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Crisis del campo argentino 
 

Introducción 
 

  El 11 de marzo del corriente el gobierno argentino estableció un incremento  de las retenciones sobre las exportaciones, elevando el canon para la soja del 33% al 44% y aplicando un sistema de retenciones móviles que varía de acuerdo al precio internacional de la misma. A partir de esta medida, se desencadenó la protesta de los productores agropecuarios (representados por las cuatro entidades que los nuclean) mediante un lock-out patronal, generando un desabastecimiento que, sumado a la ya creciente inflación, determinó una altísima y acelerada suba de precios.

Retenciones 
 

  Las retenciones sirven de herramienta para evitar que la suba de los precios internacionales afecte los precios del mercado interno de los alimentos. Además, son una forma de redistribuir el ingreso y una herramienta para diversificar la producción, dado que si el productor en lugar de exportar “commodities”, exportara productos con valor agregado (industrialización, manufactura), no pagaría retención alguna. A su vez, sirven para mantener un dólar competitivo para la exportación. Los últimos meses se produjo una caída de la bolsa de los Estados Unidos, que si bien no llegó a producir una crisis económica aún, hizo caer el precio del dólar a nivel mundial. Esto generó que la dificultad por mantener un dólar alto (y por ende, competitivo) sea mayor, teniendo el Banco Central la necesidad de comprar una mayor cantidad de divisas. El dólar a precio competitivo beneficia claramente al sector agropecuario, principal exportador del país. Por ende, lo lógico sería subsanar esa compra de divisas extranjeras con retenciones a las exportaciones, para mantener el nivel anterior, sin afectar la producción del campo. Ello se evidencia en el fuerte incremento de la cosecha: de 69 millones de toneladas en 2002-03 a 85 millones de toneladas en 2006-07 en la producción de soja, maíz, trigo y girasol. Al mismo tiempo tienen la función de frenar el avance sistemático del monocultivo de soja, cultivo que por su condición de plantación y conservación, gasta en exceso la productividad de la tierra, dejándola en un lapso muy corto de tiempo improductiva y estéril para otro tipo de plantación. 
   Es necesario también aclarar que las retenciones afectan al propietario de la tierra, y no al productor. El precio de la tierra es consecuencia directa del beneficio que generan los bienes que produce. Si el precio del bien sube (o baja su costo de producción) el precio de la tierra aumentará. Lo contrario sucederá cuando baja el precio del bien (o aumenta su costo de producción). 
  Esto permite entender el fuerte incremento que viene registrando el precio de la tierra a partir del abandono de la convertibilidad. En el 2001, una hectárea de campo en zona premium de la pampa húmeda (como el triángulo Arrecifes-Rojas-Pergamino) se cotizaba en 2.500-3.000 dólares/pesos. Hoy, se sitúa en los u$s 5.000 y, de eliminarse las retenciones, superaría los u$s 6.000. La explicación de este extraordinario aumento de precios, tanto en dólares como en pesos, reside en el fuerte incremento de beneficios provocado por la devaluación. En términos generales, el ingreso agrícola se triplicó mientras que los costos no llegaron a duplicarse. Asimismo, el aumento del precio de la tierra acarreó el aumento del precio de su renta o alquiler, es decir, la retribución que percibe el propietario. 
  La otra consecuencia de las retenciones se relaciona con los consumidores domésticos. Una baja de los precios agrícolas abarata los alimentos y el costo de la canasta familiar. Por lo tanto, las retenciones contribuyen a reducir el costo de vida y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo. Se estima que una eventual eliminación de las retenciones provocaría una caída del salario real de un 15%, ya que el alto nivel de desempleo bloquea la posibilidad de ajustes salariales que puedan compensar las alzas de precios.

  Contestando esta intervención directa del Estado en la economía, las cuatro entidades que nuclean los sectores del agro (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y la Federación Agraria Argentina), lanzaron en conjunto un lock-out agrario, cortando las principales rutas de circulación vial del país, provocando un grave problema de desabastecimiento a la sociedad en su conjunto. El principal reclamo era la supresión inmediata de todo tipo de suba en los aranceles vigentes de exportación. Para contrarrestar la medida del gobierno, las cuatro entidades presentaron tres propuestas, las cuales fueron desoídas por la presidente. 
 
 

     El conflicto tuvo su punto de inflexión y de mayor tensión el 25 de mayo, cuando el campo decidió endurecer su protesta por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno volviese atrás con el aumento de las retenciones, mientras que la presidente Cristina Fernández declaró que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado.

     El paro afectó el comercio nacional e internacional de alimentos, y el abastecimiento de las ciudades.

     En el curso del mismo se han producido manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones.

Inflación y desabastecimiento 
 

Al aumento en los precios de los productos exportables (commodities) y su repercusión en los precios internos de los alimentos, la devaluación del peso, y el incremento salarial que generó un aumento en el consumo interno se sumaron a una suba en el gasto público que incidió en un aumento de la demanda privada, en un marco de crecimiento constante del PBI al 9% durante cinco años, y generaron la situación inflacionaria actual. También influyeron factores externos como el cambio climático que afectó la producción de frutas y verduras durante 2007. 
   La situación se agravó debido a que la soja, por su altísima rentabilidad, desplazó (y continúa desplazando) a las demás actividades agropecuarias, generando un estancamiento de las demás producciones, como carne, lácteos, cereales y alimentos frescos. El país volvió a una situación inflacionaria exacerbada, presente en muchas de las etapas económicas de su historia, debido a que la producción que exporta es la misma que la que consumen las clases populares, en un momento de disparo de los precios internacionales de los alimentos. 
  Debido a esta situación, se tomaron medidas para frenar la inflación, como las retenciones móviles de acuerdo al precio internacional de los commodities, que generaron la disputa entre el gobierno nacional y el sector agropecuario que derivó en un lock-out patronal. También se aplicaron retenciones a los productos energéticos, se firmaron acuerdos con los supermercados y se subsidió la producción en distintas áreas. 
  El sector agropecuario, a partir del conflicto, se convirtió en el principal denunciante de la falta de soluciones a un desmedido aumento de precios, criticando además la forma en que el gobierno manipula los datos inflacionarios y advirtiendo que si continúa, alentará una mayor inflación. 
  Pero a su vez, los productores, al cortar las rutas en señal de protesta, provocaron un desabastecimiento que derivó en un aumento aún mayor de los precios, elevando aún más la inflación. 
 
 
 
 

Conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín 
 

  A partir de uno de los puntos que incluye el proyecto de Ley de Radiodifusión, que propone reducir en número de licencias audiovisuales a las que pueda acceder una misma empresa, se desató un conflicto entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín (que posee, entre otros, los diarios Clarín, La Razón y Olé, las empresas de cable y acceso a internet Cablevisión, Multicanal y Fibertel, la editorial Tinta Fresca, las señales de televisión Canal Trece, Todo Noticias y TyC Sports, y las radiodifusoras Mitre y La 100), que se agravó con el paro agropecuario y la postura del grupo con respecto al mismo. Los medios que controla el grupo (especialmente el diario y la señal TN), fueron muy críticos con el accionar del gobierno, publicando información que si bien fue imparcial, fue siempre negativa. 
  El gobierno, fiel a su postura de enfrentarse con quienes lo cuestionan, salió a contrarrestar a Clarín a través de comunicados en actos oficiales, en los que tildó a la postura del grupo como “cuasi mafiosa”. Con el correr de los días y las reuniones que tuvieron los representantes de Clarín con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la situación se fue tornando menos conflictiva, y se trasladó a los titulares de los medios. El 15 de Mayo el titular principal del matutino fue: "Cristina llamó al diálogo: hay debate en el campo". Al día siguiente tituló "El campo desoyó a Cristina y sigue el paro”. 
 
 

 

Conclusión 
 
  Las retenciones sirven como un impuesto que afecta a la riqueza, no a la producción. La intervención del Estado tuvo como finalidad solucionar las fallas del mercado, es por eso que las retenciones deben ser tomadas como una herramienta de distribución de ingresos y de promoción de la industria (que evitaría la dependencia de la producción nacional de los precios internacionales de los factores productivos), además de contribuir a regular el cultivo masivo de soja, que mediante la utilización de herbicidas en su cultivo, especialmente el Round-Up o glifosato, y la enorme absorción de nutrientes que la planta ejerce, termina por arruinar la productividad del suelo. Es a partir de esto que se debería evaluar si la resolución es legítima o no, a pesar de haber habido un claro error político al implementarla. La resolución podría haber sido desde un principio lo que es hoy: un proyecto de ley que se discute en el congreso. Además, ese diálogo que ambos sectores tanto reivindicaron, debió haberse dado antes y no ahora, con el país desabastecido, dividido en dos, y con la población perdida en una incertidumbre con respecto al futuro similar a la de hace 7 años.