Orden Clandestino

El Orden Clandestino es la alianza entre la política y las fuerzas de seguridad fusionadas para beneficiarse de negocios ilegales. Esta convivencia subterránea transformó radicalmente la práctica política, profundizó los vicios de las fuerzas de seguridad y expandió la variedad de los negocios en el ámbito ilegal. Todos los componentes se necesitan, pueden modificar sus características pero el orden se mantiene. Su dinámica interior es rígida y cíclica, terminando dicho ciclo con algún acontecimiento violento que sale a la luz, que es la única razón por la cual el mundo formal tiene conocimiento del orden paralelo.

Alimentar y mantener el orden clandestino es indispensable para la construcción del poder político. Es la razón económica al servicio de la razón política, se utiliza como medio para conseguir financiamiento de campañas, dejar conformes a sectores específicos, evitar conflictos o proveer cierto grado de seguridad pública. Algunos intercambios irregulares, mercados ilegales y el delito son usados como fuente de extracción de beneficios y recursos económicos, simbólicos y políticos. La construcción política, la aspiración al poder y su mantención, junto con la pretensión de alcanzar niveles aceptables de orden público, el impulso de la economía, la búsqueda del consenso político, el control de territorios y, por supuesto, el enriquecimiento personal, son los objetivos centrales de este aprovechamiento de la ilegalidad.

Como consecuencia, la experiencia del Estado es diferente para los distintos sectores económicos y sociales, dependiendo de si la participación estatal en el mundo informal los afecta de manera positiva o negativa. Para los sectores marginados y pobres de la población, la experiencia del Estado es brutal. No se les da garantías, quedan olvidados con el aparato estatal tan lejano que no pueden hacer reclamos legales porque los problemas ocurren en zonas liberadas en las que no hay regulación formal. Sufren el mayor grado de desprotección que se da cuando se sufre la abolición del individuo como sujeto jurídico. No puede ingresar al sistema de la justicia, se los despoja de esos derechos.

Mientras que para otros sectores mejor posicionados, el Estado es un facilitador de bienes y servicios prohibidos. Se crea una sociedad informal para el beneficio de los involucrados.

La protección que ofrece el Estado está codificada y tiene la forma de leyes. Es decir, se trata de una protección pública, accesible a todos los habitantes de un territorio y que se impone a todos por igual. Por otro lado, la mafia ofrece una protección personalizada, sin juzgar la legitimidad de lo que se protege, y lo que recauda no se redistribuye según el criterio que se decida políticamente sino que es usado para generar más demanda de protección.

El comportamiento del Estado, luego del retorno de la democracia, fue más cercano al de un grupo mafioso que al de aquellos Estados que ofrecen protección legítima. Ha perseguido el enriquecimiento personal, pero sobre todo, al control político de sectores de la población. Ha vendido y promovido la venta de protección en el submundo de los mercados ilegales. Esto involucra al Estado, al gobierno y al cuerpo policial.

La Suspensión de la aplicación del derecho se entiende como el servicio que ofrecen organizaciones policiales argentinas en complicidad con poderes políticos locales y con el sistema judicial, de proteger de los efectos de la ley al mejor postor. Es decir, ponen a disposición su capacidad para bloquear la aplicación de la ley y los reglamentos en un mercado que cuenta con una demanda considerable, el mercado ilegal. ¿Quién puede necesitar más la protección de los efectos de la ley que un criminal y quién mejor para brindar este servicio que el Estado, quien impone (o no) dichos efectos?

La venta de protección es un patrón de comportamiento estatal que desplaza a la ley como principio de gobierno e introduce al manejo táctico como criterio, sea de cosas o personas. El objetivo del ejercicio gubernamental ya no es la imposición de la ley, sino el ordenamiento de la población y sus relaciones. La ley no desaparece sino que se transforma en un recurso para el disciplinamiento situacional. En estas situaciones, la venta de protección es un mecanismo que permite la intervención gubernamental en sectores de la sociedad donde la autoridad formal del Estado se encuentra neutralizada.

Es así como se presentan tres distintos tipos de protección: la protección estatal universal, la protección personalizada de la mafia y la protección mediante la suspensión de la aplicación del derecho.

Hay casos en los que protección e inacción son asimilables y otros en los que se diferencian. Los primeros son cuando se brinda la protección de la ley mediante la inacción. Inacción nunca significa “no hacer nada”, sino que siempre se realiza de manera activa, deliberada y produce efectos, por ejemplo, modificando registros, alterando protocolos o patrullajes, etc. Lo que no reviste diferencia con la protección. En los casos que se diferencian, se utiliza la inacción como método para que los ciudadanos sufran las consecuencias de la inseguridad a propósito y terminen considerando que necesitan de la protección de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, cuando se libera zonas de comercios a los delincuentes para que los dueños acepten pagar coimas a los policías por protección especial para proteger sus negocios. Es decir, aunque los individuos no quieran involucrarse en el orden paralelo, se les presenta como necesario y el prisionera termina siendo cómplice de su carcelero como requisito para su supervivencia.

En distintas zonas liberadas, la venta y la compra de protección inauguran una relación social que nada tiene que ver con el Estado de derecho porque el objetivo es aislarlo. El orden clandestino aparece con diversas formas y características a lo largo de toda la estructura social, desde los que no pueden ingresar al mercado legal (integrantes de los sectores subalternos consiguen trabajo, aunque éste sea en negro, representa un ingreso que de otra forma no tendrían porque no consiguen trabajo en blanco) como los que se involucran porque les es más beneficioso para realizar negocios con grandes cantidades de dinero (contando con menores costos, recorte de impuestos o evasión de los mismos y protección ante los efectos de la ley). También la clase media entra en el sistema del orden clandestino, no por necesidad como la clase baja, ni para enriquecerse como la clase alta, sino que mayormente para conseguir productos a los que normalmente no tienen acceso, como la compra de cosas de marca a precios más baratos pero en un marco ilegal, o adquirir otro tipo de productos que se consiguen a mejor precio en el mercado informal para ahorrar y recortar gastos del hogar, en zonas como la salada, etc. Por lo tanto, la compra y venta de la protección no reconoce diferencias de clase, aparece en todo el espectro social, todos de una forma u otra la necesitarán porque todos son parte del orden paralelo. Dentro del orden solo cambian los servicios y productos que circulan, pero el mecanismo se mantiene y en todos los casos produce y moldea espacios en los que los involucrados quedan despojados de sus derechos y privilegios básicos, excepto claro, los socios informales.