Auge y crisis de las Reformas Neoliberales en Argentina “Ruth Felder”

Introducción

Felder en su trabajo va a hablar acerca de la dinámica del ajuste estructural, identificando las tensiones y núcleos conflictivos que llevaron a la crisis en Argentina. Vamos a tener en cuenta el desarrollo de procesos históricos que fueron sucediendo a partir de la Dictadura Militar.

Prehistoria de los ‘90

Ø Las transformaciones ocurridas en la Dictadura Militar desarticularon las bases de la etapa de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, catalizando nuevas formas de la economía interna e internacional.

Estas transformaciones hacen referencia a la acumulación de deuda externa y posterior estatización de la misma en 1982. Se orientó a una liberalización financiera.

Ø En 1983 retomamos a la democracia con Raúl Alfonsín, que estuvieron muy imposibilitados a la hora de revertir las transformaciones que se hicieron en la dictadura. A su vez el contexto internacional había empeorado, ya que había altas tasas de interés, recesión y caída de las materias primas.

Ø Por otra parte, los sectores sindicales ejercían fuerzas para mantener sus privilegios. Se intensificaron las demandas sociales que no se pudieron expresar en la Dictadura, lo que limito al gobierno a imponer un ajuste que pedían los acreedores y las instituciones financieras internacionales y de mejorar la acumulación de capital. Esto resultó en una estanflación que el gobierno trató de estabilizar, balancear sus cuentas e iniciar un programa de ajuste estructural. Como respuesta, los bancos acreedores lanzaron un ataque especulativo contra el austral.

Esto, terminaría culminando en la hiperinflación de 1989, la cual sentó las bases para que se dé un cambio estructural.

Reforma Estructural

En este contexto hiperinflacionario, la estabilización era un objetivo social indiscutible. Las transformaciones de los ´90 estabilizaron la economía y profundizando la violenta distribución regresiva de riqueza que se había impuesto durante los episodios hiperinflacionarios. La alteración de precios en la hiperinflación generó una perdida en el poder adquisitivo de los salarios. El creciente desempleo redujo los salarios nominales y precarizo las condiciones laborales. El Estado internalizó la lógica del mercado global como principio orientador de sus políticas, de su financiamiento y de la asignación de recursos.

Inicio de las Reformas Estructurales

Carlos Menem lanzó su programa de reformas estructurales. Este programa era la clave para eliminar las fuentes de inestabilidad macroeconómicas y recrear las bases del crecimiento.

Partía de un diagnostico en el cual decía que el Estado era ineficiente y por su excesiva intervención en la economía, se veía la necesidad de recortar el tamaño del aparato estatal y crear una expansión mediante privatizaciones, modificación de la estructura pública, desregulación de muchas actividades económicas, apertura al comercio y a los flujos de capital, entre otros. En menos de cinco años de privatizaron 100 empresas públicas y se redujo el personal administrativo del Estado, se eliminaron normas que regulaban a las relaciones laborales, otras actividades económicas, actividades financieras y se privatizaron parcialmente los sistemas públicos jubilatorio y de seguridad social.

El mayor pilar de esto fueron las privatizaciones. Esto generó oportunidades de inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad. A la vez, favoreció el flujo de capitales que sentaría la base de la convertibilidad.

Luego de un ajuste ortodoxo vemos que:

• Abril de 1991 : Se impone la Convertibilidad, la cual redujo drásticamente la inflación y logró estabilizar rápidamente la economía.

Esta se basó en la fijación por ley de la tasa de cambio entre la moneda local y el dólar estadounidense, respaldado mediante las reservas de divisas del Banco Central y de los compromisos estatales de no emitir moneda sin este respaldo y de vender y comprar las cantidades de moneda local o dólares ofrecidas y demandadas por el público sin imponer restricciones. Esto tenía como fin evitar el aumento de precios internos. Al comprometerse a no emitir moneda, los recursos presupuestarios dependían de la afluencia de capitales .

Esto estuvo acompañado de una reducción de impuestos sobre importaciones, desregulación de actividades económicas, eliminación de restricciones a las inversiones externas, se amplió la privatización, se estableció una independencia del Banco Central, lo cual impediría que se monetizaran las deudas de los bancos centrales.

Se inició a su vez un proceso de reformulación de las regulaciones laborales, en donde los empleadores podían contratar por tiempo determinado. También se redujo el costo de las cargas sociales a cargo de los empleadores y se flexibilizaron los mecanismos de contratación. Luego se limitaron las negociaciones colectivas que incluían indexación salarial.

En 1992, frente a las protestas de los jubilados, el gobierno inició el debate acerca de la apertura al capital privado. En septiembre de 1993 se aprobó la creación del sistema privado de jubilaciones.

Se aprobó además la privatización de YPF, con el argumento de que esos ingresos se utilizarían para este fin.

En 1993, Argentina se adhiere al Plan Brady, por el cual se reestructuró la deuda pública. Éste permitió el refinanciamiento de la deuda pública contraída con bancos internacionales a través de la emisión de títulos públicos que éstos podrían comercializarse en mercados secundarios. A cambio de una quita de la deuda y extensión del plazo, el país se comprometía a cumplir con sus compromisos de pago mientras los bancos reducían la exposición al riesgo de nulidad o moratoria. Esto supuso un cambio importante en la vinculación del país con los mercados financieros, ya que, desde entonces, la economía del país quedaría sujeta a la evaluación permanente por parte de estos mercados a través de indicadores de riesgo país.

Todo esto creó una condición favorable para la afluencia de capitales internacionales. El ingreso de capitales se combinó con la mejora de la recaudación impositiva resultante de la caída de la inflación para equilibrar las cuentas fiscales, incrementar niveles de reservas, y financiar una etapa de expansión basada en la modernización tecnológica y en la racionalización.

Esta etapa no se caracterizó por la creación sostenida de empleo, ni mejoras sustantivas de los ingresos del trabajador. En su inicio la pobreza se redujo y los asalariados y grupos vulnerables se vieron beneficiados por la estabilización y oferta del crédito. Esto como consecuencia extendió un consumo mayor.

Del auge a la crisis

Ø En febrero de 1994 va a haber un aumento de la tasa de interés impulsada por la Reserva Federal, lo que resultó en un menor flujo de capitales hacia el país. Entonces, todos los inversores extranjeros van hacia EEUU ya que el país tenía un perfil muy bajo de riesgo. El proceso de apreciación de la moneda y el elevado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos hicieron que aumente el riego país en la Argentina.

Ø 1995: efecto tequila limitando seriamente el ingreso de capitales al país y afectó seriamente la economía local. Se redujo el crédito y aumentaron las tasas de interés, cayó la producción, el producto, aumentó el desempleo y la pobreza.

Esto se vio subsanado con un paquete de asistencia coordinado por el FMI que hizo posible controlar los efectos de la crisis financiera y recuperación del nivel de actividad.

La respuesta frente a la crisis fue una intensa actividad de adaptación del estado y de subordinación de demandas sociales al estrechamiento de los límites impuestos por la movilidad de capital. Para “ganar confianza” se volvió a ofrecer mecanismos de protección del capital frente a la posibilidad de una crisis y mejorar la rentabilidad de las inversiones.

 Era necesario entonces atraer capitales.

Seguida de la crisis de 1994 hubo nuevas reformas. Se profundizó la transformación del sistema bancario. Con apoyo del Banco Mundial, se puso en marcha reestructurar la banca pública y privada y crear un mercado de capitales. Para alcanzar esto, se estableció una garantía de los depósitos bancarios y se creó un Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria que protegería a los bancos en caso de corridas especulativas contra el peso. Se alentó a la fusión de entidades bancarias. Esto resultó en una desnacionalización y concentración del sistema bancario. Se impulsó la privatización de bancos provinciales y el Banco de la Nación. La privatización de bancos fue una condición para que las provincias pudieran acceder a créditos del Banco Mundial, estas transfirieron sus bancos al capital privado. La privatización del Banco Nación no permitió que esta se concretara.

Se respondió también a la caída de competitividad internacional de la economía local y al creciente desempleo con medidas para reducir el costo de la fuerza de trabajo y flexibilizar las condiciones de contratación.

Se formularon proyectos para redefinir modalidades de intervención del estado en áreas relacionadas con la reproducción de las relaciones sociales.

En 1994 comenzó a funcionar el sistema privado e Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Se renovaron los esfuerzos tendientes a privatizar activos públicos y a profundizar el ajuste fiscal y extenderlo a estados provinciales.

Ø Nada de todo esto fue suficiente para evitar el impacto negativo de las turbulencias financieras internacionales . Se restringieron los flujos de capitales hacia el país, se incrementó el costo del endeudamiento público y se dañó aún más la economía argentina.

En 1998 llega el riesgo país a niveles inéditos y se contrajo significativamente el ingreso de capitales mientras aumentaba la dolarización de la economía y particularmente la de los depósitos y créditos bancarios.

El gobierno afirmaba su compromiso de seguir con la convertibilidad. En 1998 se firma con el FMI un acuerdo para implementar un programa que permitía al país hacer frente a los impactos negativos de las crisis financieras internacionales. Se otorgaban recursos que podrían utilizarse en caso de que fueran necesarios. El Banco Mundial otorgó préstamos destinados a contrarrestar los efectos de las turbulencias financieras internacionales. Este crédito le permitía al BCRA contar con fondos para asistir a bancos privados que pudieran afrontar dificultades derivadas de movimientos financieros especulativos. Estas asistencias tuvieron como compromiso continuar con el ajuste de sistemas de salud y educación, profundizar la flexibilización laboral y reducir el costo de la fuerza de trabajo y renovar los esfuerzos para equilibrar las cuentas públicas y extender el ajuste fiscal en las provincias.

Cumpliendo estos compromisos, en 1999 se aprueba la Ley de Convertibilidad Fiscal que estableció límites al endeudamiento público, condiciono el crecimiento del gasto público al crecimiento del PBI y sanciones para los funcionarios que no implementaran las restricciones presupuestarias. El Estado nacional no contaba con instrumentos para imponer un ajuste provincial, por lo que se desarrolló un programa por el cual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgaban créditos a las provincias a fin de reestructurar su administración y reducir sus gastos.

Estas reformas se llevaron en el marco de una nueva etapa recesiva que no podría ser superada en el marco de la convertibilidad.

Hiperdeflación y final de la Convertibilidad

Fernando de la Rúa asumiría la presidencia, con una recesión, alto pago de la deuda pública y una alta tasa de riesgo país.

Como respuesta a esto, en abril del 2000, el gobierno anuncia un ajuste fiscal que incluyo recorte de salarios de empleados públicos, eliminación y fusión de dependencias estatales, aumento de impuestos al consumo, postergación de la infraestructura, eliminación de planes de asistencia social, entre otros.

Estas medidas con fin de aumentar la confiabilidad, fueron erróneas ya que estábamos en el contexto de escasez del crédito externo. Se agravó la recesión, se afectaron los ingresos fiscales, obligando al gobierno a ofrecer tasas de interés más altas para refinanciar su deuda.

En diciembre del 2000 se incrementó el “blindaje financiero” constituido por fondos prestados por el FMI, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno español y algunos bancos privados internacionales y administrado por el FMI. Estos fondos podrían ser utilizados para pagar servicios de la deuda pública. Esta operación que trataba de reducir el riesgo país y reactivar la economía no logro impedir la profundización de la recesión y el gobierno no puedo mantener los compromisos del ajuste incluidos en el acuerdo con el FMI.

Para marzo del 2001 vuelve Cavallo como Ministro de Economía, ratificando su compromiso con la convertibilidad y logró que el parlamento le otorgará facultades extraordinarias para llevar adelante una reducción del déficit fiscal.

En mayo de 2001 se implementa el “megacanje” por el cual el estado rescataría los títulos de deuda de corto plazo y los cambiaría por otros a largo plazo y tasas de interés más altas. Este estuvo acompañado por un nuevo plan de ajuste fiscal, reducción del tamaño del aparato del estado, mayor liberalización comercial y el compromiso de que el gobierno no intervendría en las decisiones del Banco Central. Esto ayudó a reabrir negociaciones con el FMI y desbloquear el flujo de préstamos.

En julio se anunció la política “Déficit cero” por la cual todas las erogaciones del estado, excepto el pago de intereses de la deuda pública quedaban subordinadas a la disponibilidad de recursos del estado. La contracción del gasto público no logró resolver los desequilibrios financieros.

En octubre del 2001 se intentó reestructurar la deuda con el objetivo de reducir la carga de intereses y de posponer los pagos. El gobierno logro negociar con los acreedores, pero estos imponían la condición de que los nuevos títulos de deuda debían estar con la garantía del FMI, el Banco Mundial y BID, garantía que el gobierno no logró obtener.

Se fue acelerando el drenaje de depósitos del sistema bancario y la fuga de capitales. Los bancos y grandes inversores habían retirado su dinero del sistema bancario local, el FMI perdió interés en proteger la economía argentina, bloqueo desembolsos de préstamos y comenzó a presionar por la cesación de pagos y restructuración de la deuda pública, devaluación del peso, profundización del ajuste fiscal y reformas estructurales.

En diciembre del 2001 en un intento de evitar el colapso de la Convertibilidad y de proteger a los bancos del acelerado drenaje de depósitos, el ministerio de economía impuso el “corralito” , impidiendo a los ahorristas retirar sus ahorros. El corralito convirtió la recesión en una parálisis y agravó el descontento social, culminando con la renuncia de la Rúa, la declaración formal de cesación de pagos de la deuda y la derogación de la ley de convertibilidad.

Felder se replantea y ve que a fin y al cabo el sistema Neoliberal tiene un límite, por lo que hay que volver a repensar estas cuestiones.