BASUALDO: ALFONSÍN Y PRIVATIZACIONES.

 

La etapa de Grinspun en el Ministerio de Economía.

 

A partir de 1982, comienza la década de “crisis de la deuda externa”. En México, comienza la moratoria, caracterizada por una escasez de financiamiento externo. La Argentina sufre esta restricción y oscila entre estancamiento y crisis económica, con una restricción en la formación de capital vinculada a la fuga de los mismos. Durante estos años, se consolida la valorización financiera por lo que el proceso económico es conducido por los grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora, sobre la base de una redistribución de ingresos que pierden los asalariados y el carácter regresivo de la estructura impositiva al igual que la orientación de las transferencias estatales.

El FMI, representante político y técnico de los acreedores externos, encargado de elaborar programas de ajuste y de controlar su evolución. El nuevo financiamiento de los bancos privados acreedores se dio una vez que dicho organismo implementó el programa de ajuste y se fueron liberando sus distintos tramos, a medida que el FMI aprobaba lo actuado por el país deudor en términos de política económica. 

El diagnostico básico que respaldó los planes de ajuste consistió en asumir que los países deudores tenían problemas de liquidez que se superarían mediante la contracción de la demanda agregada interna (reducción del consumo de los sectores populares mediante la disminución del salario real), para aumentar el superávit en la balanza comercial y pagar los intereses extraídos de la deuda externa. 

El diagnostico de iliquidez se le agregó la problemática de la insolvencia, de la cual se dedujo la necesidad de introducir reformar estructurales en las economías de los países deudores. A partir de esta problemática se desataron conflictos entre el FMI y el Banco Mundial para determinar la importancia de cada uno de estos factores en las políticas imperiales, pero los acontecimientos indicaban que para los acreedores externos ambos fueron complementarios e innegociables, porque el argumento de iliquidez estaba dirigido a garantizar el pago de intereses y el de la insolvencia de hacer lo propio con la amortización del capital adeudado.

 

En la economía interna, el agotamiento de 1981, todavía durante la dictadura militar, se dio una crisis estructural en el sector externo, debido a la magnitud que alcanzó la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior. A esto se le agrego las dos grandes transferencias de pasivos al Estado, que desequilibraron las finanzas. La situación se empeoró más con el conflicto de las Islas Malvinas lo cual trajo un derroche de recursos con cargo a la deuda externa. Por lo que cuando asumió el nuevo gobierno constitucional la situación económica estaba muy critica. 

 

Bajo estas circunstancias iniciales, bajo el gobierno constitucional se desplegaron dos grandes políticas económicas: la breve gestión de Grinspun y la de Sourrouille, basada en el denominada Plan Austral.

Respecto a la negociación de la deuda externa, la nueva gestión económica debía iniciarla de forma inmediata. En ese momento, el nuevo gobierno asumió una posición de confrontación al sostener que los acreedores eran corresponsales y que debían establecerse la liberación del capital adeudado  (no entendi lo que viene después)

 

 

 

 

Auge y ocaso del Plan Austral

 

La primera crisis de gabinete constitucional, en febrero de 1985, dio lugar al reemplazo del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. El hasta entonces Secretario de Planificación (Sourrouille) modificó la política económica, en términos del sector externo como de la economía interna.

Asumiendo que la principal restricción que se enfrentaba era la deuda externa, pero sostuvo que para eliminarla no se requería de un enfrentamiento con los acreedores externos y sus representantes políticos sino de plantear un modelo exportador que, basado en una reactivación de la inversión, generara divisas necesarias para superar el estrangulamiento externo derivado de los servicios de la deuda.

La nueva estrategia económica se propuso, para hacer posible el incremento de la inversión, aumentar el ahorro, pero excluyó toda medida orientada a retener el ahorro interno interrumpiendo la fuga de capitales locales. La conducción económica entendía que las negociaciones con la fracción interna dominante y la modificación de capitales destinada a reactivar la formación de capital en las producciones de bienes exportables

Sobre esto, se puso en marcha la etapa preparatoria del Plan Austral que enfrentó dificultades para su implementación debido a aceleración del proceso inflacionario y a la negociación con los sectores dominantes acerca de las características que debía asumir. 

 

El 14 de junio de 1985 comenzó el nuevo plan, que contemplaba ciertas medidas economías que apuntaban a los precios relativos, las finanzas públicas, la situación monetaria y la renegociación de la deuda externa. 

Medidas:

Se congelaron los precios y las tarifas de la economía, al mismo tiempo que se redujo el déficit fiscal mediante un incremento de las retenciones a las exportaciones, del impuesto a los combustibles y a la aplicación de un “ahorro forzoso” para los sectores de mayores ingresos. Al mismo tiempo se estableció que el estado no recurriría a la emisión para financiar el déficit fiscal, se redujo la tasa de interés regulada. Se estableció un nuevo signo monetario (el austral) y se instauro una tabla de conversión para los contratos financieros acordados en pesos argentinos, el cual el austral se actualizaba diariamente, aplicándole la inflación a esas medidas. 

El objetivo fue evitar bruscas redistribuciones de ingresos entre deudores y acreedores financieros, así como deducir que el resto de los contratos entre particulares ocurrieran lo mismo. 

El plan tuvo éxito como instrumento antiinflacionario en el corto plazo, sin embargo, los principales perjudicados con este nuevo funcionamiento de la economía argentina fueron los trabajadores, debido a que el origen de los recursos que se transfieren al exterior durante la valorización financiera no se ubica en la deuda externa sino en la brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados.

Lo grupos económicos locales y algunos grupos extranjeros fueron los capitales privilegiados del proceso económico, porque mantuvieron las beneficios obtenidos durante la dictadura militar (promoción industrial, transferencia de su deuda externa e interna al Estado, etc) y también acumularon otras ventajas vinculadas con esta nueva etapa (incentivos a las exportaciones, créditos estatales, etc). 

Durante el gobierno constitucional se generaron múltiples agrupaciones entre organizaciones empresariales, entre ellas, además, agrupaciones de trabajadores, la CGT. En 1984, fracasó el intento para aprobar una nueva ley sindical, por lo que la central sindical realizó una serie de agrupaciones con organizaciones empresarias de la industria, el agro, la construcción, entre otras. 

La convergencia entre organizaciones empresariales y la CGT, estuvo orientada a enfrentar los diversos intentos de política económica, y fue un factor que desgasto al gobierno. 

Estos acuerdos se desplegaron en un contexto heterogéneo, producto de la concentración económica, ya que agrandaba su presencia en las diversas organizaciones empresariales.
 Existió, de esta misma forma, una estrecha relación entre los principales referentes de los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros, con un conjunto de funcionarios importantes del gobierno.  

La estrategia de la fracción local de los sectores dominantes, que enfrentaba la política gubernamental asociada con otras fracciones empresarias y negociaba y subordinaba la acción del gobierno mediante tratativas directas con el partido de gobierno. Las vinculaciones entre el partido de gobierno y el sector dominante fueron el vehículo para la extorsión y dieron lugar a modificaciones constitutivas del transformismo, poniéndose en marcha un proceso de cooptación ideológica al igual que de negocios políticos y económicos.

Se inicia, así, la etapa de absorción gradual pero continua de la decapitación de los sectores subalternos como forma de inmovilizarlos. Además se afianzaron las relaciones del sistema político con empresarios locales.
 Además comenzaron a crecer los operadores políticos, caracterizados por su pragmatismo y falta de ideología, lo que esconde su ruptura con las concepciones y la historia de los grupos sociales. Son depositarios de los negocios políticos y económicos por lo que se ubican en posiciones decisivas.

La detención de la inflación que produjo el Plan Austral, inició su deterioro a medida que se incrementó el conflicto social por la distribución del ingreso, en un contexto de estancamiento productivo y reducción de la inversión. 

 

 

En 1987, el diagnóstico oficial cambia y presenta la crisis del modelo populista y facilista, centralizado y estatista. La salida consistía en reestructurar al Estado, mediante la privatización y la apertura importadora. Entonces, en 1988, se lanza un plan de privatización, rechazado por la oposición peronista.