La Valorización Financiera

v Primera Etapa: La Dictadura Militar (1976-1982)

No se puede discutir que la implementación de la Valorización financiera tuvo causas externas al país, nuevas condiciones económico-sociales de la economía mundial, la que planteaba la posibilidad potencial de establecer un nuevo régimen de acumulación, con el neoliberalismo tomando fuerza en el mundo y los países centrales implementando políticas activas y deliberadas para su favorecimiento, pero el aspecto determinante de la ofensiva de los sectores dominantes, fueron las causas internas en Argentina. La voluntad expresa de destruir la identidad nacional de los sectores populares que se expresaba en el peronismo, arrasando con la alianza social policlasista que se había conformado durante la sustitución de importaciones y dando por finalizada la etapa del empate hegemónico, favoreciendo al Grupo Agroexportador por sobre el Grupo Industrial. A partir de allí se puso en marcha la “revancha clasista” de gran alcance que comprende el aniquilamiento del espectro de militantes y organizaciones que conformaban las conducciones de los sectores populares como la interrupción de la industrialización que sustentaba la lucha social.
La dictadura militar irrumpe con la industrialización e impone un nuevo comportamiento que se basa en la valorización financiera. Este nuevo funcionamiento comienza con la Reforma Financiera de 1977. Con la misma se imponía la apertura en el mercado de bienes y capitales y la liberalización de las tasas de intereses. A partir de ello, la producción interna se vio erosionada por los productos importados y aparece el fenómeno del endeudamiento externo, no sólo público sino también privado. La valorización financiera consiste en el enriquecimiento a partir de las nuevas posibilidades impuestas en el mundo financiero: Los grupos económicos locales y las empresas transnacionales se endeudaban con organismos internacionales en dólares y lo invertían en el sistema financiero y la banca local, la cual, gracias a la reforma financiera, aplicaba tasas de interés muy elevadas, cuyas ganancias no se volvían a invertir productivamente en el país sino que se remitían al exterior. Por eso, en la Argentina la otra cara de la deuda externa es la fuga de capitales al exterior.
El Estado cumplía un papel fundamental en este proceso por tres motivos:

ü A través del endeudamiento interno mantiene una elevadísima tasa de interés en el sistema financiero local respecto a la vigente en el mercado internacional.

ü Mediante la deuda externa es quien provee las divisas que hacen posible la fuga de capitales.

ü Asume como propia la deuda externa del sector privado.

Ahora bien, es fundamental señalar que esto representa una brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados quienes son los principales perjudicados por el nuevo funcionamiento de la economía de forma directa e indirecta. De forma directa, al disminuirse sus ingresos, e indirectamente debido al carácter crecientemente regresivo de la estructura impositiva y la orientación que asumen las transferencias estatales. Mientras que los beneficiados son un grupo reducido de empresarios, los que componen al sector dominante: grupos económicos locales, conglomerados extranjeros, empresas transnacionales y finalmente, la banca local y acreedora. Este último grupo incrementó su influencia considerablemente en esta etapa fundacional para el mismo, consolidando su poder en la sociedad argentina, con la capacidad de aplicar iniciativas para formar cuadros propios que le garanticen el diseño e implementación de las enormes transformaciones que implica el desarrollo de la valorización financiera como nuevo eje del patrón de acumulación interno, incluyendo, en el retorno de la democracia, al Transformismo Argentino.

v Segunda Etapa: Los comienzos del Transformismo Argentino (1983-1989)

A partir de 1982, se inicia en América Latina lo que se conoce como la década de la “crisis de la deuda externa”. Comienza con la moratoria mexicana, que causa un efecto dominó en el resto de la región, a los que se les negó financiamiento externo. La argentina sufre esta restricción y durante esos años tendrá un comportamiento que cambia entre el estancamiento y la crisis económica. Aun así, durante esta etapa se consolida estructuralmente la valorización financiera y el proceso económico es conducido por el sector dominante compuesto por: el capital concentrado interno -grupos económicos locales y conglomerados extranjeros- (cuyo interés principal es mantener la Valorización Financiera y renegociar con el Estado, pretendiendo acrecentar su beneficio con el capitalismo prebendario) y los acreedores externos (los cuales presionaban para reposicionar la deuda externa para así saldarla). Sin embargo, el rasgo peculiar de esta etapa consiste en el notable predominio que ejerce el primer sector, en detrimento de los acreedores extranjeros sobre el funcionamiento del Estado y el destino del excedente. Esta consolidación de un sector del grupo por sobre el otro se debe a dos procesos. El error en el diagnóstico económico del primer gobierno constitucional y los comienzos de la implementación del Transformismo Argentino.
El Transformismo Argentino comienza con la articulación directa del partido de gobierno con los integrantes de los sectores dominantes, poniéndose en marcha no sólo un proceso de cooptación ideológica sino también de negocios políticos y económicos. Se inicia así una etapa de absorción gradual pero continua de los intelectuales orgánicos de los sectores subalternos como forma de inmovilizar a los sectores populares.
Es así como aparecen los “operadores políticos”, que se caracterizan por su pragmatismo y una supuesta falta de ideología, que enrealidad esconde su ruptura con las concepciones y la historia de los grupos sociales a los cuales supuestamente representan, subordinándose a los sectores dominantes.

El equipo económico plantea como plan retomar el equilibrio económico entre el capital y el trabajo con el estímulo industrial para generar empleo. Pero el error aparece, al no tener en cuenta que el grupo del capital pretende que se mantenga la valorización financiera como método de acumulación y no le interesa aportar para reactivar la economía. Aunque el grupo del capital sí actuará de forma que el Estado crea que tiene intenciones favorables al plan, prometiendo constantemente la repatriación del capital fugado al extranjero para invertirlo según se necesitase, siempre y cuando las condiciones locales les sean beneficiosas. Es así como utilizan esta promesa para presionar al Estado a actuar en su favor. Es así como todo plan económico falla en el primer mandato debido a la falta de compromiso del capital para fundamentarlos.
Como se puede ver, Alfonsín concentra su objetivo en solucionar las problemáticas de la economía interna, relegando los intereses de los acreedores externos.

Existió un intento, sin embargo, de reestructurar el Estado durante el mandato de Alfonsín. Desde mediados de 1987, el diagnóstico oficial acerca de las problemáticas del país cambia drásticamente, posicionando al “modelo populista y facilista” del Estado como el principal culpable de las mismas. La salida consistía entonces, en reestructurar al Estado mediante la privatización de las empresas públicas y la liberalización de los componentes de la economía argentina. En 1988, el gobierno lanza un plan de privatización en el Congreso que fue rechazado por la oposición del partido peronista.

Este giro en el diagnóstico se debe no a las presiones del capital concentrado interno quienes tenían sus intereses atendidos, sino a la acción de los acreedores externos, quienes sufrían la postergación económica y el incumplimiento de las reformas estructurales que impulsaba. Teniendo en cuenta que el FMI había lanzado en 1985 el Plan Baker, que consistía en insistir que el pago no fuera sólo de los intereses devengados sino también del capital adeudado y permitir que el pago fuese en activos físicos y no divisas, ya que los países deudores no contaban con las suficientes para saldar la deuda. Es por eso que se entiende las presiones de los acreedores externos por el intento de reestructura del Estado, aunque el mismo fue frustrado por la oposición.

Por lo tanto, la situación de los acreedores externos en la Argentina es paradójica. Se entiende que a través de los organismos internacionales de crédito, tenían la capacidad para determinar las características globales que asumía la política económica, pero, las condiciones específicas que adoptaban las mismas estaban moldeadas por los intereses del capital concentrado interno. Esta situación, sumada a que dentro del sector dominante el grupo de acreedores tiene una participación secundaria en la redistribución del excedente interno, posición que llegó a su punto culminante cuando el país asume una moratoria externa y suspende los pagos de la deuda en 1988.
Las presiones del sector no cesaron, pero no tuvieron éxito debido a la fracción del sector dominante, a la capacidad del partido opositor y por las disputas entre el FMI, que exigía la normalización de pagos, y el Banco Mundial que insistía en las reformas estructurales como solución. Esto cambia cuando George Bush asume como presidente en Estados Unidos, y Nicholas Brady como Secretario del Tesoro de ese país, quien lanza un plan de pago en el que se exigen ambas cuestiones mencionadas.

En este contexto, y luego de las reiteradas advertencias del FMI al gobierno argentino para que retomara los pagos de la deuda, los bancos extranjeros inician la “corrida” cambiaria (bancos extranjeros circulaban el rumor de la devaluación del peso, lo que causó pánico y que se compraran dólares en cantidad como seguro de ingresos, lo que finalmente terminó causando dicha devaluación) desatando la crisis hiperinflacionaria. Se trató de una crisis dirigida a remover restricciones estructurales que impedían el desarrollo de la valorización financiera, y para poder cobrar lo adeudado y garantizar beneficios futuros. Durante esta etapa hay un significativo avance en la construcción del transformismo argentino, que les permite a los sectores dominantes seguir inmovilizando a los sectores populares ya no mediante la violencia física y el terror dictatorial sino a partir del descabezamiento de sus dirigentes políticos. En este sentido, la solución para que la oposición no bloquee los cambios estructurales, se tenía que homogenizar el sistema bipartidista de modo que ambas posiciones velen por los intereses del sector dominante.
Es así como finalmente el gobierno asume el diagnóstico de los acreedores y propone implementar las medidas del Plan Brady.
En este marco de análisis es evidente que los acreedores externos generaron un malestar general para recuperar el poder a tal punto que la crisis de 1989 implica una crisis de gobernabilidad profunda, teniendo en cuenta que provocó la salida anticipada de Alfonsín. También una crisis de régimen debido al incumplimiento de los períodos democráticos. Y por último, una crisis de acumulación.

v Tercera Etapa: La consolidación del Transformismo Argentino (1989-2001)

Finalmente el gobierno cede ante las presiones de los acreedores y se pone en marcha una serie de reformas. La primera fue la Ley de Emergencia Económica destinada a cambiar la orientación de las transferencias de los recursos estatales, eliminar subsidios, reintegros impositivos y otras transferencias. Luego, la Ley de Reforma del Estado, conjunto de medidas entre las cuales se encontraba la conversión de la deuda externa. Ambas medidas fueron acompañadas por una reforma tributaria que consistía en la generalización del IVA y la reducción del impuesto de las ganancias, en contra de los asalariados y a favor de los empresarios.

Se finaliza esta primera etapa de la gestión económica del gobierno de Menem, debido a una segunda hiperinflación que causó el recambio ministerial que puso al mando a Domingo Cavallo quien lanzó el Plan de Convertibilidad. Esta medida, sumado a que finalmente se firmó el Plan Brady, comienza otro ciclo de endeudamiento externo, fomentado tanto por el sector privado como por el sector público. Para terminar, se implementa la reforma de la Corte Suprema (una amplificación de 5 a 9 miembros) para garantizar la vigencia del transformismo argentino. Gracias a este último los sectores populares, que no habían tenido participación en la creación del conflicto y sufrían la nueva redistribución del ingreso que desencadenó la hiperinflación, no sólo quedaban inhibidos de influir en la forma en que debía resolverse la crisis sino que además debían pagar los costos de la misma.

Asimismo, a lo largo de esta etapa ambos sectores dominantes acuerdan implementar la privatización, ya que el capital interno concentrado entiende la posibilidad de acceder a esos activos físicos de elevada rentabilidad.
Durante este proceso, se consolida un sistema político basado en el transformismo argentino como sistema de dominación. La autonomía del sistema político desaparece quedando subordinado a los intereses de los sectores dominantes. No se trata solo de la presencia de los intelectuales orgánicos de los sectores sociales que sustentan la valorización financiera, ni siquiera de la transformación del partido de gobierno, sino de la incorporación del sistema bipartidista en su conjuntos, proceso por el cual los partidos pierden su identidad específica, cortando vínculos con los intereses de su base social y su pasado histórico. Este proceso, en conjunto con la “revancha clasista” definen un momento histórico para los sectores dominantes, porque logran superar las barreras estructurales que impedían el desarrollo de la valorización financiera, sino que también, revierten la inorganicidad que exhibía el sistema político. El transformismo argentino presenta nuevas características, aparte del vaciamiento ideológico y social, desaparece también la discusión político-ideológica, la militancia y su mayor aporte consiste en dotar a los partidos políticos de un formato empresarial. Pasan a ser instituciones regidas por relaciones contractuales que reemplazan los lazos ideológicos y políticos. Aparecen los profesionales de la política, quienes no actúan por vocación sino a partir de un salario ya que la política pasa a ser sólo un trabajo. Los valores de dicho salario pueden ser utilizados para ser sobornados.

Por último, aparecen los “retornos”, sobornos, en el ámbito de la privatización, que se pagaban al sistema político por parte de los sectores dominantes para lograr determinadas prebendas. La corrupción ya no se entiende como un fenómeno transitorio vinculado a la perversidad de cierto partido político o algún dirigente, sino que es una característica estructural y permanente del sistema de dominación. El sistema político se desvincula de los intereses y necesidades del resto de los sectores sociales, los cuales se ven impedidos de enfrentar la creciente situación de explotación y exclusión social porque sus intelectuales inorgánicos velan únicamente por los intereses de los poderosos.

Aun así, con estas medidas se inicia la etapa más “brillante” del nuevo patrón de acumulación que abarca desde 1992 hasta fines de 1994. Por un lado, los sectores dominantes logran una homogeneidad inédita y consolidan una “comunidad de negocios” sobre la base de la privatización. Por otro, se genera un ciclo expansivo del consumo interno que incorpora varios sectores sociales, dando lugar a la etapa de mayor consenso social del modelo de la valorización financiera.

Esta complicidad entre el sistema político y el sector dominante le dio al proceso de privatización argentino un conjunto de caranterísticas propias que lo diferencian de otras experiencias latinoamericanas. En principio, a pesar de ser un proceso complejo, se realiza en un período de tiempo extremadamente breve. Luego, en el caso argentino, la privatización fue de gran alcance, se transfirieron hasta los espacios de apropiación de la renta. Y por último, se distingue por tener una proporción muy alta de capitalización de bonos de la deuda externa y una participación muy escasa de oferentes, ya que se impuso un conjunto de restricciones que marginaron a la mayoría de las empresas nacionales y alivianaron el camino de los grandes grupos económicos extranjeros.

Este, fue un momento decisivo del transformismo argentino, ya que los retornos fueron de gran magnitud, que le permitió al sistema político concretar una “acumulación originaria” que alentada por la capacidad de ahorro y de inversión, garantizó una reproducción de recursos que dio como resultado una “acumulación ampliada” la cual terminó “blanqueando” a partir de un circuito financiero específico. Estos retornos estuvieron vinculados a los siguientes aspectos: el precio fijado de la empresa que se pretendía privatizar, su deuda externa, la adjudicación de licitaciones y los marcos regulatorios pertinentes.

El transformismo argentino se institucionaliza cuando los dos partidos firman el Pacto de Olivos, el cual pone en marcha una reforma constitucional que permitirá la reelección de Menem.

Durante el segundo mandato de Menem las grandes firmas se independizan del ciclo económico lo que implica que la crisis se descarga sobre el resto de la sociedad, el cual sufre la concentración del ingreso desigual y el empeoramiento de las condiciones de vida. La desocupación y la subocupación operan como el “ejército industrial de reserva”, haciendo posible la precarización de las condiciones de trabajo, la caída del nivel salarial y una creciente marginalidad social. De esta manera, el desarrollo de la valorización financiera y del sistema de dominación (el transformismo) instala el disciplinamiento y la desmovilización de la clase trabajadora de la mano de la desindustrialización arraigada en el país.

En este período, maduran dos contradicciones: la primera es la creciente búsqueda de autonomía que muestra el sistema político respecto a los sectores dominantes. Gracias al desarrollo de su acumulación ampliada, ahora ellos también están en una posición de poder económico y muchas veces sus intereses afectan a los del establishment económico. La otra contradicción, es la simbiosis del sistema político con la fracción local de los sectores dominantes, mediante el transformismo que fue moldeado sobre la interacción entre ellos. Son los que actúan cotidianamente en el país y lo hacen desde hace muchas décadas. Al estar radicados en el país, están directamente involucrados en la construcción del nuevo sistema político. Por el contrario, las fracciones extranjeras ven la conducción local solo como un eslabón más que debe responder a las normas y planificación impuestas por la política económica mundial. Es así como se presenta cada vez más evidente la diferenciación entre los capitales de origen europeo y norteamericano.

En un marco prolongado de crisis económica, se acentúan estas contradicciones y comienzan a perfilarse dos proyectos alternativos a la Convertibilidad. El proyecto vinculado a los acreedores externos era el de la dolarización de la economía argentina. Y el proyecto que prefería el capital concentrado interno era el de la devaluación del peso. Ambos proyectos incluyen estratégicamente alguna de las reivindicaciones que sostienen los sectores populares aunque viciadas en función a los intereses de cada fracción de los sectores dominantes, para lograr la hegemonía social, una alianza. Por un lado, el proyecto de dolarización reivindica la necesidad de replantear el transformismo argentino y la lucha contra la pobreza para incrementar su influencia política y asegurar la dominación. Por el otro, los sectores que impulsan la devaluación presentan la necesidad de reactivar la producción y desconocer la deuda externa, consolidando el transformismo para poder ampliar su influencia en la economía real. Sin embargo, esta postura de cuestionar la industrialización es solo una fachada, ya que el interés real del sector es que se mantenga la valorización financiera.

Este proceso de apropiación y reprocesamiento de las reivindicaciones populares introduce un alto grado de confusión para ocultar que ninguna de las propuestas dominantes tiene la voluntad de profundizar el proceso democrático mediante la participación popular y la redistribución de los ingresos, elementos centrales de una propuesta popular genuina.