingresos. Culminó con las crisis de 2001, económica (recesión, déficit fiscal), social (desocupación, pobreza) y política (inestabilidad, movilizaciones populares).

Recuperación del Estado (2003-2013)

Fue un proceso de recuperación del rol central del Estado. Esto se ve en el conjunto de políticas establecidas:

Mayores controles sobre los niveles de inversión de empresas privadas (controlar sus actividades)

Estatización de empresas previamente privatizadas

Regulación del mercado de trabajo

Subsidio a la oferta

Reestatización de la seguridad social

Democratización de medios de comunicación.

Han tenido mucho éxito en términos de distribución de ingreso.

El proceso de formulación de políticas en la argentina

En el proceso de formulación de políticas, participan una variedad de actores: estatales, políticos profesionales como presidentes, líderes de partidos, legisladores, etc.; grupos empresariales; sindicatos; civiles; medios de comunicación.

Partidos Políticos

Desde la reforma constitucional del ’94, diferentes factores han modificado el sistema de partidos políticos: por un lado, se ha fragmentado, aumentando el número de jugadores en el escenario político. Esta fragmentación se origina tanto en el sistema electoral como en factores históricos y culturales que han segmentado el sistema. Otra dimensión es la de la descentralización política regional, también referida como desnacionalización, los principales partidos políticos pueden describirse como confederaciones con base de poder subnacionales. Entonces, el fin del modelo bipartidista ha dado lugar a un escenario con un mayor número de actores partidarios y coaliciones partidarias más amplias.

El Poder Ejecutivo

El presidente tiene distintos recursos que le posibilitan influenciar políticas públicas para impulsar su agenda:

Facultades legislativas: Decretos de carácter legislativo que le dan un poder de negociación, y el veto, para bloquear lo que le sea contrario a su agenda.

Facultades no legislativas: Gabinete

Poderes partidarios: relacionados a la proporción de escaños que controle, y a la cohesión del partido o partidos de gobierno.

Todo esto depende, entonces, de sus resultados electorales. Si el gobierno no tiene mayoría en el congreso y pocos recursos fiscales, los más probable es que los gobernadores opositores tomen una posición de oposición contra el presidente, haciendo la gestión lo más difícil posible; contrariamente, se toma una posición de cooperación.

Gobernadores

Los gobiernos provinciales tienen control sobre un amplio abanico de políticas públicas, que se ha expandido en los últimos 25 años. Sin embargo, la recaudación está bastante centralizada, lo que lleva a que las provincias dependan mucho de las transferencias del gobierno central. La política partidaria tiene gran arraigo en el ámbito provincial. Muchas carreras políticas exitosas surgen de gobernadores de provincias. La sobrerrepresentación en ambas cámaras legislativas, las maneras en que se proponen candidaturas y las características del mecanismo fiscal federal las convierte en un ámbito crucial de intercambios políticos. Desde la vuelta a la democracia, su control se ha reforzado por dos factores: la posibilidad de reelección, y el control del calendario electoral.

 

 

Congreso

El poder legislativo tiene una estructura bicameral. Los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos en distritos plurinominales. Si bien las bancas deberían ser proporcionales a la población, el hecho de que las provincias tengan un mínimo número de cinco diputados resulta en sobrerrepresentación en diez casos. La sobrerrepresentación es incluso más alta en la Cámara de Senadores. Los legisladores, a diferencia de cómo es en otros países, no tienen un alto índice de reelección. No se especializan en comisiones sino que participan en un gran número de estas, y la mayoría, debido a la centralidad provincial en cuanto a política pública, la mayoría prefiere continuar su carrera en un cargo provincial. La poca duración de las carreras legislativas, no fomenta que el Congreso sea un actor poderoso en cuanto a formulación de política pública.

Poder Judicial

Si bien la constitución lo separa del Ejecutivo, efectivamente este poder no ha funcionado para regularlo. Esto se debe a la alta inestabilidad de los cargos, con un promedio de duración entre 1960 y 1990 de 5 años. Esto se modifica en 2003, ya que la coalición Kirchnerista hizo el proceso de selección más transparente y participativa.

Burocracia

Una forma de instrumentar acuerdos políticos, es la delegación de la implementación de ciertas políticas públicas a organismos independientes y calificados. Esto ha resultado en una combinación entre organismos de ‘excelencia burocrática’ (CONICET, INTI, AFIP, por ejemplo), con un servicio civil débil, mucha rotación, y falta de incentivo a largo plazo. Este “mosaico de organizaciones” dado porque la burocracia no es un ente homogéneo, ha caracterizado un proceso de avance intermitente. Se explica por la falta de interés a largo plazo en la política pública, expresada tanto en el Ejecutivo como en el legislativo cortoplacista. Esto se ha empezado a remediar a partir del 2003.

Actores de la Sociedad Civil

Empresas: Son las que más recursos tienen para gastar. Influencian la política en tres maneras: a través de asociaciones empresariales o medios de comunicación; cabildeo (lobby); y contribuciones a campañas electorales.

Medios de Comunicación: Capacidad de influencia en el establecimiento de la agenda, la aceleración de políticas, la razón de apoyo a estas, y el aumento del coste de las mismas.

Sindicatos: El sistema de partidos y las preferencias sobre políticas fueron en gran medida establecidos a partir de la relación entre los sindicatos y el Partido Justicialista durante la conformación estado-céntrica. Tuvieron un gran poder de negociación durante la sustitución de importaciones. La negociación a nivel nacional (a diferencia de por rama o empresa) posibilita que se negocien por el beneficio de todos los trabajadores. Esto significa que pueden llegar a apoyar medidas como más generales, como las liberales de los ‘90 en favor de estabilidad macroeconómica, aunque hayan perdido poder de negociación. A partir del 2003, hubo un cambio, representado por la centralidad de las convenciones colectivas de trabajo como mecanismo de negociación y también en el surgimiento de marcos regulatorios nuevos, cuya efectividad hizo que retrocediera la propuesta autoconvocada.

Movimientos Sociales: A partir del ’90, y debido a las consecuencias del modelo neoliberal (la incapacidad del estado de resolver los problemas causados por la pauperización del ingreso social) surgieron nuevos movimientos sociales y aumentó su influencia política. Los reclamos pueden ser puntuales o generales, reactivos o proactivos. En la crisis del 2001 surgen reclamos reactivos, efectuados por los distintos grupos que sufrían las consecuencias de esta. A partir de 2003 se integran a las instituciones existentes.

Principales Arenas de Políticas Públicas

El Juego Fiscal Federal

Debido a la importancia que tienen las transferencias para el funcionamiento de los aparatos estatales provinciales (los gobernadores, que son los principales actores de la política pública), el juego fiscal federal genera distorsiones en la política y las políticas públicas. Estos juegos pueden ser unilaterales, bilaterales o de coalición.

El Juego Presupuestario

Es contemporáneo (a partir del ’90). Casi toda la actividad presupuestaria sucede en el ejecutivo, ya que el congreso se encuentra en una situación de gran asimetría de poder. Dos reglas lo definen: la existencia o no de enmiendas al proyecto del presidente; y las disposiciones para el caso en que no se llegue a un acuerdo. En Argentina, no hay restricciones para enmendar un proyecto, pero, si no se llega a un acuerdo con el presidente en la fecha límite, se prorrogará el presupuesto del término anterior. Entonces, se aprobará un presupuesto nuevo si este es más cercano al legislador mediano que el presupuesto anterior; y se prorrogará si está situado entre las preferencias del actual presidente con veto y el legislador mediano.

Freytes – Empresarios y política en la Argentina democrática: actores, procesos y agendas emergentes

Algunas cuestiones analíticas sobre empresarios y política

Para el análisis de la relación entre empresarios y estado, hay que hacer algunas importantes distinciones.

La definición de empresario. De diferentes definiciones hay diferentes preferencias en cuanto a lo que se va a demandar en la arena política.

Capital como clase: harán demandas de clase, como derechos de propiedad, o garantías.

Sectores económicos: complejiza el análisis ya que agrega conflictos intracapitalistas.

La forma de propiedad del capital (doméstico o internacional): importantes para el desarrollo en la periferia global basados en la articulación entre Estado y empresarios nacionales.

Características de las firmas: pueden proporcionar ventajas en contextos económicos inciertos.

Empresarios individuales: explotan el acceso a decisores políticos, para por ejemplo desactivar riesgos, o acumular activos.

Mecanismos y arenas de participación política, y el tipo de “inversión política”.

Formales: a través de instituciones neocorporativas que intermedian intereses o a través de partidos políticos que defiendan los intereses de los empresarios.

Mecanismos informales: designación de expertos al frente de la política del área, medios informales para acceder a la burocracia pública o el Congreso en el proceso de formulación de políticas, redes que conectan empresarios y políticos, donaciones a campañas, entre otros.

El retorno de la democracia o la pregunta por el régimen político

En 1983 se llega a la conclusión de un período de inestabilidad política, subtendido por un conflicto distributivo: dos bloques sociales, que luchaban por establecer una política económica, cada una basada en una mirada distinta del desarrollo. La coalición orientada al mercado interno, promovía el gasto social y el aumento de salarios. Ante el aumento de la demanda, se producía una crisis en el sector externo y una devaluación, y se terminaban redefiniendo los términos de intercambio domésticos en favor del sector agroexportador. La burguesía industrial se beneficiaba de las dos fases.

Se nota una afinidad entre los regímenes autoritarios y la capacidad para imponer la recesión y baja de salarios a una población unificada bajo el movimiento peronista. Así, se explica que nunca desarrollaron instrumentos de avanzar sus demandas en un contexto democrático y que apoyaran los golpes.

La dictadura se planteó romper ese ciclo, con una política económica orientada a debilitar los miembros de la coalición mercadointernistas. La apertura externa causó grandes pérdidas a los empresarios del mercado interno, y una represión brutal posibilitó la caída del salario. Sin embargo, los legados más duraderos fueron consecuencia de los fracasos y horrores del régimen: el carácter imprevisible de las dictaduras marcó una separación de estas por parte de los empresarios, y los comprometió a la democracia.

Otro legado fue el de “capitanes de industria”, un puñado de grupos económicos favorecidos por el contexto de la dictadura, ya sea en base a mercados oligopólicos protegidos de la competencia externa, o surgidos por la ida de una multinacional. Estos se convirtieron en interlocutores privilegiados con el gobierno. En un contexto económico muy difícil (endeudamiento, bajo precio de exportaciones agrícolas, flujos negativos de capitales), el gobierno considero que estos sectores fuertes podrían garantizar las inversiones necesarias para mejorar la economía. En la negociación de políticas de ingreso también se involucraron a los sindicatos e identidades industriales. Las asociaciones del sector rural por su parte, adoptaron una postura de abierta oposición. El deterioro del frente externo y fiscal resultó en un proceso hiperinflacionario, pérdida del proceso político y un traspaso temprano al presidente Menem.

Los años ‘90 o la pregunta por la viabilidad política de las reformas económicas

El eje de la recomposición del poder político de Menem, fue el programa de reformas económicas y el éxito antinflacionario del Plan de Convertibilidad. Los clivajes de la política argentina fueron redefinidos en ese proceso, y se reveló que el peronismo, más que algo que amenace los intereses del capital, podía ser un aliado. La integración a los flujos financieros tuvo como consecuencia que los intereses de los empresarios también se vieron ajustados a los flujos financieros.

¿Qué rol cumplieron los empresarios en el proceso neoliberal? La liberalización significó la conformación de nuevas oportunidades de apropiación de rentas. Por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones en condiciones oligopólicas, en un contexto de gran beneficio para el sector no transable, generó grandes rentas para los adquirientes. Bajo un régimen democrático, la liberalización económica requirió de una manera u otra recompensar a los actores previamente protegidos. Estos eran muy fuertes en el caso argentino, entonces para lograrlo se desarrolló un modelo negociado de liberalización, que consistió en lograr el consentimiento concediendo desregulación (régimen automotriz) o activos en condiciones muy favorables (sector petrolero). Si bien esto favoreció a estos grupos formados durante la ISI, esta estrategia no sirvió para formar una clase empresarial capaz de enfrentar competencia internacional y expandirse, sino más bien lo contrario, una creciente extranjerización de la estructura empresarial argentina, al ser adquiridas muchas por multinacionales. Los casos exitosos (Arcor, Techint) fueron excepciones. En el sector agropecuario, la política consistió desmantelamiento de los instrumentos para intervenir en el mercado agropecuario, eliminación de impuestos para importar y liberalización para importar insumos y maquinaria.

La década kirchnerista: entre nuevos y viejos dilemas

La política económica Kirchnerista tuvo, como eje, la reestructuración de una coalición basada en los sectores populares. Cada vez que el capital internacional o doméstico mostró signos de perjudicar el crecimiento o la reconstrucción de la capacidad de consumo de la base social, la estrategia implicó antagonizarlos. Así, la lógica caracterizó:

La negociación de la deuda en default, con términos inéditos.

Congelamiento de precios y renegociación de contratos con empresas de servicio público

Restricciones a las exportaciones para controlar precios de bienes de consumo masivo

Esto en un principio tuvo buenos resultados, favoreciendo la recuperación económica, restituyendo el poder de demanda de los sectores populares y la pacificación social; en un contexto de precio record de commodities. Sin embargo, comenzó a encontrar limitaciones en el frente fiscal y externo. Frente a esto, el gobierno insistió en su política, intensificando las características heterodoxas, confrontando a los empresarios en varias arenas políticas, y aumentando el control o poniendo bajo su control empresas privatizadas. Por ejemplo, el aumento a las retenciones agrícolas, o la reestatización de YPF y las jubilaciones.

 

Temario para repasar
Bonvecchi y Zelaznik – Recursos de gobierno
Recursos de Gobierno
• Institucionales
1. Gabinete
2. Veto
3. DNU
• Partidarios
1. Contingente legislativo
2. Cohesión partidaria
• Fiscales
1. Transferencias
2. Modificación presupuestaria
Uso y eficacia de los recursos
• Institucionales: Gabinete compuesto por miembros del partido o coalición, para generar alianzas, o simpatizantes del presidente. El presidente tiene mucho peso legislativo. Veto muy común para modificar o detener proyectos, rara vez hay insistencias exitosas. DNU herramienta común, algunos presidentes le dan más uso que otros.
• Fiscales: Concesión de transferencias de mayor discrecionalidad en situaciones de minoría en el Congreso. Proceso de centralización de autoridad fiscal proporcional al mayor uso de transferencias. Con Kirchner comienza a bajar la centralización.
Conclusión
• Tensión entre los poderes y sus condiciones de uso
• Tensión entre el uso y sus consecuencias
De Luca – Gabinete a través del tiempo
Nombramiento de ministros: 3 factores
• Como llega a la posición y como es el partido ganador
• Trayectoria del presidente
• Objetivos y contexto del mandato
Composición – Alfonsín: UCR; Menem: Empresarios, poca relación con PJ; De la Rúa: UCR y FREPASO; N. Kirchner: Coalición (3 peronistas, 3 de Duhalde) y círculo íntimo; CFK: Mantuvo
Relación – Alfonsín: Radial, reuniones individuales, ‘gabinete paralelo’; Menem: Piramidal móvil, numerosas reuniones frecuentes; De la Rúa: Círculos concéntricos, pero solo consultaba su círculo cercano; Kirchner: Radial. Toma de decisiones por la pareja presidencial y círculo de confianza.
Cambios y estabilidad – Menem, de la Rúa y Alfonsín: Cambio refleja escenarios críticos, virajes en la orientación. Grupo reducido desempeña distintos cargos; Kirchner: Relativa estabilidad.
Superministros – Hasta 2005, m. de economías muy sobresalientes, luego, poco notorios. Néstor como su propio ministro, tomaba todas las decisiones.
Jefe de gabinete – Pensado para dividir el ejecutivo y desconcentrar tareas del presdiente. Resulta otra herramienta del presidente. Menem: Funcionario de confianza; De la Rúa: Siguió siendo un recurso presidencial; Kirchner: vocero del presidente.
Conclusión
• JGM no balanceo poderes del presidente
• Concentración del poder en tiempos de los Kirchner, el gabinete no se usó para alianzas, hubo relación radial y dejo de haber un ministro de economía prominente.
Gargarella – Kirchnerismo y justicia
Análisis de la relación Ejecutivo/Justicia en el gobierno de Kirchner
• Cambio a la composición de la Corte: La hace más atractiva, transparente, diversa. Posteriormente, ignoró a la Corte y actuó en contra de sus órdenes.
• Reforma del Consejo de la Magistratura: Ley 26.080, puso mayoría oficialista, modificando el equilibrio previo.
Relación con democracia
• Se manejó unilateralmente (no escucho oposición, ni toleró cambios, ni abrió debate)
Conclusiones
• Constante: iniciativa liberal efímera, seguida de un giro conservador
• Estrecha visión de democracia del Kirchnerismo
Gervasoni – Gobiernos subnacionales
Canales de comunicación nacional-subnacional
1. Mayoría de presidentes fueron gobernadores
2. Miembros del Congreso elegidos en distritos provinciales
3. Aprobación de políticas depende de gobernadores
4. Posibilidad de remoción de gobernadores por intervención.
Continuidades
• Federalismo fiscal
• ‘Emiratos provinciales’ rentísticos
• Sobrerrepresentación en cámaras
Cambios
• Aumento de condicionalidad política de transferencias
• Consecuente mayor subordinación
• Desnacionalización del sistema
Federalismo fiscal y rentismo
• Provincias chicas reciben mucho dinero por habitante. Rentismo subnacional porque dependen de las transferencias.
• Regímenes híbridos: Autoritarismo y democracia. Características de democracia que no funcionan lo suficiente, partidos que ganan siempre las elecciones.
Sobrerrepresentación: 13% tiene misma cantidad de legisladores que 87%.
Centralización fiscal: cuantitativa, por retenciones a exportaciones; cualitativa, mayor uso del federalismo fiscal.
Conclusión: Debilidad institucional en el federalismo fiscal (inequitativo, inestable) y en política provincial (provincias rentísticas, poco democráticas, sobrerrepresentadas).
Lodola – Kirchnerismo, gobernadores e intendentes
Relación entre poder nacional, subnacional e intendencias modificada por tres factores:
• Instituciones fiscales: Intento fallido de reforma del régimen de CFI. LRF (controlar la expansión del gasto público), no se pudo cumplir pero el gobierno nacional puede renegociar con las provincias, lo que le da más poder, reforzando su autoridad.
• Política tributaria: Centralización de impuestos no coparticipables, impuesto al cheque para centralizar, dirección de fondos a intendentes, Fondo Federal Solidario.
• Política financiera: Durante Menem, se consolida deuda por privatización de bancos provinciales, luego Duhalde hace el canje de la deuda (FFDP, PFO), que luego utilizan los Kirchner como herramienta de negociación para ganar apoyo político.
Conclusión
• En el segundo mandato, el gobierno ya no tendrá lugar de superioridad previo
• La estrategia Kirchnerista depende del ciclo económico
Malamud – Persistencia del peronismo y radicalismo
‘45: Peronismo/Radicalismo (siempre gana peronismo en elecciones libres); ‘83 Gobiernos repartidos entre los dos; ’01 Crisis, luego, peronismo domina escenario político.
Persistencia del radicalismo:
1. Competitivo electoralmente, pero mala administración (no concluye términos)
2. Arraigo territorial, manejo desde Bs. As.
3. Líder nuevo por muerte del anterior
Persistencia del peronismo:
1. Dura en el gobierno (concluye términos)
2. No es necesario ser de Bs. As.
3. Líder por competencia electoral (4 maneras, formal/informal desde dentro/fuera)
Persistencia sistémica
Representación limitada por bajo número de distritos y sobrerrepresentación de provincias chicas (favorece periferia, no centros urbanos). Cámara de diputados no refleja elecciones recientes. PASO aumentan bipartidismo.
Gargarella – Derechos humanos luego de la dictadura
Derechos humanos en Argentina
I. Como volvieron a ocupar un lugar central: firma de tratados, adición a la constitución, dejar atrás actitud de menosprecio. Pero, se mantiene estructura de poder anticuada.
II. Juicios militares: Iniciados en el gobierno de Alfonsín. Irregularidad, idas y vueltas por presiones sectoriales.
III. Recorrido y evolución en últimos 30 años: Post dictadura, se busca recuperación de derechos. En los ’90 se restringen (laborales). Luego de 2001 se expanden todavía más. Derechos constitucionales dependen de la política y no lo opuesto.
Caminotti – Feminismo y representación política
Representación descriptiva – Alfonsín, eliminación de discriminación. ’91, cupo femenino. ’94, principio real de oportunidades entre varones y mujeres.
Representación sustantiva – Proyectos sobre cuotas de género, aborto, violencia de género. Sigue habiendo desproporcionalidad en temas tratados.
Avances: Ley de cupos, equidad en selección, presidencia de CFK.
Desafíos: Derechos aun no tratados en el Congreso y efectiva implementación de leyes.
DiMarco – Movimientos feministas y pueblo feminista
Pueblo feminista, que excede al feminismo.
Movimiento de mujeres (’70-’80), lucha por derechos – Tres vertientes: en movimientos de DD. HH., acciones de mujeres populares, y movimiento feminista.
Desnaturalización de conductas misóginas permite ampliación de derechos. En los 90 surgen organizaciones de mujeres.
Feminismo popular: Incorporación de nuevas actoras sociales populares. Crecen encuentros de mujeres. A partir de 2003, foco en derechos sexuales. Aborto, ESI, salud sexual, violencia de género.
Catolicismo: FF. AA. e Iglesia, catolizaron el país. Lo “nacional” como “católico”. Sexualidad como procreación, maternidad como identidad femenina, negación de sexualidades.
Aborto: ’88 se comienza a tratar debates (legalización, despenalización). Actividades callejeras, publicaciones en diarios. ’01, Asamblea por el Derecho a Abortar. INTERSALUD. Articulación del feminismo con mujeres populares. La iglesia promueve posturas del Vaticano, se opone al Programa Nacional de ESI en escuelas católicas.
Pueblo Feminista: Demandas democráticas, se adicionan al sistema; Demandas populares, crean una nueva hegemonía. Surge el pueblo de articulación de demandas feministas y de otros movimientos (piqueteras, obreras). El aborto es un reclamo posible gracias a la emergencia de los movimientos de mujeres y la unión de sus demandas democráticas.
Jaime, Dufour, otros – Políticas públicas a través del tiempo
Capitalismo Oligárquico (1860-1930) – Participación de clases propietarias. P. pública: Mercado de trabajo, seguros sociales, ed. Básica, infraestructura social, dispositivos asistenciales. MAE.
Estado Social (1930-1970) – Participación extendida. P. pública: Pleno empleo y salarios, contratos, seguro social, educación, salud, infraestructura social, asistencia a pobres. ISI.
Desestatización (1970-2001) – Estado deja de ser centro de organización societal. Surge por conflictos distributivos, enfrentamientos políticos, crisis financiera. Visión antiestatista. P. pública: desregulación del mercado laboral, revisión de competencias públicas de educación, salud, infraestructura social, servicios públicos. Económicamente, reforma macroeconómica, del sector externo y promoción de empresas privadas. Foco en relaciones mercantiles.
Recuperación del Estado (2003-2013) – P. pública: control y estatización de empresas, regulación del mercado de trabajo, subsidio a la oferta, democratización de medios.
Actores de la política pública
• Partidos: Sistema fragmentado y desnacionalizado, hay muchos actores
• PE: Tiene recursos legislativos, no legislativos y partidarios
• Gobernadores: Amplia gama de políticas públicas, pero dependen de transferencias
• Congreso: Sobrerrepresentación de provincias, poco incentivo de política a largo plazo, por poca duración de carreras.
• PJ: Poca duración de cargos, no regula al Ejecutivo. Cambio en 2003
• Burocracia: Organizaciones independientes (INTI, AFIP) a las que se le delegan tareas, muchas poco eficientes, algunas buenas.
• Sociedad civil
o Empresas (lobby, m. de comunicación, donaciones)
o M. de comunicación
o Sindicatos
o Movimientos sociales
Juego Fiscal Federal: Por la importancia de las transferencias, hay distorsiones en la política pública generadas por este juego, por la alta dependencia de los gobernadores.
Juego Presupuestario: Modificación del presupuesto depende del presidente y el Congreso.