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1° Parcial A  |  Fundamentos de Ciencia Política II (Cátedra: Dalessandro - 2024)  |  Cs. Sociales  |  UBA


a. Según lo desarrollado por Vallés y Martí Puig sobre los actores políticos colectivos, podemos comprender la perspectiva desde la cual Schmitter y Blecher afirman semejante distinción entre asociaciones de interés y movimientos sociales. En lo expuesto por nuestros autores, se plantea que uno y otro actor colectivo presentan fines muy dispares, así como disponen de vías preferidas y recursos específicos para su consecución.
Por un lado, las asociaciones de interés pueden basar su conformación en integrantes de una relación económica particular que se unen en base a la posición que ocupan en ella (esfera económica), o pueden reunir sujetos basándose en características comunes de su sociología (como la edad, el género, el lugar de residencia, etc.), o bien, simplemente compartir un conjunto de intereses comunes. Lo importante de esto es que la agrupación se compone de un núcleo, a diferencia de los movimientos sociales que se componen por varios, incluso pudiendo ser de distinta naturaleza.
Lo central de la dinámica de acción política de los grupos de interés se encuentra en su pretensión de influir y ejercer presión sobre el Estado, con el fin de defender ciertos intereses propios (o iniciativas de políticas que los promueven), sin intención de asumir responsabilidades institucionales. Para esto, los grupos de interés pueden contratar empresas de servicios y/o agencias instrumentales como lobbies, empresas de publicidad para campañas de información y propaganda o hacerse del apoyo de medios de comunicación. Además, su variada oferta de actividades posibles se centra en la utilización de vías institucionales, o la influencia sobre autoridades y las formas de intervención política convencionales (corrección: ¿únicamente?). Hablamos aquí de una agrupación de individuos unidos por y para la protección de sus propios intereses, los cuales estarán en relación necesariamente con su posición dentro de la sociedad. Mientras tanto, los movimientos sociales se caracterizan, primero, por rechazar (al menos en principio, aunque pueden adoptarlas una vez reconocidas como actores legítimos dentro de la sociedad) las formas convencionales de intervención política, siendo las acciones espectaculares, las acciones violentas y la resistencia a cumplir con obligaciones legales de diverso tipo sus formas de acción predilectas (esto es, por fuera de las vías institucionales, por medio de las cuales no consideran que sus causas pudieran llegar a ser realmente oídas). La diferencia central y donde se encuentra la fuente de la distinción “centradas en sí mismas - centradas en los otros”, es que estos movimientos contienen en su interior núcleos o grupos sociales diversos unidos (aunque, por lo general, con estructuras débiles y conexiones desafiantes en lo que a su movimiento respecta) por un sistema de ideologías, valores o propósitos comunes que responden a lo que se ha llamado “reclamos postmaterialistas” -estos son las reivindicaciones de los ecologistas por el medio ambiente, los grupos feministas, el movimiento LGBT+, por dar ejemplos-. Los movimientos sociales, así, se conforman por grupos que pueden o no verse afectados por las causas que defienden, sin embargo, se interpreta que una victoria o conquista en materia de política pública en beneficio de las mismas ha de traspasar los límites del movimiento social como benefactor y configurar un verdadero bien común, al menos dentro del sistema de ideas (corrección: hay un mito privilegiado que une a miembros) y valores compartidos por los integrantes, del cual se ha de beneficiar la sociedad toda. He aquí el corazón de la distinción de las asociaciones de interés que persiguen sus fines en pos de obtener sólo beneficios propios.

b. Tomando la teoría de la base social de los partidos, la cual propone, en síntesis, que la sociología de sus integrantes (clase, etnia, religión, lengua) define al mismo, diríamos de entrada que sí (corrección: ?). Sin embargo, como cita Malamud a Marx en su texto, “no es un fenómeno extraño el obrero conservador ni el burgués radicalizado”, por lo que no sería acertada la proposición anterior. La misma podría relativizarse con el modelo de partido catch-all o atrapatodo: este se inserta históricamente en un contexto donde el desarrollo económico, tecnológico y de los medios de comunicación han concentrado a las masas (con la información y la educación) alrededor de una visión hegemónica compartida del mundo, al tiempo que las han fragmentado económicamente. Así, estos partidos se ven en el desafío de recolectar respaldo prescindiendo del recurso de la sociología común, el adoctrinamiento mediante las imprentas y el reclutamiento de militantes en fábricas y centros industriales. Estos partidos ablandan su tradicional “doctrina pura” para poder formar parte de la visión más común de las masas de todos los sectores sociales y recoger más amplios apoyos en el variopinto electorado. (corrección: baja el contenido fuertemente ideológico en sus plataformas).
 
d. En su texto, Smulovitz y Peruzotti definen la accountability social como el conjunto de mecanismos de control de las acciones y decisiones de los funcionarios públicos encarnados en los movimientos sociales, las asociaciones civiles, los órganos no gubernamentales y los medios de comunicación independientes; estos se ocupan de mantener la legalidad de las autoridades de gobierno, exponer y denunciar las irregularidades o presunta ilegalidad y llamar a la activación de las operaciones de los mecanismo de accountability horizontal. Esta accountability social se caracteriza por la implementación de estrategias de tipo legal (elevando peticiones legales a los órganos de recepción judiciales), movilizacional (coordinando actividades, movilizaciones sociales y acciones de protesta de todo tipo) y mediático (exponiendo mediante el periodismo de investigación la ilegalidad de los actos de los funcionarios o incluso brindando visibilidad a las movilizaciones sociales frente a la opinión pública). Estos mecanismos pueden ser útiles para restringir el poder de los intermediarios mencionados en el pasaje III poniendo en marcha sus formas de intervención, llamando a la opinión pública a atender los casos de posible extralimitación de los funcionarios en favor de sus propios intereses o los de sus seguidores de forma ilegal, e infringiendo en estos costos de reputación que podrían perjudicar su posición dentro del sistema estatal e incluso valerles el respaldo del electorado en el futuro. Si consiguen esto los mecanismos sociales, entonces los intermediarios podrían llegar a revisar sus decisiones y deponerlas o, incluso, evitar actuar fuera de las exigencias de los procedimientos administrativos legales y “rectos”.

e. Los brokers o punteros políticos (corrección: ¿cómo se compone la máquina política?) se posicionan justo en el centro de la relaciones clientelares, y su poder se mide según sea su capacidad de entrar en contacto con líderes políticos con recursos y de mantener vínculos con el electorado. En este sentido, podríamos decir que se ocupan de ambas cuestiones: los punteros son un elemento fundamental para la garantía de la gobernabilidad de su intendencia o del político al que responde, ya que es éste la prolongación del Estado en los sectores más marginales, actuando no sólo como distribuidor de los recursos entre los beneficiarios, sino también elevando las demandas particulares al patrón político. De esta forma articula los intereses de los clientes y la gobernabilidad del patrón, al tiempo que se ubica en el centro de la dinámica como un verdadero proveedor de contención social, necesaria en condiciones estructurales precarias como en las que se inserta.
El caso argentino sobre el que investigó Zarazaga muestra que dos tercios de los punteros consultados reciben planes sociales u ocupan cargos municipales, y que, además de sus ingresos en este respecto, también tienden a quedarse para sí algunos de los recursos que el intendente le brinda para distribuir. Sumado a esto, no sólo distribuye estos recursos entre los beneficiarios, sino también entre los sectores más marginados, en las villas y asentamientos. Nuevamente, su poder radica en sus capacidades de vincularse con políticos-patrones y ciudadanos-clientes, aunque, al menos en el caso estudiado por nuestro autor, se consideran a sí mismos como casi omnipresentes, afirmando que el Estado son, efectivamente, ellos (corrección: ¿de qué forma se presenta el Estado a través de los punteros?), y que éste administra en sus casas. Agrega Zarazaga que, aunque son fundamentales para la gobernabilidad de los sectores que, sin ellos, no serían alcanzados por el Estado, muchos están relacionados con la venta de drogas en los barrios.


 

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