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NOTA A UTILIZAR EN EL PARCIAL:
A continuación, le presentaremos un artículo .
Página 12 – Las 12 - 31 de mayo de 2019
ABORTO
Salud feminista para todes
En una trama que cumplió cuatro años y ya cuenta con miles de especialistas en
todo el país garantizando el acceso a acompañamientos seguros de abortos legales
por causales, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se
propone la enorme tarea de seguir construyendo una salud integral feminista,
anti-patriarcal y anticapitalista para que mujeres, lesbianas y personas
gestantes puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Por Laura Litvinoff
Hace casi exactamente cuatro años, en el marco de una actividad organizada por
la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, surgió la “Red de
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”, una organización que nuclea
trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas del sistema de salud de
toda la Argentina y que tiene como uno de sus principales objetivos poder
garantizar el acceso a acompañamientos seguros de abortos legales por causales
en los distintos territorios. Creció exponencialmente en los últimos años al
ritmo vertiginoso de la marea verde, cuenta con miles de profesionales en todo
el país y día a día se propone la enorme tarea de convertir la letra del Código
Penal y de los protocolos de la ahora devenida Secretaría de Salud en práctica
concreta y acción feminista. A esta altura, Red de Profesionales es una trama
inclusiva y combativa que se pronuncia en contra del silencio, la
clandestinidad, la estigmatización y los maltratos y torturas sufridos por
distintas mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro sistema de salud
capitalista heteropatriarcal, y que lucha para que cada día más mujeres y
personas puedan decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas: un
derecho que ya lleva casi cien años de vigencia legal en nuestro país pero que,
en la práctica diaria, la mayoría de las veces no se cumple.
El aborto pone en jaque a todo un sistema de salud que está basado en una
disparidad asimétrica de poder dentro del consultorio y de las instituciones de
salud donde, en general lxs que deciden son lxs profesionales de salud y no les
usuaries. En cambio en este tipo de prácticas lo que se está es acompañando lo
que sea que decida la otra persona. Significa una clara búsqueda de autonomía de
los cuerpos como de la relación directa con el sistema de salud, sostienen desde
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con
la propia Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y otras agrupaciones
feministas como NI UNA MENOS, Católicas por el Derecho a decidir. Precisamente
eso trata uno de los apartados del nuevo proyecto de Ley de IVE que presentó la
Campaña este 28M en el Congreso, y que en esta versión incluye el derecho al
acceso universal a la Educación Sexual Integral (ESI), de acuerdo a lo
establecido en la ley 26150/06 que crea el Programa de Educación Sexual
Integral.
Todas las jurisdicciones del país deberían garantizar el acceso a la
Interrupción Legal del Embarazo por causales, según el Código Penal, que abarca
lo conocido como “causal de violación” y “causal de salud”, entendida esta
última, y según la definición de la Organización Mundial de la Salud, como el
bienestar psico-biosocial de la persona. Esa causal incluye los tres aspectos en
todo lo que a salud mental se refiere: no necesariamente quien quiera abortar
debe constatar un riesgo físico (por caso, sufrir de hipertensión y que el
embarazo ponga en riesgo su vida físicamente), sino que están contemplados casos
en los que, por ejemplo, un embarazo angustia de tal forma a la persona gestante
que le genera un sufrimiento psíquico; eso también correspondería a una causal
dentro de lo que se considera salud integral. Y el informe de un/x profesional
de la salud que avale.
Sin embargo, en la práctica diaria apenas diez de las veinticuatro
jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que
se ajustan a estos criterios. Otras seis provincias del total (Ciudad de Buenos
Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Río Negro)
dictaron protocolos con requisitos que dificultan el acceso al servicio y las
otras ocho jurisdicciones restantes (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) no cuentan con normas locales
que garanticen un acceso seguro a la ILE.
En este escenario, el margen de acción para las interrupciones depende del
territorio donde se lleve a cabo, entre otros aspectos. “Si bien la ILE existe
en el Código Penal desde 1921, recién después del fallo FAL, en 2012; por lo que
la Corte Suprema de Justicia con este fallo contribuyo a que se empezara a
avanzar en la garantía de las interrupciones a mayor escala. También es cierto
que el margen de acción depende mucho de decisiones políticas. La medicación
utilizada es el misoprostrol y el no contar con la misma de manera gratuita hace
que el acceso a una ILE sea mucho más complejo, siendo un nicho aprovechado por
los laboratorios que incrementaron esta droga en un 500 % en los últimos años.
El accionar de los hospitales públicos y los centros de atención primaria en el
acceso a la ILE, es también una cuestión que varía según la provincia, la región
o el municipio, y según los recursos existentes en los diferentes espacios, ya
que el sistema de salud actual en Argentina es federal. Pero según Cioffi, “lo
que resulta muy llamativo es que en los centros de atención primaria nos
encontramos con mayor accesibilidad, porque en general ahí atienden
profesionales de salud que están insertxs en los territorios, y por eso mismo
suelen tener mucho más vínculo a nivel longitudinal y de seguimiento con las
familias en cada uno de los barrios, entonces la concepción de salud es en
términos más integrales, lo que posibilita que sea una trinchera para el acceso
a los derechos en términos generales de salud, pero también en términos de la
ILE”. La mayor parte de lxs profesionales que garantizamos interrupciones
estamos en el primer nivel de atención, y hay un gran déficit en el segundo
nivel, es decir en los hospitales. Eso lo vemos también a la hora de tener que
derivar, lo cual representa un problema porque muchas veces algunas situaciones
son rechazadas y hay que pelear caso por caso; a veces hasta hay que acudir al
Programa de Salud Sexual y Reproductiva como para que presionen y se acepten
esos casos.
Un ejemplo de esto son las estadísticas más recientes en zonas como CABA, donde
en 2008 se realizaron 4.800 interrupciones, dentro de las cuales 4.136 fueron
acompañadas desde los centros de salud. Cioffi afirmó que eso tiene que ver con
la práctica en sí misma de las interrupciones, porque hasta casi las trece
semanas de embarazo no es necesaria la atención hospitalaria ni la internación.
El procedimiento se realiza de forma ambulatoria y es suficiente con el
seguimiento de la profesional de un centro de salud, ya que este tipo de
interrupciones se hacen con medicación y en el domicilio.
Resulta fundamental que cada vez más profesionales de la salud estén capacitados
en la temática, sobre el marco legal, sobre los procedimientos para poder
acceder, y también para que puedan empezar a enmarcar la salud con un enfoque
feminista.
Como en 2018, miles en una sola marea verde volvieron a manifestarse en las
calles y las plazas de todo el país por el derecho al aborto seguro, legal y
gratuito en los hospitales y en cualquier lugar. A la ansiosa y persistente
espera de que por fin, en 2019, sea ley.
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