Fin de la dictadura cívico militar.

Triunfo Alfonsín

Con el agotamiento de la dictadura visto en como no pudieron estabilizar la economía, sino al contrario, empeoro, las internas en el gobierno militar, la derrota de Malvinas que deterioro aún más su imagen y las marchas como la “marcha de la democracia” en 1983 se termino convocando a elecciones. Estas las gano Alfonsín y su triunfo se debía a las expectativas democráticas y de vigencia de los derechos humanos que su discurso despertaba. Raúl Alfonsín buscaba derogar la ley de autoamnistía y enjuiciar a los responsables del golpe de Estado. Además de los errores cometidos por el Partido Justicialista durante la campaña, como las dudas ante la derogación de dicha ley y la quema de un féretro con el nombre del candidato opositor, hecho que demostraba gran violencia política y fue determinante en la decisión de los votantes.

Condicionamientos de la dictadura

Las herencias que recibe el gobierno de Alfonsín de la dictadura fueron una serie de transformaciones en la estructura económica y social que condicionarán el accionar del siguiente gobierno. Desde el lado social dictaron la ley de autoamnistía, la cual buscaba eliminar las acciones penales que podrían ser provocadas por los delitos cometidos por la dictadura cívico-militar.

La dictadura también dejo un modelo económico social regresivo, en el cual el poder se concentró en las grandes empresas nacionales y multinacionales, las cuales podían intervenir en la decisiones o políticas que no fueran de su interés, condicionando cualquier política económica.

Además, este modelo dejó como resultado una gran deuda externa, a partir de la estatización de la deuda privada, la apertura financiera y la fuga de capitales, que estaba a cargo del Estado, un gran retroceso en los salarios, aumento de la desocupación y el cambio en las condiciones de los trabajadores ya que muchos pasaron de ser trabajadores formales a informales. Esto impide revertir el cambio regresivo impulsado por la dictadura

Aspecto social

En materia de la vigencia de los derechos humanos y las consecuencias de la represión dictatorial, el gobierno de Alfonsín prometió la derogación de la Ley de Autoamnistía y el enjuiciamiento a los responsables de la represión. En 1983 se convocó a un conjunto de personalidades destacadas para la creación de la CONADEP, que ayudó en la acusación de los integrantes de la junta recolectando testimonios sobre sobrevivientes y familiares de víctimas. En 1985 se llevó a cabo el “Juicio a las Juntas”, la cual finalizó con fallos en contra de los responsables y principales participantes de la dictadura, donde se reformó el Código de Justicia Militar para que los responsables fueran juzgados por la justicia civil y no las FFAA debido a la complicidad entre sus integrantes. Ya en 1983 Alfonsín había presentado su fórmula de los “tres niveles de responsabilidad”, la cual se dividía en los que planificaron y supervisaron el plan, los que cometieron excesos en el cumplimiento de órdenes emanadas de sus superiores y quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas. Luego, en 1987 después de la “Rebelión Carapintada de Semana Santa” se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final retomando estas concepciones.

Aspecto Económico

Desde lo económico en la primera etapa el gobierno de Alfonsín consideraba que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuestas a las necesidades de la población. El ministro de economía pretendió aplicar un plan que buscará la reactivación de la economía y la mejor distribución de los ingresos mediante mejorar el poder adquisitivo del salario e impulsar el mercado interno para generar empleo industrial. Para intentar controlar la inflación se implementó un fuerte control de las tarifas de los servicios públicos. Si bien aumentó un poco el consumo, la inflación siguió subiendo, mientras no se podía reducir el elevado déficit fiscal por los intereses de la deuda.

Alfonsín se había comprometido a realizar una investigación para detectar la presencia de una deuda ilegítima pero finalmente termino asumiendo los compromisos externos sin distinciones y firmó un acuerdo con el FMI quedando bajo sus condiciones. El agravamiento de la situación económica y la suspensión de la asistencia del FMI por los incumplimientos en los acuerdos determinaron el cambio del ministro de Economía y la iniciación de una nueva etapa.

En 1985 se puso en marcha la segunda etapa de su economía con el Plan Austral, un plan de contención de la inflación, el cual fue respaldado por el FMI y estaba basado en 3 premisas básicas: la disminución del déficit fiscal mediante el ajuste de precios, la reducción del gasto público y el compromiso del gobierno de no financiar el déficit con la emisión monetaria. El congelamiento de precios que si bien era transitorio, contaba con precios relativos que combinaban altas tarifas de servicios, elevado tipo de cambio y salarios retrasados. Y el cambio del signo monetario creándose el austral.

En un principio los resultados fueron favorables en cuanto a la contención de la inflación, sin embargo, en el segundo trimestre de 1986 comenzó a revertirse la recesión económica, a haber un marcado aumento del desempleo y retroceso de los salarios. Este programa empezó a tener dificultades debido al deterioro de las cuentas del sector externo. Argentina tenía superávit comercial pero el pago de los intereses de la deuda externa generaba un gran desequilibrio.

En 1987 se llevaron a cabo nuevos congelamientos, los cuales no lograron estabilizar la situación, pero sí pudieron contener el recrudecimiento inflacionario. A pesar de todo, hubo un fuerte aumento de los precios al consumidor, haciendo que la hiperinflación empezará a aparecer. Esto generó la pérdida de la credibilidad en el gobierno (que se mostró en el resultado de las elecciones).

En 1988 se optó por otro camino, intentando un acuerdo con diversas cúpulas empresariales y se dio comienzo al plan primavera. Algunas medidas fueron el congelamiento de la cotización del dólar comercial, la fijación de un techo para el dólar financiero y un control monetario que elevó la tasa de interés. Así, se generó la “bicicleta financiera”. De esta manera, por la diferencia existente entre la tasa de interés, los precios internos y la evolución del dólar, obtenían un rendimiento mensual en dólares. Este plan fue apoyado por el Banco Mundial, el cual otorgó un gran crédito, y se creía que con su aplicación se podría llegar a las elecciones con un clima más tranquilo. El mismo terminó de completarse con el adelantamiento de las elecciones.

1985 Alfonsin expuso la premisa de “modernización de la democracia”, se buscaba un proceso que tienda a incrementar el bienestar general, que la sociedad pudiera ser beneficiada, y no un proceso a modo de reducir costos, preservar la competitividad y de aumentar ganancias ya que sería socialmente injusto porque provocaría consecuencias en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, al final de su mandato, Alfonsín promovió la privatización de algunas empresas con el fin de reducir gastos estatales y mostrar voluntad ante los acreedores. Esto fue rechazado por la oposición, en su mayoría justicialista, aunque durante su gobierno subsiguiente sí realizaron grandes reformas estatales y privatizaciones a mayor escala.

Elecciones de vuelta

En este marco, el candidato por el partido justicialista obtuvo un amplio triunfo en las elecciones, pero debido a las normas constitucionales vigentes el gobierno recién podía ser traspasado siete meses más tarde. Se desencadenaron a partir de ahí una serie de presiones, tanto sobre el presidente en ejercicio, para forzar su renuncia y adelantar el traspaso del gobierno, como sobre el presidente electo para conocer e influir en las futuras decisiones políticas y designaciones de su gabinete. Las consecuencias de estas tensiones fueron la potenciación de la disputa por la apropiación del excedente por parte de los grupos económicos, una exponencial suba de los precios y del dólar y la caída abrupta de los salarios. La crítica situación social mostró su cara más dramática en los saqueos, represión la imposición del estado de sitio y finalmente el anuncio de Alfonsín de su renuncia a partir del 30 de junio

Asunción de Menem, contexto internacional

El mundo estaba atravesado por la ruptura del orden bipolar que había marcado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Guerra Fría. Se consolido la hegemonía política y militar de EEUU.

El “fin del comunismo” impulsó las ideas neoliberales, haciendo que Argentina sea de los principales referentes. Si bien el discurso neoliberal planteaba que el crecimiento económico también tendría un mejoramiento del nivel de vida de los sectores populares, la concentración de los ingresos fue a favor de los sectores más poderosos económicamente, lo que hizo que la pobreza y la indigencia aumentaran. Así, la hiperinflación y la desocupación disciplinaban a los trabajadores.

Indultos

Menem terminó cediendo a las presiones militares y tras las controvertidas consignas de “pacificación nacional” y de “reconciliación” suscribió una serie de decretos entre e que determinaron el indulto de civiles y militares que habían cometido delitos de lesa humanidad violatorios de los dd hh y aun delitos comunes. Los indultos fueron de tal amplitud que abarcaron a los ex miembros de la junta de comandantes que habían sido condenados por el juicio de las juntas y a jefes militares procesados que no habían sido alcanzados por la ley de obediencia debida.

Reforma constitucional de 1994

Debido a que en este momento la situación era favorable para la imagen del gobierno, a causa de la estabilidad de los precios luego de la hiperinflación, y a la Reforma del Estado, que terminó siendo un proceso de privatizaciones, se planteó la idea de realizar una reforma en la Constitución Nacional, donde se introduciría la cláusula de reelección presidencial por otro período consecutivo.

A finales de 1993 se firmó el Pacto de Olivos, el cual selló las reuniones entre Menem y Alfonsín, los temas abordados que luego pasarían a estar en la Constitución fueron:

- La posibilidad de la reelección del presidente por otro período consecutivo, pero acortando el mandato a 4 años

- La incorporación del balotaje en las elecciones presidenciales

- La elección de un tercer senador por cada provincia

- La creación del cargo Jefe de Gabinete, quien sería designado por el Presidente, sería un cargo removible para evitar crisis

- CABA pasaría a tener autonomía política, económica y fiscal, para esto las autoridades del gobierno serían electas en forma directa por sus habitantes.

- La incorporación de Tratados Internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- Que los derechos de usuarios y consumidores y a la protección del medio ambiente tengan carácter constitucional.

- El acuerdo de la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio nacional, haciendo que todas las provincias deban respetar territorios culturales y de residencia siendo éstos de propiedad comunitaria de los pueblos originarios.

Medidas económicas

Se implementaron medidas a través de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, que permitían gobernar por decreto y privatizar empresas públicas, con el fin de superar la inflación, reducir las cuentas públicas y lograr mayores niveles de productividad y competitividad:

- Se privatizaron las empresas públicas (teléfono, ferrocarriles, servicios públicos), siendo la excepción las empresas de seguridad y defensa nacional.

- Se suspendían por 180 días, aunque luego se extendió indefinidamente, los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones que beneficiaban a las manufacturas nacionales.

- Se autorizaron los despidos de empleados públicos y se puso fin a los esquemas salariales de “privilegio” que el Estado le daba a grandes sectores empresarios, lo que desencadenó fuertes presiones

- Se derogaron las restricciones que existían para las inversiones extranjeras, poniendo en igualdad de condiciones al capital nacional y al capital extranjero.

Las medidas tomadas por el ministro de economía fracasaron ya que la inflación siguió aumentando, la deuda externa también y el déficit no disminuyó, lo que derivó en la renuncia del ministro. Así, Menem designó a un nuevo ministro, quien dejó sin efecto algunas medidas tomadas anteriormente, como el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos. Se estableció un mercado único de cambios y se eliminaron todas las restricciones a la compra y venta de dólares, lo que hizo que la especulación continuará y haya un fuerte incremento de precios.

Esto conllevo al anuncio del “Plan Bonex” que consistió en una sustitución compulsiva de la mayor parte de los depósitos bancarios a plazo fijo por títulos públicos en dólares (bonex) a pagar en un plazo de 10 años lo que implicó un nuevo incremento de la deuda externa. Esto fue el inicio de un proceso posterior del sector bancario. Finalmente en febrero de 1990 se producía un nuevo estallido hiperinflacionario que hacía peligrar no solo la continuidad de la alianza social y política que sostenía al gobierno, sino la del propio gobierno.

Plan de Convertibilidad y sus principales herramientas .

En 1991, con la asunción de un nuevo ministro de economía se lanzó el Plan de Convertibilidad, el cual mediante la vuelta del peso se estableció la paridad 1 peso = 1 dólar. Para esto, el gobierno se comprometía a no emitir dinero que no estuviera respaldado por las reservas del Banco Central, las cuales debían igualar la cantidad de dinero en pesos. Así, se trataba de controlar una posible devaluación tratando de generar confianza en la población ante este plan. De esta forma, el Estado renunció a la emisión sin respaldo en reservas de oro y divisas para garantizar la Convertibilidad y se comprometió a no financiar el déficit con la emisión, lo que hizo que la circulación interna dependiera de la acumulación del Banco Central.

Las medidas implicaban la ampliación de la apertura financiera, la profundización de la apertura externa, mediante rebajas arancelarias y menos regulaciones en las importaciones, y la prohibición de la indexación para actualizar precios, tarifas o deudas.

Respecto a la deuda del fmi el gobierno hizo una renegociación en los plazos de pago pero no hubo una quita significativa en los montos adeudados.

Este plan pudo contener el proceso inflacionario y aumentar la actividad productiva, haciendo que haya un crecimiento del PBI y económico. Además logró calmar los conflictos entre los grupos económicos y que el mercado fuera el disciplinador del conflicto social. Esto se pudo ver a través del descenso de la tasa de inflación. Sin embargo, al no poder afrontar restricciones de la economía argentina ya que sólo podía seguir funcionando mediante la incorporación de capitales externos que permitieran sostener la paridad cambiaria y el creciente déficit fiscal, las consecuencias finales del plan terminaron siendo una gran desocupación, la desaparición de pequeñas y medianas empresas del mercado interno, la concentración del ingreso en grandes empresas, entre otras.

Objetivos y características del proceso de privatizaciones.

Entre 1990 y 1994, se llevó a cabo un fuerte proceso de privatización en el país. Se privatizaron los grandes servicios públicos, empresas de transporte, de hidrocarburos, etc. Los monopolios públicos derivaron en monopolios privados, pero sin un proceso previo de adecuaciones que permitieran mayor competencia. Además, hubo una escasa preocupación por la defensa de los derechos e intereses de los usuarios.

El programa derivó en la unión de los intereses económicos de los sectores dominantes, lo que permitió la superación de la hiperinflación de 1989. Mediante la privatización se recaudarían fondos para la disminución de la deuda externa y del déficit fiscal.

Cuando se agotaron los recursos recaudados por el programa, el mismo se empezó a debilitar. La subvaluación del dólar estimuló la importación de bienes que competían con la producción nacional, lo que produjo el cierre de empresas, desocupación y una continuidad en la desindustrialización. Hubo una profundización de la apertura comercial con fuertes rebajas de los aranceles y de las protecciones no arancelarias, lo que impidió que medianas y pequeñas empresas se adaptaran para reconvertirse.

Consecuencias en el plano laboral à merediz

Resultados regresivos

En lugar de ser resultados positivos para el país y la sociedad, terminaron siendo resultados con varias consecuencias. Las empresas extranjeras avanzaron sobre las nacionales, las privadas sobre las estatales, las de servicios sobre las industriales y las agroindustriales sobre las demás empresas de la rama industrial. Hubo un gran crecimiento del desempleo y pobreza, lo que estuvo relacionado con la quiebra y desaparición de muchos establecimientos industriales debido a la desindustrialización, a las privatizaciones y a la incorporación de tecnología.

El modelo fracasó por no poder superar restricciones de la economía argentina, ya que sin el consumo interno, la inversión pública, el incremento de exportaciones y la inversión privada estancada, el modelo solo podía funcionar con la incorporación de capitales externos, de todas formas estos requerían tasas de interés cada vez más altas para ingresar al país, lo que desalentó las inversiones productivas. El deterioro de la comercialización externa determinó que el programa se centrara en la entrada de capitales provocando mayor endeudamiento externo.

Condiciones económicas y sociales cuando la Alianza asumió el gobierno en 1999

La Alianza asumió bajo condiciones económicas y sociales muy frágiles. Aunque hubo un notable descenso de la inflación, también había comenzado un proceso de competencia entre los bienes importados con la producción local. Llevó a masivas quiebras y cierres de fábricas nacionales. Dejando solo algunas industrias de sectores más concentrados económicamente funcionando.

El gobierno de Menem dejó un saldo desfavorable en las cuentas públicas donde no se corrigió el déficit fiscal. También hubo un gran retroceso en el mercado del trabajo, donde hubo crecimiento de la informalidad y de trabajadores como monotributistas. La privatización generó más desempleo, pero muchos trabajadores recurrieron al “retiro voluntario”, propuesto para evitar conflictos ante despidos masivos. Otra causa fue la “desgigantización fabril”, es decir que las renovaciones tecnológicas, el atraso cambiario y las facilidades para la importación llevaron a empresas pequeñas y medianas a la quiebra.

¿Cuáles fueron las decisiones que tomó el gobierno en relación al endeudamiento externo?

A fines del 2000 se reestructuró la deuda mediante el “blindaje”, donde se prometían fondos a cambio de avanzar con la reforma tributaria y previsional y de privatizar el Banco Nación. El gobierno sólo prometía ajustes en la distribución de ingresos (jubilaciones y pensiones) y la venta del Banco Nación a inversores privados.

factores que desencadenaron la crisis y la caída del gobierno a fines del 2001

El gobierno siguió recomendaciones del FMI, por lo tanto realizó un recorte en las jubilaciones y pensiones. Esto se extendió generando el recorte de los salarios de empleados estatales y de la distribución de ingresos con las provincias. Debido a que no había restricciones mayores al gasto estatal, a fines del 2000 los inversores empezaron a retirar el dinero de los bancos para no arriesgarse a perderlo ante la caída productiva y financiera. Esto llevó al decreto del “corralito”, mediante el cual no se podían retirar depósitos bancarios hasta nuevo aviso con el objetivo de no garantizar la ganancia al sector financiero, lo que hizo que los sectores más afectados sean los sectores medios, medios altos y trabajadores porque se retenían sus recursos.

Estas medidas financieras afectaron a la clase media, generando desempleo, problemas con los salarios y pobreza. Así, surgieron los movimientos de trabajadores desocupados y piqueteros, los cuales realizaban manifestaciones para hacer oír sus reclamos al no ser apoyados por los sindicatos. En diciembre del 2001 De La Rúa declaró estado de sitio, lo que produjo movilizaciones aún mayores. Días después, se produjo la renuncia del presidente, mostrando que la convertibilidad ya no era una opción en la economía argentina.

Merediz

Reformas del estado y consecuencias en la relación entre el estado y la sociedad argentina.

Las políticas neoliberales hicieron que el estado resguarde los intereses del libre mercado y socave las bases de la organización colectiva de la clase trabajadora. Sus políticas se centraron en una abrupta reducción del gasto público y del déficit fiscal, sobre todo eliminando políticas de protección social y de garantía de derechos, como la salud y educación. Además de una gran restructuración del mercado de trabajo legitimando el debilitamiento de las condiciones de este, afectando los salarios y promoviendo la desregularización y flexibilización laboral, lo que genero un gran desempleo.

Así la pobreza aumento y se extendió a la mayoría de la sociedad: a los sectores que ya la padecían y se identifican como pobreza estructural pero también a los sectores medios. Las condiciones de vida empeoraron de manera generalizada junto con el acceso a los servicios, canasta básica y al mercado de trabajo.

Las mujeres, niños y adolescentes fueron los sectores mas vulnerables y desprotegidos. Esto se vio en la feminización de la pobreza con una tasa superior de desempleo en las mujeres. Además del desempleo, el trabajo femenino se concentraba en trabajos domésticos o altamente precarizados como el de los talleres de costura. En cuanto a los niños y adolescentes se vio un aumento de la mortalidad, desnutrición y trabajo infantil (sobre todo en actividades domesticas). Además del aumento de la tasa de embarazos adolescentes e índices de deserción escolar. Hubo programas alimentarios diseñados como paliativo a esta situación, pero no eran suficientes.

El aumento de la pobreza preocupó incluso a los organismos de crédito internacional, lo que hizo que sectores neoliberales promovieran y garantizaran un nuevo modelo de políticas sociales para compensar los costos del ajuste, prevenir conflictos y desarrollar políticas focalizadas, descentralizado y posibilitando formas alternativas de mediación con los sectores populares basada en la modalidad clientelar. Las políticas públicas y de seguridad social pasaran a ser de carácter asistencial y focalizado concentrándose en los sectores de muy poca participación en el mercado del trabajo y centrándose en sostener mínimamente las condiciones de vida, pero profundizando la vulnerabilidad y la desprotección.

En 1996 el Estado nacional empezó con los primeros planes de empleo para compensar las consecuencias que había sufrido el mercado del trabajo. Mientras que los gobiernos provinciales y municipales se focalizaron en la asistencia alimentaria y el sostenimiento del sistema de salud. Los programas de empleo que funcionaban como mecanismos de intercambio entre el Estado con los poderes políticos locales y de negociación con los nuevos movimientos de desocupados, para garantizar una cierta paz social. Algunas provincias también lanzaron políticas parecidas a los planes nacionales de empleo durante el gobierno de Duhalde. De todas formas, durante el gobierno de De La Rúa estos planes se redujeron generando más protestas sociales.

Con el deterioro del mercado de trabajo, el aumento de la pobreza y el cambio a un estado con un rol ausente para la sociedad, los lugares de representación tradicionales sindical o política dejaron de representar a los desocupados, con lo que se mostró una fuerte falta de legitimidad de estos, y empezaron a surgir nuevos movimientos sociales de desocupados y piqueteros. A la vez que los sindicatos empezaron a perder peso.

Transformación del mercado de trabajo y consecuencias. Movimiento de trabajadores desocupados

A partir de la vuelta de la democracia en 1983, el trabajo entró en un proceso de desalarización, donde los salarios sufren una gran caída y la informalidad o la precarización de los puestos de trabajo se expande. Hay una caída de los puestos de trabajo del sector industrial, un aumento en el sector terciario y el acelerado incremento del trabajo informal. Además de que los sectores calificados se ven afectados con la devaluación de los títulos académicos debido a la escasez de puestos de trabajo calificados.

Así en los 90, Argentina estableció la desocupación como una variable estable. Un fenómeno característico de este contexto fue el incremento del denominado trabajo informal, con falta de registro, de seguridad social y ejercicio de derechos, con bajos sueldos promedios.

Con esto, el mercado del trabajo se transformó y la amenaza del desempleo pasó a ser un disciplinador social lo que contribuyó a la aceptación de precarización laboral. El marco regulador del trabajo profundizo la precariedad de condiciones laborales y el despojo de derechos; con el fin de precarizar las relaciones laborales y llegar a la flexibilización laboral para elevar la productividad y reducir costos salariales. Buscó también debilitar la capacidad de negociación colectiva, descentralizando este proceso y debilitando a las organizaciones sindicales.

Por todas estas cosas, la pobreza empezó a aumentar haciendo que el acceso a los bienes básicos se dificulte. De esta forma se fomentaron nuevas alternativas de supervivencia, desde modelos de supervivencias más básicos como el cartoneo; la creación de espacios de organización colectiva; o modelos de economía alternativos como el trueque.

En este contexto socioeconómico de los 90, los espacios de representación tradicionales sindical y política sufrieron una crisis de legitimidad y representación por lo que empezaron a surgir nuevos movimientos sociales de desocupados que pasaron a ser la representación de quienes estaban excluidos del mercado de trabajo, bajo la pobreza y sin la posibilidad de la reinserción al trabajo formal.

La nueva movilización social tenía nuevas formas de prácticas políticas, de manifestación y representación social; a modo de hacer notar los reclamos de los sectores excluidos y de conformar una identidad colectiva que representara a estas personas. Un ejemplo de esto son los cortes de rutas o piquetes. Además, buscaban convertirse en actores políticos y en un modelo de organización de los sectores populares.

Algunas organizaciones piqueteras se centraban en el trabajo digno, mientras que otros movimientos se centraban en la resolución de la urgencia de alimentos y de programas sociales. Tenían roles de reconstrucción social pero también políticos. Construyeron espacios de acción colectiva, estrategias de trabajo colectivo, comedores, emprendimientos y demás.

La respuesta del Estado ante las manifestaciones fue la represión con el fin de minimizar el conflicto, calmar y evitar las manifestaciones. Sin embargo, por el contrario, esto le dio una resignificación a las luchas, haciendo que los movimientos continuaran con sus métodos y con la resistencia ante la represión.

Ante la crisis del 2001, los movimientos y movilizaciones se multiplicaron, incrementando la tensión entre las protestas y represión. Esta crisis institucional de fines de 2001, condujo a un proceso corto, pero de intensa dinámica, en el recambio de 5 responsables en el Ejecutivo Nacional en menos de una semana que termina con la asunción a la presidencia del entonces senador Eduardo Duhalde. En esta etapa, el movimiento de Trabajadores Desocupados se volvió diverso y manifestó discrepancias políticas en la lucha.

La profundización de las protestas y la inmediata respuesta represión pusieron en evidencia la necesidad de repensar el rol del Estado frente a la demanda social y como resultado se definió la convocatoria para elecciones nacionales para marzo de 2003. A pesar del protagonismo de las organizaciones sociales en esta nueva configuración de la organización y participación política, el proceso electoral se definió entre las organizaciones políticas tradicionales.